Más geriatras para descongestionar las urgencias de los hospitales

5.800 camas para enfermos agudos están ocupadas por pacientes crónicos - Los expertos debaten modelos sociosanitarios con especialistas en dependencia

Publicado en El País, el 29/03/2011, por CARMEN MORÁN

El envejecimiento de la población y la entrada de la Ley de Dependencia han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema sociosanitario bien engrasado. Ya hace algunos años que se habla de ello, pero no hay ni una primera piedra que inaugurar. Hay personas cuyo perfil requiere una atención a medias entre el sistema sanitario y el de servicios sociales. Los mayores son un ejemplo claro, pero también aquellos con graves y esporádicos trastornos mentales, los adictos a drogas, los enfermos terminales. Miles de ancianos ocupan cada año camas hospitalarias previstas para dolencias que no son las suyas: "5.800 camas pensadas para enfermedad aguda se utilizan para enfermos crónicos cuyo perfil no requiere los mismos servicios", cifró ayer Montserrat Cervera, directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting. Cervera participó en el III congreso internacional sobre Dependencia y Calidad de Vida organizado por la Fundación Edad y Vida.

Los expertos coinciden en que el sistema sanitario no ahorraría con un buen sistema sociosanitario, porque las camas que se liberaran se ocuparían de inmediato, pero sí se ganaría en calidad asistencial.

Trasladar a un anciano a un hospital por un mareo pasajero y retornarlo al geriátrico en ambulancia horas después es un gasto superfluo y una gran molestia para la persona. Además, dijeron ayer algunos de los expertos del congreso, los ven médicos que no los conocen ni siguen su caso. El director general de la Fundación Althaia y presidente de la Unió Catalana d'Hospitals, Manel Jovell, presentó un modelo que están ensayando en algunas comarcas del interior de Cataluña en el que se prima la figura del médico geriatra, incluso en el caso del anciano que se rompe el fémur, algo habitual, aunque sea imprescindible el traumatólogo.

Este proyecto, además de descargar las urgencias hospitalarias está preparado para prevenir ingresos hospitalarios y para reducir la estancia de los mayores en el hospital cuando el ingreso es inevitable. Tienen una unidad de hospitalización a domicilio. El 30% de los atendidos así tiene más de 80 años "y se han evitado 1.300 estancias en un hospital y más de 4.000 en el conjunto de todos los que hay en las comarcas" en las que trabajan, contó Manel Jovells.

Algo parecido debe hacerse, según los expertos, con los cuidados paliativos para enfermos terminales, pero también con la rehabilitación de los ancianos que se rompen la cadera, por ejemplo. "Para nuestro proyecto hemos transformado los recursos, no creado otros nuevos", dijo Jovells.

Cuentan también con un hospital de día para el paciente frágil, como le llaman. Así evitan el ingreso en urgencias "por una leve descompensación del anciano". En estos casos, además del médico geriatra, hay una enfermera gestora de casos. Perfiles como este último son muy citados en cualquier proyecto sociosanitario, porque se trata de que alguien coordine las necesidades de uno y otro servicio que presenta el paciente.

Por último, Jovells citó la Unidad de Especialización, también con la figura del geriatra en primer plano, hasta donde se traslada el cardiólogo, por ejemplo, si es necesario, en lugar de mover al anciano.

La enfermedad mental también se citó recurrentemente ayer en el congreso al hablar de un modelo sociosanitario, porque estas personas necesitan a veces ingresos hospitalarios coordinados con servicios sociales.

En España todo está aún en mantillas, salvo experiencias aisladas. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, presidido por Leire Pajín, que ayer participó en la inauguración de estas jornadas, inició la elaboración de un libro blanco sobre este asunto, pero todavía no ha visto la luz. "No se trata de inventar una red nueva sino permitir que ambos sistemas actúen a la vez sobre una persona de forma simultánea y sinérgica", dijo Montserrat Cervera. Para ello, explicó, es necesaria una red de información compartida, una flexibilidad en la provisión de servicios y, "fundamental, que la financiación sea mixta y compartiendo riesgos. Mientras la financiación dependa de cada uno de los sistemas y cada uno procure su gasto y su ahorro será difícil crear un sistema sociosanitario", vaticinó. Y se preguntó finalmente: "¿Cuál de los dos sistemas, el sanitario o el social, liderará este cambio?"

El presidente de La Fundación Edad y Vida, Higinio Raventós, ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de organizar una buena red sociosanitaria, en la creencia, que muchos expertos comparten, de que la atención que requieren las personas que harían uso de ella, supone una de las mejores canteras de empleo en estos tiempos. Raventós, cuya fundación agrupa a grandes empresas, sabe que muchas de ellas estarían dispuestas a invertir en ello de tener apoyo público. Para la fundación, también es necesario que el propio ciudadano prepare su futuro con sus ahorros, para colaborar en el coste del servicio.

Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha

La Orden de 22/12/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, crea el Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha. [2010/21659]. Ha sido publicada en el DOCM del 4 de enero de 2011.

A pesar de la posible distancia entre la bioética clínica y algunos temas de ética en intervención social, existen numerosas cuestiones fronterizas que aconsejan su tratamiento integral, por cuanto comprometen valores, derechos, principios y actitudes comunes a la atención social y sanitaria. Tanto los profesionales y entidades que gestionan los servicios sanitarios, como los sociales, deben orientar su actividad de manera que se garantice especialmente la dignidad de las personas, su bienestar y el respeto a su autonomía e intimidad.

Por todo ello se considera conveniente crear un Comité de Ética de Salud y Bienestar Social, con la finalidad de dotar a las personas y a las organizaciones prestadoras de servicios sanitarios y sociales de un recurso para facilitar la toma de decisiones basadas en valores éticos, generar conocimiento y orientaciones para la asistencia e intervención, así como contribuir a generar buenas actitudes y buenas prácticas que sirvan de marco para orientar la actividad de los profesionales de los servicios sanitarios y sociales.

De este modo, el Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha se configura como un órgano colegiado de carácter consultivo con funciones de asesoramiento y orientación, que incorpora a personas del ámbito de las ciencias humanas y sociales, de la salud, del derecho y de la filosofía, del campo de los consumidores y usuarios, así como a profesionales de la Administración sanitaria y social y a miembros de la sociedad civil destacados por su labor en defensa de iniciativas sociales.

Se pretende con ello dotar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de un órgano que, con una composición multidisciplinar, esté facultado para emitir informes, recomendaciones y realizar estudios sobre aquellas cuestiones éticas que tengan una especial repercusión en los ámbitos sanitario y social.

El Comité de Ética de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha tiene las siguientes funciones:

a) Prestar asesoramiento, mediante la emisión de los correspondientes informes, a la Administración regional en la toma de decisiones ante problemas éticos en el ámbito sanitario y social.

b) Elaborar estudios, protocolos u otro tipo de documentos sobre aspectos éticos de la atención sanitaria y social.

c) Promover actitudes y buenas prácticas a través de la emisión de recomendaciones en garantía de los derechos y deberes de las personas en la esfera social y sanitaria.

d) Promover la formación, el debate y la inclusión de la ética como elemento de calidad en la práctica profesional de los servicios sanitarios y sociales. A tal efecto, el Comité podrá promover la organización de jornadas y encuentros, así como la difusión de publicaciones que avancen en los conocimientos de este campo.

e) Apoyar a los comités de ética asistencial de los servicios sanitarios y sociales cuando éstos precisen un criterio más elaborado y fundamentado en asuntos de alcance general o de especial trascendencia sobre los que estén trabajando.

f) Informar a los Colegios Profesionales relacionados con la salud o el bienestar social cuando lo soliciten.

g) Establecer relaciones de colaboración con órganos que realicen funciones análogas dependientes de otras Administraciones Públicas.

h) Elaborar una memoria anual de actividades que se elevará a la persona titular de la consejería competente en materia de salud y bienestar social.

i) En general, cualquier otra que le sea atribuida por norma legal o reglamentaria.

El Comité de Ética emitirá sus informes sobre cuestiones relacionadas con la bioética de oficio o a solicitud de los siguientes órganos:

a) Cualquier Consejería de la Junta de Comunidades, a través de su titular.

b) Los órganos centrales y periféricos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a través de su Director Gerente.

c) Los comités de ética asistencial de los servicios sanitarios y sociales, a través de sus Presidentes.

d) Los Colegios profesionales, a través de sus Presidentes.

e) Cualquier entidad de carácter territorial o institucional que dependa de la Administración Regional, a través de su Presidente o Director.

FERSALUD: Salud y Trabajo Social

El pasado 3 de Diciembre de 2010, dentro de la Semana de Derechos Humanos, se llevó a cabo por parte de los Alumnos de la asignatura Salud Pública y Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social de Cuenca) el Proyecto de Sensibilización, Divulgación Social y Prevención de Malos Hábitos de la Salud (FERSALUD), con el objetivo de informar y sensibilizar a la población en aspectos relacionados con la salud y hábitos de vida no saludables.

La inauguración corrió a cargo de Ángel Tomás Godoy Martínez, Delegado de Salud y Bienestar Social, Elisa Larrañaga Rubio, Decana de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, Ana Isabel Payán Martínez, profesora de la asignatura y Víctor Sánchez Salmerón, representante de los alumnos de tercr curso.
Ángel Tomás Godoy indicó que este tipo de actividades ponen de manifiesto el interés creciente por la relación entre lo social y lo sanitario. En esa línea, se refirió a la redacción de la Estrategia de Salud y Bienestar Social 2011-2020, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención tanto en el ámbito sanitario, en lo que se refiere al diagnóstico, tratamiento o prevención de la enfermedad. Pero también en todo lo relacionado con los cuidados sociales, que cada vez deben tener un enfoque más integral en la atención a los ciudadanos y con la que se pretende engranar los dos sistemas para la planificación de las actuaciones en este ámbito de cara a los próximos años.

La jornada se desarrolló a través de diferentes ámbitos: Medio Ambiente, Alcohol y Tabaco, Hábitos Alimenticios, Ocio y Deporte y Enfermedades de Transmisión Sexual, con sus correspondientes stands y en las que participaron 52 alumnos, responsables de llevar a la práctica los talleres y las charlas diseñados para este evento.

Miguel Herráiz Roldan y Soledad Fernández Contreras expusieron dos ponencias, una sobre "La Huella Ecológica y Educación para el Desarrollo", relacionada con el Consumo Responsable y "Las Diferencias Norte y Sur ", relacionada con su impacto en el Medio Ambiente.

Agradecemos el haber podido contar con la participación de los alumnos de 3er curso del CIP Hermanos Valdés y con los alumnos del IES Santiago Grisolía CFGM Atención Sociosanitaria, que con su saber estar en las actividades propuestas hicieron mucho más agradable la ejecución de este proyecto.

También nos gustaría agradecer su participación en esta jornada a los centros de mayores Cristo del Amparo y San José y a los miembros de la Asociación Aspaym, así como a todos los que con su colaboración han hecho posible la ejecución de este proyecto.
Muchas Gracias.

Jesús Pablo del Saz Carralero, alumno de 3er Curso de la Facultad Trabajo Social de Cuenca (UCLM).

La dependencia se sustenta en el cuidador familiar

Las pagas copan el 58% de las ayudas. La tradición y la falta de una red de infraestructuras potente decantan la balanza

En Público.es del 05/12/2010.

Remedios Vergara tiene 47 años y nunca ha podido vivir a solas con su marido. Cuando se casó, hace 21 años, tuvo que mudarse a casa de su padre, viudo. La pareja renunció a su piso en Murcia y se trasladó a La Puebla de Mula, un pueblo de 300 habitantes a 34 kilómetros de la ciudad.

Hasta el año 2000, Melli así se presenta Remedios trabajaba en una fábrica de conservas, ejercía de ama de casa y cuidaba a su padre, Felipe. Ese año, detectaron a Felipe un cáncer de pulmón y tuvo que dejar su empleo. Su padre, que ahora tiene 84 años, superó la enfermedad, pero su salud fue empeorando hasta convertirse en un dependiente severo.

Desde hace un año, ella es una de las 377.787 personas que, con una ayuda económica de la Ley de Dependencia, dedican su vida a cuidar de un familiar. Alrededor del 90% son mujeres. "Mi vida se reduce a cuidar de los otros", se lamenta. Melli tiene dos hijos, de 9 y 7 años.

La Ley de Dependencia nació, en 2007, con la ambición de acabar con situaciones como la de Melli. "Esto es un sinvivir. Ni siquiera puedo salir con mi marido", se lamenta. Según explica, nadie le ofreció, cuando tramitó la ayuda, llevar a su padre a una residencia. "Quizás pensando en mí, sí lo hubiera llevado, pero él no lo hubiera permitido. Sería matarlo", explica. Melli tiene un hermano, pero el padre sólo quiere que lo cuide ella.

El objetivo de la Ley de Dependencia es crear una red de infraestructuras, como residencias y centros de día, que den un respiro a las familias. Por eso, la norma contempla las pagas a los familiares como una "excepción". Pero la realidad es que un 58% de las 654.499 ayudas que se dan consisten en esa paga, que como mucho alcanza los 520 euros.

"Las prestaciones económicas han hecho que la implantación de la ley sea más rápida, pero no se han creado infraestructuras", denuncia la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. "Si lo vamos dejando, dentro de unos años, con una sociedad más envejecida, el problema será aún mayor", asegura. Además, las mujeres jóvenes ya están integradas en el mercado laboral, recuerda.

El catedrático de Sociología Gregorio Rodríguez Cabrero, uno de los expertos que elaboró un informe sobre la implantación de la ley a instancias del Congreso, confía en que con el tiempo la situación "se vaya modulando". Aún así, destaca que también en los países europeos con un fuerte Estado del bienestar "se están reforzando los cuidados familiares por los problemas financieros".

Existe alternativa

¿Los familiares dejarían de preferir la paga si hubiera una red potente de servicios? Marcelo Britos y su esposa Leticia Solián, vecinos de El Álamo (Madrid), creen que de existir una buena oferta de centros, muchas familias con personas dependientes vivirían mejor. Ellos viven para Dana, su hija de 12 años.

La niña nació con una parálisis cerebral que le impedía moverse con normalidad. A los 3 años, una negligencia médica empeoró su estado. Dana dejó de razonar. Ahora va en silla de ruedas y está ciega. Balbucea, llora y ríe siguiendo su lógica particular.

La ayuda económica que cobran Marcelo y Leticia tardó tres años en llegar. Primero les ofrecieron la paga al familiar. Luego, añadieron 25 horas mensuales de ayuda a domicilio. Pero a cambio de la ayuda "insuficiente" de un cuidador profesional, les han recortado la paga a 226 euros mensuales, denuncian. Dana va a un centro de atención especial de las 8 a las 16 horas. El resto del día y de la noche, sus padres no dan abasto. "Yo soy la que figura como cuidadora, pero Marcelo está ahí siempre", explica Leticia.

"Si la oferta fuese suficiente, el nivel de prestaciones económicas bajaría radicalmente. Lo que las personas necesitan son soluciones a sus problemas, y la prestación económica es un parche", opina la secretaria de política social de CCOO, Rosana Costa.

La mayoría de autonomías, con las competencias para gestionar las prestaciones, asegura que, ante todo, prima la voluntad de las familias. También explican que las rentas más bajas prefieren la paga, ya que si se les da una residencia, deben pagar una parte. Reconocen, además, que la crisis económica dificulta la implantación de la red.

El presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud, Guillem López Casasnovas, culpa de la situación a "la falta de realismo y planificación técnica en la política pública". López, que también participó en el estudio sobre la ley que encargó el Congreso, apunta que la solución está en "reorientar el gasto disponible priorizando cómo y en qué gastar para ofrecer marcos estables de financiación". Para ello, explica, "hacen falta estudios basados en análisis de datos individuales", que, denuncia, las autonomías no hacen públicos.

Ana Molina, de 78 años, lo tiene claro. "Mi marido está muy mal. Si se me muere, se me muere en casa", insiste esta vecina de Pina de Ebro (Zaragoza). "Me ofrecieron una residencia y dije que no", asegura. El marido de Ana, Pedro, tiene 81 años y está postrado en una cama. Desde hace tres años es un gran dependiente. En agosto de 2008, Ana comenzó a recibir 300 euros por la Ley de Dependencia, que compagina con la ayuda de una profesional por las mañanas.

Sólo un 40% de los cuidadores familiares están dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, el 94% son mujeres y el 55% tiene más de 51 años. Del resto de cuidadores no se disponen estadísticas, aunque este perfil es extrapolable al total, coinciden los expertos. Los otros 230.523 cuidadores o son mujeres mayores de 65 años o compatibilizan el cuidado al familiar con otro empleo. En algunos de estos casos, destinan la paga a contratar a una mujer, en muchos casos inmigrante, que no cotiza.

"Para lo bueno y lo malo"

María José Pino, de 42 años, tiene la voz rota al otro lado del teléfono: "Hoy por hoy, no lo llevo a una residencia, pudiéndolo cuidarlo yo. Nos casamos para lo bueno y para lo malo". Su marido, Antonio Azcona, tiene 43 años y lleva los últimos seis años en silla de ruedas. Además, desde 2008, pierde la noción del tiempo y del espacio. A veces, ni siquiera reconoce a su esposa.

Antonio sólo tenía 29 años cuando enfermó. Su estado ha empeorado hasta el punto que María José es su tutora legal. El verano pasado, llevó a su marido a una residencia 15 días. "Llevaba siglos sin tener un minuto para mí", justifica.

Más allá de la voluntad de las familias, los expertos también recuerdan que la paga al familiar sale mucho más barata a las administraciones. Una plaza de residencia cuesta una media de 1.500 euros al mes, unas tres veces más que la ayuda económica.

Desde hace un mes, María Juan, de 75 años y vecina de Capdepera (Mallorca), ha recuperado parte de su vida. Hasta entonces, ella cuidaba de su hermana Catalina, de 82 años, y cobraba 390 euros al mes por ello. Ahora, Catalina está, desde las 10 hasta las18 horas, en un centro de día. "Son horas que estoy relajada", agradece María. El agotamiento de tantos años pendiente de su hermana cambió por completo la visión de María. Continúa cuidando de Catalina, pero ahora María vive "un poquito" más tranquila.

La socióloga María Victoria Gómez, coautora del libro El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI, asegura que una buena oferta de infraestructuras llevaría a que las familias que ya cuidan de sus dependientes "contemplaran la posibilidad de dejarse ayudar, por ejemplo, durante un número de horas determinado". Gómez califica la falta de infraestructuras de "deuda pendiente".

El presidente de la Asociación estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, coincide en que es necesario que el cuidado familiar se complemente con la atención de profesionales. Ramírez también recuerda que las pagas han impedido que "el sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo".

Por su parte, la Federación Empresarial de Asistencia a la dependencia (FED) calcula que en España hay 50.000 residenciales vacías, que de cubrirse, podrían crear 140.000 nuevos puestos de trabajo.

La atención integral centrada en la persona

Extracto de RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Pilar (2010). “La atención integral centrada en la persona”. Madrid, InformesPortal Mayores, nº 106. [Fecha de publicación: 04/11/2010].

Pilar Rodríguez es Asesora del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En el presente documento argumenta a favor de mantener separado el sistema español de servicios sociales del sistema sanitario, aunque relacionados por una buena coordinación en la base. la autora no conisera adecuado construir un sistema sociosanitario integrado.

Recogiendo las diferentes aproximaciones que sumariamente se han descrito en los párrafos precedentes, se intenta en este apartado llegar a una definición de lo que se entiende ha de ser el modelo para atender a personas en situación de fragilidad o dependencia, cualquiera que sea su edad: la atención integral centrada en la persona.

Como aparece de forma recurrente en la literatura científica (por ejemplo, Leichsenring 2009), la atención integral, lo mismo que la atención centrada en la persona, es reclamada en la actualidad tanto por los servicios sanitarios como por los sociales, de manera que si se revisan los muchos informes, estudios o artículos científicos que se relacionan con las intervenciones y políticas dirigidas a las situaciones de discapacidad, envejecimiento o de dependencia se parte del objetivo de que las personas deben permanecer viviendo en su casa e integradas en su entorno, con el apoyo coordinado de los servicios y programas que requieran (salud, educación, atención social, vivienda, familia y allegados, ambiente, transporte, participación social, cultura, ocio…).

Sin embargo, en pocos lugares del mundo se produce de manera efectiva esa coordinación entre niveles y sistemas y, en especial, el de la atención sociosanitaria conjunta que requieren las personas que tienen una situación de dependencia. Los países pioneros en aproximarse a una atención integral centrada en la persona efectiva fueron los Países Nórdicos y Holanda. En el ámbito concreto de la atención sociosanitaria, se ha llegado en algunos de ellos a la plena integración de ambos sistemas, de manera que hacen depender de una organización única los sectores sanitario y social, incluyéndose también las políticas de vivienda. Por su parte, el modelo francés siempre se ha mostrado reacio al enfoque de la integración de servicios sociosanitarios, arguyendo en su contra el hecho de que normalmente cuando ésta se produce, la atención adquiere un sesgo predominantemente “sanitarizado” perdiendo peso e identidad la intervención social, que es la que tiene más posibilidades de realizar una atención verdaderamente centrada en la persona. Por lo tanto, en Francia se apuesta, en lugar de la integración, por la coordinación de servicios. a actuación más destacada en esta área ha sido el desarrollo de los denominados CLIC (comisiones mixtas de profesionales de la salud y de los servicios sociales) que funcionan en el ámbito local como apoyo al despliegue de su Ley de Prestación Personalizada para la Autonomía (APA).

En países como España donde se cuenta con una organización ya muy consolidada de su Sistema Nacional de Salud, y aunque con menos tradición, historia y sistematización, también de los Servicios Sociales, no parece adecuado decantarse por el modelo de integración sociosanitaria, lo que exigiría un enorme esfuerzo organizativo, normativo y presupuestario. Por tanto, debiera plantearse de manera definitiva un modelo válido de coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios, sobre todo para aquellas situaciones de complejidad asistencial que requieren, al tiempo y de manera continuada, la atención de ambos. La atención a domicilio es uno de los ámbitos en los que sería más sencillo realizar esta coordinación, debido a que existen excelentes profesionales formados tanto en el marco sanitario (especial relevancia adquiere aquí la figura de la enfermera del Equipo de Atención Primaria), como en el de los servicios sociales (trabajador/a social y auxiliares de ayuda a domicilio). Y desde ambos sistemas de atención se desarrollan programas de atención a domicilio, por lo que la coordinación –y tal como se ha demostrado en las experiencias realizadas- no resultaría dificultosa.

En lo que afecta a la práctica efectiva de la atención centrada en la persona, como eje de las políticas de atención a personas mayores, con discapacidad, o a quienes tienen una situación de dependencia, puede afirmarse que han sido especialmente Dinamarca y Suecia los países que más han avanzado en la consolidación de este modelo, asentado en el aseguramiento del ejercicio de los derechos. Como muestra, baste destacar que durante el año 2010 se ha producido una iniciativa parlamentaria sueca para producir un nuevo cambio de su Ley Nacional de Servicios Sociales, de manera que se garantice de manera efectiva y no puramente declarativa la salvaguarda de la dignidad de las personas a las que se atiende. A efectos de intervención, esto se traduce en un respeto profundo por el sistema de valores y creencias de la persona: mantener su

propio estilo de vida, poner a su alcance aquello que les produce más bienestar, facilitarle la realización de actividades placenteras para ella, etc. Lógicamente, alcanzar estos objetivos requiere una tarea previa de conocimiento de la biografía personal y de sus percepciones subjetivas, etc.

Una variación de este enfoque puede encontrarse en el Reino Unido, donde se ha desarrollado una propuesta teórica denominada de “sistema completo”, que funcionaría cuando los servicios estén organizados en torno a la persona, cuando todas las partes reconozcan que son interdependientes y cuando comprendan que la acción de una parte del sistema tiene un impacto en el resto. La pretensión de esta propuesta es que las personas destinatarias de los programas los experimenten, efectivamente, como un continuo. Pero también se requiere para conseguirlo que todos los agentes del proceso y, en especial, los proveedores de servicios lleguen a compartir la visión, los objetivos, las actuaciones necesarias (incluyendo su reformulación), los recursos para su implementación y el riesgo que conlleva llevar adelante este cambio de paradigma.

Holanda amplía la eutanasia para los enfermos inconscientes

Publicado en El País de 19 de junio de 2010

La Asociación Holandesa de Médicos ha elaborado una directriz para despejar las dudas de los facultativos a la hora de aplicar la eutanasia. Incluye específicamente a los enfermos que la pidieron en su día, pero han entrado en un estado de semiinconsciencia que les impide comunicarse. La instrucción, aprobada por los ministerios de Sanidad y Justicia y por la Fiscalía General del Estado, se centra en medir el grado de dolor. Si se considera insoportable, la eutanasia sigue adelante. Por el contrario, si el especialista duda acerca de la intensidad del padecimiento o el paciente está en coma, la medida es descartada. La guía ha sido discutida durante casi cuatro años y no modifica la Ley de Eutanasia, aprobada en 2001. Por eso no ha sido necesario remitirla al Parlamento para su aprobación.

La eutanasia induce a veces a confusión. Incluso en Holanda, donde la apoya cerca del 85% de la población. Su práctica continúa penalizada hasta con 12 años de cárcel de no cumplirse estos requisitos: el enfermo debe padecer sufrimientos insoportables y sin mejoría posible; pedirla con énfasis y de forma repetida; el médico tiene que pedir una segunda opinión e informar a una de las cinco comisiones regionales que analizan los casos. Con todo, muchos médicos creen que ante una pérdida de consciencia del paciente la situación cambia. Que a pesar de haber acordado que le ayudarían a morir cuando podía hablar, la ley no les amparará. "La guía pretende clarificar y distinguir las diferentes formas de consciencia para orientarles y despejar estas dudas penales", señala la asociación colegial. Como la familia no tiene poder de decisión en los casos de eutanasia adulta -entre 12 y 16 años deben consentir los padres, y entre 16 y 17 forman parte de la toma de decisión- la medición de dolor resulta esencial.

El modelo escogido es la denominada Escala de Coma de Glasgow, usada normalmente para evaluar el nivel de consciencia en traumatismos craneoencefálicos. Incluye una tabla de valores entre el 3 y el 15. Una puntuación derivada de la respuesta dada por el enfermo a estímulos externos. Se mide desde el grado de apertura ocular y respuesta motora o verbal a la reacción ante un pinchazo. "Con seis o menos puntos, se deduce que apenas nota el dolor [porque está en coma]. No hay lugar para la eutanasia. A partir de siete, el dolor puede ser insoportable. El médico decidirá si los cuidados paliativos bastarán para contenerlo, o bien seguir adelante con la eutanasia", añade la documentación de la Asociación de Médicos.

Reducir la sedación para obtener una respuesta que clarifique la situación del doliente no se considera ético. "Nos perderían la confianza. El acuerdo de eutanasia era firme, y la medicación prescrita, adecuada al momento de la enfermedad", señala un médico de cabecera de La Haya que prefiere mantener el anonimato.

No es un comentario hecho a la ligera. La eutanasia requiere que el paciente confíe plenamente en su médico. Le tranquiliza saber que le allanará el camino para poner fin a su vida cuando ya no pueda más con sus padecimientos. En estos momentos, la ley señala que "el sufrimiento sin perspectivas de mejora lo determina el facultativo, obligado a discutir todos los tratamientos posibles con su paciente". En cambio, "el sufrimiento insoportable es más difícil de objetivar". El peso emotivo no lo suaviza la nueva directriz, que sí "espera contribuir a que la apreciación de un dolor intolerable, agravada por la falta de consciencia, sea menos subjetiva".

La nueva guía ha coincidido con la publicación de las últimas cifras sobre las eutanasias practicadas en 2009. Obtenidas por las comisiones regionales que la evalúan, arrojan un aumento del 13% (2.636 casos) con respecto al año pasado. "Tal vez el tabú empieza a desaparecer. También es posible que los médicos la reporten con mayor frecuencia. O bien que antes la tomaran como una forma extrema de cuidados paliativos", según sus portavoces.

Un 85% de los pacientes sufría diversos tipos de cáncer, y estaban desesperados por el dolor y la pérdida de independencia. Un 80% falleció en casa. El resto, en hospitales y centros especializados en enfermos desahuciados.

Los ancianos inician su emancipación

El País, Carmen Morán, 13/05/2010

La transformación económica y social acaba con el tabú de los asilos - Los mayores quieren ante todo autonomía y, en caso de necesidad, se decantan cada vez más por la ayuda profesional

La generación de mujeres más generosa que ha tenido este país toca a su fin. Las que criaron a sus hijos y cuidaron de sus padres ancianos no va a repetirse. Se acabó. Pero todavía están ahí, pensionistas ya muchas de ellas, haciéndole al Estado un último favor: sus mayores morirán en casa, bien cuidados, a cambio de una magra paga con la que la Ley de Dependencia remunera años de dedicación y falta de vacaciones.

Porque si todas ellas, cuidadoras eternas, pidieran una plaza en un geriátrico para los octogenarios y nonagenarios a los que atienden, a ver de dónde iba a sacar la Administración tantas plazas de residencia como harían falta.

Y ahí no acaba su generosidad. Tienen un último gesto: que sus hijas no repitan los pasos que ellas dieron, que la generación que las sucede no tenga que cuidarlas a ellas a tiempo completo. Eso que todas resumen en la misma frase: "yo no quiero ser una carga para mis hijos". Y saben bien de qué están hablando, tanto que hasta los ayudan con los nietos para que no tengan que abandonar el mercado laboral.

La última encuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social a los mayores de 65 años destapa un cambio social que se veía venir: la preferencia por los cuidados familiares cuando necesiten ayuda ha caído entre las mujeres 11 puntos porcentuales desde 1993, de un 75% a un 64%. Y más espectacular es todavía el salto, en la misma dirección, que dan los hombres: en 1993, un 84% de ellos quería que a la vejez los atendieran sus familiares más allegados, la mujer o los hijos. Ahora sólo lo dice un 63%. Ellos se resistían, pero la realidad se ha impuesto. Y son muchas las razones que contribuyen a ese cambio.

Han cambiado las familias, pero no sólo por la incorporación al mercado laboral de los hijos y las hijas. También los propios jubilados de hoy tienen ya un perfil distinto del que tuvieron sus padres. "Disponen de una pensión propia y eso les da cierta independencia económica", dice la profesora de Sociología de la Universidad Complutense Margarita Barañano. A ello hay que añadir que muchos de los que ahora están llegando a la edad de la jubilación no han vivido con sus hijos en la misma casa durante años, porque ellos salieron a estudiar, a trabajar. El modelo de familias agrupadas tal y como se le conocía se fue perdiendo. Volver a vivir con hijos, yernos y nueras bajo el mismo techo se hace más cuesta arriba. Cada uno tiene su independencia.

"Además, depender de los hijos no es convivir con ellos. Porque los hijos pueden ayudarles con dinero a pagar a alguien que les atienda en casa, por ejemplo, pero eso no significa que vivan juntos", afirma Barañano.

La vivienda en propiedad, muy común en España, es una ventaja de la que parten los jubilados. No tienen que pagar alquiler, por tanto, su pensión puede servirles para contratar a quien les cuide. Incluso para formalizar una de las llamadas hipotecas inversas y optar por una residencia. A pesar de ello, "el criterio primero a la hora de comprar una vivienda sigue siendo la cercanía a los familiares, eso permite que los abuelos ayuden con los nietos, pero también hacerse cargo de los padres, al menos cierta supervisión", dice Barañano.

Hubo un tiempo en que los ancianos huían de las residencias geriátricas como de la peste. La encuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social muestra cómo ese rechazo es aún más marcado entre los más mayores, pasados los ochenta. Y tenían razón: muchos de los geriátricos que ellos conocieron eran entonces deprimentes instituciones donde morían los que no tenían a nadie que los cuidara. Asilos, caridad, abandono. Esos prejuicios se están deshaciendo. Las residencias ya no tienen ese aspecto sobrecogedor, y eso que muchas de ellas no cumplen aún los requisitos que marca la nueva Ley de Dependencia para poder subvencionar su ocupación de forma pública.

En contra de las ideas preestablecidas también ha jugado una gran partida la llegada de inmigrantes, que ha generalizado una imagen por las calles de pueblos y ciudades: el anciano acompañado en su paseo diario por alguien que llegó de Ecuador, Perú, Rumania. No son los hijos y no pasa nada. "En estos casos, las hijas, sobre todo, supervisan, o pueden cuidarlos a tiempo parcial, turnándose con el trabajador extranjero", dice la profesora Barañano. "Y además se han ido generalizando las ayudas públicas de los ayuntamientos. Todo ello les permite seguir en casa, algo que siempre prefieren".

Es cierto. Que los mayores prescindan de los cuidados de sus hijos no significa que quieran salir de su casa. El 87,3% de ellos prefieren vivir en la vivienda propia, aunque sea solos. "Ellos prefieren estar en su entorno hasta que se pueda. Allí están sus libros, sus recuerdos, incluso el vecindario, que siempre echa una mano. Ahora bien, quieren que les atiendan profesionales", asegura Luis Martín Pindado, presidente del Consejo Estatal de Personas Mayores.

"Los datos están, efectivamente, marcando una tendencia hacia el incremento de los servicios en detrimento de las ayudas familiares. La gente ha de conocer el valor y la calidad de los servicios que prestan los profesionales, los cuidadores de los centros de día, las residencias", afirma la directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Purificación Causapié.

Antes de abandonar este capítulo de los prejuicios contra las ayudas profesionales, las residencias, hay que echar un vistazo al mundo rural, donde los cambios, como sucede siempre, van más lentos. Causapié señala que la preferencia por los servicios "está relacionada con el nivel cultural", pero cree que lo que ocurre en los pueblos, donde aún el 83% de los consultados se decanta por los cuidados de la familia, se debe a otras razones: "El mundo rural conserva lazos familiares más cercanos y fuertes y los entornos familiares son más amplios, incluida la relación que se tiene con los vecinos". ¿Quién no se acuerda de Volver, de Pedro Almodóvar, entre otras muchas?

Pero aún pesa mucho el qué dirán, incluso para admitir que un profesional va a entrar en casa durante unas horas para hacer limpieza, comida, o colaborar con la higiene del anciano. Aunque eso también se ha ido modificando.

¿Son de verdad razones económicas y culturales las que están operando entre los nuevos jubilados para cambiar sus preferencias por los cuidados o es más bien la asunción de una realidad social contra la que nada pueden hacer?

Gerardo Hernández, profesor de Sociología de la Familia y Gerontología Social en la Universidad de A Coruña, se decanta en parte por el "obligado te veas..."

"La esperanza de vida se ha alargado mucho y eso significa más años de dependencia y nuevas enfermedades a las que no siempre se puede hacer frente en familia. Además, antes había más hijos para repartirse esos cuidados. No es lo mismo cinco hijos para cuidar a dos mayores, que dos hijos para cuidar a cuatro ancianos. Si se trata de un alzhéimer, por ejemplo, se necesita una ayuda más profesionalizada. Por otro lado, los hijos ya tienen trabajos extradomésticos y no siempre en la misma ciudad o pueblo donde están los padres. Por mucho amor que se ponga siempre habría carencias. Por eso estamos reclamando residencias, centros de día, pisos tutelados. La realidad es la que obliga", concluye.

Y la generosidad, porque Delia Otero Díez, a sus 63 años, todavía cuida en casa a dos de sus cuatro hijos. Ya tienen 35 y 37 años, solteros. "Mamá los cuida, les hace la comida, lava, les plancha, ellos están bien aquí", dice entre risas. Otros dos ya se casaron. Bien podría pedirles que cuando ella no pueda valerse le devuelvan sólo la mitad de los años que les dedicó, pero no quiere. "Ellos, gracias a Dios, tienen trabajo y a mí no me gustaría dejarles esa carga. Yo prefiero irme a una residencia, así lo comentamos mi marido y yo con los amigos, que nos iremos todos a la misma y allí lo pasaremos bien", ríe. Luego reconoce que tampoco piensa mucho en ello todavía. No tiene tiempo. Tiene a su madre en casa, con 93 años, a la que "hay que hacerle todo". "Yo creo que si la hubiéramos llevado a una residencia ahora no la tendríamos aquí, porque es muy familiar. Y además, ella siente mucha pena por la gente que está en las residencias".

Delia, que vive en Mejorada del Campo (Madrid), cuidó de su suegra, inválida durante cinco años, por meses, "turnándose con las cuñadas". También llevaba a su suegro a diálisis. Y ya lleva 11 años al cargo de su madre. Recibe una paga de 387 euros al mes por la Ley de Dependencia.

Su mente no repara todavía en una Delia de 90 años, que quizá no pueda caminar, o a la que le lleven la comida a la boca, cucharada a cucharada, como hace ella con su madre. Eso todavía queda lejos. "Pero si aún estamos pensando en los hijos", se ríe. Y en los nietos. "A veces me los dejan, no mucho, eh, no abusan, no, pero cuando los tengo es la felicidad".

¿Y cómo anda ella de salud? "Bueno, mis huesos se resienten, un poquillo, pero bien".

Ella no quiere ser una carga para sus hijos, pero lo cierto es que, quizá, sus hijos no puedan con esa carga, porque la realidad se impone. Las amas de casa a tiempo completo son una figura a extinguir.

La crisis económica, quizá, está dando una tregua a los políticos, que no parecen entender el alud que se les viene encima. No hay mapas para construir residencias allá donde se necesitan y las guarderías y los geriátricos siguen siendo la gran asignatura pendiente. ¿Confían en que las mujeres podrán estirar aún más el Estado de bienestar que ellos no proporcionan?

No podrán. Pero la crisis está ralentizando las demandas. La mayoría de las ayudas que se conceden por Ley de Dependencia son prestaciones económicas para las cuidadoras, hasta un 57%, muy alejado del espíritu que preconizaba esta ley. Se pretendía con ella que muchas mujeres salieran al mercado laboral y los cuidados de ancianos quedaran en manos de profesionales, a domicilio o en residencias geriátricas. No está siendo así. Ana Lima, la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, cuenta un caso que sirve de ejemplo. "Hay una señora que pedía un servicio profesionalizado, pero una de sus cinco hijas se ha quedado en paro y han preferido que sea ella misma la que la cuide y tenga la prestación económica que da la ley", dice.

"La crisis está inclinando a la gente a pedir la prestación económica, por el paro, pero también porque te la dan con atrasos, desde que se cursó la solicitud, o desde que el usuario fue reconocido como dependiente, y eso supone un buen pellizco para una economía precaria", sostiene Lima. El gobierno anunció ayer que los pagos retroactivos se acabarán pronto.

Pero la crisis pasará y la demanda de residencias para los más ancianos y otros servicios intermedios para edades anteriores seguirán su curso. El número de plazas de residencia cubría en 2002 un 3,3% de la población mayor de 65 años. En 2009 aumentaron un poco, hasta un 4,31%. España es un país afortunadamente longevo y, como en otros países más avanzados en cobertura social, la gente demandará cada vez más servicios. No dependerá sólo de los hijos. La única diferencia, dicen los que trabajan en asuntos sociales, es que a unos les llevarán a la residencia los hijos y los otros irán en taxi. Pero las mujeres ya no estarán para prestar esos cuidados, ni siquiera estarán tan preparadas para ello como lo estuvieron sus madres, que a su vez lo aprendieron de las suyas.

"Las abuelas cuidan a sus nietos porque a través de sus hijas hacen lo que ellas no pudieron hacer, estudiar y trabajar fuera. Por eso tienen una mayor sensibilidad hacia ese problema. No es que no deban existir los cuidados familiares, pero deben ser sólo una pieza más del puzle", dice la catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III Constanza Tobío. Y prosigue: "Estas mujeres están ayudando a la sociedad a modernizarse cuidando nietos y aceptando, sin dramatismo, que a ellas no las cuidarán sus hijas. Esta es la generación que más ha dado y que menos está recibiendo. Es una generación de mujeres excepcionalmente generosa".

Claves para la construcción del espacio sociosanitario en España

El informe "Claves para la construcción del espacio sociosanitario en España", que ha sido realizado por la compañía Antares Consulting, hace una extrapolación de la atención sociosanitaria en los hospitales de Estados Unidos (en concreto de la red conocida como Medicare) y lo traslada al sistema sanitario español.

Antares Consulting es una empresa de consultoría especializada en servicios de salud, ciencias de la vida y servicios sociales y sociosanitarios.

A continuación, extraemos el posicionamiento de los autores del informe (capítulo 2):

No tenemos que insistir en la importancia de las consecuencias del cambio de la pirámide demográfica en las sociedades avanzadas. Sería redundante y no queremos dedicarle más de una línea a reiterar su importancia. Lo que realmente nos interesa, es analizar su impacto sobre los servicios sanitarios (el cambio de paradigma epidemiológico a la “cronicidad”) y sociales (el impacto simultáneo del incremento del número de personas con dependencia y la disminución del cuidador familiar tradicional). Y en ello queremos centrarnos.

No vamos a exagerar el peligro, más evidente que nunca en estos momentos de fuerte crisis del crecimiento económico, que suponen para el estado del bienestar las consecuencias del cambio demográfico en proceso.

Pero tampoco vamos a negarlo. Los nuevos reconocimientos de derechos en España como el de la protección social de la dependencia tropiezan, casi antes de implantarse, con la constatación unánime de que han nacido cortos, nos tememos que muy cortos, de recursos. Y la situación de las arcas públicas no augura muchas alegrías en los próximos años. Las tensiones financieras puede que constituyan la mayor amenaza a corto plazo de la recién estrenada LAPAD pero también a la capacidad del sistema sanitario de responder a una demanda en crecimiento cuantitativo y en cambio cualitativo hacia nuevos perfiles.

Ante las dificultades, la respuesta técnica no puede ser otra que la de extremar la eficiencia en la gestión. El uso inadecuado, la duplicidad de servicios, el mal uso de recursos en suma, es más inaceptable que nunca en tiempos de dificultad. Y es aquí donde centramos nuestra preocupación: En España padecemos, de forma muy especial, un problema de coordinación de los recursos sanitarios y sociales. Si en todos los sistemas del mundo la integración de servicios de “long term care” es un tema de debate, en nuestro país es un problema nuclear. Las rigideces de ambos sistemas son un pozo de generación de ineficiencias, duplicidades de servicios e inequidades entre los ciudadanos.

Y lo que más nos preocupa no es ni la profundidad del problema, ni las evidentes dificultades

de abordaje. Lo que preocupa es la sensación de que, a pesar de las numerosas

experiencias y voluntades puestas en el tema, no parece que las políticas puestas

sobre la mesa tengan capacidad de cambiar la situación en un futuro ni próximo ni

lejano.

La LAPAD constituye sin duda un gran motivo de alegría en el desarrollo del estado del bienestar. No nos gustaría amargar la fiesta de su advenimiento. Pero hemos de constatar que en su redacción, lejos de contribuir a abordar el espacio sociosanitario, ha soslayado esta cuestión limitándola a un par de menciones sin ningún contenido y apenas intenciones en su articulado. Y en este caso mucho nos tememos que todo lo que no contribuye a la solución contribuye a aumentar el problema. La LAPAD está determinando sin duda un significativo crecimiento de los servicios sociales.

Un crecimiento que nuevamente consolidará y ampliará las duplicidades, ineficiencias y descoordinación entre el sistema sanitario y el social.

Un país con el nivel de recursos de España ¿puede permitirse el lujo de hacer crecer un sistema nuevo plagado de ineficiencias e inequidades? ¿No hay ninguna alternativa mejor?

Cuando repasamos las experiencias y conocimiento sobre el tema, aparecen otras perspectivas:

• Las proyecciones demográficas predicen un futuro en que la dependencia y la salud de las personas mayores serán, de hecho comienzan a serlo ya, el hecho dominante en la prestación de servicios personales públicos y privados. Pero también los estudios demuestran que estas consecuencias son gestionables. Si el crecimiento demográfico tiende al crecimiento exponencial de la utilización de servicios sanitarios y sociales, también es conocido el fenómeno de la compresión de la morbilidad: en determinadas sociedades, el envejecimiento de la pirámide demográfica ha ido acompañado por un aumento mayor de la salud de la población con lo que el número total de años de vida con discapacidad se reduce. El potencial de la intervención preventiva sobre los hábitos de las personas parece más que rentable ante esta evidencia.

• Otros cambios importantes nos inclinan a evitar las premoniciones más catastrofistas: en pleno cambio hacia poblaciones cada vez más envejecidas y con mayores tasas de utilización de servicios sanitarios, los ratios de camas hospitalarias por habitante están descendiendo en todas las sociedades occidentales. La oleada substitutoria de la hospitalización tradicional por recursos alternativos ha conseguido reducir drásticamente el peso del recurso de mayor coste en el sistema sanitario. Experiencias equivalentes se han producido también en el sector social con resultados evidentes de mejora de la eficiencia de los recursos. Aunque la tendencia al incremento del gasto sanitario y social sea evidente, las respuestas de la gestión pueden en gran medida minimizar este impacto al optar por servicios más eficientes.

• Por último, desde el campo de las experiencias en prestación de servicios sanitarios y sociales integrados y de gestión de la enfermedad crónica, se apuntan a otras formas diferentes de gestionar la cronicidad y la dependencia. Los modelos de atención integrada que hemos estudiado, ofrecen siempre unos resultados más que excelentes en integración del paquete de servicios, resultados asistenciales, satisfacción del usuario y disminución de la utilización de servicios. Si los estudios sobre disminución de costes no son concluyentes, al menos sí que sabemos que es posible hacerlo mucho mejor al mismo o a menor coste.

Sin embargo estos nuevos sistemas no surgen por generación espontánea. En todos los casos implican abordajes innovadores ensayados desde la voluntad de cambio de las políticas de servicio. Estos cambios tienen claras implicaciones en el trabajo y la cultura profesional, incluyendo la creación de nuevas “profesiones” y cambios radicales en los sistemas de información y la forma de entender el servicio al ciudadano.

Una política más eficiente de servicios requiere, por ejemplo, que los flujos financieros se desplacen en unos sentidos muy claros: desde el hospital hacia los servicios ambulatorios y comunitarios, y desde los servicios sanitarios hacia los sociosanitarios y sociales. Muchas veces, los importes de estos flujos son ínfimos comparados con el gasto sanitario y en especial con el hospitalario.

Este cambio, no es, como muchas veces se postula, un cambio genérico por principio de los recursos hospitalarios a comunitarios. Más bien al contrario, se trataría de reubicar recursos para una serie de programas muy concretos en que un cambio de enfoque ha demostrado sobradamente su eficiencia.

Cuando se analiza este fenómeno con números, los cambios no parecen en absoluto inabordables. Reorientar los servicios es factible en la práctica, pero ¿dónde están los incentivos para que estos flujos necesarios se produzcan? ¿Existe voluntad política para estos cambios?

Lo que nos preocupa, y es en gran parte la motivación que ha engendrado este documento, es que los cambios de la pirámide demográfica no se vean acompañados de las políticas necesarias de adaptación de los servicios.

La aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) no dudamos que ha tenido el efecto, enormemente positivo, de aumentar los derechos subjetivos de los ciudadanos ante una contingencia devastadora como es la dependencia.

Pero también nos tememos que por lo restrictivo de su enfoque, pueda parecer mucho más la ley que habría sido un gran avance hace 20 años, y no la que permita encarar con éxito el futuro de la dependencia. Con esto queremos decir que reconocer el derecho a la atención a la dependencia es un paso muy importante……que seguramente debería haberse realizado hace veinte años. Al abordarse ahora, el reconocimiento de este derecho pensamos que el enfoque debería haberse centrado también en otros aspectos, entre estos el eternamente pendiente del espacio sociosanitario; pero no sólo éste. Así, preocupa el enormemente escaso peso que se ha destinado a las medidas de gestión de la implantación. Más adelante veremos cómo determinados aspectos, como la evaluación interdisciplinar o los sistemas de información de nueva generación son factores de éxito fundamentales en todas las experiencias innovadoras.

La cicatería con que han sido tratados hasta ahora estos aspectos en la implantación de la LAPAD es quizá tanto o más preocupante que la posible insuficiencia de los recursos destinados a prestaciones.

Probablemente es normal que la LAPAD haya nacido con mayor o menor limitación de recursos para su despliegue. Y quizás se argumentará que, de otra forma, quizás no habría sido económicamente abordable. Pero no abordar algunos de los temas clave del futuro, como es el del espacio sociosanitario, o determinadas medias de acompañamiento no es tanto un problema de recursos como de enfoque. El que esta ley se desarrolle sin abordar la construcción del espacio sociosanitario sí que consideramos es un serio “handicap”.

¿Estamos a tiempo? ¿Por qué no? Perder una oportunidad no es perder para siempre el tren. Podemos abordar nuevas políticas sociosanitarias, de ello estamos convencidos.

Pero para hacerlo primero hay que tenerlas claras. En este documento de posicionamiento queremos evitar el pontificar u ofrecer recetas. Lo que buscamos es contribuir a una reflexión que estamos convencidos es imprescindible, y cada día más en los tiempos que corren.

Para ello tratamos, en este documento, de enfocar el problema del espacio sociosanitario, de identificar las barreras para su abordaje, de sintetizar algunas experiencias internacionales importantes, y de proponer elementos de abordaje para la construcción del espacio sociosanitario en España.

Si te interesa el resto del informe:

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/carrillo-claves-01.pdf

La "regla 40-70" en InfoElder

La “regla 40-70” está basada en un estudio realizado por HomeInstead Senior Care que descubrió que a un tercio de los adultos en Estados Unidos la comunicación con sus familiares les supone un gran obstáculo. Este obstáculo surge de que el papel paternal-infantil continúa cuando el hijo está en edad adulta. El hecho de que muchos mayores todavía tengan una relación con sus hijos o hijas adultas como si éstos siguieran siendo niños en vez de adultos hace que este tipo de conversaciones sean especialmente delicadas para ambos. Esta guía es de gran utilidad para aquellas personas que necesitan prepararse para afrontar las conversaciones difíciles con sus queridos mayores antes de que una crisis ocurra o bien para cuando la crisis haya pasado.

Os ofrecemos un extracto de la guía, que se encuentra publicada en la página web de InfoElder:

SIETE CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS HIJOS ADULTOS A COMUNICARSE MEJOR CON SUS PADRES MAYORES

La mayoría de los hijos en edad adulta saben lo difícil que puede ser el hablar con sus padres de ciertos temas. A continuación presentamos una lista de consejos, obtenidos gracias a la experiencia y el conocimiento de HomeInstead, así como de Jake Harwood, Ph.D. de la Universidad de Arizona. Estos consejos pretenden ayudar a quienes, dentro de la familia, cuidan a algún mayor, para mejorar la calidad en su comunicación.

1. ES HORA DE COMENZAR A HABLAR - Si usted tiene 40 años y/o sus padres 70 años, ahora es el momento de comenzar a observar y a recopilar información de manera minuciosa y atenta. No llegue a ninguna conclusión a partir de solo una observación y decida cual sería la solución óptima hasta que haya recopilado toda la información con la mente abierta y una vez que haya hablado con sus padres.

2. HÁBLELO - Acérquese a sus padres a través de una conversación. Discuta con ellos lo que ha observado y pregúnteles qué creen que está pasando. Si sus padres reconocen que algo está pasando, pregúnteles su opinión sobre cual sería una posible y óptima solución. Si sus padres no reconocen el problema, utilice ejemplos concretos para ilustrar la situación.

3. LO ANTES POSIBLE… MEJOR - Si se ha presentado un problema y una crisis, es mejor hablarlo antes que después. Por ejemplo, si su padre o madre tiene problemas con la vista, o tiene problemas para conducir de noche, comience a hablar de esos problemas antes de éstos se conviertan en disgustos.

4. OLVÍDESE DE HABLARLES COMO SI FUESEN NIÑOS - Recuerde que está hablando con un adulto, no con un niño. El dirigirse a ellos como si fuesen niños, llamándoles la atención, etc., podría ser contraproducente y les pondría a la defensiva, además que dirigirse a ellos en este tono conlleva una falta de respeto. Póngase en su piel y piense cómo le gustaría que se dirigiesen a usted si estuviese en esa situación en particular.

5. PROCURE MAXIMIZAR LA INDEPENDENCIA - Procure siempre alcanzar soluciones que lleven a maximizar la independencia de sus padres. Busque respuestas que optimicen sus fortalezas. Por ejemplo, si sus padres necesitan ayuda en casa, busque las herramientas que puedan ayudarles a mantener estos puntos fuertes. Los servicios de cuidadores profesionales proveen asistencia en varias áreas incluyendo preparación de comidas, limpieza ligera y recordatorio de toma de medicamentos. También puede buscar amigos que le ayuden.

6. MANTÉNGASE ATENTO AL CONJUNTO DE LA SITUACIÓN - Si su padre muere y al poco tiempo la casa de su madre es un verdadero desastre, muy probablemente no se deba a que ella esté enferma, mas bien puede deberse a una falta de apoyo social y a la pérdida de una relación vital tan significativa. Asegúrese de que su madre tenga amistades y una vida social.

7. PIDA AYUDA - Muchas cuestiones relacionadas con el envejecimiento pueden resolverse si les damos el apoyo que necesitan para continuar siendo independientes. Recursos tales como los centros para mayores pueden ser de mucha ayuda para solucionar estos problemas.

InfoElder es un sitio web que aglutina toda la información, servicios y productos que puede requerir una persona en la segunda mitad de su vida, aquélla en la que se ve progresivamente aligerada de la carga económica de los hijos y en la que la dedicación a la vida profesional también decrece.

InfoElder es un punto de encuentro entre las personas mayores, sus familiares y las empresas y profesionales cuyos productos y servicios les son necesarios en esta segunda etapa de la vida. La página web cuenta con un estupendo buscador de recursos para las personas mayores, organizados por provincias. También se encuentran una interesante biblioteca virtual, así como el acceso libre a foros en los que participan profesionales de la atención geriátrica, familiares y cuidadores, y los séniors...las personas mayores.

Los geriátricos privados llaman a concertar 42.500 plazas vacías

En España hay miles de plazas vacías en los geriátricos y cientos de familias, quizá miles también, esperan por una de ellas. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) calcula que sólo entre sus empresas 42.557 camas, de un total en España de 329.000, están libres, y piden a las administraciones que concierten esas plazas, es decir, que paguen la ocupación de esas residencias para que los ciudadanos puedan optar a ellas a precios públicos, como ocurre con los colegios concertados.

Pero el desajuste entre la oferta y la demanda no tiene tan fácil arreglo, porque hay ciudades donde faltan residencias mientras que en otros lugares están vacías. En ese caso no hay concertación que valga. La crisis tampoco lo pone fácil. Las comunidades están pagando entre 45 y 50 euros por día y persona a los empresarios por disponer de sus plazas, pero este precio no convence al sector, que aspira a obtener 60 euros. "Es lo que cuesta un hostal, y ahí la gente sólo va a dormir", defiende el presidente de la FED, José Alberto Echevarría. "O si no, que nos rebajen el IVA al 4%", dice.

Por último, la Ley de Dependencia manda que estos centros tengan unas condiciones mínimas de calidad, que muchos no cumplen. Sólo entre 2007 y 2008 se abrieron 30.000 nuevas plazas y la mayoría son públicas o concertadas. El problema es que había muchas que no cumplen los requisitos que ahora se exigen y eso impide concertar. El sector afronta una grave crisis.

"A muchos operadores no les conviene concertar por los precios que ofrece la Administración porque han construido residencias de lujo, pagando muy caro el suelo, y ahora no les sale a cuenta. Y hay muchas que, sencillamente, están llamadas a desaparecer porque son negocios antiguos sin las condiciones mínimas", dice un empresario del sector que quiere guardar su anonimato.

"Es cierto, se han construido muchas residencias de lujo, pero es que, hace unos años, no se oía otra cosa que le creciente necesidad de plazas. Los ayuntamientos regalaban terrenos, las comunidades animaban y muchos empresarios siguieron invirtiendo y los bancos se sentían cómodos financiando esos proyectos", reconoce el director del portal Inforesidencias.com, Josep Martí.

La burbuja, según Martí, se iba hinchando también porque "la ley generó unas expectativas de profesionalización que no se han cumplido, la mayoría de las ayudas que se están concediendo son económicas, para el cuidador familiar", critica Martí.

Ese extremo es también el caballo de batalla de los empresarios. "Concertar plazas de residencias cuesta más que dar ayudas económicas, pero se obtendrían millones en retornos", dicen en la FED. "Solo que esos retornos, vía IVA, impuesto de sociedades, IRPF, los recaudaría el Gobierno, mientras que las comunidades tendrían que poner dinero". "Esa diferencia entre lo que le supone a una y otra administración es lo que obstaculiza el concierto de las plazas", aseguran.

Pero la ocupación de las residencias no depende sólo de la economía, ni siquiera de la del usuario, sino de sus preferencias. Y hoy por hoy hay un sesgo claro hacia las atenciones en el domicilio propio, buscando la paga para que les cuide alguien de la familia. "Generalmente se están dando las ayudas que la gente pide", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza. "Una de cada cinco personas atendidas bajo la Ley de Dependencia está en una residencia y más de 40.000 tienen una ayuda vinculada a la prestación de un servicio, que normalmente es también para una plaza residencial". Moza insiste en que el objetivo del ministerio es potenciar los servicios frente a las ayudas económicas, pero opina que no se pueden eludir las preferencias de los ciudadanos. "A lo largo de todo el año pasado, gracias al Plan E se aprobaron recursos para adaptar o construir hasta 50.000 plazas y hemos regulado que los usuarios no puedan cambiar el servicio que eligen". Esto se ha hecho porque, debido también a la crisis, algunas personas sacaban a los ancianos de la residencia para tenerlos de nuevo en casa, con la ayuda económica y la pensión del abuelo.

En el mundo rural la ocupación de las residencias se resiste, entre otras cosas porque hay que desplazarse fuera del pueblo para ir a una de ellas. Pero también hay ciudades donde faltan plazas. "Es verdad que en algunas zonas con mucha población rural y dispersa, las residencias quedan alejadas del usuario", reconoce José Alberto Echevarría, de la FED. "Pero las bolsas de desocupación están en las grandes capitales y ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía. Eso debería concertarse", insisten.

Muchos centros, sin embargo, están sin concertar porque no cumplen los requisitos exigidos. "A los geriátricos que asisten a grandes dependientes les exigen unas condiciones de calidad muy exhaustivas, mientras que se pide muy poco para atender a esos mismos dependientes en casa", afirma Josep Martí. En su afirmación radica, sin embargo, otro de los problemas: ¿cuántas de las plazas vacías están preparadas para atender a grandes dependientes? La FED dice que no disponen de esos datos.

El problema, apunta la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, es que la proliferación de residencias "no obedece a una planificación real de las necesidades, ni por el número de personas que las requieren ni por las instalaciones que realmente se necesitan. Si no se cumplen los requisitos no se pueden usar esas plazas", dice.

De parecida opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes: "Habría que analizar cuántas cumplen los requisitos mínimos exigidos por la ley para dar una atención de calidad, la ubicación rural o urbana, y sobre todo el precio de la plaza privada. Se impone una planificación que concilie la oferta y las necesidades. Se necesitan más plazas residenciales en las zonas urbanas y exigir la normativa de acreditación a todas las residencias. La Ley de Dependencia es un aliciente para la inversión en equipamiento residencial. Y las prestaciones económicas deben ser algo excepcional".

Reportaje de Carmen Morán en El País, 22 de marzo de 2010, pag. 30