Revisión "a fondo" (de los fondos de los bolsillos) de la Ley de Dependencia

Publicado en El País, por Carmen Morán 4 JUL 2012

El Gobierno y las comunidades discuten de nuevo la inclusión de la vivienda del usuario como patrimonio a partir del cual definir el copago de una plaza de residencia. De esta forma, el anciano que quiera entrar en un geriátrico deberá aportar una cantidad del coste total en función de su renta y del valor de su vivienda (5% del valor catastral), a menos que en ella vivan personas a su cargo. A la muerte del dependiente, los herederos podrían encontrarse con una deuda con la Administración que deberán saldar si quieren conservar la casa. Así lo establece el nuevo borrador de copago, al que ha tenido acceso este periódico, y que hoy debaten los directores generales de la Dependencia. Es muy similar al actual, pero en la práctica no se había aplicado de forma generalizada, solo algunas comunidades incluyen la vivienda habitual para definir la aportación del usuario. Y además el Cermi, la plataforma de la discapacidad, recurrió esa resolución por una cuestión formal y lo ganó, por tanto está sin efecto.


Con esta medida el Gobierno intenta homogeneizar la muy desigual situación de copago que se da en las distintas regiones, pero también buscar nuevas vías de financiación para la ley en momentos de recortes. No será fácil en la práctica porque los jubilados españoles (lo son la mayoría de los dependientes reconocidos) tienen unas magras pensiones. En todo caso, falta por saber qué dirán las comunidades al respecto y aunque la mayoría es del mismo partido que el Gobierno no siempre hay acuerdo total.

“Nos pasamos la vida hipotecados con el banco y luego, en la jubilación encontraremos que hemos adquirido una nueva deuda, ahora con la Administración, para que nos atiendan cuando seamos dependientes”, protesta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En todo caso, la aportación total, tanto para residencias, como para otros servicios que se prestan por esta ley, será progresiva y no superará el 90% (ahora hay horquillas entre el 70% y el 90%). Los usuarios sin recursos no pagarán nada.


Para el resto de servicios (centros de día, ayuda a domicilio) se tomará como referencia el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple, el IPREM, que son 532 euros mensuales. En la actualidad la medida era el IPREM completo y la participación económica del usuario no podía superar el 65% del coste total.

Por primera vez, en este borrador se han fijado unos precios de referencia que habrían de servir para todas las comunidades: entre 1.100 y 1.600 euros una plaza de residencia (de 1.540 a 2.240 si se trata de personas con discapacidad). La ayuda a domicilio se fija en este borrador en 14 euros de media la hora si se atiende a la persona y 9 euros si se trata de trabajos domésticos. Para los centros de día se establece un coste medio de 650 euros mensuales sin incluir el transporte ni los gastos de manutención. La cuantía se incrementará en un 25% en el caso de atención especializada. “Estos precios no responden a la realidad de lo que cuestan los servicios, así que, el ciudadano puede que pague un poco menos gracias a eso, pero la Administración también subvencionará por debajo del coste real. Si lo que quiere es primar los servicios respecto a las ayudas económicas, pagar menos por ellos no es la fórmula”, lamenta Ramírez.

El Gobierno también ha presentado a las comunidades (esta mañana se han reunido los directores generales de la Dependencia) una evaluación de la ley. Ya hicieron una los socialistas antes de perder el Gobierno. En ambas destaca una misma queja: “Sería oportuno que se identificaran claramente en los presupuestos de las comunidades los créditos destinados a la Dependencia. Esta situación no ayuda a conocer su financiación ni el coste real”. Seis años después del arranque de esta ley, la oscuridad sobre la verdadera aportación de las comunidades al sistema es una incógnita y un lastre.


En dicha evaluación, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales plantea la “revisión” de las cuotas a la Seguridad Social que paga el Gobierno por los familiares que cuidan de ancianos o discapacitados en casa. Dicen que este sistema “no ha generado las expectativas de empleo previstas”. Cierto es que cuantas más ayudas al cuidador familiar se den menos empleo profesional se genera, pero estas cuotas no se plantearon para generar empleo, sino para completar las cotizaciones de miles de mujeres con vistas a conseguir una pensión

El Gobierno tratará de aligerar la farragosa burocracia de la dependencia, que en algunas comunidades requiere de 16 pasos para obtener una ayuda, cuando podían ser la mitad.


Para aliviar algunos trámites se plantea la eliminación de los niveles, dos por cada grado de gravedad del dependiente, que obligan a continuas revisiones de expedientes y, en la práctica, las ayudas que se reciben son similares. Pero esto puede entrañar un peligro. Si se prescinde de un escalón, toda la cadena sufrirá un desplazamiento, muchos dependientes se quedarán fuera del sistema y otros se conformarán con un grado inferior al que normalmente obtenían.

Se plantea a las comunidades favorecer con mayor financiación la concesión de servicios en lugar de prestaciones económicas, una idea que cuenta, en principio, con el beneplácito de casi todo el mundo, habida cuenta de que los servicios generan empleo y revierten beneficios fiscales, por no hablar de que están sujetos a controles de calidad más eficaces. “Pero para que las comunidades, ahogadas económicamente como están, se decanten por los servicios hay que aportar más financiación, porque son más caros que las ayudas económicas y eso no es lo que ha hecho el Gobierno, que ha eliminado 283 millones en los últimos presupuestos”, se queja Ramírez. “En realidad”, dice, “estas medidas son incongruentes y no servirán para sostener el sistema; cuando este se venga abajo dirán que lo intentaron y que definitivamente es insostenible, pero no es verdad”, critica.

Por último, se percibe en esta evaluación que hace el Gobierno de la ley, cierto descontento con la realidad. “Las personas con gran dependencia se han multiplicado respecto a las previsiones, pasando de las 205.915 previstas [en las estimaciones previas a 2007] a 431.811 valorados en la actualidad como tales”, dicen. Cierto, pero cabe inferir que las previsiones se hicieron mal, no que la actualidad sea incorrecta.

La creación de plazas geriátricas ha sufrido un frenazo severo

Entre 2009 y 2010 el incremento fue cuatro puntos menor que años atrás


Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 08/08/2011

En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno. De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%. En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.

Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo. A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis. Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado. Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.

"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente. El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.

La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector. Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK. Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.

Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.

Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años. De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas. Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas. Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo. Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%. Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.

Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.

Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.

La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que dispone de más plazas de residencias de personas mayores en relación con su tamaño de población

Solo el 14% de los octogenarios están atendidos en un geriátrico
Ocho regiones se sitúan por debajo de la media española en cobertura residencial

Publicado por CARMEN MORÁN en El País de 27/09/2010

En 2025 habrá en España casi 2,5 millones de personas entre los 80 y los 90 años, la edad en que suelen ingresar en las residencias geriátricas. No habrá plazas para ellos. No, si siguen aumentando al ritmo mortecino al que lo hacen ahora. La población es una proyección demográfica del INE.

En 2025 habrá en España casi 2,5 millones de personas entre los 80 y los 90 años, la edad en que suelen ingresar en las residencias geriátricas. No habrá plazas para ellos. No, si siguen aumentando al ritmo mortecino al que lo hacen ahora. La población es una proyección demográfica del INE. Lo que dicen las proyecciones sociales es que tampoco habrá entonces amas de casa que puedan encargarse de estos ancianos.

Como 2025 es cifra larga para los políticos, volvamos al presente. Hoy la media española de mayores de 80 años atendidos en residencias está en un 14%. No es mucho, pero peor aún es que muchas regiones, ocho en concreto, están por debajo de esa cifra que no se diferencia mucho de la de anteriores años, a pesar de que 2008 ha sido clave en la implantación de la Ley de Dependencia.

Murcia, Galicia, Canarias y Andalucía son las que menos cobertura tienen, las dos primeras con un 8,1% y las dos segundas con algo más de un 10%. Las que tienen más plazas para acoger a los ancianos en residencias son Castilla-La Mancha (21%) y Castilla y León (20,2%). Más abajo se sitúan Aragón (17,8%), Navarra y Madrid (por encima ambas del 16%).

Estas cifras se extraen de los últimos datos publicados por el Imserso en su Portal de Mayores, recogidos a finales de 2009. Ya debería haber cifras más recientes, pero los datos estadísticos sobre personas mayores, que cada dos años publica el Gobierno, este año aún no se han difundido, a pesar de las promesas del Ministerio de Sanidad y Política Social.

"Con la cobertura que presentan las comunidades, difícilmente se podrá atender a la población en unos años. Pero tan importante como el número de plazas es la planificación sobre dónde ubicarlas y qué tipo de plazas han de ser", dice Gustavo García Herrero, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Hay que avanzar en la atención sociosanitaria. Sobre todo en atención de los procesos de rehabilitación en residencias, convalecencia para determinadas enfermedades y largas estancias para según qué patologías. Interesa por el bien del ciudadano, sus familias y de la economía", dice García Herrero, que aboga porque avancen las estancias temporales en residencias.

Todo eso parece todavía pura quimera, cuando faltan aún miles de camas para ancianos en los geriátricos. Pero, por otro lado, los empresarios del sector dicen que en sus centros hay cerca de 50.000 plazas vacías. Este desajuste responde a varias razones: no todas las plazas están construidas en los lugares donde hay demanda. Algunas de ellas son tan caras que el ciudadano no puede pagarlas, ni los precios que da la Administración para concertarlas convencen a los empresarios. Reciben entre 45 y 50 euros por plaza y día, menos de lo que cuesta dormir en un hostal, se quejan. Ellos pagaron mucho por el suelo, y, además, poner en marcha una plaza cuesta alrededor de 50.000 euros. Y, por último, hay muchas residencias que están abocadas al cierre porque sus condiciones no alcanzan los requisitos que se exigirán con la Ley de Dependencia. "Ni los alcanzan ni los alcanzarán nunca, es cuestión del edificio, de las medidas de seguridad, de evacuación", afirma José María Cosculluela, presidente de Vitalia Home, una empresa con geriátricos en varias regiones. "El sector debe enfrentar una gran reconversión en un plazo de unos cinco años", vaticina. Así será, sin duda, cuando las comunidades vayan completando sus decretos sobre los requisitos que han de cumplir estos centros para poder recibir a ancianos con una ayuda pública.

Cosculluela cree que el mercado privado puro será "cada vez más estrecho" porque las plazas concertadas "están bien y son más baratas". La crisis tampoco ha ayudado a revitalizar al sector. Las familias más apuradas han sacado a los abuelos de las residencias. Se garantizaban con ello disponer de la pensión del anciano y posiblemente de una ayuda para el cuidador familiar.

Tampoco la crisis permite a las Administraciones regionales desahogo para aumentar el precio que pagan al empresario por ocupar sus residencias. A menos que se opte por una fórmula que no convence a los expertos de los servicios sociales: la prestación económica para recibir un servicio, una especie de cheque social que se daría al usuario para que se ayude con él a pagar una plaza residencial. "Esa solución rompe la vía del acceso público, porque es el usuario el que tiene que buscarse la vida para conseguir residencia. Además, a los geriátricos les permite seleccionar a su clientela y los más indefensos y con mayores dificultades tendrán más problemas. Todo ello amenaza con crear un sistema dual, centros públicos para gente con menos recursos y privados para los que más tengan", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Cuidando más allá del domicilio: el papel de la familia en los centros residenciales y el cuidado colaborativo

Nos ha parecido muy interesante el siguiente artículo, publicado en la Revista Psicogeriatría vol.2 nº2 (Abril-Junio 2010), de Márquez González et al., Cuidando más allá del domicilio: el papel de la familia en los centros residenciales y el cuidado colaborativo

Este es el abstract o resumen del artículo, al que se puede acceder gratis, pero con la condición de una sencilla operación de registro:

Introducción. Aunque la mayor parte de la investigación sobre los cuidadores familiares de personas mayores dependientes se ha centrado en aquellos que llevan a cabo su tarea en la comunidad, algunos estudios analizan el papel de la familia en el cuidado en entornos residenciales. Estos estudios sugieren que a la mayoría de las familias les gustaría continuar implicadas de alguna manera en el cuidado de sus familiares.

Objetivos. Analizar las implicaciones de la integración familiar en los centros residenciales, así como las barreras existentes para tal integración en dichos centros, en los profesionales y en los familiares. Se proponen recomendaciones para mejorar la colaboración entre la familia y los profesionales.

Desarrollo. Integrar a la familia en el cuidado de la persona institucionalizada repercute positivamente en todas las figuras implicadas en el cuidado, pero existen todavía muchas barreras que dificultan esta integración. Estas barreras se relacionan con el centro residencial (p. ej., filosofía del cuidado), los profesionales (p. ej., falta de habilidades para afrontar problemas que surgen con la familia) y los familiares (p. ej., ansiedad e incertidumbre),

así como con la relación entre ellos (p. ej., prejuicios o falta de comunicación).

Conclusiones. Es necesario realizar un cambio de enfoque en los centros residenciales, desde modelos clásicos centrados en los cuidados básicos de salud del residente a un modelo de atención biopsicosocial que opte de forma explícita por la integración de la familia en el equipo de cuidados. Se describe el programa ‘Compañeros en el Cuidado’ como una interesante propuesta para superar las barreras identificadas.

En los contenidos del artículo se analizan aspectos tan interesantes como los obstáculos para la integración de la familia en la residencia relacionados con el centro y los profesionales:

• Condiciones de trabajo: sobrecarga de tareas, falta de tiempo para conversar con los familiares, excesiva ‘rutinización’

y ‘mecanización’ del cuidado, condiciones laborales mejorables, etc.

• Filosofía de centro ‘aislacionista’ o con focalización exclusiva en los residentes, que no deja hueco para la implicación real

de la familia en el cuidado porque:

– No se hace explícita como función de los profesionales el dedicar tiempo a escuchar, atender e integrar a los familiares

en el cuidado

– No se comunica a las familias sus posibles funciones y tareas en la residencia, ni se plantean fórmulas concretas para

su implicación real

• Escasa motivación por parte de los profesionales porque:

– Han tenido experiencias negativas con las familias

– No han recibido formación sobre cómo atender e integrar a los familiares

– Tienen baja apertura al cambio y prefieren la ‘rutinización’/automatización de su labor.

• Reglas y protocolos institucionales excesivamente rígidos (p. ej., horarios inflexibles)

• Miedo a la reacción de otros compañeros o de los sindicatos

• Dificultades de comunicación con las familias (p. ej., malos entendidos)

• Desconocimiento de las necesidades y deseos de las familias en relación al cuidado de su familiar y del grado

de responsabilidad que estarían dispuestas a asumir.

• Excesiva rotación (cambios de turno) e inestabilidad de la plantilla de enfermeros y auxiliares de enfermería y escasa

formación en la atención a personas con deterioro cognitivo (p. ej., manejo de comportamientos problemáticos,

habilidades de comunicación).

• Falta de habilidades para afrontar quejas o problemas que les plantean los familiares

• Estereotipos y prejuicios acerca de los familiares: ‘son todos iguales’, ‘se quejan por sistema’, ‘quieren llevar la voz cantante’,

‘nos culpan a nosotros porque se sienten culpables’.

• Barreras ambientales: falta de espacios físicos para la familia (p. ej., ausencia de sillas en las habitaciones, inexistencia de salas

para reuniones familiares).

• Escasa apertura por parte del personal a recibir y aprender de la pericia y experiencia del familiar cuidador.

• El centro está muy aislado y mal comunicado a través de transporte público.

También se desgranan los obstáculos para la integración de la familia en la residencia relacionados con los familiares:

• Rechazo de la familia a implicarse en el cuidado.

• Ansiedad e incertidumbre ante lo que pueden hacer en el centro, qué se espera de ellos, qué papel tienen.

• Problemas de comunicación y/o conflictos con el personal, relacionados con la percepción de falta de atención personalizada y afectivoemocional a su familiar o sobre otras cuestiones (p. ej., pérdida de objetos personales, olor de las habitaciones).

• Percepción de la dirección y administración del centro como lejanas e inaccesibles.

• Percepción de estar poco informados sobre la enfermedad de su familiar, su progresión, el futuro, etc.

• Percepción de ser ignorados o no ser considerados importantes por los profesionales.

• Percepción de total falta de control sobre el cuidado de su familiar.

• Ansiedad ante el deterioro cognitivo, depresión y agitación de su familiar y dificultades de comunicación con él.

• Percepción de falta de flexibilidad en el centro en relación a los horarios y la forma de administrar algunos servicios (p. ej., comida) y protocolos de actuación.

• Estereotipos y prejuicios acerca de los profesionales: ‘son unos ineptos’, ‘no les importa nada mi familiar, tratan a todos igual’, ‘lo cuidan mecánicamente’.

• Problemas de salud física o malestar emocional y dificultades psicológicas de los familiares.

Los ancianos inician su emancipación

El País, Carmen Morán, 13/05/2010

La transformación económica y social acaba con el tabú de los asilos - Los mayores quieren ante todo autonomía y, en caso de necesidad, se decantan cada vez más por la ayuda profesional

La generación de mujeres más generosa que ha tenido este país toca a su fin. Las que criaron a sus hijos y cuidaron de sus padres ancianos no va a repetirse. Se acabó. Pero todavía están ahí, pensionistas ya muchas de ellas, haciéndole al Estado un último favor: sus mayores morirán en casa, bien cuidados, a cambio de una magra paga con la que la Ley de Dependencia remunera años de dedicación y falta de vacaciones.

Porque si todas ellas, cuidadoras eternas, pidieran una plaza en un geriátrico para los octogenarios y nonagenarios a los que atienden, a ver de dónde iba a sacar la Administración tantas plazas de residencia como harían falta.

Y ahí no acaba su generosidad. Tienen un último gesto: que sus hijas no repitan los pasos que ellas dieron, que la generación que las sucede no tenga que cuidarlas a ellas a tiempo completo. Eso que todas resumen en la misma frase: "yo no quiero ser una carga para mis hijos". Y saben bien de qué están hablando, tanto que hasta los ayudan con los nietos para que no tengan que abandonar el mercado laboral.

La última encuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social a los mayores de 65 años destapa un cambio social que se veía venir: la preferencia por los cuidados familiares cuando necesiten ayuda ha caído entre las mujeres 11 puntos porcentuales desde 1993, de un 75% a un 64%. Y más espectacular es todavía el salto, en la misma dirección, que dan los hombres: en 1993, un 84% de ellos quería que a la vejez los atendieran sus familiares más allegados, la mujer o los hijos. Ahora sólo lo dice un 63%. Ellos se resistían, pero la realidad se ha impuesto. Y son muchas las razones que contribuyen a ese cambio.

Han cambiado las familias, pero no sólo por la incorporación al mercado laboral de los hijos y las hijas. También los propios jubilados de hoy tienen ya un perfil distinto del que tuvieron sus padres. "Disponen de una pensión propia y eso les da cierta independencia económica", dice la profesora de Sociología de la Universidad Complutense Margarita Barañano. A ello hay que añadir que muchos de los que ahora están llegando a la edad de la jubilación no han vivido con sus hijos en la misma casa durante años, porque ellos salieron a estudiar, a trabajar. El modelo de familias agrupadas tal y como se le conocía se fue perdiendo. Volver a vivir con hijos, yernos y nueras bajo el mismo techo se hace más cuesta arriba. Cada uno tiene su independencia.

"Además, depender de los hijos no es convivir con ellos. Porque los hijos pueden ayudarles con dinero a pagar a alguien que les atienda en casa, por ejemplo, pero eso no significa que vivan juntos", afirma Barañano.

La vivienda en propiedad, muy común en España, es una ventaja de la que parten los jubilados. No tienen que pagar alquiler, por tanto, su pensión puede servirles para contratar a quien les cuide. Incluso para formalizar una de las llamadas hipotecas inversas y optar por una residencia. A pesar de ello, "el criterio primero a la hora de comprar una vivienda sigue siendo la cercanía a los familiares, eso permite que los abuelos ayuden con los nietos, pero también hacerse cargo de los padres, al menos cierta supervisión", dice Barañano.

Hubo un tiempo en que los ancianos huían de las residencias geriátricas como de la peste. La encuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social muestra cómo ese rechazo es aún más marcado entre los más mayores, pasados los ochenta. Y tenían razón: muchos de los geriátricos que ellos conocieron eran entonces deprimentes instituciones donde morían los que no tenían a nadie que los cuidara. Asilos, caridad, abandono. Esos prejuicios se están deshaciendo. Las residencias ya no tienen ese aspecto sobrecogedor, y eso que muchas de ellas no cumplen aún los requisitos que marca la nueva Ley de Dependencia para poder subvencionar su ocupación de forma pública.

En contra de las ideas preestablecidas también ha jugado una gran partida la llegada de inmigrantes, que ha generalizado una imagen por las calles de pueblos y ciudades: el anciano acompañado en su paseo diario por alguien que llegó de Ecuador, Perú, Rumania. No son los hijos y no pasa nada. "En estos casos, las hijas, sobre todo, supervisan, o pueden cuidarlos a tiempo parcial, turnándose con el trabajador extranjero", dice la profesora Barañano. "Y además se han ido generalizando las ayudas públicas de los ayuntamientos. Todo ello les permite seguir en casa, algo que siempre prefieren".

Es cierto. Que los mayores prescindan de los cuidados de sus hijos no significa que quieran salir de su casa. El 87,3% de ellos prefieren vivir en la vivienda propia, aunque sea solos. "Ellos prefieren estar en su entorno hasta que se pueda. Allí están sus libros, sus recuerdos, incluso el vecindario, que siempre echa una mano. Ahora bien, quieren que les atiendan profesionales", asegura Luis Martín Pindado, presidente del Consejo Estatal de Personas Mayores.

"Los datos están, efectivamente, marcando una tendencia hacia el incremento de los servicios en detrimento de las ayudas familiares. La gente ha de conocer el valor y la calidad de los servicios que prestan los profesionales, los cuidadores de los centros de día, las residencias", afirma la directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Purificación Causapié.

Antes de abandonar este capítulo de los prejuicios contra las ayudas profesionales, las residencias, hay que echar un vistazo al mundo rural, donde los cambios, como sucede siempre, van más lentos. Causapié señala que la preferencia por los servicios "está relacionada con el nivel cultural", pero cree que lo que ocurre en los pueblos, donde aún el 83% de los consultados se decanta por los cuidados de la familia, se debe a otras razones: "El mundo rural conserva lazos familiares más cercanos y fuertes y los entornos familiares son más amplios, incluida la relación que se tiene con los vecinos". ¿Quién no se acuerda de Volver, de Pedro Almodóvar, entre otras muchas?

Pero aún pesa mucho el qué dirán, incluso para admitir que un profesional va a entrar en casa durante unas horas para hacer limpieza, comida, o colaborar con la higiene del anciano. Aunque eso también se ha ido modificando.

¿Son de verdad razones económicas y culturales las que están operando entre los nuevos jubilados para cambiar sus preferencias por los cuidados o es más bien la asunción de una realidad social contra la que nada pueden hacer?

Gerardo Hernández, profesor de Sociología de la Familia y Gerontología Social en la Universidad de A Coruña, se decanta en parte por el "obligado te veas..."

"La esperanza de vida se ha alargado mucho y eso significa más años de dependencia y nuevas enfermedades a las que no siempre se puede hacer frente en familia. Además, antes había más hijos para repartirse esos cuidados. No es lo mismo cinco hijos para cuidar a dos mayores, que dos hijos para cuidar a cuatro ancianos. Si se trata de un alzhéimer, por ejemplo, se necesita una ayuda más profesionalizada. Por otro lado, los hijos ya tienen trabajos extradomésticos y no siempre en la misma ciudad o pueblo donde están los padres. Por mucho amor que se ponga siempre habría carencias. Por eso estamos reclamando residencias, centros de día, pisos tutelados. La realidad es la que obliga", concluye.

Y la generosidad, porque Delia Otero Díez, a sus 63 años, todavía cuida en casa a dos de sus cuatro hijos. Ya tienen 35 y 37 años, solteros. "Mamá los cuida, les hace la comida, lava, les plancha, ellos están bien aquí", dice entre risas. Otros dos ya se casaron. Bien podría pedirles que cuando ella no pueda valerse le devuelvan sólo la mitad de los años que les dedicó, pero no quiere. "Ellos, gracias a Dios, tienen trabajo y a mí no me gustaría dejarles esa carga. Yo prefiero irme a una residencia, así lo comentamos mi marido y yo con los amigos, que nos iremos todos a la misma y allí lo pasaremos bien", ríe. Luego reconoce que tampoco piensa mucho en ello todavía. No tiene tiempo. Tiene a su madre en casa, con 93 años, a la que "hay que hacerle todo". "Yo creo que si la hubiéramos llevado a una residencia ahora no la tendríamos aquí, porque es muy familiar. Y además, ella siente mucha pena por la gente que está en las residencias".

Delia, que vive en Mejorada del Campo (Madrid), cuidó de su suegra, inválida durante cinco años, por meses, "turnándose con las cuñadas". También llevaba a su suegro a diálisis. Y ya lleva 11 años al cargo de su madre. Recibe una paga de 387 euros al mes por la Ley de Dependencia.

Su mente no repara todavía en una Delia de 90 años, que quizá no pueda caminar, o a la que le lleven la comida a la boca, cucharada a cucharada, como hace ella con su madre. Eso todavía queda lejos. "Pero si aún estamos pensando en los hijos", se ríe. Y en los nietos. "A veces me los dejan, no mucho, eh, no abusan, no, pero cuando los tengo es la felicidad".

¿Y cómo anda ella de salud? "Bueno, mis huesos se resienten, un poquillo, pero bien".

Ella no quiere ser una carga para sus hijos, pero lo cierto es que, quizá, sus hijos no puedan con esa carga, porque la realidad se impone. Las amas de casa a tiempo completo son una figura a extinguir.

La crisis económica, quizá, está dando una tregua a los políticos, que no parecen entender el alud que se les viene encima. No hay mapas para construir residencias allá donde se necesitan y las guarderías y los geriátricos siguen siendo la gran asignatura pendiente. ¿Confían en que las mujeres podrán estirar aún más el Estado de bienestar que ellos no proporcionan?

No podrán. Pero la crisis está ralentizando las demandas. La mayoría de las ayudas que se conceden por Ley de Dependencia son prestaciones económicas para las cuidadoras, hasta un 57%, muy alejado del espíritu que preconizaba esta ley. Se pretendía con ella que muchas mujeres salieran al mercado laboral y los cuidados de ancianos quedaran en manos de profesionales, a domicilio o en residencias geriátricas. No está siendo así. Ana Lima, la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, cuenta un caso que sirve de ejemplo. "Hay una señora que pedía un servicio profesionalizado, pero una de sus cinco hijas se ha quedado en paro y han preferido que sea ella misma la que la cuide y tenga la prestación económica que da la ley", dice.

"La crisis está inclinando a la gente a pedir la prestación económica, por el paro, pero también porque te la dan con atrasos, desde que se cursó la solicitud, o desde que el usuario fue reconocido como dependiente, y eso supone un buen pellizco para una economía precaria", sostiene Lima. El gobierno anunció ayer que los pagos retroactivos se acabarán pronto.

Pero la crisis pasará y la demanda de residencias para los más ancianos y otros servicios intermedios para edades anteriores seguirán su curso. El número de plazas de residencia cubría en 2002 un 3,3% de la población mayor de 65 años. En 2009 aumentaron un poco, hasta un 4,31%. España es un país afortunadamente longevo y, como en otros países más avanzados en cobertura social, la gente demandará cada vez más servicios. No dependerá sólo de los hijos. La única diferencia, dicen los que trabajan en asuntos sociales, es que a unos les llevarán a la residencia los hijos y los otros irán en taxi. Pero las mujeres ya no estarán para prestar esos cuidados, ni siquiera estarán tan preparadas para ello como lo estuvieron sus madres, que a su vez lo aprendieron de las suyas.

"Las abuelas cuidan a sus nietos porque a través de sus hijas hacen lo que ellas no pudieron hacer, estudiar y trabajar fuera. Por eso tienen una mayor sensibilidad hacia ese problema. No es que no deban existir los cuidados familiares, pero deben ser sólo una pieza más del puzle", dice la catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III Constanza Tobío. Y prosigue: "Estas mujeres están ayudando a la sociedad a modernizarse cuidando nietos y aceptando, sin dramatismo, que a ellas no las cuidarán sus hijas. Esta es la generación que más ha dado y que menos está recibiendo. Es una generación de mujeres excepcionalmente generosa".

Gasto social o inversión social

TRIBUNA: GUSTAVO GARCÍA HERRERO

El País, 2/05/2010

La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.

Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.

Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.

Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.

Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.

Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.

Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.

Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.

Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.

Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.

La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.

La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.

Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.

Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.

Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.

Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.

No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.

GUSTAVO GARCÍA HERRERO es experto en gerencia de servicios sociales y director de la residencia geriátrica municipal de Zaragoza.

La "regla 40-70" en InfoElder

La “regla 40-70” está basada en un estudio realizado por HomeInstead Senior Care que descubrió que a un tercio de los adultos en Estados Unidos la comunicación con sus familiares les supone un gran obstáculo. Este obstáculo surge de que el papel paternal-infantil continúa cuando el hijo está en edad adulta. El hecho de que muchos mayores todavía tengan una relación con sus hijos o hijas adultas como si éstos siguieran siendo niños en vez de adultos hace que este tipo de conversaciones sean especialmente delicadas para ambos. Esta guía es de gran utilidad para aquellas personas que necesitan prepararse para afrontar las conversaciones difíciles con sus queridos mayores antes de que una crisis ocurra o bien para cuando la crisis haya pasado.

Os ofrecemos un extracto de la guía, que se encuentra publicada en la página web de InfoElder:

SIETE CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS HIJOS ADULTOS A COMUNICARSE MEJOR CON SUS PADRES MAYORES

La mayoría de los hijos en edad adulta saben lo difícil que puede ser el hablar con sus padres de ciertos temas. A continuación presentamos una lista de consejos, obtenidos gracias a la experiencia y el conocimiento de HomeInstead, así como de Jake Harwood, Ph.D. de la Universidad de Arizona. Estos consejos pretenden ayudar a quienes, dentro de la familia, cuidan a algún mayor, para mejorar la calidad en su comunicación.

1. ES HORA DE COMENZAR A HABLAR - Si usted tiene 40 años y/o sus padres 70 años, ahora es el momento de comenzar a observar y a recopilar información de manera minuciosa y atenta. No llegue a ninguna conclusión a partir de solo una observación y decida cual sería la solución óptima hasta que haya recopilado toda la información con la mente abierta y una vez que haya hablado con sus padres.

2. HÁBLELO - Acérquese a sus padres a través de una conversación. Discuta con ellos lo que ha observado y pregúnteles qué creen que está pasando. Si sus padres reconocen que algo está pasando, pregúnteles su opinión sobre cual sería una posible y óptima solución. Si sus padres no reconocen el problema, utilice ejemplos concretos para ilustrar la situación.

3. LO ANTES POSIBLE… MEJOR - Si se ha presentado un problema y una crisis, es mejor hablarlo antes que después. Por ejemplo, si su padre o madre tiene problemas con la vista, o tiene problemas para conducir de noche, comience a hablar de esos problemas antes de éstos se conviertan en disgustos.

4. OLVÍDESE DE HABLARLES COMO SI FUESEN NIÑOS - Recuerde que está hablando con un adulto, no con un niño. El dirigirse a ellos como si fuesen niños, llamándoles la atención, etc., podría ser contraproducente y les pondría a la defensiva, además que dirigirse a ellos en este tono conlleva una falta de respeto. Póngase en su piel y piense cómo le gustaría que se dirigiesen a usted si estuviese en esa situación en particular.

5. PROCURE MAXIMIZAR LA INDEPENDENCIA - Procure siempre alcanzar soluciones que lleven a maximizar la independencia de sus padres. Busque respuestas que optimicen sus fortalezas. Por ejemplo, si sus padres necesitan ayuda en casa, busque las herramientas que puedan ayudarles a mantener estos puntos fuertes. Los servicios de cuidadores profesionales proveen asistencia en varias áreas incluyendo preparación de comidas, limpieza ligera y recordatorio de toma de medicamentos. También puede buscar amigos que le ayuden.

6. MANTÉNGASE ATENTO AL CONJUNTO DE LA SITUACIÓN - Si su padre muere y al poco tiempo la casa de su madre es un verdadero desastre, muy probablemente no se deba a que ella esté enferma, mas bien puede deberse a una falta de apoyo social y a la pérdida de una relación vital tan significativa. Asegúrese de que su madre tenga amistades y una vida social.

7. PIDA AYUDA - Muchas cuestiones relacionadas con el envejecimiento pueden resolverse si les damos el apoyo que necesitan para continuar siendo independientes. Recursos tales como los centros para mayores pueden ser de mucha ayuda para solucionar estos problemas.

InfoElder es un sitio web que aglutina toda la información, servicios y productos que puede requerir una persona en la segunda mitad de su vida, aquélla en la que se ve progresivamente aligerada de la carga económica de los hijos y en la que la dedicación a la vida profesional también decrece.

InfoElder es un punto de encuentro entre las personas mayores, sus familiares y las empresas y profesionales cuyos productos y servicios les son necesarios en esta segunda etapa de la vida. La página web cuenta con un estupendo buscador de recursos para las personas mayores, organizados por provincias. También se encuentran una interesante biblioteca virtual, así como el acceso libre a foros en los que participan profesionales de la atención geriátrica, familiares y cuidadores, y los séniors...las personas mayores.

Los geriátricos privados llaman a concertar 42.500 plazas vacías

En España hay miles de plazas vacías en los geriátricos y cientos de familias, quizá miles también, esperan por una de ellas. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) calcula que sólo entre sus empresas 42.557 camas, de un total en España de 329.000, están libres, y piden a las administraciones que concierten esas plazas, es decir, que paguen la ocupación de esas residencias para que los ciudadanos puedan optar a ellas a precios públicos, como ocurre con los colegios concertados.

Pero el desajuste entre la oferta y la demanda no tiene tan fácil arreglo, porque hay ciudades donde faltan residencias mientras que en otros lugares están vacías. En ese caso no hay concertación que valga. La crisis tampoco lo pone fácil. Las comunidades están pagando entre 45 y 50 euros por día y persona a los empresarios por disponer de sus plazas, pero este precio no convence al sector, que aspira a obtener 60 euros. "Es lo que cuesta un hostal, y ahí la gente sólo va a dormir", defiende el presidente de la FED, José Alberto Echevarría. "O si no, que nos rebajen el IVA al 4%", dice.

Por último, la Ley de Dependencia manda que estos centros tengan unas condiciones mínimas de calidad, que muchos no cumplen. Sólo entre 2007 y 2008 se abrieron 30.000 nuevas plazas y la mayoría son públicas o concertadas. El problema es que había muchas que no cumplen los requisitos que ahora se exigen y eso impide concertar. El sector afronta una grave crisis.

"A muchos operadores no les conviene concertar por los precios que ofrece la Administración porque han construido residencias de lujo, pagando muy caro el suelo, y ahora no les sale a cuenta. Y hay muchas que, sencillamente, están llamadas a desaparecer porque son negocios antiguos sin las condiciones mínimas", dice un empresario del sector que quiere guardar su anonimato.

"Es cierto, se han construido muchas residencias de lujo, pero es que, hace unos años, no se oía otra cosa que le creciente necesidad de plazas. Los ayuntamientos regalaban terrenos, las comunidades animaban y muchos empresarios siguieron invirtiendo y los bancos se sentían cómodos financiando esos proyectos", reconoce el director del portal Inforesidencias.com, Josep Martí.

La burbuja, según Martí, se iba hinchando también porque "la ley generó unas expectativas de profesionalización que no se han cumplido, la mayoría de las ayudas que se están concediendo son económicas, para el cuidador familiar", critica Martí.

Ese extremo es también el caballo de batalla de los empresarios. "Concertar plazas de residencias cuesta más que dar ayudas económicas, pero se obtendrían millones en retornos", dicen en la FED. "Solo que esos retornos, vía IVA, impuesto de sociedades, IRPF, los recaudaría el Gobierno, mientras que las comunidades tendrían que poner dinero". "Esa diferencia entre lo que le supone a una y otra administración es lo que obstaculiza el concierto de las plazas", aseguran.

Pero la ocupación de las residencias no depende sólo de la economía, ni siquiera de la del usuario, sino de sus preferencias. Y hoy por hoy hay un sesgo claro hacia las atenciones en el domicilio propio, buscando la paga para que les cuide alguien de la familia. "Generalmente se están dando las ayudas que la gente pide", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza. "Una de cada cinco personas atendidas bajo la Ley de Dependencia está en una residencia y más de 40.000 tienen una ayuda vinculada a la prestación de un servicio, que normalmente es también para una plaza residencial". Moza insiste en que el objetivo del ministerio es potenciar los servicios frente a las ayudas económicas, pero opina que no se pueden eludir las preferencias de los ciudadanos. "A lo largo de todo el año pasado, gracias al Plan E se aprobaron recursos para adaptar o construir hasta 50.000 plazas y hemos regulado que los usuarios no puedan cambiar el servicio que eligen". Esto se ha hecho porque, debido también a la crisis, algunas personas sacaban a los ancianos de la residencia para tenerlos de nuevo en casa, con la ayuda económica y la pensión del abuelo.

En el mundo rural la ocupación de las residencias se resiste, entre otras cosas porque hay que desplazarse fuera del pueblo para ir a una de ellas. Pero también hay ciudades donde faltan plazas. "Es verdad que en algunas zonas con mucha población rural y dispersa, las residencias quedan alejadas del usuario", reconoce José Alberto Echevarría, de la FED. "Pero las bolsas de desocupación están en las grandes capitales y ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía. Eso debería concertarse", insisten.

Muchos centros, sin embargo, están sin concertar porque no cumplen los requisitos exigidos. "A los geriátricos que asisten a grandes dependientes les exigen unas condiciones de calidad muy exhaustivas, mientras que se pide muy poco para atender a esos mismos dependientes en casa", afirma Josep Martí. En su afirmación radica, sin embargo, otro de los problemas: ¿cuántas de las plazas vacías están preparadas para atender a grandes dependientes? La FED dice que no disponen de esos datos.

El problema, apunta la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, es que la proliferación de residencias "no obedece a una planificación real de las necesidades, ni por el número de personas que las requieren ni por las instalaciones que realmente se necesitan. Si no se cumplen los requisitos no se pueden usar esas plazas", dice.

De parecida opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes: "Habría que analizar cuántas cumplen los requisitos mínimos exigidos por la ley para dar una atención de calidad, la ubicación rural o urbana, y sobre todo el precio de la plaza privada. Se impone una planificación que concilie la oferta y las necesidades. Se necesitan más plazas residenciales en las zonas urbanas y exigir la normativa de acreditación a todas las residencias. La Ley de Dependencia es un aliciente para la inversión en equipamiento residencial. Y las prestaciones económicas deben ser algo excepcional".

Reportaje de Carmen Morán en El País, 22 de marzo de 2010, pag. 30