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martes, 25 de junio de 2019

ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2018

En este documento se presenta la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

La nota media de las comunidades es un 5,22 puntos, la más alta desde que se elabora este Índice DEC hace siete años. Se aprecia así una evolución globalmente positiva, ya que, al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54.
Los autores del informe han destacado también en su presentación que “faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis” y que existen “síntomas de estancamiento en la inversión por mantenerse los recortes del Gobierno central al finalizar una legislatura, que, sin embargo, puede calificarse de positiva para los servicios sociales.
El informe apunta que existe la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía, lo que llaman checkingsocial, en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se constata que se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios y los desequilibrios del Sistema. Así, las Administraciones Públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 euros) que Murcia, con sólo 297; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias:
  • En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
  • El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
  • Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)


AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS: el gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.

Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.

GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.

jueves, 1 de febrero de 2018

Índice DEC 2017. Castilla-La Mancha ocupa el 7º lugar de España en el desarrollo de los Servicios Sociales


El Índice Dec es una herramienta utilizada para "medir y evaluar" los servicios sociales. Es una herramienta que se empezó a aplicar por primera ver en 2012. Está elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1994, cuyo objetivo es impulsar la reflexión, el debate, y la innovación en el ámbito de los servicios sociales. Una organización independiente que ni solicita ni recibe subvenciones.

El Índice DEC es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un Sistema, los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España. Se aplicó por primera vez en 2012, por tanto, esta es su quinta aplicación.
Aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales:
D: Derechos y decisión política
E: Relevancia económica
C: Cobertura de servicios



Los resultados del Índice DEC 2017 muestran como las diferencias interterritoriales se han reducido, sin embargo siguen siendo muy elevadas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios.
Las principales conclusiones que se derivan de la aplicación del Índice DEC 2017 son:

UNA DÉBIL RECUPERACIÓN
La puntuación media que obtienen el conjunto de Comunidades Autónomas en la aplicación del Índice DEC en 2017 es, por primera vez desde que se viene aplicando este índice (2012), de 5,08 puntos, siendo 0.54 puntos superior a la aplicación del 2015.

¿RETORNO AL ASISTENCIALISMO?
Se plantea la posibilidad de no estar ante una mejora en el sistema de Servicios Sociales, sino ante una involución hacia formas asistenciales, más propias de épocas ya superadas. 
Se asocia los Servicios Sociales con pobreza, y eso no hace otra cosa que distorsionar la realidad. 

 Los datos ponen de manifiesto que la desviación de las puntuaciones de las Comunidades (desigualdad respecto al promedio) ha descendido ligeramente desde 2014, lo que hablaría de una menor desigualdad entre territorios, aunque sigue siendo acusadísima, como veremos.

 DISPARIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y EN LA COBERTURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS ENTRE UNAS Y OTRAS COMUNIDADES
Los datos ponen de manifiesto qu ela desviación de las puntuaciones de las Comunidades (desigualdad respecto al promedio) ha descendido ligeramente desde 2014, lo que habaría de una menor desigualdad entre territorios, aunque sigue sieendo acusadísima:

  • Hay un profesional en los servicios sociales básicos municipales por cada 2000 habitantes en el País Vasco, Baleares y Galicia, y uno por cada 5000 en La Comunidad Valenciana.
  • En algunas comunidades, el 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía, y sólo el 5% en la C. de Valencia.
  • Un 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%.
  • El 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción en esa Comunidad, mientras que en Murcia este porcentaje es sólo el 2,2%.
  • La cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción en Asturias supone un 17,9% de la renta media por hogar en esa Comunidad; en la Comunidad de Valencia supone solo un 3%.
  • En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años. En Galicia sólo 1,08.
  • En la Comunidad de Madrid el Servicio de Ayuda a Domicilio alcanza al 5,67% de las personas mayores de 65 años, en la Comunidad de Valencia sólo al 0,16%.
  • La media de horas mensuales del Servicio de Ayuda a Domicilio son 42,5 en Andalucía y menos de 10 horas en Asturias y en Aragón
  • En Extremadura el índice de cobertura de plazas de financiación pública en Centros de Día por personas mayores de 65 años es 1,82%, mientras que en Aragón sólo 0,5%.
  • En Andalucía el servicio de teleasistencia alcanza al 15,39% de las personas mayores de 65 años, mientras que en Extremadura sólo al 0,8%.
  • El 79,58% de los acogimientos a menores en Murcia son de carácter familiar. En el País Vasco el 44,54%
  • En Castilla y León hay 4,09 plazas residenciales por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En la C. de Valencia sólo una por cada 0,49.
  • En Baleares hay 9,46 plazas en centro ocupacionales o centros de día por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En Aragón sólo 1,55.
  • En el País Vasco hay 80,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección. En Cataluña sólo 6,63.
  • En el País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 15,44.
  • El País Vasco invirtió 611,8 € por habitante en 2016 en servicios sociales, y 600,37€ en Navarra. Incluso en Comunidades de régimen común, varias superan los 400€ (Extremadura, La Rioja y Cantabria), mientras que en la C. de Murcia son 262,39€ y en la C. de Valencia 251,16.
  • El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en materia de servicios sociales en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al porcentaje que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%).
  • El gasto en servicios sociales de las Administraciones vascas  en 2014 supuso un 10,05% del total del gasto de estas Administraciones. En Asturias un 9,06%. En la Comunidad de Valencia sólo un 5,79%.
DERECHOS DE PAPEL & COBERTURA SIN
GARANTÍA
Derechos de papel, es la fórmula con la que podemos calificar la situación de los servicios sociales en Galicia, Cataluña, Baleares y Aragón. En estas cuatro Comunidades el ratio existe una gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes de Servicios Sociales y que concretan en sus Catálogos, y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar.

En el otro extremo, la ratio muestra un desequilibrio entre el escaso desarrollo del reconocimiento de derechos y la cobertura real de prestaciones y servicios; una situación que supone, a nuestro juicio, una Cobertura En Riesgo, puesto que los servicios y atenciones entregados no tienen una plasmación en derechos legalmente reconocidos. Esta es la situación de un grupo de Comunidades entre las que destaca Castilla-La Mancha.

GASTAR MÁS NO ES NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Vertebración y descentralización local parecen determinantes para la eficiencia del Sistema.
El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. No necesariamente los territorios con mayor gasto en materia de servicios sociales (tanto autonómico como local), son los que obtienen mejores resultados de cobertura, es decir, los que tienen una mayor oferta de prestaciones y servicios.


SIGUEN EXISTIENDO EXTRAORDINARIOS DÉFICIT DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
- Inexistencia de datos.
Sigue sin existir una sola fuente oficial centralizada de datos de cobertura de servicios sociales en materias importantes (discapacidad, violencia de género, etc).
- Retraso en la información.
La desidia en la recogida y difusión de los datos es fiel reflejo de la escasa importancia que se ha otorgado a los Servicios Sociales por los diferentes gobiernos.
- Responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las deficiencias en materia de información sólo son achacables al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

RECOMENDACIONES:
ANCLAJE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES
A la vista de los resultados del Índice DEC 2017, se proponen las siguientes recomendaciones para avanzar en la consolidación del Sistema de Servicios Sociales:

  • Constitucionalizar los Derechos Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española.
  • Descatar que es la condición de ciudadanía española, la que legitima la universalidad de los derechos sociales básicos como Derechos Fundamentales Universales Constitucionales.
  • Incorporar un nuevo artículo con el objetivo de Constitucionalizar el Estado de Bienestar Social y sus Sistemas Públicos: Salud, Servicios Sociales, Seguridad Social, Pensiones y Renta Básica Social.
  • Sistema público de Servicios Sociales de apoyo a la Convivencia personal y social.
  • Ley Estatal para Prestaciones Sociales Básicas Universales competencia del Sistema Público de Servicios de Servicios Sociales como derecho subjetivo.
  • Los poderes publicos seran los encargados de organizar y tutelar la aplicación efectiva de los derechos de Servicios Sociales.
  • Convivencia en valores de igualdad, libertad, solidaridad, y respeto a la dignidad de todas las personas, grupos y comunidades.
  • Incorporar la RENTA BÁSICA SOCIAL
  • Reformar el artículo 149.1 de la Constitución Española
  • La denominación "asistencia social" (artículo 148.1.20) se sustituirá por "servicios sociales".
ÍNDICE DEC Y CASTILLA-LA MANCHA
Calificación global IDEC 2017: MEDIO-BAJO (dEc, 5,40. P+) 
Castilla-La Mancha ocupa el puesto número 7 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una puntuación de 5,4 puntos. 5 décimas más que en la anterior aplicación. Su perspectiva es positiva al haber mejorado sus tres indicadores de gasto y haber mejorado en un mayor número de indicadores de cobertura. 
No se han producido una mejora en la definición de derechos y en la ordenación del sector, ya que sigue careciendo de un desarrollo de su Ley de Servicios Sociales.

Hay que seguir señalando como el principal desequilibrio del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, la baja ratio de cobertura en relación con el gasto, que evidencia que es una de las Comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales.
La relevancia económica del Sistema  sigue siendo muy elevada en Castilla-La Mancha, con sus tres indicadores muy por encima de la media estatal y mejorando respecto a las anteriores aplicaciones, si bien todavía no han recuperado el nivel de inversión social alcanzado en el año 2011: 
*Gasto por habitante y año: 513.96€ en 2011, 359.89€ en 2014, 392.58€ en 2016 (media estatal 339.69€)
*Porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional: 2.93% en 2011, 2.5% en 2014, 2.12% en 2016( media estatal 1.42%)
*Porcentaje de la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total: 9.4% en 2014, 10.63% en 2016 (media estatal 9.06%)
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, la mejora es evidente desde la aplicación: 13 indicadores mejoran y solo 3 empeoran (cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, Intensidad horaria del Servicio de Ayuda a Domicilio y plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género).
A mejorar en Castilla-La Mancha
Algunos aspectos a mejorar en el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, son los siguientes:
  • Adecuado desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales, desarrollar su Ley de Servicios Sociales, especialmente elaborando y aprobando el Catálogo y el Plan Estratégico.
  • Recomendable ampliación de la cobertura y la intensidad de sus Rentas Mínimas de Inserción.
  • Mejora en sus estructuras básicas de ámbito local, cuya dotación, con un profesional por cada 2759 habitantes, a pesar de la mejora registrada respecto a los años anteriores, todavía se encuentra por debajo de la media estatal.

Hay que reconocer y valorar el esfuerzo que han llevado a cabo en los dos últimos años para recuperar en parte los recortes de la pasada legislatura.  


viernes, 26 de enero de 2018

HOY EN NUESTRA PELÍCULA DE LOS VIERNES, OS RECOMENDAMOS: LADYBIRD, LADYBIRD

LA PELÍCULA DE LOS VIERNES

ladybird, ladybird

Año: 1994
Duración: 102 Minutos
Dirección: Ken Loach
Música: George Fenton 
Fotografía: Barry Ackroyd
Reparto: Crissy Rock, Vladimir Vega, Ray Winstone, Sandie Lavelle, Mauricio Venegas, Clare Perkins, Jason Stracey.
Género:  Drama. Basado en hechos reales. Drama social
Sinopsis: Maggie tiene cuatro hijos, todos de distintos padres y que, debido al violento ambiente familiar, están a cargo de los servicios sociales británicos. Cuando Magguie conoce a Jorge, un refugiado hispanoamericano, vislumbra la posibilidad de rehacer por fin su hogar. Sin embargo, su pasado sigue atormentándola. Una vez involucrada en la burocracia del trabajo social, le resultará muy difícil conseguir la custodia de sus hijos, pero Maggie no se da por vencida.
Premios: 
1994: Festival de Berlín: Oso de Plata- Mejor actriz (Crissy Rock).
1994: Festival de Chicago: Hugo de Plata- Mejor actriz (Crissy Rock) 
1994:Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a mejor actriz (Crissy Rock)
1994: Premios Independent Spirit: Nominada a Mejor película extrajera
Algunas críticas:
-Pilar Cuesta (Sensacine):  Ladybird, Ladybird se engloba en una serie de películas realizadas por el cineasta británico Ken Loach para diseccionar las miserias y las injusticias de su país, en este caso de los servicios sociales 
La protagonista es una mujer con 4 hijos que trata de sobrevivir y salir adelante en medio de una odisea de problemas, buscando la estabilidad sentimental e intentando mantener a sus hijos a su lado pese a que los servicios sociales le dan la espalda.
El filme se inscribe en la corriente del realismo social, toma partido por su víctima y ofrece un retrato descarnado pero maniqueo de su vida.

-Fernando Morales (Diario El País): Desgarradora crítica del sistema. Basada en un hecho real. Un buen ejemplo del cine europeo de alta escuela.

-Clara Mallo (Izquierda Diario.es): Maggie es víctima de la pobreza y la violencia familiar. Hija de una mujer maltratada, de adulta sufre la violencia por parte de sus parejas. Para resistir a los malos tratos, logra escapar con sus cuatro hijos, pero lejos de recibir un apoyo social por parte de las instituciones, solo encuentra un tremendo rechazo. Maggie, desesperada, es juzgada como una mujer despreciable, una mala madre y una mala compañera.
Podríamos hablar de multitud de violencias contra las mujeres. La violencia laboral, el acoso sexual, la violencia física, todas ellas son síntomas de un sistema opresor y tremendamente desigual. Ladybird, Ladybird pone sobre la mesa la violencia institucional y social. Nos muestra que la violencia hacia las mujeres atraviesa el sistema desde todas sus aristas. Las mujeres trabajadoras son uno de los colectivos que más sufren esta violencia social e institucional de un sistema que las oprime, más aún en tiempos de crisis.

TRABAJO SOCIAL A TRAVÉS DEL CINE: 
Trabajo Social, Burocracia, Prejuicios y Control
La película se desarrolla en el contexto británico de los años 90. Son muchos los temas de interés que aborda esta película: mujer, maternidad, violencia de género, menores, la intervención del estado en la vida privada, el rol de los servicios sociales, etc. 
Ser madre soltera en los 90 no estaba muy bien visto, y además tener varios hijos de diferentes padres tampoco. A esto se le suma la cuestión de ser "buena o mala" madre, algo que se pretende resolver el Estado, a través de los Servicios Sociales, desde un enfoque bastante cuestionable. 
Por otro lado nos encontramos con el rol de lo servicios sociales. La continua vigilancia que recibe la protagonista nos plantea varias cuestiones. ¿Dónde están los límites? ¿Cual es la situación actual de los Servicios Sociales en ese sentido?
La violencia de género que sufre Maggie es un tema que actualmente sigue en la calle, una situación que sufren muchas mujeres. ¿Tienen la protección suficiente? Al ser un problema estructural, ¿Se han tratado temas de educación para eliminarlo? 
Tampoco podemos olvidar el trato hacia el inmigrante, trabajos precarios y poca confianza por parte del sistema y de la sociedad en ellos.
Esta película nos ofrece una visión bastante cuestionable de los Servicios Sociales como mecanismo de control de la vida privada de las personas por parte del Estado que choca con los los derechos individuales de la ciudadanía. Como decíamos antes... ¿Dónde están los límites?



Consulta el Trailer aquí: 


domingo, 17 de mayo de 2015

Mesa Redonda: Situación actual de los Servicios Sociales y Propuestas de Futuro

 
 
 
Ya podemos ver el video de la Mesa Redonda en la página de "Videografía"


El 17 de marzo de 2015, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Trabajo Social, el Colegio profesional de Castilla-La Mancha y la Facultad de Trabajo Social de Cuenca (UCLM) organizaron un debate sobre la situación actual de los servicios sociales y propuestas de futuro, con la participación de Luis Carlos Sahuquillo (Diputado del PSOE por Cuenca en el Congreso), Jacobo Medianero (Responsable de Educación en IU-CLM), Juan Andrés Buedo (Responsable de Acción Social en el Consejo Territorial de UPyD-CLM) y MªJosé Aguilar Idáñez (Responsable regional Área de Bienestar y Dependencia PODEMOS-CLM). No asistió ningún representante del PP, aunque se les había invitado en reiteradas ocasiones.
 

martes, 12 de mayo de 2015

El Estado Social de la Nación: "El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de familias"

 
José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio de la Dependencia, presentó el pasado viernes en Cuenca el INFORME SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN 2015, en el Seminario "Recortes y Dignidad" organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha.

El informe presenta un análisis de numerosos datos sobre la sociedad y la economía de nuestro país tras el cual se pregunta ¿España ha salido de la crisis o en realidad se ha instaurado un nuevo modelo -precario- de sociedad?. En este sentido, José Manuel Ramírez responde que se ha producido "una mutación en el ADN de la sociedad española", generando por tanto un nuevo modelo de sociedad, un modelo productivo y de relaciones laborales que apuesta por la precariedad y los bajos salarios, una fiscalidad débil y regresiva y el desmontaje de las políticas sociales. La explicación a la situación SOCIAL actual, deja claro Ramírez, hay que buscarla ya antes de la crisis económica.

Con respecto a la inversión en Servicios Sociales, España tiene un gasto público 5,6 puntos inferior a la media de la zona euro, según Eurostat. Según el informe, se dedican menos recursos en políticas sociales que en otro tipo de actividades, como orden público y seguridad, por ejemplo. Los recortes sociales han deteriorado de forma continuada las bases del Estado de Bienestar.

Uno de los datos más destacados es que el gasto público por habitante en Servicios Sociales se ha reducido un 15,8% entre 2010 y 2013, lo que se traduce en que el Estado ha gastado 4.970 millones de euros menos en Servicios Sociales en este periodo.

"El ascensor social se ha gripado en el sótano, dejando allí atrapadas a millones de familias". Es una de las consecuencias de la crisis económica que denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

A continuación os dejamos el resumen gráfico del mismo con los datos más relevantes.
 

 
 


















































Si quieres acceder a este resumen o al informe completo, ambos en formato PDF, puedes acceder desde el siguiente enlace:
 
http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-discusi%C3%B3n.html



miércoles, 24 de diciembre de 2014

Carta abierta de los estudiantes de Trabajo Social al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de C-LM en relación a la vulneración de Derechos Humanos y Sociales a partir de los recortes en ayudas y servicios públicos


CARTA  DIRIGIDA  AL  CONSEJERO  DE   SANIDAD  Y  ASUNTOS  SOCIALES  DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA MANCHA

Los estudiantes de 4º de Grado de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha manifestamos nuestro apoyo a la denuncia planteada el día 10 de diciembre en el Parlamento Europeo por el Consejo General de Trabajo Social en relación a la vulneración de Derechos Humanos y Sociales a partir de los recortes en ayudas y servicios públicos.

También queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que más están bajando los indicadores de cobertura para la atención a personas en situación de dependencia, salud, pobreza infantil, exclusión social y rentas mínimas.

Desde nuestra perspectiva de estudiantes y futuros trabajadores sociales, estamos totalmente en contra de las políticas de austeridad en materia de servicios sociales y de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Estamos convencidos de que una mayor inversión en prevenir problemas sociales repercute positivamente, evitando sufrimiento a las personas y ahorrando gastos muy costosos derivados del fracaso escolar, las adicciones, las enfermedades mentales vinculadas al paro y a la pobreza, la pérdida de la vivienda, la falta de expectativas vitales, los malos tratos o la delincuencia.

Los servicios sociales de atención primaria son más necesarios y eficientes que los mecanismos de represión ciudadana, las cárceles u otros tipos de internamiento. No podemos aceptar que se esté reorientando su forma de actuar hacia la caridad o la beneficencia, cuando los estudiantes  nos estamos preparando para actuar desde la base de los derechos de las personas y de su participación en la sociedad como ciudadanos.
 
Por estas razones, queremos pedir a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que reconsidere los planes para suprimir puestos de trabajo de personal funcionario. De forma específica, pedimos que se reconsidere la eliminación de los puestos de asistente social/trabajador social en zonas rurales de nuestra región, puesto que la atención digna a su población no es solo una cuestión de número de personas, sino también de dispersión geográfica, de tiempo para el desplazamiento por carretera y de acercar servicios a familias a las que les cuesta mucho viajar.   

viernes, 20 de diciembre de 2013

SÍ al derecho fundamental a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales

El pasado sábado se aprobó en Asamblea General Ordinaria crear una petición en la página de change.org con el contenido de la primera resolución aprobada en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social.

Exigimos la modificación de la Constitución para que incluya el Derecho Fundamental de la ciudadanía a la cobertura del Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Los continuos recortes presupuestarios y cambios legislativos están desmantelando la Red Pública de Servicios Sociales. Necesitamos garantizar estos, pues de ellos depende la supervivencia de cada vez más familias.

Los y las trabajadoras sociales nos enfrentamos a diario a la imposibilidad de ofrecer todos los recursos que les corresponden a las personas porque las administraciones nos están dejando sin ellos. Sacamos de aquí y de allá para poder satisfacer las necesidades, pero nunca es suficiente. Y no es porque no queramos. Al contrario, ayudar a quienes más lo necesitan está en nuestro ADN. Contribuimos con ello a una sociedad más justa e igualitaria.

Esta petición es fruto de la primera de las resoluciones aprobadas, por unanimidad, en el XII Congreso Estatal del Trabajo Social. Responde al sentir de los y las trabajadoras sociales y ha sido también aprobada por la asamblea de colegios oficiales de trabajo social.

Queremos hacer partícipe de esta demanda a toda la ciudadanía, porque los Servicios Sociales son de todos y todas, tanto como la Educación y la Sanidad.
¡No podemos permitir que la red pública de servicios sociales desaparezca!
¡Decimos NO a la Beneficencia!
¡FIRMA!
-         La petición está en el siguiente enlace. Lo estamos difundiendo en redes sociales y entre nuestros contactos. Os animamos a firmar y compartir.



jueves, 13 de diciembre de 2012

AKV Familias: por la recuperación de los hijos y la ayuda a las víctimas de la violencia familiar

6 de diciembre. Nota de prensa en Cuencalternativa.net.

El pasado 28 de noviembre, la Asociación AKV Familias se presentó en rueda de prensa como una organización compuesta por un grupo de personas caracterizadas por recibir un doble maltrato. Por un lado, el maltrato recibido por parte de exparejas u otros miembros del núcleo familiar. Y, por otro, el maltrato recibido por parte de las administraciones públicas y, por tanto, de sus profesionales. Los objetivos prioritarios de AKV son dos: recuperar a sus hijos sanos y salvos; y que se ayude, en vez de castigar, a las víctimas de la violencia familiar.

Esta asociación que recibe apoyo de: la Asociación Zambra de iniciativas para la Acción Social, a través del asesoramiento prestado en el Punto de Información y Denuncia sobre Derechos Sociales; los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca, que facilitan un espacio en el Centro Social de Tiradores, y la Facultad de Trabajo Social (UCLM), a través de su programa de prácticas, denuncia asimismo la subida de las tasas judiciales en tanto que supone una traba más en la posibilidad de defenderse ante los abusos institucionales.

AKV que se reúne cada lunes en el Centro Social de Tiradores a las 17 h., en asamblea abierta, invita a la asistencia y participación a aquellas personas que puedan estar interesadas.

La asociación AKV Familias en el siguiente escrito presenta con más detalle su iniciativa:


Somos un grupo de personas de Cuenca afectadas por un doble maltrato: el primero es el que venimos recibiendo por parte de nuestras exparejas u otros miembros de la familia durante años (violencia de género y violencia familiar). El segundo tipo de maltrato es el que nos están infligiendo las personas asentadas en las administraciones públicas desde los varios servicios sociales de protección de menores y los juzgados (violencia institucional), por las razones que se exponen a continuación

•Los familiares que nos maltratan utilizan los servicios de protección de menores adscritos a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para continuar haciéndonos daño a nosotros/as y a nuestros hijos. Para ello, solo deben llamar por teléfono o presentarse en los Servicios Periféricos provinciales y notificar que estamos maltratando a nuestros hijos, sin que sea necesario aportar pruebas o evidencias más sólidas.

•En los servicios de protección de menores y en los juzgados de Cuenca nos estamos encontrando con algunos profesionales que no usan métodos fidedignos de investigación, no reúnen una adecuada formación especializada, violan el compromiso de confidencialidad, y tampoco tienen experiencia previa ni reciben la supervisión cualificada requerida para abordar cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas.

•En consecuencia, el procedimiento establecido en la legislación sobre menores -donde prima el interés superior del menor, lo que nos parece muy correcto-, tiene sin embargo el gran inconveniente de convertirnos en personas culpables de maltratar a nuestros hijos y de retirarnoslos sin haber tenido posibilidad de ser informadas suficientemente ni de poder defendernos de forma adecuada conforme a Derecho. De hecho se acaba dilatando la investigación, y violando el derecho del menor a su madre y del progenitor a cuidar a su hijo, por una supuesta culpabilidad (no inocencia) que no se ha probado:

1.Con la notificación (de alguien generalmente anónimo que podria querernos mal) se inicia una fase de investigación sobre nosotras, pero de la que no somos informadas, en las que se nos considera sospechosas y, en virtud de ello, se interroga a algunas personas de nuestro entorno y el de nuestros hijos (maestros, vecinos, ex, personal sanitario…). Durante esta fase, con frecuencia se está vulnerando el derecho a la protección y a la confidencialidad de datos de carácter personal de nuestros hijos y de nosotras, por lo que recibimos la sanción social de nuestros vecinos, a la vez que sufrimos discriminación en nuestros trabajos al saberse nuestra suerte.

2.Desde ese momento y hasta que se produce la evaluación del caso por parte de los técnicos de menores, no tenemos apenas posibilidades de defendernos de forma adecuada, ni recibimos las medidas de apoyo familiar que con carácter preventivo establece el artículo 26 de la Ley del Menor de Castilla-La Mancha.

3.En algunos casos, los técnicos de protección no están intentando recabar la colaboración de la familia del menor (artículo 37.3 de la Ley del Menor), y se está prescindiendo de la ayuda que pueden prestar abuelos, tíos u otras figuras de la familia extensa.

4.Cuando se nos notifica desde los servicios de protección de menores que han detectado una situación de riesgo o de desamparo, es frecuente que las resoluciones estén basadas en argumentos discrecionales o arbitrarios, que cambian según la perspectiva del técnico de protección que nos toque en ese momento. En todo caso, se echa de menos la presentación de evidencias o pruebas basadas en criterios científicos y de estándares regulados.

5.La ejecución de los programas de intervención familiar y de otras medidas se nos impone, en muchas ocasiones, desde la autoridad del técnico de referencia y de su poder para proponer que se nos quite la tutela de nuestros hijos. Para nosotras es muy duro soportar el trato de algunos técnicos de protección que nos tratan como a culpables, o en el mejor de los casos, con indiferencia, en vez de contar con nosotras como personas que sufrimos maltrato y necesitamos apoyo (en algunas ocasiones, mucho apoyo).

6.Con frecuencia, los procedimientos y medidas se aplican con mucha rigidez, y nos obligan a frecuentar numerosos servicios sanitarios, terapéuticos, puntos de encuentro familiar, donde nuestra vida es expuesta innumerables veces a decenas de profesionales de todo tipo. Pero no disponemos de un solo profesional de referencia realmente estable, en el que podamos confiar, que tenga una visión integral de nuestra situación familiar y conozca el nudo o núcleo del problema: la situación de maltrato y de manipulación permanente a la que nos someten nuestras exparejas o familiares.

7.La situación descrita en el párrafo anterior afecta también a nuestros hijos que, de forma progresiva, entran en una espiral de confusión, en la que no entienden nada de lo que les está pasando en su vida, además de echar de menos a sus padres.

8.Por último, cabe denunciar la perseverancia de los prejuicios machistas y el trato paternalista que recibimos en las oficinas de policía conquenses, cuando nos dirigimos a denunciar las agresiones y situaciones de acoso.

En definitiva, las personas que estamos sufriendo situaciones de maltrato y nuestros hijos, estamos quedando indefensas ante los maltratadores que utilizan flagrantemente los puntos débiles del sistema de protección de menores y la justicia para machacarnos. Por esa razón, reclamamos a las administraciones públicas que pongan a personas competentes y cualificadas, así como que se revisen los procedimientos de investigación y de intervención, para que podamos encontrar ayuda y no incomprensión injusticia abuso y castigo.

Queremos hacer saber que con estas actuaciones, nuestros hijos sufren y las relaciones familiares quedan inundadas de inseguridad. Nosotros estamos sometidos a una pesadilla a veces por pobreza, a veces por indefensión, a veces por errores propios que cometemos todos los seres humanos y sobre todo por no poder cuidar y proteger a nuestros hijos. Admitimos nuestros errores, y queremos sobre todo hacer valer nuestras virtudes, reclamamos el derecho de reparar, mejorar y dar a nuestros hijos el amor que la administracion y la justicia no les puede dar.

Nuestros objetivos al juntarnos y denunciar esta situación son dos: recuperar cuanto antes a nuestros hijos sanos y salvos, conviviendo en un entorno seguro y amable, y que no se castigue sino que se ayude a las víctimas de la violencia familiar.




lunes, 12 de noviembre de 2012

La Facultad de Trabajo Social del Campus de Cuenca, preocupada por la política de la Junta en Servicios Sociales

La Facultad de Trabajo Social del Campus de Cuenca1 ha manifiestado su preocupación con la política que el Gobierno regional está llevando a cabo en materia de Servicios Sociales, y temen que las medidas del Ejecutivo “se concreten en recortes de presupuestos, desmantelamiento de servicios de atención básica y especializada, despido de profesionales de la intervención social e imposición de tasas a los ciudadanos dependientes que, en el ejercicio de sus derechos, pretenden revisar su situación”.

Según ha informado la UCLM en nota de prensa, todas estas actuaciones están “impuestas para rescatar a los bancos causantes de las crisis y son injustas”, y además “amenazan la equidad y cohesión de la sociedad, generando procesos de pobreza, exclusión y violencia”.

La Junta de Facultad desea hacer público su rechazo a las medidas que se están adoptando en materia de Servicios Sociales, porque “atentan a la calidad de la protección, vulneran la dignidad de los ciudadanos, infunden miedo al ejercicio de los derechos, no contribuyen al desarrollo humano y a la existencia de una ciudadanía activa y no garantizan los derechos humanos”.


ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE CUENCA, EN SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2012, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.


Trabajo social es una titulación orientada a la formación de profesionales capacitados para participar en la formulación y evaluación de políticas y servicios, contribuir a la ciudadanía activa y a la garantía de los derechos humanos.

Desde este marco de referencia, la Junta de Facultad de Trabajo Social, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2012, después de evaluar las políticas que se están poniendo en práctica en materia de Servicios sociales en Castilla-La Mancha, acuerda manifestar lo siguiente:

Las medidas llevadas a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Servicios Sociales, durante estos últimos meses, se concretan en recortes de presupuestos, desmantelamiento de servicios, despido de profesionales de la intervención social y, por último, se pretende la imposición de tasas a ciudadanos en situación de dependencia que, en el ejercicio de sus derechos, pretenden revisar su situación. Todas estas actuaciones (impuestas para rescatar a los bancos causantes de la crisis) ocasionan pobreza, amenazan la equidad y no respetan los derechos humanos.

Por todo lo cual, la Junta de Facultad reclama al Gobierno regional que adopte medidas eficaces para que no siga creciendo la pobreza infantil en Castilla-La Mancha. De otra parte, desea hacer público su rechazo a las medidas que el Gobierno regional está adoptando en materia de Servicios Sociales porque atentan a la calidad de la protección, vulneran la dignidad de los ciudadanos, infunden miedo al ejercicio de los derechos, no contribuyen a la existencia de una ciudadanía activa y tampoco garantizan los derechos humanos.



lunes, 9 de julio de 2012

DEBATE SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN

Ateneo de Madrid, 9 y 10 de julio de 2012


Confirman su participación más de un centenar de personas, entre ellos parlamentarios nacionales y autonómicos, sindicalistas, miembros de Asociaciones y Plataformas de afectados, Colegios Profesionales y destacados profesionales del ámbito social.

El lunes día 9 de julio, se iniciará, como estaba previsto, el DEBATE SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN organizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Más de 100 personas han confirmado su participación en el debate, bien de manera presencial o a través de videoconferencia. Entre ellos se encuentran parlamentarios nacionales y autonómicos de diversos partidos políticos, sindicalistas, miembros de Asociaciones y Plataformas del sector, Colegios Profesionales y destacados profesionales del ámbito social.

Presentación del Informe sobre el Estado Social de la Nación

A las 16:30 horas del lunes día 9, tras la apertura del Debate por parte del Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, se presentará el Informe sobre el Estado Social de la Nación que ha sido elaborado por un grupo de expertos de la propia Asociación, elaborado tanto a partir de los datos disponibles como de las percepciones y vivencias de los profesionales de los servicios sociales que están en contacto con las situaciones más dramáticas provocadas por la crisis.

El Informe destaca los riesgos de pobreza y exclusión que amenazan a cientos de miles de personas y familias, así como el alarmante incremento de la desigualdad en nuestro país.

Analiza a continuación el papel que están desempeñando las familias como contención de las consecuencias de estas situaciones, así como los efectos que tienen sobre colectivos vulnerables, como las personas mayores y los niños y niñas, y sobre las mujeres.

Hace un análisis de cómo están afectando los dramáticos recortes del gasto a la protección social más básica que representan los servicios sociales, con una especial atención a los retrocesos en materia de protección a la dependencia.

Por último, se analiza la forma como la sociedad española está viviendo estas situaciones, desde el miedo y la desmotivación, hasta el potencial de resistencia y superación que está aflorando en las personas, en las familias y en el conjunto de la sociedad.

A las 17:30 h. José Manuel Ramírez Navarro y Gustavo García Herrero atenderán a los medios interesados para hablar de la organización del Debate y de los contenidos del Informe.

El Debate continuará en la mañana del martes día 10 de julio, con la presentación y debate de resoluciones. A las 12:30 de ese mismo día se harán públicas en una rueda de prensa las conclusiones del Debate y las Resoluciones adoptadas, para posteriormente ser presentadas en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Todas las personas interesadas podrán ver el Informe presentado por la Asociación en su página web (www.directoressociales.com) a partir del lunes día 9 de julio, y participar en el Debate a través de esta misma página o de las redes sociales en Twitter y Faccebok


Asunto: . DEBATE SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN

Lugar: Ateneo de Madrid C/ Prado 21

Día y hora: 9 de julio 2012 a las 17,30 presentación del Informe

10 de julio de 2012 a las 12,30 presentación de resoluciones.

Asistentes: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

Gustavo García Herrero y Luis Barriga redactores del Informe y resoluciones



sábado, 30 de junio de 2012

La Diputación Provincial de Ciudad Real dedicará 2 millones a ayudas de emergencia social

Noticia publicada en latribunadeciudadreal.net - martes, 26 de junio de 2012


La Diputación destinará dos millones de euros en los próximos nueve meses a atender «de manera prioritaria y urgente» las situaciones de «extrema gravedad» que atraviesan muchas familias por la falta de recursos económicos para la compra de alimentos básicos. El presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, dio a conocer ayer el nuevo Plan de Emergencia Social para 2012, que consigna 1,5 millones de euros. Esta cantidad será gestionada directamente por la Diputación a través de los Servicios Sociales y en colaboración con los trabajadores municipales. Además, se tramitarán con los ayuntamientos otros 500.000 euros para que Cáritas y Cruz Roja creen un banco de alimentos para situaciones que queden fuera de la aplicación anterior.
«La pobreza, el hambre, el paro, la humillación social son una preocupación permanente del equipo de Gobierno», dijo De Lara. Con respecto al Plan de Emergencia Social 2012, el presidente de la Diputación afirmó que «no tendrá solución de continuidad en relación con los planes anteriores». La consignación en los presupuestos de 1,5 millones de euros se aplicará del 1 de julio hasta el 31 de marzo de 2013.

«Las prestaciones tendrán un carácter no periódico y atenderemos situaciones excepcionales y urgentes», explicó. «Los beneficiarios serán personas físicas o familias; se primará la alimentación básica e higiene y, de manera excepcional, vestido y calzado, ropa de hogar, farmacia, gas, electricidad, alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género (gastos de desplazamiento a juicios, a peritajes, puntos de encuentro), etcétera».
De Lara indicó que las resoluciones se ejecutarán en 15 días y se pagará para compra de alimentos 30 euros al mes por miembro de la unidad familiar (si uno es un niño menor de tres años, computará como miembro y obtendrá una ayuda adicional de 30 euros). Se facilitarán cheques por valor de 30 euros y las ayudas tendrán un máximo de dos meses por trimestre. No se pagarán más de cinco meses en los nueve meses que dura el programa.

Serán los profesionales de los Servicios Sociales municipales los que marcarán las obligaciones que se deban cumplir como contrapartida. Como requisitos se exigirá que los niños acudan a las escuelas, que participen en itinerarios de inserción laboral o en otros programas de intervención familiar. Ellos determinarán a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y, una vez hecho este informe, se trasladarán telemática los datos de los beneficiarios a la Diputación.

El órgano gestor será el personal de los Servicios Sociales de la Diputación, que visará los informes y los resolverá confeccionando cheques que se enviarán a los ayuntamientos cada 15 días. El trabajador social será el encargado de entregar ese cheque a las familias correspondientes.
De Lara precisó que los proveedores serán las empresas, tiendas y superficies de alimentación que figuran en un listado que se está terminando de confeccionar. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que se pagará en un plazo máximo de 20 días.


Como novedad, se incluirán 500.000 euros más a este programa. Por lo tanto, en la práctica serán dos millones de euros para emergencia social. A este respecto, De Lara recordó que la Junta destina a este tipo de ayudas 2,4 millones de euros, mientras que la Diputación, «con un presupuesto mucho menor», dedica 2. Asimismo, señaló que también el plan de empleo (dotado 8 millones de euros) también actúa «contra la pobreza». No dejó pasar que «no están obligados a actuar» ni en empleo ni en emergencia social, pero afirmó que forma parte de su «ideología» y su «compromiso moral».

Por último, concluyó que este no es un plan «de caridad» sino que pretende «atender el primer derecho humano, después del de la vida, que es el de comer».