En este documento se presenta la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.
La nota media de las comunidades es un 5,22 puntos, la más alta desde que se elabora este Índice DEC hace siete años. Se aprecia así una evolución globalmente positiva, ya que, al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54.
Los autores del informe han destacado también en su presentación que “faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis” y que existen “síntomas de estancamiento en la inversión por mantenerse los recortes del Gobierno central al finalizar una legislatura, que, sin embargo, puede calificarse de positiva para los servicios sociales.
El informe apunta que existe la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía, lo que llaman checkingsocial, en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.
Por último, se constata que se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios y los desequilibrios del Sistema. Así, las Administraciones Públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 euros) que Murcia, con sólo 297; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias:
- En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
- El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
- Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)
AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS: el gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.
Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.
GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.
A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.
