ÍNDICE DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 2018

En este documento se presenta la evaluación que cada año se realiza en cada comunidad autónoma de los derechos reconocidos, el gasto destinado y las coberturas de los servicios sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

La nota media de las comunidades es un 5,22 puntos, la más alta desde que se elabora este Índice DEC hace siete años. Se aprecia así una evolución globalmente positiva, ya que, al comienzo de la legislatura la puntuación global era de 4,54.

Los autores del informe han destacado también en su presentación que “faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis” y que existen “síntomas de estancamiento en la inversión por mantenerse los recortes del Gobierno central al finalizar una legislatura, que, sin embargo, puede calificarse de positiva para los servicios sociales.

El informe apunta que existe la amenaza de convertir a los Servicios Sociales en meras oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía, lo que llaman checkingsocial, en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas, en una clara deriva asistencialista, a falta de un sistema global de garantía de ingresos.

Por último, se constata que se mantienen en buena medida las grandes diferencias entre territorios y los desequilibrios del Sistema. Así, las Administraciones Públicas en el País Vasco destinan más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (703 euros) que Murcia, con sólo 297; y el porcentaje del PIB regional que Extremadura destina a Servicios Sociales (2,594%), es 2,5 veces superior al que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,007%.También prestaciones y servicios a la ciudadanía se aprecian grandes diferencias:

• En Navarra hay un profesional de los servicios de atención primaria por cada 890 habitantes. En la C. de Madrid esta ratio se multiplica por 10, con un profesional por cada 8.354 habitantes.
• El 13,6% de su población potencialmente dependiente en Castilla y León recibe atenciones de la Dependencia, y su tasa de desatención -Limbo- es de 1,6%. En Canarias sólo el 5,41% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y su Limbo es el 29,3%.
• Mientras las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco alcanzan a más de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra a dos de cada tres (66,1%), en Castilla-La Mancha solo el 2,1%, y en otras cinco Comunidades ni siquiera el 5% (Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura y Murcia)

AUN FALTARÍAN 1.300 MILLONES DE EUROS AL AÑO PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SERVICIOS SOCIALES ANTERIOR A LA CRISIS: el gasto corriente presupuestado en servicios sociales en 2018 por las Administraciones en España fue 18.871 millones de euros, el 1,57% del PIB. En 2010 era el 1,68%; si se hubiera mantenido este porcentaje, el presupuesto para servicios sociales en 2018 habría sido de 20.180 millones de euros, es decir, 1.300 millones más que lo presupuestado. Respecto a la distribución del gasto entre administraciones hay pocos cambios: una cuarta parte del gasto procede del esfuerzo local (25,1%), un 13,5% procedente de la Administración General del Estado y un 61,4% de esfuerzo autonómico.

Alcanzar una inversión en servicios sociales en torno al 2% del PIB en la nueva legislatura debería ser el compromiso de las Administraciones Públicas, en especial con el incremento de aportación estatal, para impulsar políticas de atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión social.

GASTAR MÁS NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Un año más se pone en evidencia que las Comunidades que más gastan en Servicios Sociales no se corresponden necesariamente con las que ofrecen más prestaciones y servicios a la ciudadanía. En consecuencia, las formas de organización son determinantes no solo de la eficacia sino también de la eficiencia del Sistema, entre ellas el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales: los territorios más eficientes (mejor relación entre cobertura y gasto) coinciden con aquellos en los que existe mayor participación local en la gestión y entrega de servicios sociales.

A pesar de todo, siendo un sistema muy mejorable; con sus luces y sus sombras, el Sistema de Servicios Sociales y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas (cada año) durante la crisis, contribuyendo a evitar la ruptura de la cohesión y la paz sociales y colaborando en la recuperación.

Documento completo.

Agresiones sexuales, cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden

En el año 2011 la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco publicó el estudio “Agresiones sexuales. Cómo se viven, cómo se entienden y cómo se atienden” donde se lleva a cabo una investigación que se centra en el análisis del discurso sobre las agresiones sexuales contra las mujeres, y de los sistemas de prevención y atención a quiénes los sufren, existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi (que también se puede extrapolar a distintos territorios). Aunque queda mucho por indagar, se trata de visibilizar estas formas de violencia sexista, con un objeto claro: contribuir a su desestructuración para eliminarlas lo más pronto posible.

Las agresiones sexuales son un delito y aparecen tipificadas como tal en el Código Penal vigente. Pero a pesar de que legalmente son una violación de la libertad sexual, en el imaginario cultural de mujeres y hombres tienen más de una interpretación y muchos matices.

Aunque su expresión más grave, la violación, constituye un delito que se rechaza y genera pánico e indignación inmediata, hay numerosas y variadas agresiones sexuales que pasan desapercibidas aún constituyendo una permanente amenaza para las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. Diseñar estrategias adecuadas para prevenir estas agresiones y atender a sus víctimas requiere desgranar los componentes de estas manifestaciones particulares de la violencia sexista, entender las dificultades que pueden existir para reconocerlas, valorar el contexto en el que se presentan y la respuesta social que generan, y transformar las maneras de entenderlas.

¿Qué es una agresión sexual? Para empezar, este concepto no tiene la misma difusión que tienen otras expresiones de la violencia sexista. A manera de ejemplo, si introducimos «agresiones sexuales» en un buscador de internet aparecen 235.000 resultados, pero si la palabra se cambia por la de «abusos sexuales» aparecen 895.000 resultados. Cuando hacemos la prueba con la palabra «violación», los resultados sobrepasan el millón de resultados. Finalmente, la palabra «violencia de género» nos arroja 2.340.000 resultados.

Siguiendo el carácter exploratorio del estudio, no se parte de una definición previa sino por hacer de la propia definición de las agresiones sexuales uno de los ejes centrales de la investigación. No obstante, a fin de poder realizar mejor la fase de indagación de campo, el equipo tenía claras una serie de definiciones operativas que permitan también comprender mejor los datos oficiales existentes sobre el tema, a saber:

1. Agresión sexual: Cualquier conducta que atente contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, entendiendo violencia como utilización de fuerza física e intimidación como la(s) conducta(s) de tipo psicológico que tiene(n) como fin infundir temor a sufrir un mal inminente y grave, o amenazas de sufrirlo en la persona de la víctima u otras allegadas a ella.
2. Violación: Una de las formas más frecuentes de agresión sexual es la violación, definida como el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías.
3. Otras formas de agresión sexual: Otras formas de agresión sexual son los tocamientos de naturaleza sexual, con ausencia de consentimiento por parte de la víctima y, además, con existencia de violencia o intimidación por parte del agresor.

En el cuadro 1, podemos observar las semejanzas y diferencias entre los delitos de violación y otras formas de agresión sexual: 

A la vista de los datos de este cuadro, se puede afirmar que algunos mitos sobre estas agresiones no se sostienen en su contraste con la realidad. Así, por ejemplo, las violaciones son mayormente denunciadas por mujeres jóvenes pero mayores de 25 años (quizás porque son menos vulnerables al proceso derivado de la denuncia que las mujeres más jóvenes), en tanto que los agresores sexuales denunciados son muy jóvenes, siendo menor de edad uno de cada diez. También llama la atención, en las agresiones sexuales, el mayor uso de la violencia física, la intimidación e incluso el uso de armas blancas, razón por la cual es posible que se denuncian estas agresiones, ya que el grado de fuerza utilizado ha traspasado el límite de lo que las víctimas pueden silenciar. Por otro lado, se observa que la noche es el escenario mayoritario de las agresiones sexuales denunciadas pero, al mismo tiempo, queda desmontado el mito de la violación en descampado pues es en el domicilio (no se sabe si de la víctima o del agresor) donde ocurre la mitad de las violaciones denunciadas. Otras agresiones sexuales, en cambio, sí suceden en sitios abiertos o, por lo menos, fuera de un domicilio.

Las y los profesionales que intervienen con mujeres víctimas de una agresión sexual reconocen la necesidad de elaborar las políticas de atención en función de la naturaleza de la(s) agresión(es) vivida(s) y de otras variables, como la relación con el agresor, la edad o la nacionalidad.

Las necesidades y demandas de las mujeres no siempre pueden ser recogidas y atendidas con la especificidad que requerirían, por lo que, en ocasiones, la disposición y buen hacer del personal técnico se enfrenta con el límite de los servicios existentes. 

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