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lunes, 7 de diciembre de 2020

10 DE DICIEMBRE 19.00 H. Festividad de Trabajo Social ¡Sigue -ON LINE- la entrega de Premios del Trabajo Social de C-LM y Premios de Fotografía Social 2020!


El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha, en colaboración con la Facultad de Trabajo Social de Cuenca, van a celebrar el acto de entrega de Premios del Trabajo Social de C-LM 2020 y los Premios de Fotografía Social, el próximo 10 de diciembre, desde las 19.00 horas. 

El acto de entrega de premios coincide con el día de la Festividad de la Facultad de Trabajo Social que, cada año, se celebra el 10 de diciembre, día de la conmemoración de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Se da la circunstancia -especial- además, que la Facultad de Trabajo Social ha cumplido este 2020 nada más y nada menos que 30 AÑOS. ¡30 AÑOS DE TRABAJO SOCIAL EN CUENCA! #30TsCuenca

El acto ha tenido que ser desconvocado en dos ocasiones -marzo y septiembre- a consecuencia de la pandemia. Se va a celebrar en Cuenca, en el Salón de Grados del Edificio Gil de Albornoz, aunque sin público. Se emite en directo -y en abierto- por TEAMS.

¡¡Esperamos contar con tu asistencia online!! 

#PremiosTSclm2020 
#PremiosFotografiaSocial2020 
#30TsCuencaUclm



sábado, 11 de abril de 2015

El impacto de la crisis en los Derechos Fundamentales: el caso de España

El informe del Parlamento Europeo sobre “El impacto de la crisis en los derechos fundamentales: el caso de España” (130 páginas) presentado el pasado mes de marzo por la Eurocámara, constata que la protección de los derechos fundamentales en España “"se ha deteriorado severamente" con efectos negativos para "la igualdad" y "la justicia social" a raíz de las medidas de austeridad tomadas a raíz de la crisis económica.
El estudio lo ha realizado la consultora Milieu, dirigida por Harry Lowett, a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara y analiza el impacto de las medidas de austeridad (“los recortes”) sobre derechos básicos tales como Educación, Salud, Empleo, Pensiones, acceso a la Justicia, libertad de Expresión y Asociación y Vivienda. Las conclusiones sobre España fueron elaboradas por Júlia Lladós Vila, especialista en Derechos Fundamentales y doctora en Ciencias Políticas, y Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional de la UAB.
Algunas de las cuestiones más destacadas del informe:
FRACTURA SOCIAL. Para recapitalizar parte del sector financiero, España tuvo que tomar "algunas medidas de austeridad que han conducido a un preocupante aumento de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos fundamentales". Se alerta de la "fractura social" inherente y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.

POBREZA. Se hace hincapié en el alarmante grado de pobreza infantil, que, según UNICEF, ha aumentado un 28% entre 2008 y 2012. Esta realidad, remarcan los autores, "podría tener un impacto devastador a largo plazo en los niños y en el país". El estudio evidencia que la austeridad no solo ha fomentado el empobrecimiento de la población, sino que, en contra del argumento esgrimido por el Gobierno en múltiples ocasiones, "ha dejado de contribuir a la recuperación económica".
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO A LA SANIDAD. El derecho a la sanidad y a la educación, dos de los servicios públicos más recortados desde el inicio de la recesión, han sido vulnerados. 
La reducción de la inversión en educación por parte del Estado, que se ha traducido en un aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a 2006, "podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad". Esto, unido al recorte de los salarios de los profesores y el incremento de horas lectivas, el aumento de la ratio profesor–alumno y la reducción del número de docentes, "podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo".


El informe recomienda a España aumentar el sistema de becas y ayudas para estudiantes y familias.
En lo que respecta a la salud, el informe pone de manifiesto que la restricción del gasto público, la reducción del número de personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital o el cierre de las urgencias en centros de salud son medidas que "suponen un riesgo para la vida de las personas".
Se hace especial hincapié en el Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular. Estos recortes, remarca el informe, "suponen graves riesgos para la población, especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión".
En el documento se recomienda "revisar" las reformas para asegurar que se da acceso a la sanidad también a los inmigrantes, "sin mirar su estatus legal". Si bien como sabemos se ha revisado recientemente, la medida resultante no conlleva la recuperación de la tarjeta sanitaria.
Además, hace hincapié en las diferencias en prestación sanitaria entre comunidades autónomas, lo que "plantea cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio".
DERECHO AL TRABAJO Y PENSIONES. La reforma laboral diseñada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, señalan los autores, redujo los costes del despido y "tuvo un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos".
El informe alerta de la todavía devastadora tasa de desempleo en la que está sumido el país –23,7%–; "esta situación es especialmente preocupante, ya que refleja la fragilidad de la economía española".
Un 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo y se alerta de la situación que atraviesan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año desempleados.
En el caso del derecho al trabajo, se recomienda mejorar el acceso al crédito para los emprendedores, mejorar las ayudas para encontrar empleo de los parados y establecer un "contrato único abierto" para prevenir el desempleo, especialmente entre los más jóvenes.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el informe recoge que existe una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, una tendencia que continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del 0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.
ACCESO A LA JUSTICIA. El estudio resalta el descontento surgido a raíz del aumento de las tasas y que "limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia".
El informe pide tener en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo que llaman a reducir las tasas a la hora de interponer demandas y querellas en la primera instancia administrativa y civil.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A REUNIÓN. Se critica la respuesta del Gobierno a la creciente ola de protestas ciudadanas surgidas a raíz del inicio de la crisis, que "ha sido en gran medida represiva, abusando de las sanciones administrativas contra los manifestantes y de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía". Aunque la Ley de Seguridad Ciudadana se suavizó en su segunda versión, no lo suficiente para que se siga calificando como “ley mordaza”.

MERCADO HIPOTECARIO. El informe recuerda que la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y a otros derechos constitucionales relacionados con ella como "la dignidad de la persona y el derecho a una tutela judicial efectiva". Critican los autores que  la dación en pago siga sin permitirse y se hace eco del gran número de desahucios que ocurren cada día en España.

Accede al informe completo (versión original en inglés):


lunes, 16 de febrero de 2015

La situación de la infancia en "El Gallinero". Los Derechos Humanos también son cosa de niños

 
“Save the Children” y el “Instituto Universitario de la Familia” de la Universidad Pontificia de Comillas han realizado el estudio Los Derechos Humanos también son cosa de niños: La situación de la infancia en `El Gallinero´. El estudio profundiza en las condiciones de vida de las niñas y niños que viven en “El Gallinero” y se ha realizado tanto grupos de discusión como entrevistas individuales y en sesiones de juego, lo que ha permitido conocer la visión que tienen de sí mismos, de su vida –presente y futura- y de hasta qué punto cómo están viviendo está marcando su desarrollo. Finalmente se formulan propuestas.

“El Gallinero” forma parte del uno de los asentamientos chabolistas más grandes de Europa, la Cañada Real Galiana (más de 8.000 personas). Se encuentra a tan solo 12 km del centro de Madrid y en él habitan 435 personas gitanas de origen rumano; lo más destacable quizás es que el 68% de estas personas (298) son menores de edad. Casi todos proceden de Tandare, una ciudad situada al sud-este de Rumanía.
En “El Gallinero” se vive una situación de exclusión severa que no es exclusivamente económica. Este asentamiento chabolista, por sus características, un caso paradigmático de asentamiento humano precario, según los estándares fijados por ONU-HABITAT (p. 14): la autoconstrucción de viviendas de manera espontánea, con materiales precarios en suelos de propiedad privada; el terreno inadecuado por su mala calidad; el modelo de vivienda suele tener unos 15 m2, con un único espacio, donde suelen convivir una media de 6 personas, por lo que el hacinamiento es patente; no hay ningún sistema de eliminación de excrementos; en el poblado únicamente existe un punto donde encontrar agua para abastecer a todas las familias que viven allí.
Estas condiciones llegan a impedir el disfrute pleno de los derechos humanos y vulnera la dignidad humana, muy especialmente se visibiliza una grave vulneración de los derechos de los menores.

Contenido del informe
En el primer capítulo del informe se describe brevemente el contexto de “El Gallinero”. En el segundo capítulo se presenta el resultado de una evaluación cualitativa, a partir de la escucha activa de cuarenta niños entre 6 y 16 años, de la situación de los menores. El capítulo tercero examina, desde un enfoque de derechos, la situación de los niños y niñas del poblado: ¿sus derechos están protegidos o están siendo vulnerados? Un cuarto capítulo analiza cuáles han sido las actuaciones realizadas y el quinto expone cómo afectan los desalojos forzosos a los niños y niñas del asentamiento y qué alternativas se han ofrecido a los mismos desde instancias municipales y desde otros agentes sociales. Por último se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones dirigidas a corregir y evitar la situación de vulneración de derechos que se está produciendo en este asentamiento chabolista.
A continuación presentamos un breve extracto del mismo.

Medios de subsistencia e índice de pobreza humana
Utilizando el Índice de Pobreza Humana (IPH) propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (mide las dimensiones más básicas en que se manifiestan las privaciones, en lugar de los ingresos económicos) con 90 familias que en septiembre de 2012 residían en “El Gallinero” se observa que:

·  Existe un 98% de probabilidad de que estas personas no lleguen a cumplir la edad de 60 años.
·  El porcentaje existente de analfabetos funcionales en la población en edad de trabajar es de un 78%.
·  El porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza es de un 99%.
·  La tasa de paro de larga duración era del 99%.

Espacios y experiencias positivas en “El Gallinero”
A pesar de las condiciones tan desfavorables en las que viven, los menores del poblado contemplan positivamente algunos espacios donde se desarrolla su vida cotidiana y actividades a las que acceden, lo que nos demuestra la capacidad de adaptación a su entorno. Las tres actividades placenteras mencionadas con mayor frecuencia son: el fútbol –se practica en un campo a la entrada del poblado- la música y el baile y la caza de conejos en un descampado próximo.

Testimonio I
Niño (I): Sí, en nuestro poblado siempre ponemos música, y bailamos con las chicas.
Niño (II): Y cazar conejos.
Entrevistador (I): Sí, ellos también lo han dicho lo de ir a cazar conejos.
Niño (III): Sí, nosotros un montón íbamos. Y la otra es que tenemos un campo demasiado grande atrás que podemos cazar conejos y esos nos divierte muchísimo todos los días.

Entre los espacios positivos mencionan: el campo de fútbol –si no llueve-, la fuente, la iglesia –cánticos y ambiente de recogimiento- y la parada de autobús –se usa como refugio cuando llueve-.
Los escenarios más cargados de ambivalencia son las chabolas donde habitan los menores. Por un lado declaran “mi chabola es el paraíso”, y mencionan elementos físicos agradables (alfombra, sofá,…) y a facilidades (TV, electrodomésticos,…) pero por otro lado manifiestan que les gustaría vivir en una casa “normal” y con el acondicionamiento adecuado.
 
El valor que estos menores le dan al colegio es en la mayoría de los casos positivo, teniendo una importancia clave el dispositivo de apoyo escolar en “El Gallinero”, que es posible gracias a voluntarios que apoyan a los menores en su estudio. Respecto a las relaciones de estos menores con el exterior existen dos posturas: la de los menores que perciben que son tratados injustamente y la de los que se sienten completamente integrados.

Experiencias de amenaza y trauma
Para los niños, niñas y adolescentes, el poblado es un lugar inseguro. Su vida cotidiana está marcada por la necesidad de sortear y/o convivir con elementos del poblado que resultan amenazantes para su vida, integridad física y/o bienestar psicológico.

A los ojos de los menores existen distintas amenazas que caracterizan al Gallinero, entre ellas podemos encontrar:
·  Las redadas policiales o inspecciones frecuentemente relacionadas con el robo de cable de cobre, así como la ejecución de órdenes de derribo.
Testimonio 30
Chico: Que vienen a las 5 de la mañana y nos levantan, eso no es nada, nos levantan con la pelea y eso… nosotros les esperamos. Pero va a venir otro más loco y cuando venga eso la policía cuando venga les va a dar en la cabeza y se va a quedar muerto.
·  Los límites entre los espacios de juego y los espacios de circulación vial son casi inexistentes, habiendo tenido lugar atropellos de menores.
·  Existen animales peligrosos tales como perros no domesticados, ratas o serpientes.
·  Existe dificultad para la higiene, esto es debido a la ausencia de agua en las chabolas y a la inexistencia de espacios específicos para la eliminación de desechos y basura.
·  Conflictos de violencia verbal y física entre los adultos que se dan a plena vista y con regularidad y culminan frecuentemente con lesiones fuertes y daños graves. Ellos describen estos enfrentamientos como cargados de una violencia descontrolada. En ellos suelen emplearse cuchillos, palos o botellas además del cuerpo. Las consecuencias impactan mucho a los menores. Piensan que estos conflictos están muy relacionados con el consumo de alcohol.
·  Existen además casos de violencia intrafamiliar, tanto horizontal como vertical entre los propios padres o entre los padres y los hijos.

Testimonio 33
Entrevistador: ¿Si decís una palabrota qué puede pasar?
Chica: Pues me mata. Mira mi tío que es, mi tío cuando bebe y no sé qué dice su mujer, mató a su mujer.
Entrevistador: Vaya.
Chica: Se queda como así y tira la comida.

Suciedad y deterioro del ambiente
En los mapas y las descripciones que realizan sobre “El Gallinero” son constantes las referencias a las condiciones de insalubridad y de deterioro que caracterizan la vida en el poblado. La presencia de basuras, “cosas quemadas”, animales (serpientes, ratas,…) condiciona una experiencia básica de asco y desagrado que viven fundamentalmente a través de la vista y del olfato.
 
Proyección vital
Los  menores tienen un concepto de proyección vital por el cual desean una vida “normal”, pero según sus testimonios es complicado conseguir trabajo sin recurrir a la ilegalidad. Por otra parte está el punto de vista de las chicas que tienen una percepción conflictiva respecto a las imposiciones de su género, como es el hecho de tener que contraer matrimonio a una temprana edad y deber encargarse de sus hijos.
Al preguntar a los niños que posible cambio les gustaría que se llevase a cabo en su poblado la mayoría de ellos optan por la importancia de mejorar la situación higiénica y la eliminación de desechos. Desean también vivir en condiciones donde no se vean expuestos a la presencia de ratas y ratones (les produce asco y miedo).

Por otro lado, también desearían que cesaran las acciones policiales. 

Puedes acceder al informe completo a través del siguiente enlace:

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/756/Los_Derechos_Humanos_son_tambien_cosa_de_ninos.pdf

miércoles, 24 de diciembre de 2014

Carta abierta de los estudiantes de Trabajo Social al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de C-LM en relación a la vulneración de Derechos Humanos y Sociales a partir de los recortes en ayudas y servicios públicos


CARTA  DIRIGIDA  AL  CONSEJERO  DE   SANIDAD  Y  ASUNTOS  SOCIALES  DE  LA  JUNTA  DE  COMUNIDADES  DE  CASTILLA-LA MANCHA

Los estudiantes de 4º de Grado de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha manifestamos nuestro apoyo a la denuncia planteada el día 10 de diciembre en el Parlamento Europeo por el Consejo General de Trabajo Social en relación a la vulneración de Derechos Humanos y Sociales a partir de los recortes en ayudas y servicios públicos.

También queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que más están bajando los indicadores de cobertura para la atención a personas en situación de dependencia, salud, pobreza infantil, exclusión social y rentas mínimas.

Desde nuestra perspectiva de estudiantes y futuros trabajadores sociales, estamos totalmente en contra de las políticas de austeridad en materia de servicios sociales y de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Estamos convencidos de que una mayor inversión en prevenir problemas sociales repercute positivamente, evitando sufrimiento a las personas y ahorrando gastos muy costosos derivados del fracaso escolar, las adicciones, las enfermedades mentales vinculadas al paro y a la pobreza, la pérdida de la vivienda, la falta de expectativas vitales, los malos tratos o la delincuencia.

Los servicios sociales de atención primaria son más necesarios y eficientes que los mecanismos de represión ciudadana, las cárceles u otros tipos de internamiento. No podemos aceptar que se esté reorientando su forma de actuar hacia la caridad o la beneficencia, cuando los estudiantes  nos estamos preparando para actuar desde la base de los derechos de las personas y de su participación en la sociedad como ciudadanos.
 
Por estas razones, queremos pedir a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que reconsidere los planes para suprimir puestos de trabajo de personal funcionario. De forma específica, pedimos que se reconsidere la eliminación de los puestos de asistente social/trabajador social en zonas rurales de nuestra región, puesto que la atención digna a su población no es solo una cuestión de número de personas, sino también de dispersión geográfica, de tiempo para el desplazamiento por carretera y de acercar servicios a familias a las que les cuesta mucho viajar.   

martes, 15 de abril de 2014

Los niños y niñas de España menores de 18 años ya pueden denunciar violaciones de sus Derechos ante el Comité de los Derechos del Niño

El 14 de abril de 2014 será una fecha para recordar en relación a los Derechos del Niño. Es el día en que ha entrado en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas relativo a un procedimiento de comunicaciones, que permite que, de forma individual o en grupo, solos o delegando en un representante que deberá contar con el consentimiento expreso de los mismos, los menores de 18 años españoles puedan presentar denuncias por vulneraciones de los derechos a la infancia que se encuentran recogidos tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, como en el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la explotación sexual infantil y la utilización de niños en la pornografía.
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Todas las formas de vulneraciones de los derechos del niño, que van desde la falta de acceso a la educación primaria a la explotación sexual, se podrán presentar al Comité de los Derechos del Niño. El Protocolo establece que el Comité de los Derechos del Niño tendrá en cuenta “las opiniones del niño y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño”.
Para que este protocolo entrara en vigor, se necesitaba que lo ratificaran al menos 10 países. Hasta el momento lo han ratificado Albania, Alemania, Bolivia, Eslovaquia, España, Gabón, Montenegro, Portugal, Tailandia y Costa Rica. Por tanto, sólo los niños y niñas de estos países podrán presentar quejas o denuncias al Comité de los Derechos del Niño.
Este instrumento representa una garantía para la defensa y protección de las niñas y niños del mundo cuando el Estado no garantiza sus derechos. No sólo permitirá una aplicación más eficaz de la Convención sino que convierte a los niños en sujetos políticos de pleno derecho en pie de igualdad con el resto de ciudadanos.

Resultados probables del uso del mecanismo. El Comité sobre los Derechos del Niño decide si el caso no se admite a trámite o publica sus opiniones sobre el caso si halla alguna violación de la Convención sobre los Derechos del Niño o uno de sus Protocolos Facultativos. Si halla alguna violación, el Comité puede recomendar que el Estado en cuestión haga modificaciones o rectifique la situación. El Comité también puede intentar llegar a un acuerdo amistoso entre el Estado parte y la víctima o víctimas.

Quién puede presentar la información. El Comité puede recibir comunicaciones individuales (denuncias) de cualquier persona individual bajo la jurisdicción de un Estado parte del Protocolo Facultativo que declare que sus derechos protegidos por la Convención han sido violados por el Estado parte. Si queremos presentar una denuncia en nombre de otra persona o grupo, tendremos que presentar por escrito una prueba del consentimiento de cada víctima que queramos representar, o pruebas de por qué no tienen la capacidad de dar dicho consentimiento.

Cuándo presentar la información. Las denuncias tienen que presentarse dentro de un plazo de un año desde el agotamiento de los recursos legales nacionales, menos en los casos en que pueda demostrarse que no ha sido posible hacerlo.

Cómo redactar una denuncia. Los mecanismos de denuncia están diseñados para ser sencillos y accesibles para todo el mundo. No es necesario ser abogado ni tampoco estar familiarizado con el lenguaje técnico legal para presentar una denuncia ante el Comité.

Para que una denuncia sea admisible a trámite tiene que cumplir los siguientes requisitos:
·  Tiene que ser enviada por la persona cuyos derechos han sido violados, o con su consentimiento escrito. Solamente en casos excepcionales, cuando a la persona afectada le sea imposible dar el consentimiento, puede ignorarse este requisito. Las denuncias anónimas no serán admitidas.
·   Es necesario que se hayan agotado los mecanismos nacionales, es decir, que se hayan intentado todos los procedimientos locales de apelación. Sin embargo, si se puede demostrar que los mecanismos locales no son eficaces (por ejemplo, porque el tribunal de mayor rango ya ha dictado sentencia en un caso muy parecido), no son accesibles, o son excesivamente lentos, este requisito puede ser ignorado.
·   Que no esté siendo considerada por otro procedimiento internacional de investigación internacional o de resolución de conflictos.
La denuncia, habitualmente llamada “comunicación” o “petición”, no es necesario que tenga ninguna forma concreta. Sin embargo, tiene que estar por escrito y firmada (lo cual quiere decir que las denuncias por correo electrónico serán desestimadas). Debería aportar información personal básica –nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento- y especificar el Estado Parte contra el que va dirigida la denuncia.
La denuncia tiene que incluir todos los hechos sobre los que basa –mejor en orden cronológico, y el trabajo realizado para agotar los mecanismos legales nacionales (incluyendo copias de las sentencias judiciales relevantes y un resumen en uno de los idiomas de trabajo del Comité).
Es útil citar los artículos del Protocolo Facultativo que sean aplicables al caso. Debe explicarse en qué sentido los hechos relatados suponen una violación de esos artículos.

Procedimientos de emergencia. Si existe temor de daño irreparable (por ejemplo en casos de ejecución inminente o deportación para tortura) antes de que el Comité haya examinado el caso, es posible solicitar la intervención del Comité para detener una acción (u omisión) inminente por parte del Estado que podría causar ese daño.

En palabras de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais: “Millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sufren a diario la violencia, la explotación y el abuso. Ignorados por las estadísticas y descuidados por las medidas políticas convirtiéndolos en víctimas silenciosas, excluidas del debate público. La ratificación y aplicación de los Protocolos sienta las bases para la protección de los niños contra la violencia, el abuso y la explotación”.

España firmó el III Protocolo el 28 de febrero de 2012, iniciándose después la tramitación para su ratificación mediante autorización previa de las Cortes Generales y depósito final del documento el 3 de junio de 2013. A partir del próximo 14 de abril entrará en vigor para España al igual que para los demás Estados que lo han ratificado. Con este instrumento España se compromete a aplicar mejor la CDN y sus Protocolos Facultativos, comprendiendo al tiempo cómo sus sistemas jurídicos pueden seguir desarrollándose para consolidar la protección de los derechos de la infancia en el ámbito nacional y dando ejemplo de su aplicación en el ámbito internacional.


Para ampliar información sobre el procedimiento de quejas visita el siguiente enlace de Naciones Unidad (en inglés): http://www2.ohchr.org/english/


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viernes, 28 de marzo de 2014

INFORME ANUAL SOBRE LA PENA DE MUERTE 2013. AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un pequeño número de países provoca un aumento de las ejecuciones en el mundo. 778 ejecuciones en 22 países.


"A pesar de que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año."(Amnistía Internacional, 2014)
Informe condenas a muerte
y ejecuciones 2013

(acceso al documento)
De esta manera, empieza el Informe Anual sobre la pena de muerte que Amnistía Internacional emite de todas las cifras, noticias y sucesos del año 2013. En 2013 fueron ejecutadas un total de 778 personas -100 más que el año pasado- en 22 países diferentes, uno más que el año anterior. 
Amnistía recoge otros datos que muestran que todavía queda un largo camino por recorrer hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo.
Los seis países que más ejecutan: China, Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos.
Entre los métodos de ejecución utilizados en 2013 figuraron:
  • decapitación, 
  • electrocución, 
  • fusilamiento, 
  • horca  
  • inyección letal.
Se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán y Somalia.
Se imponía la pena de muerte por diversos delitos no mortales, como el robo, los delitos de drogas y económicos y actos que no deberían ser en absoluto delito, como el "adulterio" y la "blasfemia". Muchos países utilizan la imprecisa denominación de "delitos políticos" para condenar a muerte a disidentes o presuntos disidentes.
La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.
La pena de muerte se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. El intento de los Estados de escoger los delitos "más abyectos" y a los "peores" delincuentes de entre los miles de asesinatos perpetrados cada año es fuente irremediable de fallos inevitables. Mientras la justicia humana siga sin ser infalible, nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a una persona inocente.
La pena de muerte no es disuasoria. Ninguno de los estudios realizados ha podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.
DATOS Y CIFRAS
En 2013, al menos 778 personas fueron ejecutadas en 22 países (uno de cada diez). China ejecutó a más personas que el resto de los países del mundo juntos, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte allí, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado. 
Hubo un acusado aumento de las ejecuciones en Irán e Irak. Irak ejecutó al menos a 169 personas, lo que supuso un aumento del 30 por ciento con respecto a 2012 (129). En Irán al menos 369 ejecuciones (335 ejecuciones más). 
Arabia Saudí (79) y Estados Unidos (39) se situaron en los puestos cuarto y quinto, seguidos de Somalia (34) en el sexto. Excluida China, se tuvo noticia de al menos 778 ejecuciones en 2013, frente a las 682 de 2012.  
En 2013 se registraron al menos 1.925 condenas de muerte en 57 países, más que en 2012 (al menos 1.722 condenas de muerte en 58 países). Al final de 2013 había al menos 23.392 personas condenadas a muerte.
En 2013 hubo ejecuciones en cuatro países que llevaban mucho tiempo sin utilizar la pena de muerte: Indonesia (primera ejecución en cuatro años), Kuwait (primera ejecución en seis años), Nigeria (primera ejecución en siete años) y Vietnam (primeras ejecuciones en 18 meses).
Un total de 140 países de todo el mundo, más de las dos terceras partes, son abolicionistas en su legislación o en la práctica.
Tres países que habían ejecutado en 2012 no llevaron a cabo ninguna ejecución en 2013: Emiratos Árabes Unidos, Gambia y Pakistán.

EJECUCIÓN DE MENORES
“No se impondrá la pena capital (...) por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.” (Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU)
La pena capital contra menores está prohibida en el derecho internacional pero todavía un reducido grupo de países la mantiene. Cuando se habla de menores, se entiende menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito.
En 2013, al menos tres personas fueron ejecutadas en Arabia Saudí por delitos presuntamente cometidos siendo menores de 18 años, y es posible que también se dieran casos así en Irán y Yemen. Y es muy preocupante que en Irán, Maldivas, Nigeria, Pakistán y Yemen hubiera personas condenadas a muerte por delitos presuntamente cometidos siendo menores de edad.
POR REGIONES
Oriente Medio y el Norte de África
En Irak se produjo un acusado aumento de las ejecuciones por tercer año consecutivo. Al menos 169 personas fueron ejecutadas, lo que supuso un aumento de casi un tercio con respecto al año anterior. La gran mayoría habían sido declaradas culpables en aplicación de imprecisas leyes antiterroristas.
En Irán, las autoridades reconocieron oficialmente en 2013 al menos 369 ejecuciones. Según fuentes fidedignas, se llevaron a cabo en secreto centenares más, por lo que la cifra total fue de más de 700. 
Arabia Saudí continuó ejecutando con la misma intensidad que en años anteriores y llevó a cabo al menos 79 ejecuciones en 2013. Por primera vez en tres años, Arabia Saudí ejecutó a tres personas que eran menores de edad en el momento de su presunto delito, lo que constituye una violación del derecho internacional.
Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del al menos el 80 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo, excluida China.
Aunque limitadas, hubo también novedades positivas en la región. Por primera vez en tres años no se ejecutó a nadie en Emiratos Árabes Unidos, y en Yemen se redujeron las ejecuciones por segundo año consecutivo.
África
En el África subsahariana sólo ejecutaron cinco países: Botsuana, Nigeria, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Nigeria, Somalia y Sudán fueron responsables entre los tres de más del 90 por ciento de las ejecuciones de la región. El número de ejecuciones registradas en Somalia, 6 en 2012, ascendió al menos a 34 el año pasado.
En Nigeria fueron ahorcados cuatro hombres, siendo sus ejecuciones las primeras llevadas a cabo en el país en siete años.  Previamente, el presidente Goodluck Jonathan había hecho declaraciones dando luz verde a la reanudación de las ejecuciones en el país.
En toda la región, varios Estados, como Benín, Ghana y Sierra Leona, tomaron medidas significativas para poner fin a la pena de muerte, bien revisando la Constitución o presentando propuestas de reforma del Código Penal para abolir la pena capital.
América
Estados Unidos fue una vez más el único país de América que llevó a cabo ejecuciones, aunque 4 menos (39) que en 2012.  El estado de Texas fue responsable del 41 por ciento de todas las ejecuciones. Mientras tanto, Maryland se convirtió en el décimo octavo estado que procedía a abolir la pena capital. Varios Estados del Gran Caribe comunicaron que no había ninguna persona condenada a muerte en ellos por primera vez desde que Amnistía Internacional comenzó a llevar registros en 1980.
Asia
Vietnam e Indonesia reanudaron las ejecuciones el año pasado. Indonesia utilizó la pena de muerte por primera vez en cuatro años: ejecutó a cinco hombres en 2013, a dos de ellos por tráfico de drogas. 
China continuó llevando a cabo mayor número de ejecuciones que todo el resto del mundo, pero como la pena de muerte se trata como secreto de estado es imposible conseguir datos sobre ella. Aunque limitadas, hubo señales de progreso en el país, como la introducción de nuevas medidas jurídicas de protección en los casos de pena de muerte y el anuncio por parte del Tribunal Supremo del fin de la práctica de la extracción de órganos a personas ejecutadas.
No se registró ninguna ejecución en Singapur, donde se conmutó la pena a varias personas condenadas a muerte. La subregión de Oceanía siguió siendo una zona prácticamente sin pena de muerte, pese a las amenazas de Papúa Nueva Guinea de reanudar  las ejecuciones.
Europa y Asia Central
Por primera vez desde 2009 no hubo ninguna ejecución en la región de Europa y Asia Central. El único país aferrado aún a la pena de muerte es Bielorrusia, pero no la aplicó a nadie en 2013.

LA LAPIDACIÓN: CERCA DE DESAPARECER.
Como en años anteriores, no se tuvo noticia de ejecuciones judiciales llevadas a cabo por lapidación, salvo en algunos países, como Afganistán o Irán.

En Afganistán, en noviembre de 2013, el Ministerio de Justicia y el Comité Ministerial de la Ley Islámica y Castigos Tradicionales e Investigación de Delitos presentó al menos 26 propuestas de reforma del Código Penal del país. Entre los cambios propuestos figuraba el restablecimiento de penas que databan de la época de los talibanes y reflejaban su interpretación de la ley islámica, como la muerte en público por lapidación en caso de “adulterio” de personas casadas.  A raíz de las críticas internacionales, el presidente manifestó que el gobierno no apoyaba ya la propuesta de reintroducir la lapidación como pena para los casos de adulterio. Al finalizar el año, las propuestas estaban pendientes de examen en el Parlamento.

En Irán, en enero de 2012, el Consejo de Guardianes aprobó un Código Penal revisado presentado por el Parlamento, pero que no entró en vigor durante el año. En 2012 se eliminaron referencias explícitas a la pena de lapidación (pero se reintrodujeron a principios de 2013). Según el borrador del Código, los jueces aún podían dictar condenas de lapidación en virtud, entre otras cosas, del artículo 167 de la Constitución de Irán, que ordena a los jueces que utilicen la ley islámica para dictar sentencia en los casos que no estén tipificados. El nuevo Código Penal seguiría permitiendo asimismo a los jueces decidir sobre los fundamentos de un caso basándose en el subjetivo “conocimiento del juez”, un elemento fundamental en la condena de Sakineh Mohammadi Ashtiani. Pese a que el ahorcamiento es el método más común en Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, Amnistía Internacional ha documentado al menos 77 lapidaciones, aunque la cifra puede ser mayor, pues no se tienen datos desde 1979 a 1984.


Más información sobre la PENA DE MUERTE: 
https://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/