El pasado 28 de noviembre, la Asociación AKV Familias se presentó en rueda de prensa como una organización compuesta por un grupo de personas caracterizadas por recibir un doble maltrato. Por un lado, el maltrato recibido por parte de exparejas u otros miembros del núcleo familiar. Y, por otro, el maltrato recibido por parte de las administraciones públicas y, por tanto, de sus profesionales. Los objetivos prioritarios de AKV son dos: recuperar a sus hijos sanos y salvos; y que se ayude, en vez de castigar, a las víctimas de la violencia familiar.
Esta asociación que recibe apoyo de: la Asociación Zambra de iniciativas para la Acción Social, a través del asesoramiento prestado en el Punto de Información y Denuncia sobre Derechos Sociales; los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca, que facilitan un espacio en el Centro Social de Tiradores, y la Facultad de Trabajo Social (UCLM), a través de su programa de prácticas, denuncia asimismo la subida de las tasas judiciales en tanto que supone una traba más en la posibilidad de defenderse ante los abusos institucionales.
AKV que se reúne cada lunes en el Centro Social de Tiradores a las 17 h., en asamblea abierta, invita a la asistencia y participación a aquellas personas que puedan estar interesadas.
La asociación AKV Familias en el siguiente escrito presenta con más detalle su iniciativa:
Somos un grupo de personas de Cuenca afectadas por un doble maltrato: el primero es el que venimos recibiendo por parte de nuestras exparejas u otros miembros de la familia durante años (violencia de género y violencia familiar). El segundo tipo de maltrato es el que nos están infligiendo las personas asentadas en las administraciones públicas desde los varios servicios sociales de protección de menores y los juzgados (violencia institucional), por las razones que se exponen a continuación
•Los familiares que nos maltratan utilizan los servicios de protección de menores adscritos a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para continuar haciéndonos daño a nosotros/as y a nuestros hijos. Para ello, solo deben llamar por teléfono o presentarse en los Servicios Periféricos provinciales y notificar que estamos maltratando a nuestros hijos, sin que sea necesario aportar pruebas o evidencias más sólidas.
•En los servicios de protección de menores y en los juzgados de Cuenca nos estamos encontrando con algunos profesionales que no usan métodos fidedignos de investigación, no reúnen una adecuada formación especializada, violan el compromiso de confidencialidad, y tampoco tienen experiencia previa ni reciben la supervisión cualificada requerida para abordar cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de las personas.
•En consecuencia, el procedimiento establecido en la legislación sobre menores -donde prima el interés superior del menor, lo que nos parece muy correcto-, tiene sin embargo el gran inconveniente de convertirnos en personas culpables de maltratar a nuestros hijos y de retirarnoslos sin haber tenido posibilidad de ser informadas suficientemente ni de poder defendernos de forma adecuada conforme a Derecho. De hecho se acaba dilatando la investigación, y violando el derecho del menor a su madre y del progenitor a cuidar a su hijo, por una supuesta culpabilidad (no inocencia) que no se ha probado:
1.Con la notificación (de alguien generalmente anónimo que podria querernos mal) se inicia una fase de investigación sobre nosotras, pero de la que no somos informadas, en las que se nos considera sospechosas y, en virtud de ello, se interroga a algunas personas de nuestro entorno y el de nuestros hijos (maestros, vecinos, ex, personal sanitario…). Durante esta fase, con frecuencia se está vulnerando el derecho a la protección y a la confidencialidad de datos de carácter personal de nuestros hijos y de nosotras, por lo que recibimos la sanción social de nuestros vecinos, a la vez que sufrimos discriminación en nuestros trabajos al saberse nuestra suerte.
2.Desde ese momento y hasta que se produce la evaluación del caso por parte de los técnicos de menores, no tenemos apenas posibilidades de defendernos de forma adecuada, ni recibimos las medidas de apoyo familiar que con carácter preventivo establece el artículo 26 de la Ley del Menor de Castilla-La Mancha.
3.En algunos casos, los técnicos de protección no están intentando recabar la colaboración de la familia del menor (artículo 37.3 de la Ley del Menor), y se está prescindiendo de la ayuda que pueden prestar abuelos, tíos u otras figuras de la familia extensa.
4.Cuando se nos notifica desde los servicios de protección de menores que han detectado una situación de riesgo o de desamparo, es frecuente que las resoluciones estén basadas en argumentos discrecionales o arbitrarios, que cambian según la perspectiva del técnico de protección que nos toque en ese momento. En todo caso, se echa de menos la presentación de evidencias o pruebas basadas en criterios científicos y de estándares regulados.
5.La ejecución de los programas de intervención familiar y de otras medidas se nos impone, en muchas ocasiones, desde la autoridad del técnico de referencia y de su poder para proponer que se nos quite la tutela de nuestros hijos. Para nosotras es muy duro soportar el trato de algunos técnicos de protección que nos tratan como a culpables, o en el mejor de los casos, con indiferencia, en vez de contar con nosotras como personas que sufrimos maltrato y necesitamos apoyo (en algunas ocasiones, mucho apoyo).
6.Con frecuencia, los procedimientos y medidas se aplican con mucha rigidez, y nos obligan a frecuentar numerosos servicios sanitarios, terapéuticos, puntos de encuentro familiar, donde nuestra vida es expuesta innumerables veces a decenas de profesionales de todo tipo. Pero no disponemos de un solo profesional de referencia realmente estable, en el que podamos confiar, que tenga una visión integral de nuestra situación familiar y conozca el nudo o núcleo del problema: la situación de maltrato y de manipulación permanente a la que nos someten nuestras exparejas o familiares.
7.La situación descrita en el párrafo anterior afecta también a nuestros hijos que, de forma progresiva, entran en una espiral de confusión, en la que no entienden nada de lo que les está pasando en su vida, además de echar de menos a sus padres.
8.Por último, cabe denunciar la perseverancia de los prejuicios machistas y el trato paternalista que recibimos en las oficinas de policía conquenses, cuando nos dirigimos a denunciar las agresiones y situaciones de acoso.
En definitiva, las personas que estamos sufriendo situaciones de maltrato y nuestros hijos, estamos quedando indefensas ante los maltratadores que utilizan flagrantemente los puntos débiles del sistema de protección de menores y la justicia para machacarnos. Por esa razón, reclamamos a las administraciones públicas que pongan a personas competentes y cualificadas, así como que se revisen los procedimientos de investigación y de intervención, para que podamos encontrar ayuda y no incomprensión injusticia abuso y castigo.
Queremos hacer saber que con estas actuaciones, nuestros hijos sufren y las relaciones familiares quedan inundadas de inseguridad. Nosotros estamos sometidos a una pesadilla a veces por pobreza, a veces por indefensión, a veces por errores propios que cometemos todos los seres humanos y sobre todo por no poder cuidar y proteger a nuestros hijos. Admitimos nuestros errores, y queremos sobre todo hacer valer nuestras virtudes, reclamamos el derecho de reparar, mejorar y dar a nuestros hijos el amor que la administracion y la justicia no les puede dar.
Nuestros objetivos al juntarnos y denunciar esta situación son dos: recuperar cuanto antes a nuestros hijos sanos y salvos, conviviendo en un entorno seguro y amable, y que no se castigue sino que se ayude a las víctimas de la violencia familiar.
