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viernes, 16 de marzo de 2012

Sor María Gómez Valbuena: la monja y asistenta social que robaba niños



Su nombre se repetía en decenas de relatos de mujeres que han denunciado el robo de sus bebés: “Sor María Gómez Valbuena me quitó a mi hija…”, “Sor María se quedó con mi hijo...”. Finalmente, la Fiscalía de Madrid la ha denunciado por detención ilegal. El caso lo llevará el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. Esta monja que ronda los 80 años y que se anunciaba en revistas para ayudar a madres solteras, es la primera acusada directamente por robo de bebés.

La Fiscalía de Madrid la llamó como imputada recientemente. Sor María Gómez Valbuena acudió, pero se negó a declarar. El caso que ha llevado a la fiscalía a denunciarla finalmente por detención ilegal es el de María Luisa Torres, que dio a luz a su hija Pilar en la clínica Santa Cristina de Madrid en marzo de 1982. “¡Estoy feliz, no quepo en mí!”, relataba ayer a este periódico María Luisa. “Hubo momentos que pensé ‘con la Iglesia hemos topado’ y me dio miedo pensar que nadie iba a atreverse a acusar a una monja, que eran intocables. Pero al final, la verdad prevalece y durante el juicio se demostrará que sor María Gómez Valbuena me robó a mi hija”.

María Luisa asegura que esta monja la engañó. En 1981, se había separado de su marido, con el que tenía una niña de dos años, y poco después había conocido a otro hombre, con el que inició una nueva relación. Se quedó embarazada y él no quiso saber nada. Angustiada, vio en una revista un anuncio en el que sor María Gómez Valbuena, encargada de la asistencia social en la maternidad de Santa Cristina, se ofrecía a ayudar a madres solteras, y fue a verla. La monja le dijo que disponía de unas guarderías donde podría dejar a la niña, e ir a visitarla cuando quisiera hasta que hubiera resuelto sus problemas económicos y pudieran vivir juntas. María Luisa la creyó.

El 31 de marzo de 1982, se puso de parto. Cuenta que la sedaron y que, cuando despertó y preguntó por su hija, Sor María le dijo, primero, que había muerto, y después, que iban a darla en adopción y que si decía algo, la denunciaría por adulterio y le quitarían a su otra hija también. María Luisa, que desconocía que tal cosa no era posible porque el adulterio no era delito, se asustó y volvió a casa sin su bebé.

Aquella niña, Pilar, fue dada en adopción a un matrimonio que no podía tener hijos. El padre adoptivo, Alejandro Alcalde, cuenta que antes de entregarles al bebé, sor María les sometió a un concienzudo interrogatorio sobre sus bienes y grado de religiosidad. Y que les hizo pagar una cantidad de dinero en concepto de gastos de estancia de la madre soltera en una pensión de Arturo Soria.

Hace diez años, Pilar, a la que sus padres adoptivos contaron muy pronto que la habían adoptado, comenzó a obsesionarse con la idea de conocer a su madre biológica. Su padre adoptivo decidió ayudarla, reaccionado de forma contraria a la de muchos padres adoptivos que suelen mostrarse reticentes a que sus hijos conozcan a su familia biológica por miedo a ser abandonados. Alejandro Alcalde no tuvo ese miedo. Contrató a detectives y abogados, habló con monjas, investigó todo lo que pudo, hasta que un programa de televisión, El diario, de Antena 3, encontró a María Luisa. Las pruebas de ADN confirmaron que eran madre e hija.

Además de encontrar a su madre, aquel día, Pilar, de 29 años, dejó de ser hija única al descubrir que tenía dos hermanas: Inés, de 31 años, y María, de 24. “Mi caso ha salido adelante porque yo he ido a la fiscalía con mi hija de la mano”, explica María Luisa, “pero esto es una victoria de todos los afectados porque yo confío en que al interrogar a sor María, se destape toda la trama que había de robo de bebés y se pueda ayudar a otros”.

María Luisa Torres cuenta ahora, casi un año después, que el reencuentro con su hija no está siendo fácil. “Nos han quitado lo más bonito. Me he perdido sus 30 primeros años de vida y desgraciadamente, no se puede recuperar el tiempo perdido. Es muy difícil y muy triste esto que nos ha pasado, por eso quiero que Sor María Gómez Valbuena acabe en la cárcel. Nadie imagina el daño que nos ha hecho. A mí y a tantas como a mí. No sé ni cómo no nos volvimos locas después de haber sufrido algo así”.

Pilar, su hija, siempre había pensado que su madre la había abandonado. Cuando inició su búsqueda, apoyada por su padre adoptivo, visitó a sor María Gómez Valbuena para pedirle que le dijera quién era y dónde podría encontrarla. La monja le contestó que su madre era una prostituta que no quería saber nada de ella y que se olvidara.

Esta mentira indigna todavía a María Luisa, a la que le duele saber que durante tantos años su hija pensó que la había abandonado. “Tengo muchas ganas de encontrarme con Sor María en el juzgado y preguntarle con qué derecho le dijo aquello aquel día a mi hija. Yo ni era prostituta [trabajaba de camarera] ni le di a mi hija. Me la robó”.

El próximo 3 de abril María Luisa ratificará en el juzgado su declaración. Está impaciente porque se celebre el juicio porque ve en él no solo la oportunidad de conseguir “justicia” para ella sino de aclarar muchos otros casos de robos de niños. Así lo ve también Mabel Escuer, de la Asociación SOS Bebés Robados, que celebró la acusación de Sor María como un motivo de esperanza después del disgusto por la multitud de casos que han sido archivados, entre ellos el suyo, porque tantos años después de aquellos partos, los fiscales no encuentran indicios suficientes de delito.

En la Fiscalía de Madrid también fue llamado a declarar en dos ocasiones el año pasado estrecho colaborador de Sor María Gómez Valbuena, el doctor Eduardo Vela. Alegó, según fuentes del Ministerio Fiscal, que no recordaba nada y que había “destruido” toda la documentación sobre las mujeres embarazadas que atendió y que le acusan ahora de robarle a sus bebés.

La Fiscalía de Madrid, que tramita unas 100 denuncias por robo de bebés tras archivar cerca de 150, espera ahora los resultados de dos exhumaciones realizadas en cementerios de la capital y de Barcelona para comprobar que sendos bebés dados por muertos al nacer fueron enterrados allí. Al abrir las tumbas, los forenses encontraron restos humanos y ahora esperan el resultado de las pruebas de ADN para comprobar si son esos niños que sus madres están buscando.

Natalia Junquera
www.elpais.com


jueves, 16 de junio de 2011

Informe de Evaluación de la Ley del Menor en Castilla-La Mancha

Se acaba de publicar el Informe de Evaluación de la Ley 3/1999 del Menor en Castilla-la Mancha, elaborado por un equipo de profesoras de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca en colaboración con asesores y técnicos de la Oficina Del defensor del Pueblo de la región.

En el informe se realiza un detallado seguimiento del sistema dirigido a la protección de niños y adolescentes desde la responsabilidad pública, con especial atención a los recursos para la preservación familiar (prevención, apoyo familiar, situación de riesgo), la situación de desamparo -estrechamente ligada al maltrato infantil-, tutela y guarda, el acogimiento familiar y residencial, los programas de autonomía, la adopción regional e internacional, y la intervención con menores en conflicto e infractores.

También se analiza la gestión del sistema (organización administrativa, papel de las entidades colaboradoras, procedimientos de trabajo, recursos humanos, materiales y económicos) y algunos de los derechos de los menores que exigen una mayor atención en el día a día para que sean realmente efectivos.

Por último, el informe da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha desde su creación en 2002, y en función de las conclusiones resultantes del proceso evaluativo, plantea una serie de recomendaciones y propuestas con el ánimo de mejorar y apoyar a las personas y organizaciones que con su esfuerzo cotidiano atienden a uno de los sectores de población de los más vulnerables entre los vulnerables.

 

lunes, 18 de octubre de 2010

El Senado propone sacar a los más pequeños de los centros tutelados


El objetivo de la reforma es que 10.000 menores vivan en familias de acogida

Publicado por JOAQUINA PRADES en El País del 18/10/2010

A grandes males, grandes remedios. El Senado considera necesario desalojar de los centros de menores a los niños de entre cero y seis años y ponerlos bajo la protección de familias de acogida. Es una de las principales propuestas de la comisión parlamentaria creada para sentar las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar, que concluirá su dictamen el próximo día 20.

A grandes males, grandes remedios. El Senado considera necesario desalojar de los centros de menores a los niños de entre cero y seis años y ponerlos bajo la protección de familias de acogida. Es una de las principales propuestas de la comisión parlamentaria creada para sentar las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar, que concluirá su dictamen el próximo día 20. Este diagnóstico, que supondrá un giro radical en la situación de los menores tutelados por la Administración, cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, y será enviado al Congreso de los Diputados el 3 de noviembre.

España figura a la cabeza de Europa occidental en número de menores institucionalizados, un dato considerado dramático por la gran mayoría de los expertos que han comparecido ante los senadores a lo largo de estos dos últimos años. Es imposible conocer la cifra oficial de menores tutelados en España por abandono o desamparo, ya que la variedad de tutelajes según cada comunidad autónoma ha dado lugar a un archipiélago legal de escasa porosidad. Pero de los datos aportados a la comisión pueden cifrarse estos menores -hasta los 18 años- entre 35.000 y 40.000, de los cuales alrededor de un 25% no ha cumplido aún los seis años.

La denominada Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional y otros Temas Afines ha optado por seguir el modelo de la mayor parte de países del entorno europeo -Reino Unido fue pionero en clausurar este tipo de centros- e impedir que los bebés abandonados o en situación de desamparo pasen años cruciales de su vida en locales tutelados por la Administración. Antes se llamaban orfanatos y ahora centros residenciales, pero las consecuencias de devastación psicológica para los niños de tan corta edad son similares, según la mayoría de expertos.

La alternativa para estos niños son las familias de acogida o de adopción, que se convierten en figuras clave de la reforma. El proyecto del Senado prevé campañas divulgativas a la opinión pública sobre la función social de estas familias y las necesidades de cada autonomía, así como un sólido apoyo psicológico, jurídico y también económico. Se trata, en palabras del senador socialista Mario Bedera, impulsor de esta comisión, de disponer de una "bolsa de familias de acogida" para que en el momento en que un recién nacido es abandonado o declarado en desamparo, pase en cuestión de horas al cuidado de unos padres.

A partir de ese momento, las Administraciones pueden determinar la calificación que recibe la situación del menor, es decir, si está en disposición de ser adoptado -cuando consta renuncia expresa de los padres biológicos o ha sido retirada la patria potestad por sentencia judicial- o acogido, o si este acogimiento debe producirse en la familia extensa -tíos o abuelos- o una en familia ajena. O si es de urgencia, simple o complejo; abierto, preadoptivo, profesional o terapéutico... un monumental galimatías a gusto de las comunidades autónomas, a quienes el Senado hace también un llamamiento para lograr acuerdos estatales aunque sean mínimos.

El acogimiento familiar inmediato evita que el más indefenso del proceso -el menor- resulte psicológicamente dañado mientras las Administraciones hacen su trabajo o las familias biológicas pelean en los juzgados contra la Administración, o con la familia de acogida o ambas entre sí, como ha ocurrido en los casos estremecedores de la niña Piedad (Canarias) o Diego, de El Royo (Soria), o los gemelos Iván y Sara, de Dos Hermanas (Sevilla), y otros muchos, obligados a permanecer en instituciones año tras año mientras se dirime la inacabable pugna por su custodia.

El fin último de la reforma es evitar que todo el tiempo empleado en burocracia no corra en contra del niño, como ocurre en la actualidad, sino mantenerle a salvo, lejos de las impersonales cunas de las instituciones.

Algunas intervenciones de expertos han sido muy críticas con los centros, entre otras razones por las condiciones laborales de los técnicos, que favorecen una movilidad excesiva. Según consta en el Diario de Sesiones, uno de los expertos dijo: "Cuando uno de estos niños nos pregunta: '¿Mi mamá sigue drogándose?' le pueden contestar hasta 13 profesionales distintos".

La comparecencia de la portavoz de Amnistía Internacional, del presidente de la ONG Prodeni, entre otros, y muy especialmente el exhaustivo informe del Defensor del Pueblo de 2009 sobre 27 de estos centros -elegidos al azar- han sido determinantes para la decisión de clausura. Pero también lo fueron los expertos que explicaron cómo la mayoría de países del entorno español han cerrado los centros y el sistema funciona mejor. Mejor para los niños -el objetivo principal- y mejor también para las arcas públicas, ya que una plaza en familia siempre resulta más económica que una institucionalizada. Aportaron datos: entre 3.500 y 6.000 euros mensuales en un centro residencial y entre 400 y 1.000 euros al mes en el caso de las familias.

Tanto senadores como comparecientes destacan que no todos los centros funcionan mal, y se han facilitado cifras de la generosa financiación que reciben por parte de las Administraciones, pero todos coinciden en que hasta los mejor dotados impiden lo que los psicólogos llaman "el vínculo emocional estable", imprescindible para asentar la personalidad y afrontar la adolescencia con los mismos problemas que los otros niños, pero no más.

El catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios, contó ante la Comisión que un estudio efectuado en Andalucía con adolescentes adoptados o acogidos y adolescentes institucionalizados ofreció un "grado de satisfacción vital" de 15 puntos por debajo para estos últimos.

La propuesta del Senado consiste en un cierre "escalonado", en el "menor tiempo posible", que afectaría en primer lugar al tramo de edad de cero a tres años y en una segunda fase, de los tres a los seis. Desde esta edad y hasta los 11 serían los siguientes en abandonar los centros, y finalmente, los casos más difíciles para la adopción o la acogida, es decir, los mayores, quienes están agrupados en más de tres hermanos, o padecen enfermedades graves o presentan serias alteraciones de conducta, sí permanecerían durante un tiempo en las instituciones, pero con la advertencia expresa de que hay que ir desmantelando las grandes instalaciones y sustituirlas por pisos u hogares tutelados, donde convivirían 6, 8 o 10 de estos niños como máximo.

Los senadores son conscientes de que se enfrentan a una red de intereses que opondrá resistencia ante la medida: la mayor parte de las instituciones cuenta con gestión privada, en algunos casos son órdenes religiosas y en otras empresas o incluso multinacionales, como dijo la presidenta de la Asociación para la Defensa, Amparo y Garantías en la Adopción y Acogimiento de Menores (DAGA), María del Mar Calvo Cortés, que está ocurriendo en Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, existe unanimidad entre los grupos parlamentarios y convencimiento de que la situación necesita un cambio radical. En palabras de la portavoz del PP, Gádor Ongil, "lo mejor de la comisión es que por una vez estamos de acuerdo, y lo hemos hecho porque estamos hablando de niños".

Profesión: cuidador de hijos

Una de las recomendaciones más innovadoras del informe del Senado es la introducción en España de las familias profesionales de acogida, es decir, personas que, tras demostrar que están capacitadas y haberse sometido a los cursos de formación necesarios, tienen como "profesión" la crianza de niños desamparados con problemas añadidos de salud, emocionales o de comportamiento.

Se trata de un modelo que funciona con eficacia en el mundo anglosajón, y que suele estar formado por parejas de médicos, psicólogos, pedagogos, asistentes sociales u otras profesiones relacionadas con la infancia. Aunque estas especialidades tienen preferencia, ya que se entiende que pueden ser las más adecuadas para ayudar a los menores, también pueden optar al acogimiento remunerado personas con otro tipo de trabajos siempre que superen las pruebas de aptitud.

Estas familias cobran una cantidad por cada menor acogido y puede constituir su única vía de ingresos. En lugar de cuidar a los niños antes o después de ir al trabajo, como ocurre ahora, el trabajo estará en casa y consistirá precisamente en la atención directa a los menores. La recomendación siguiente de los senadores incide en la necesidad de intensificar los controles posteriores al acogimiento para evitar fraudes.

Algunas comunidades autónomas ya destinan pequeñas cantidades a las familias de acogida, en algunos casos con aportaciones directas -cerca de 500 euros en el País Vasco o la Comunidad de Madrid- y en otros mediante ayuda fiscal o becas de comedor. Tampoco en este aspecto los senadores han podido obtener datos que permitan trazar el mapa español de las ayudas.

Claves de la reforma

- Centros. Cierre progresivo de los centros, hasta alcanzar el acogimiento familiar de los menores de cero a seis años.

- Biología. Menor prevalencia de los derechos de las familias biológicas y más atención a los intereses del menor y a su estabilidad emocional, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo de 2009.

- Acogimiento. Campañas de captación de familias de acogida y mayor coordinación entre las comunidades autónomas tanto en los requisitos previos como en las ayudas económicas y la relación con la familia biológica.

- Educación. Flexibilizar la rigidez actual del sistema educativo en lo referente a la edad que corresponde a cada curso o la repetición de este. Reconsideración para estos niños de la norma general de repetir solo en los años pares.

- Listas únicas. Elaboración de una lista única de adoptantes, tanto nacionales como internacionales.

sábado, 27 de marzo de 2010

LOS ELEMENTOS DEL PROCESO PSICO-SOCIAL DE VALORACIóN DE LAS FAMILIAS ADOPTANTES, en la Revista ALTERNATIVAS de Alicante


El reconocimiento tanto legal como técnico de la necesidad de valorar la idoneidad de
las familias para la adopción exige que, desde la Administración, exista un procedimiento
para valorar a las familias y así poder informar a las personas encargadas de la selección
de las familias sobre el peril de los solicitantes de adopción, elaborando, como señala el
artículo 16 del Convenio de la Haya, un informe que contenga información sobre su identidad,
capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica,
su medio social, los motivos que le animan, su aptitud para asumir una adopción y sobre
los niños que estarían en condiciones de tener a su cargo.

Sin embargo, también ha llevado a que una de las preocupaciones de los futuros candidatos
a ser padres y madres adoptivos surja del temor, más o menos reconocido, que
muchas personas sienten al tener que afrontar las diversas entrevistas y evaluaciones psico-
sociales que les realizan los equipos de adopción. El someterse a un «examen» por unos
desconocidos es algo poco agradable para la mayoría, especialmente si de la «nota inal»
depende el ver o no ver inalmente cumplidas las expectativas como padres.

Aunque es una idea difícil de trasmitir a estas familias, desde la entidad pública, el
certificado de idoneidad se concibe como el último peldaño de un proceso de preparación
y valoración (Amorós, P., 1987; Amorós P., Fuertes, 1996) que empezó cuando se plantearon
la adopción y que se fundamenta en la necesidad de informar y orientar a las familias,
para que puedan conocer y relexionar sobre las peculiaridades de la paternidad adoptiva,
valorando conjuntamente con ellos su motivación, necesidades y actitudes y preparándoles
para afrontar las situaciones con las que se pueden encontrar a lo largo del proceso de
adopción de su hijo (Generalitat Valenciana, 1999a).

Con este objetivo, la valoración de las familias adoptivas se desarrolla en distintas
etapas, en las que se trata de clariicar sus ideas, romper sus prejuicios, valorar aspectos
positivos y negativos de su proyecto y, en definitiva, calibrar sus posibilidades de éxito.

El proceso se inicia con una primera fase puramente informativa en la que las familias
recopilan todos los datos necesarios sobre procedimiento, plazos, alternativas, costes, entidades
de mediación (en el caso de las adopciones internacionales), etcétera y que suele
concluir con la solicitud de adopción y la apertura de su expediente.

Le sigue, a continuación, la fase de preparación-valoración, que entendemos es una
sola, aunque está conformada por dos etapas distintas. La primera de ellas, caracterizada
por la participación en unos talleres de formación, y la segunda, con las entrevistas de
valoración psico-social.

La preparación-formación se realizará a través de actividades grupales, a lo largo de
varias sesiones, en las que se abordan cuestiones relacionadas con la motivación y expectativas
de los futuros padres, las características de los menores y de sus familias de origen,
la necesidad y la manera de abordar la revelación de la condición de adoptado, situaciones
propias de la convivencia en los procesos adoptivos y sobre las habilidades necesarias para
abordarlas, etc.

Siguiendo a Fuertes y Amorós (1.997), los grupos de formación suelen atender a tres
aspectos de los participantes:

1. Aspectos actitudinales y emocionales, como es la disposición a aceptar el pasado del
niño, sus sentimientos y recuerdos sobre su familia, la disposición a mostrar respeto
hacia la familia biológica y las circunstancias que llevaron a la separación deinitiva, a
ayudar al niño a conservar y valorar su propia historia, a aceptar los sentimientos del
niño de ambivalencia, inseguridad y sus deseos de conocer más acerca de su genealogía,
etcétera.

2. Desarrollo de habilidades que permitan afrontar de forma competente la tarea de adecuar
a un niño adoptado o a un niño con problemas de comportamiento, en su caso.

3. Aspectos cognitivos relacionados con el proceso de la adopción y sus implicaciones,
los problemas más habituales, los recursos existentes en la comunidad, etc.

En este sentido, estudios realizados sobre el impacto de estos talleres de adopción
(Moya, C., Rosser, González, I., 1999; Rosser, A., Moya, C., González, L., 2000) han corroborado
que las actividades de formación con las familias generaban no sólo un mayor
conocimiento de las particularidades del proceso adoptivo sino también un cambio en las
actitudes de los candidatos respecto a varias cuestiones importantes para el éxito en la
adopción.

Concluida la fase de preparación, se inicia la siguiente etapa, ya propia de la valoración
psico-social que permitirá, no sólo conocer las características de las personas que desean
adoptar sino también, profundizar sobre los temas tratados en los talleres, resolver dudas,
ajustar expectativas, etc. Para realizar esta exploración, los profesionales del ámbito de
la Psicología y el Trabajo Social, a través de entrevistas individuales y conjuntas, visitas
domiciliarias, cuestionarios de personalidad, etcétera, irán ahondando en los diferentes
aspectos considerados relevantes para el éxito del proceso adoptivo. La valoración psicosocial
de idoneidad para la adopción concluye con unos informes psicológicos y sociales
que recogen datos referidos a la historia personal y de la pareja, en su caso, su motivación
y expectativas respecto a la adopción, su entorno socio-familiar, su situación económica y
laboral, sus capacidades educativas, sus periles de personalidad, su estado de salud, etc.
(Generalitat Valenciana, 1999a) y una valoración sobre su adecuación para hacer frente
a una adopción, remarcando aquellos aspectos del contenido del informe que sustentan
esa decisión y apuntando, en los casos favorables, hacia el peril del niño para el que se
considera, en su caso, más adecuada la familia, al objeto de poder orientar una futura
asignación.

El proceso de valoración psico-social, tal y como está establecido en la Comunidad
Valenciana, inalizará con el acuerdo que emite el Consejo de Adopción de Menores de
otorgar, en su caso, el Certiicado de Idoneidad a la familia para la adopción.

Desde ese momento, y una vez se trasladan los informes a los países de origen en el
caso de la adopción internacional, las familias quedan a la espera de ser seleccionadas para
un caso en particular.

En concreto, en las adopciones internacionales, en base a la información obrante en
estos informes y remitida a las entidades competentes, proseguirá el proceso hasta la adopción.
Se procederá, por parte de los países de origen, a la asignación de un menor a la
familia. En nuestro país, se recabará la aceptación, en su caso, tanto de la familia como de
la entidad pública y, inalmente, con el viaje de los futuros padres, culminarán los trámites
judiciales para la adopción y el menor se incorporará deinitivamente a su nuevo hogar.

Si la adopción se realiza en nuestro país, el proceso será muy similar, aunque todo se
efectuará en la propia entidad pública.

Finalmente, un vez incorporado el menor a su familia, los profesionales de los servicios
de adopción realizarán el seguimiento de los procesos de adaptación entre los menores y
su familia, informando, en su caso, a los países de origen sobre la evolución de los mismos
y apoyando a las familias en las dificultades con las que pudieran encontrarse.




sábado, 16 de enero de 2010

Los niños adoptados tienen más tendencia a sufrir trastornos de conducta que el resto



Los niños adoptados tienen más tendencia a sufrir trastornos de conducta que el resto, pero la razón es muy clara y se remonta a su gestación y primeros años de crianza en la que sufrieron todo tipo de adversidades: maltrato, negligencia, institucionalización en orfanatos.

Los expertos son partidarios de que al niño se le revele la verdad no más tarde de los 4 años para ayudarle a superar los problemas, si surgen. Los más afectados proceden de Rusia y países del Este.

Los psiquiatras han observado un aumento de los trastornos de conducta, del desarrollo y del vínculo del apego en los menores en los últimos años, pero los que más acusan estas alteraciones son los niños que han vivido situaciones de adversidad preadoptiva como abusos, maltrato, negligencia y largos periodos de internamiento en orfanatos.

Los más afectados son que proceden de Rusia y de los países del Este, "cuando llegan a la consulta, acuden ya con el problema", declaró la psiquiatra infantil Gemma Ochando, que trabaja en el hospital La Fe.

Los trastornos más habituales son los de conducta, aprendizaje, de déficit de atención e hiperactividad y los que están relacionados con la adaptación. En menor grado, sufren las consecuencias de un débil vínculo del apego al haber sido abandonados, alteraciones del sueño y ansiedad ya que temen un segundo abandono por parte de los padres adoptivos.

Ochando explicó que hay tres periodos críticos: cuando el niño llega a su nuevo hogar, cuando se hace púber y cuando tiene su primer hijo, que revive su experiencia de pequeñín.

Con la llegada a su nueva familia, el menor sufre dificultades porque pierde todos sus referentes: el idioma, la cultura, compañeros, la religión y, en ocasiones, hasta el nombre, "que hace que este cambio sea especialmente delicado, ya que pasa de vivir con los cuidadores en un orfanato a conocer a una familia y a unos padres que para él son unos desconocidos", indica la psiquiatra que agrega que, en muchas ocasiones, los niños se sienten culpables porque han dejado amigos en el orfanato que echan de menos y cuya pérdida también tienen que superar.

Un proceso de por vida.
A esta situación absolutamente nueva se suma el estrés de la escolarización, el aprendizaje de otra lengua y la dificultad que tienen para expresar sus sentimientos de miedo e inseguridad.

"Por eso recalcamos que la adopción es un hecho puntual y que el proceso va a durar toda la vida"[/i], indica la experta.

La segunda fase crítica es la pubertad, sobre todo para los niños que la viven muy precozmente: entre los 8 y 9 años, "porque sienten más reafirmar su identidad", expresa Gemma Ochandoque afirma que los padres deben de estar preparados para afrontar los cambios que se produzcan.

A los 18 años se produce otra crisis porque querrá conocer sus orígenes, "y la tercera es cuando tienen un hijo, porque reviven los primeros momentos de su vida, aunque cuando se mueren los padres adoptivos también entran en una crisis importante porque sienten un segundo abandono".

La psiquiatra aconseja a los padres que acudan a los servicios sociales o médicos cuando observen algún rasgo anómalo, "sin tener miedo a que se les cuestione su valía como padres porque lo más primordial en estos casos siempre es la prevención".



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