El informe del Parlamento Europeo sobre “El
impacto de la crisis en los derechos fundamentales: el caso de España” (130
páginas) presentado el pasado mes de marzo por la Eurocámara, constata que la protección de los derechos fundamentales en España “"se ha
deteriorado severamente" con efectos negativos para "la
igualdad" y "la justicia social" a raíz de las medidas de
austeridad tomadas a raíz de la crisis económica.
El estudio lo ha realizado la consultora
Milieu, dirigida por Harry Lowett, a petición de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara y analiza el impacto de las medidas de austeridad
(“los recortes”) sobre derechos básicos tales como Educación, Salud, Empleo,
Pensiones, acceso a la Justicia, libertad de Expresión y Asociación y Vivienda.
Las conclusiones sobre España fueron elaboradas por
Júlia Lladós Vila, especialista en Derechos Fundamentales y doctora en Ciencias
Políticas, y Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional de la UAB.
Algunas de las cuestiones más
destacadas del informe:
FRACTURA SOCIAL.
Para recapitalizar parte del sector financiero, España tuvo que tomar
"algunas medidas de austeridad que han conducido a un preocupante aumento
de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos
fundamentales". Se alerta de la "fractura social" inherente y
recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.
POBREZA. Se hace hincapié en el
alarmante grado de pobreza infantil, que, según UNICEF, ha aumentado un 28%
entre 2008 y 2012. Esta realidad, remarcan los autores, "podría tener un
impacto devastador a largo plazo en los niños y en el país". El estudio
evidencia que la austeridad no solo ha fomentado el empobrecimiento de la
población, sino que, en contra del argumento esgrimido por el Gobierno en
múltiples ocasiones, "ha dejado de contribuir a la recuperación
económica".
DERECHO A LA
EDUCACIÓN Y DERECHO A LA SANIDAD.
El derecho a la sanidad y a la educación, dos de los servicios públicos más
recortados desde el inicio de la recesión, han sido vulnerados.
La reducción de
la inversión en educación por parte del Estado, que se ha traducido en un
aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a
2006, "podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema
educativo, así como de su calidad". Esto, unido al recorte de los salarios
de los profesores y el incremento de horas lectivas, el aumento de la ratio
profesor–alumno y la reducción del número de docentes, "podría afectar de forma negativa al
desarrollo económico y social del país a largo plazo".
El informe recomienda a España
aumentar el sistema de becas y ayudas para estudiantes y familias.
En lo que respecta a la salud, el informe pone de
manifiesto que la restricción del gasto público, la reducción del número de
personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico,
el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital o
el cierre de las urgencias en centros de salud son medidas que
"suponen un riesgo para la vida de las personas".
Se hace especial hincapié en el Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas
inmigrantes en situación irregular. Estos recortes,
remarca el informe, "suponen graves riesgos para la población,
especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión".
En
el documento se recomienda "revisar" las reformas para asegurar que
se da acceso a la sanidad también a los inmigrantes, "sin mirar su estatus
legal". Si bien como sabemos se ha revisado recientemente, la medida
resultante no conlleva la recuperación de la tarjeta sanitaria.
Además, hace hincapié en las diferencias
en prestación sanitaria entre comunidades autónomas, lo que "plantea
cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio".
DERECHO AL TRABAJO Y PENSIONES. La reforma laboral diseñada por el Gobierno del Partido Popular en 2012,
señalan los autores, redujo los costes del despido y "tuvo un impacto
doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores
peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos".
El
informe alerta de la todavía devastadora tasa de desempleo en la que está
sumido el país –23,7%–; "esta situación es especialmente preocupante, ya
que refleja la fragilidad de la economía española".
Un
51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo y se alerta de la situación
que atraviesan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año
desempleados.
En el caso del derecho al
trabajo, se recomienda mejorar el acceso al crédito para los emprendedores,
mejorar las ayudas para encontrar empleo de los parados y establecer un
"contrato único abierto" para prevenir el desempleo, especialmente
entre los más jóvenes.
En
cuanto a la reforma de las pensiones, el informe recoge que existe una pérdida
del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, una tendencia que
continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del
0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.
ACCESO
A LA JUSTICIA. El estudio resalta el descontento
surgido a raíz del aumento de las tasas y que "limitan gravemente el
derecho fundamental de acceso a la justicia".
El informe pide tener en cuenta
las recomendaciones del Defensor del Pueblo que llaman a reducir las tasas a la
hora de interponer demandas y querellas en la primera instancia administrativa
y civil.
LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y DERECHO A REUNIÓN.
Se critica la respuesta del Gobierno a la creciente ola de protestas ciudadanas
surgidas a raíz del inicio de la crisis, que "ha sido en gran medida
represiva, abusando de las sanciones administrativas contra los manifestantes y
de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía". Aunque la Ley de
Seguridad Ciudadana se suavizó en su segunda versión, no lo suficiente para que
se siga calificando como “ley mordaza”.
MERCADO
HIPOTECARIO. El informe recuerda que la regulación
del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y a otros
derechos constitucionales relacionados con ella como "la dignidad de la
persona y el derecho a una tutela judicial efectiva". Critican los autores
que la dación en pago siga sin
permitirse y se hace eco del gran número de desahucios que ocurren cada día en
España.
Accede al informe completo (versión original en inglés):
José Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio de la Dependencia, presentó el pasado viernes en Cuenca el INFORME SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN 2015, en el Seminario "Recortes y Dignidad" organizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. 
