"Housing First" Europa: la vivienda, un derecho básico, NO una recompensa.

La Guía para el uso de Housing First en Europa ha sido elaborada por Nicholas Pleace, de la Universidad de York, con la colaboración entre otras organizaciones de FEANTSA, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar y RAIS Fundación.

La necesidad de esta Guía nace de la rápida evolución en la difusión de Housing First para abordar el sinhogarismo en la Unión Europea. Housing First ha demostrado su alta efectividad en la lucha contra el sinhogarismo, y esta Guía pretende ofrecer la información necesaria para implementar, dotar de personal y hacer funcionar un programa Housing First efectivo, especialmente para personas con problemas de salud mental y adicciones. 

Ya existen programas Housing First en muchos países europeos. Se pretende que la Guía sea útil para programas y servicios grandes y pequeños, que operasen en una variedad de países diferentes, con sistemas políticos, económicos y estados de bienestar diferentes, y que prestasen servicio a diferentes poblaciones de personas sin hogar.

Se ha verificado que los tratamientos que fomentan la autodeterminación son más efectivos en la reducción de los síntomas que otros tratamientos basados en el cumplimiento de un tratamiento. También se ha observado en varias comunidades que Housing First transforma la praxis de otros servicios relacionados y de los sistemas de cuidado cuando se introduce en una comunidad, evolucionando de un servicio aislado a una aproximación más comunitaria.

La creciente investigación y evidencia sobre Housing First continúa reforzando el hecho de que los servicios Housing First consiguen resultados significativamente mejores en estabilidad de alojamiento, salud mental, adicciones y calidad de vida.

Housing First aporta una dimensión de justicia social. Housing First proporciona vivienda como derecho humano básico, no como una recompensa por lograr la sobriedad o seguir un tratamiento psiquiátrico. Las personas no tienen que ganarse el alojamiento o demostrar que están preparadas para una vivienda y que la merecen. Housing First ofrece a las personas usuarias un acceso inmediato a la vivienda como una cuestión de derechos: abordar la injusticia de la pobreza, dar una oportunidad a las personas más desafortunadas y aliviar de inmediato el sufrimiento de las personas sin hogar.  

¿Qué es Housing first? Es una nueva forma de trabajar con el “sinhogarismo”. Utiliza la vivienda como punto de partida más que como objetivo final, y por eso se denomina  Housing first: Vivienda primero. 

El apoyo es esencial para el éxito de Housing First. Erradicar el sinhogarismo con éxito se consigue proporcionando servicios de apoyo de calidad una vez que una persona usuaria ha sido alojada. Las tareas del equipo de Housing First directamente relacionadas con el soporte al alojamiento pueden implicar las siguientes actividades:


Antes de la aparición de este modelo se utilizaba el enfoque de escalera, en el cual primero se debían cumplir una serie de objetivos, según un "plan de inserción" previo, y posteriormente se accedería a una vivienda. 

Sin embargo numerosas investigaciones han demostrado que es mucho más eficaz el modelo “Housing first”. Es importante saber que parte de la base de una evaluación en la que se comprueba que en un futuro este modelo puede ser una estrategia integral. Podría ser aplicado, entre otros, con mujeres sin hogar con necesidades de apoyo grandes, personas jóvenes con necesidades de apoyo grandes en riesgo de caer en el sinhogarismo, Housing First puede apoyar a familias con necesidades grandes y complejas, y por último, con personas ex reclusas con necesidades de apoyo grandes.

Principios fundamentales. Este modelo cuenta con ocho principios fundamentales que son: 
1. La vivienda es un derecho humano. 
2. Elección y control de las personas usuarias. 
3. Separación de vivienda y tratamiento. 
4. Orientación a la recuperación. 
5. Reducción del daño. 
6. Compromiso activo sin coerción.  
7. Planificación centrada en la persona. 
8. Apoyo flexible y disponible durante el tiempo necesario.

Proporcionar apoyo

- Seguimiento sistemático de la situación del alojamiento de cada una de las personas usuarias; 
- Asegurar que la relación con la comunidad de vecinos sea lo mejor posible; 
- Asesoramiento y asistencia para garantizar que la vivienda está en buenas condiciones; 
- Ayuda con la gestión económica; 
- Asesoramientoy apoyo para la vida independiente; 
- Proporcionar servicios de gestión de la vivienda parciales o totales a la propiedad de las viviendas; 
- Cualquier otro tipo de apoyo al alojamiento debería ser proporcionado según demanda.

Este modelo puede incluir servicios psiquiátricos y de salud mental, servicios de drogas y alcohol, servicios clínicos, servicios de cuidado personal, terapia ocupacional, apoyo emocional, participación en la vida comunitaria, apoyo social de la pareja, amistades y familia, gestión de las relaciones negativas y la estigmatización, además de seguridad ontológica entre otras.

Housing First ya se está usando en países como Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Acceso a la guía: 

"Housing First" (la vivienda primero), el programa para dotar de hogar -sin condiciones- a las personas sin techo en marcha en España

Esta iniciativa nacida en Estados Unidos hace 20 años en la organización "Pathsways to Housing" pretende que las personas sin techo puedan tener un hogar propio sin condición alguna.

El programa ya se ha llevado a cabo con éxito en Estados Unidos, Amsterdam, Lisboa o Italia entre otros,  pretende erradicar la marginación nacida de vivir en la calle, y dotar a las personas en esta situación de la capacidad de “reinsertarse” en la sociedad.

"Housing First" ha llegado a algunas ciudades españolas como son Madrid, Málaga y Barcelona, donde está teniendo buenos resultados. En total, según el diario El País del pasado 16 de enero, 28 personas participan en el programa piloto de la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS Fundación): una casa a cambio de dejar entrar a un mediador una vez a la semana y respetar la convivencia vecinal.

En el caso de Barcelona, son 60 los pisos que se han puesto a la disposición de las personas en esta situación desde el mes de octubre pasado. La Fundación Arrels, de referencia en relación a personas sin hogar en Barcelona, defiende este modelo "por su eficacia en lograr cambios progresivos en la vida de las personas atendidas y también por la reducción de costes que supone", según recogía el diario La Vanguardia el pasado 20 de agosto. 

La Fundación Arrels, a través de su página web (www.arrelsfundacio.org) nos relata su apuesta por este nuevo modelo de garantizar el acceso a la vivienda a personas sin hogar. En los años 90 cuando Arrels conocía a una persona sin hogar se planteaba como objetivo que durmiera en una pensión. Después de un tiempo se comprobó que esta modalidad de alojamiento era más cara que tener pisos y que las personas sin hogar preferían dormir en un piso que en una pensión. En la actualidad, el modelo español de procurar el acceso a la vivienda  a personas sin hogar, está formado por una serie de pasos que la persona debe ir superando progresivamente: de la calle pasa a un albergue -centro de baja exigencia en C-LM-, del centro de baja exigencia a un alojamiento temporal y, como un último "escalón", pasa a la vivienda permanente, siempre y cuando se haya accedido a participar en el correspondiente "itinerario de inserción". En este largo proceso, la persona, en cualquier momento, puede volver a la calle. 

La Fundación Arrels, apostó por el modelo "Housing First" hace ahora ya un año, seducida por la idea de este programa: para que una persona sin hogar mejore, primero hay que ofrecer una vivienda digna donde vivir, el resto vendrá después. 

¿Qué implica el Housing First?

• Es una manera de hacer por la cual la persona sin hogar pasa directamente de estar en la calle a una vivienda individual, permanente, digna y adecuada a sus necesidades.
• Dar apoyo a la persona que lo necesita (en cuestiones médicas, domésticas, etc) a través de un equipo horizontal formado por voluntarios, trabajadores y educadores sociales, personal sanitario… y sobre todo personas que también han vivido en la calle.
• Se dirige a todas las personas que viven en la calle y especialmente a aquellas en situación cronificada y que sufren una enfermedad mental y/o adicciones.
• Implica tres condiciones para la persona: aportar el 30% de sus ingresos en concepto de alquiler, mantener buenas relaciones con los vecinos y aceptar que una vez a la semana la visite cualquier persona del equipo de apoyo.

Los ocho principios del Housing First:

• La vivienda es un derecho humano
• Respeto por todas las personas
• Compromiso de trabajar con la persona hasta que lo necesite
• Vivienda individual e independiente
• Separación de vivienda y tratamiento
• Derecho a decidir de la persona
• Orientado hacia la recuperación de la persona
• Reducción de daños (para minimizar las consecuencias de la vida en la calle)

¿Qué no es el Housing First?

• No significa centrarse sólo en la vivienda, es una manera de hacer integral.
• No significa vivir en pisos compartidos (si no es decisión de la persona) ni tener que cambiar de vivienda a menudo por cuestiones logísticas.
• En el caso de personas con adicciones, no implica dejar de beber o consumir. Primero el techo, luego se trabajarán estas cuestiones.

El hecho de que las personas tengan una vivienda propia puede traducirse en una mejora en su estado de salud, ya que enferman menos e incluso ha llegado a reducir en gran cantidad algunas adicciones como las drogas o el alcohol. Esta alternativa a los albergues es mejor aceptada ya que mantienen una completa autonomía y autoorganización de su vida, pueden comer cuando deseen, ducharse cuando les apetezca, y servirse de sus prestaciones en muchos casos no contributivas para vivir a excepción del 30% de sus ingresos que se destinará al pago del alquiler.

El proyecto está financiado en España por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante la subvención del IRPF. La Obra Social La Caixa se ha hecho cargo del estudio de evaluación del proyecto y los ayuntamientos ponen a su disposición viviendas, posibilitando así el abaratamiento del alquiler.

En el siguiente enlace podemos ver la noticia de la mano de "eldiario.es", os recomendamos la lectura del artículo ya que nos enseña la experiencia de José y Esperanza, dos personas que participan en el programa "La vivienda primero" que aceptaron la propuesta con una única condición, poder vivir juntos. Aquí

Leer más:
Barcelona importará de EE.UU un sistema de atención a "sin techo". La Vanguardia, 20.08.2014Fundación Arrels. Nadie durmiendo en la calle. Barcelona Un techo para conseguir salir de la exclusión. El País, 16.01.2015Rais Fundación. Innovación Social con las Personas sin Hogar. Informe "Housing First"Housing First Europe. Final Report 2013.

El Gobierno de España da la espalda a la pobreza energética

¿Qué es la pobreza energética?

La pobreza energética es "la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos" a este fin (Laia Ortiz, ICV)

En 2013, el 10% de la población española (4 millones de ciudadanos) sufre la pobreza energética, y el número de afectados sigue en aumento sin que se haya conseguido visibilizar el problema pese al "impacto profundo" que tiene tanto en la calidad de vida como en la salud y la esperanza de vida de las personas. Alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz por impago durante el año 2012.

¿Qué medidas no quiere adoptar el Gobierno de España?:

- La "tregua invernal": durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz, gas o agua por impago "siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar o cuando (la solicitud) vaya acompañada de un informe del órgano competente en materia de servicios sociales". Además, defiende que los servicios "esenciales" nunca puedan ser motivo de corte de suministro.

- El "bono social": los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se deberían regular a través de un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social. El acceso a este bono social se concedería en función de la renta familiar y tras haberse fijado unos "consumos mínimos vitales" en cómputo mensual, teniendo en cuenta el número de miembros del hogar y las estaciones del año. Además, debería aplicarse tanto en las viviendas en propiedad como a quienes vivan en régimen de alquiler. Este precio social deben afrontarlo  directamente las compañías suministradoras.

- Dar "prioridad" a los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones.

- Modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el gas y la electricidad de uso doméstico estén sujetos al tipo reducido (10%).

¿Y qué dice el Gobierno que está haciendo?:

Frente a estas propuestas, el portavoz adjunto de Energía del Grupo Popular, Mario Flores, sostiene que el Gobierno ya ha adoptado mediadas y reformas estructurales para garantizar una mayor protección social. A saber:

- La reforma laboral, "ya que no hay mejor política social que crear un nuevo modelo que impulse la creación de empleo estable". (Refresca aquí la definición de cinismo).

- El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, o la nueva partida de 40 millones de euros para el Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2014.

¿Y qué dice la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre el nuevo Plan Nacional de Acción para la inclusión social?

NOTA DE PRENSA 

Málaga, 13 de diciembre de 2013 

Plan Nacional de Inclusión: Otra oportunidad perdida. 

El Gobierno aprueba un Plan Nacional de Inclusión, que contiene los compromisos del Estado Español como parte del Programa Nacional de Reformas presentado a Bruselas. Según el documento al que hemos tenido acceso, el objetivo del Plan es reducir el número de pobres en torno a 1,5 millones de personas.

En la actual situación, la pobreza ya no tiene que ver sólo con los “colectivos más vulnerables” y es una obviedad que una franja importantísima de las clases medias ha entrado en situación técnica de AROPE (en riesgo de pobreza y/o exclusión social). Según la última estadística de EUROSTAT, la tasa AROPE subió en España 3,7 puntos porcentuales desde 2008 alcanzando a 13,1 millones de personas en 2012. En ese mismo intervalo de tiempo, la tasa subió en el conjunto de la Unión Europea tan solo 1,1 puntos. 

El compromiso con la reducción de la pobreza hoy en España adquiere una dimensión estratégica, ya que debe dar respuesta a millones de personas que, de otra forma, 

podrían dar el dramático paso de la pobreza a la exclusión, con gravísimas consecuencias para la convivencia, para la seguridad y para la economía del país.

Un avance de la pobreza de tal calado no puede tratarse con los viejos instrumentos paliativos que se usaron en tiempos de bonanza y que –por cierto- no dieron resultado tal y como han puesto de manifiesto organizaciones como EAPN España (Red europea de lucha contra la pobreza). Las soluciones no pueden plantearse ofreciendo “ventajas sociales” dirigidas a colectivos marginales y específicos; una estrategia que ha mostrado su inoperancia, ya que un enfoque de parcialidades acaba ofreciendo respuestas parciales y sin conexión entre si. Además pueden generar un rechazo –lógico- en el resto de población, si las prestaciones están pensadas para los colectivos en situación de elevada marginalidad, pero no para familias de clase media empobrecidas. 

Sin embargo, el Plan Nacional de Inclusión elaborado por el Ministerio mantiene las respuestas parciales y no acomete las auténticos problemas estructurales que hacen que España sea el país con mayor índice de desigualdad de toda la Unión Europea. Por eso no nos podemos permitir que el Plan Nacional de Inclusión sea una compilación de viejas medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables a las que se suman las políticas públicas de rentas (pensiones y desempleo), sino que debe considerarse una auténtica Política estratégica de Estado, orientada a salvaguardar los derechos básicos sociales fundamentales, repensando la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal justa y con una transferencia de servicios eficaces y eficientes a la población que mitiguen la fractura social. Este Pacto de Estado requiere un amplio acuerdo parlamentario, además de un consenso con las Comunidades Autónomas, para que no acabe siendo “papel mojado”, ya que muchas de sus medidas requieren el concurso de estas Administración.

Cabe llamar la atención sobre otro aspecto importantísimo. El Plan Nacional de Inclusión, haga referencia a la importancia de la actuación de las entidades locales prestadoras de servicios sociales y para ello proponía en uno de sus últimos borradores el mantenimiento del Plan Concertado de Prestaciones Básicas (plan sistemáticamente abandonado por la Administración Central sobrecargando así los presupuestos autonómicos y locales). Resulta, como poco, paradójico plantear ese discurso en el mismo momento que se consagra el desmantelamiento de la red básica de servicios sociales de ámbito local gracias al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que considera “competencias impropias” de estas administraciones. 

En consecuencia nos dirigimos al gobierno solicitando lo siguiente: 

1º.- Que propongan que el Plan Nacional de Inclusión sea debatido en el Parlamento antes de su aprobación y remisión a Bruselas, considerando que la lucha contra la pobreza, que hoy afecta a millones de personas y familias españolas, debe ser considerada una Cuestión de Estado de la máxima proyección estratégica, y cuyo objetivo de reducción de la pobreza en 1,5 millones de personas –superado ya por la dura realidad- requeriría activar políticas no sólo sociales, sino también fiscales, económicas y laborales, con el necesario concurso de las diferentes Administraciones. 

2º.- Para que no resulten inviables algunas de sus previsiones, en concreto la que hace referencia a la implicación de los servicios sociales de las Entidades Locales en la lucha contra la pobreza, incluyendo así en grave contradicción con el Plan Nacional de Reformas 2013, se debería considerar la conexión y búsqueda de coherencia con el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificando sus previsiones en cuanto al nivel competencial de estas Administraciones en lo que a servicios sociales se refiere, tal y como hemos propuesto repetidamente desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

un colectivo de personas paradas, precarias, afectadas por el empobrecimiento denuncian en Cuenca la falta de ayudas sociales

8M Cuenca: "¿Dónde están las ayudas?"

 8 de marzo de 2013. Cuenca Alternativa. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora un colectivo de personas paradas, precarias, afectadas por el empobrecimiento y apoyadas por Zambra, CGT, Ecologistas en Acción e Intersindical CLM se han dado cita hoy a las once en punto de la mañana frente a los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Cuenca con el objetivo de denunciar la falta de ayudas sociales.

  En la situación de estafa social por la que atravesamos se hace más evidente si cabe la máxima feminista de que "lo personal es político". Día a día estamos viendo cómo las instancias políticas desmantelan los derechos sociales, cómo esta pérdida de derechos repercute en nuestras vidas, ya sea con jornadas laborales más prolongadas y en peores condiciones, ya sea por la amenaza del paro, por el miedo a enfermar o por las limitaciones que la falta de recursos impone en nuestras vidas.

Como indican los colectivos convocantes: "No hace falta señalar que el problema no es la pobreza, sino un sistema social, injusto y cruel que hace que de la riqueza, producida colectivamente, se puedan apropiar sólo las élites que nos gobiernan la vida."

En este contexto de expolio generalizado a la población, que se lleva a cabo con la excusa de pagar una deuda ilegítima, cada vez son más las gentes que atraviesan situaciones económicas y vitales de enorme dificultad.

Esta mañana Cuenca Alternativa ha conversado con algunas de las personas que se han dado cita en este acto reivindicativo. Maribel nos cuenta que lleva ya dos años en paro. Ella es una mujer inquieta que ha salido a la calle buscando a personas y colectivos con los que unir sus esfuerzos para hacer frente a la situación. Maribel nos habla de las dificultades con las que se encuentran para solicitar ayudas como el ingreso mínimo de solidaridad (IMS). Ella, como el resto de las aquí reunidas, reclama su derecho a una vida digna, a unos ingresos que cubran sus necesidades personales "tal y como viene recogido en la propia Constitución", nos indica.

Continua la crónica en Cuenca Alternativa...

La Facultad de Trabajo Social de la UCLM en Cuenca reivindica el Derecho a la Vivienda

Publicado en lacerca.com del 10/12/2012

La Facultad de Trabajo Social1 de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Cuenca ha iniciado este lunes la Semana de Derechos Humanos centrada en el Derecho a la Vivienda, con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre.

Luis Alberto Barriga, miembro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha sido el encargado de realizar la primera conferencia bajo el título ‘El derecho a la vivienda en España: tiempos de barbarie’.

Durante su intervención, Barriga ha señalado que en España se incumple “de forma flagrante el derecho a la vivienda” que recoge tanto la Declaración de los Derechos Humanos como la Constitución Española.

En este sentido, ha manifestado que la reforma para evitar los desahucios aprobada hace unos días por el Gobierno central “es una ceremonia de la chapuza porque no busca una solución ante la falta de tutela judicial efectiva de las personas en situación de insolvencia”.

Barriga ha indicado que la solución a este problema ya la tienen otros países de la OCDE4. “Se trata de modelos que protegen a personas que entran en quiebra económica, aplicando moratorias o quitas, como a las empresas, con el objetivo de que puedan pagar su deuda”, ha dicho.

Asimismo, ha apuntado que si aún con estas fórmulas no pueden hacer frente a la deuda, “se producirían condonaciones como pasa con las empresas”.

Durante la inauguración de esta Semana de los Derechos Humanos, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Elisa Larrañaga5, ha señalado que “todos debemos trabajar para que derechos como el de la vivienda se mantengan”.

“Todos entendemos que hay crisis, que hay que hacer recortes, pero no en determinadas áreas, porque nos ha costado mucho conseguir alguno de los derechos, y perderlos supondrá que tardemos mucho en recuperarlos” ha apuntado.

Larrañaga ha asegurado que la celebración de este tipo de jornadas responde a la labor de la Facultad de Trabajo Social “de proteger y luchar por estos derechos y hacer todo lo posible para hacer saber a la sociedad los problemas que conllevaría perderlos”.

flo6x8: Bankia, pulmones y branquias (bulerías)

Publicado el 24/05/2012 por flo6x8

Animados por los recientes acontecimientos en torno a Bankia, a quien el gobierno está inyectando miles de millones de euros mientras la población española se hunde en la miseria, flo6x8 de Sevilla se suma a las numerosas críticas contra este latrocinio.

Flo6x8 se define como un Colectivo activista-artístico-situacionista-performático-folklórico-no violento:

No nos creernos muy importantes para plantarles cara a los bancos. Entre nuestros delirios no destaca la megalomanía. Más bien nos vemos como liliputienses escarbando en sus gélidas fisuras con piolets de cartón piedra. Pero por algún sitio hay que empezar.

Actuamos en oficinas bancarias y cajeros automáticos porque son lo que asoma del iceberg, los pequeños santuarios de esas moles incontestables con respecto a las que todo cuestionamiento se reponde con el “too big to fall”.

Flo6x8 somos un grupo de gente de a pie que tenemos una serie de inquietudes comunes y que compartimos nuestra afición por el arte flamenco. Entre las inquietudes que nos mueven destaca el hartazgo no sólo del expolio de la vida en el planeta a cargo de los bancos, sino también del silencio generalizado con que se responde a este expolio.

El Gobierno de España publica las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

En este Real Decreto-Ley  se establecen diversos mecanismos conducentes a permitir la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real.  La mayoría de las medidas serán de aplicación a quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. En este sentido, se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de subsistencia. Este umbral es sensible igualmente a la situación económica de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares de las garantías personales o reales que, en su caso, existiesen.

 Para ello, las entidades de crédito deben adherirse a un Código de Buenas Prácticas que  incluye tres fases de actuación.

*  La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la ampliación del plazo total de amortización.

* En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda.

* Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este último supuesto, las familias podrán permanecer en su vivienda durante de un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.

De otra parte, se incorporan al colectivo de beneficiarios de las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011, las personas que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, así como las que suscriban contratos de arrendamiento como consecuencia de la aplicación de las medidas contenidas en el citado Código de Buenas Prácticas.

Los trabajadores sociales se ofrecen para mediar en los desahucios

Diseñarían un plan para reflotar la situación de las familias si se consigue paralizar los embargos hipotecarios


Publicado por CARMEN MORÁN en El Pais del 21/10/2011

Los trabajadores sociales proponen al Gobierno que modifique "ligeramente" un par de leyes, la ley concursal y la hipotecaria, de tal forma que permitan a los jueces paralizar los embargos hipotecarios para que las familias afectadas puedan seguir viviendo en sus casas mientras los servicios sociales reflotan su situación económica. "Se trata de familias que no están en riesgo de exclusión, pero que pueden estarlo si se les echa a la calle de un día para otro. Los servicios sociales siempre han desempeñado tareas de mediación familiar de tal forma que podríamos ayudarles a remontar su situación para que puedan seguir pagando la hipoteca", ha dicho hoy Luis Barriga, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La red de servicios sociales públicos, con un trabajador social en cada pueblo es extensa y no necesitaría "más que reforzarse un poco" para atender estas situaciones de quiebra sobrevenida. Además el Parlamento ya aprobó estudiar la figura de un mediador para estas familias, solo que la legislatura concluyó. "La mediación entre las familias y los acreedores no requeriría ingresos adicionales, pero sí una buena redistribución de los que se tienen. Durante el periodo de mediación los recursos sociales para esas familias serían prioritarios", ha explicado Barriga.

Los trabajadores sociales pueden determinar cuándo se trata de deudores de buena fe, pero necesitan "tiempo para ello", por eso insisten en que los jueces tendrían que suspender el embargo mientras elaboran sus informes y ponen en marcha sus planes. "Esta cuestión debería ser prioritaria en el nuevo Parlamento que se forme tras las elecciones", ha dicho.

Cuando se trata de una empresa que entra en quiebra, en ocasiones no se permite embargar la fuerza productiva, la maquinaria, por ejemplo, para que sigan trabajando y ganando dinero y tiempo para pagar a los acreedores. "Con la vivienda no ocurre eso porque se trata de un derecho, y paradójicamente, por ser un derecho, pueden embargárselo".

La Asociación de Directoras y Gerentes, que hoy está reunida en Madrid, recordó que hay más de 94.000 ejecuciones hipotecarias. "Esto podría acabar afectando a un millón de familias", dijo Ana Lima, presidenta del Consejo Nacional de Trabajadores Sociales.

La asociación ha pedido, además un pacto para no dejar desatendidos a las personas más vulnerables en tiempos de crisis. "O se reforma la Constitución o se establece un pacto, no puede ser que la renta básica, que perciben los que se han quedado sin nada tenga 17 modelos en España", ha explicado Gustavo García Herrero. También han solicitado un cambio en el modelo de financiación de la Ley de Dependencia para que sea el coste del servicio que se presta lo que determine la cantidad que paga el Gobierno, y no la gravedad de la persona dependiente. "No hay que modificar la ley, solo un decreto", han explicado.

Por último, han recordado "las enorme cantera de empleo no deslocalizado que suponen los servicios sociales". "Por cada millón de euros invertidos se generan 30 puestos de trabajo, cuando la media en otros sectores es de 17. Invertir en política sociales es rentable", ha recordado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Ana Lima ha dado a conocer también el manifiesto de la recién constituida Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en el que se pide que se "garantice la igualdad de acceso y la universalidad de los servicios y de las prestaciones en el marco de un desarrollo económico y social equilibrado

Gerentes de Servicios Sociales proponen que se utilice la red pública para mediar en desahucios con tutela judicial

Publicado el 21 de octubre por EUROPA PRES -

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto en el marco del XVII Congreso Estatal que se celebra estos días en Madrid, que la red de servicios públicos sirva como mediación bajo tutela judicial ante los desahucios, y pueda poner en marcha planes de viabilidad para la recuperación de las familias afectadas. Esta es una de las iniciativas estrella que el sector plantea para dar salida a la situación de cerca de un millón de personas que se encuentran al borde de la exclusión social en España por quiebra sobrevenida a causa de la crisis económica.

En concreto, se trata de que los servicios sociales puedan intervenir cuando una familia es amenazada de desahucio, hagan un diagnóstico y dictaminen su riesgo de caer en exclusión social. Con esta circunstancia certificada, con un juez supervisando el proceso y con los acreedores informados, los trabajadores sociales trazarían un plan para reflotar a la familia de forma que pueda, pasado un tiempo, recuperarse y retomar el pago de las deudas. En ese lapso, tendrían prioridad en el acceso a los recursos públicos de asistencia.

Así lo han expuesto en rueda de prensa el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez; la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales de España, Ana Lima; el coordinador técnico del Comité Científico de este XVII Congreso Estatal, Gustavo García; y el responsable del estudio económico sobre gastos e inversiones en los Servicios Públicos elaborado por la organización, Luis Barriga.

Los ponentes han incidido en que se trata no de atender a gente que está ya en situación de exclusión moderada o grave, sino de evitar que más personas incurran en estas circunstancias, porque los "170 desahucios diarios" que se están produciendo en los últimos meses (unos 93.000 en 2010) y la elevada tasa de paro "amenazan con crear unas bolsas de pobreza extraordinarias" como, según ha señalado Barriga, "no se ven desde los años 80".

Ramírez ha asegurado que para poner en marcha esta iniciativa, que la Asociación trasladará en los próximos días a los partidos políticos, no haría falta incrementar notablemente ni la plantilla ni los gastos de personal sino redistribuir con más eficiencia los recursos disponibles. En la actualidad, hay 4.000 trabajadores sociales en España, uno por cada 9.000 habitantes. El 77 por ciento de los empleados del sector lo son por empresas privadas, según la asociación.

No obstante, ha incidido en que todo aumento es "bienvenido" porque el gasto social en España está seis puntos por debajo de la media europea, la partida en comparación con Educación o Sanidad "es muy baja" y la crisis ha incrementado la demanda a los servicios sociales en un 40 por ciento.

Asimismo, la asociación sostiene que tampoco harían falta reformas legislativas profundas, aunque sí "pequeños retoques" sobre las normas de Ejecución Hipotecaria y Procedimiento Concursal para garantizar la tutela judicial efectiva. Además, habría que constituir la figura jurídica de Unidad Familiar en Situación de Riesgo de Exclusión, para garantizar la respuesta de las administraciones.

"Es algo que le interesa a todo el mundo, incluso a los bancos, que no quieren tener más pisos, quieren cobrar sus deudas", ha apuntado Ramírez. Por su parte, Barriga ha destacado que los trabajadores sociales saben "identificar cada situación, proceden de lo público, pueden distinguir a un deudor de buena fe de otro que no lo es y tienen un papel indiscutible como mediadores".

CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN, CREACIÓN DE EMPLEO

La siguiente de las propuestas de este congreso es una reivindicación clásica ya en el sector de atención a la Dependencia. Reclaman un Real Decreto que modifique las condiciones de financiación a las comunidades autónomas en la aplicación de la ley, para evitar que por norma se concedan prestaciones económicas a cuidadores no profesionales en lugar de apostar por servicios específicos que generan empleo.

En este sentido, García ha señalado que si 100.000 de los 420.000 dependientes que reciben prestación económica comenzaran a recibir atención profesional a domicilio o se derivasen a una plaza residencial, se generarían 30.000 puestos de trabajo. Si además, los cuidados de los grandes dependientes y dependientes severos se vinculasen a servicios profesionales, con un incremento del 7% en los costes del sistema se generarían 10.000 empleos más.

"Esto supondría también una mejora en la atención a estas personas. Hoy las administraciones públicas no saben cómo están siendo atendidas 900.000 personas y eso es muy grave", ha añadido Lima, para incidir en que habrá casos de familias que con la prestación se ocupen correctamente de los dependientes y habrá otras en las que personas necesitadas de la ayuda estén en malas condiciones.

Por otra parte, los profesionales del sector reclaman una ley básica estatal que unifique los mínimos de la red de servicios sociales, para evitar "17 modelos diferentes", así como trabajan en el diseño de un "modelo de calificación" para evaluar los servicios sociales de cada comunidad autónoma, un sistema que en su opinión, debería poner en marcha el Estado.

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Españistán: Una explicación divertida para una crisis que no lo es

Derechos a la intemperie. 2011: Informe de Amnistia Internacional sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en España

En el informe titulado Derechos a la intemperie 2011, Amnistía Internacional (AI) aborda el respaldo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España e identifica los obstáculos en la ley y en la práctica que afectan el derecho a reclamarlos y hacerlos valer ante la justicia. Con tal fin se ha examinado el marco legislativo, administrativo y judicial, que incluyen las disposiciones constitucionales con consecuencias sobre los DESC.

La falta de reconocimiento de los DESC como derechos humanos en la legislación, en las actuaciones y en las decisiones de las autoridades, afecta a la vida de las personas. En razón de la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, el hecho de no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria, puede minar otros derechos, incluido el derecho a la vida. No contar con medios legales que impidan su vulneración y no obtener reparación en caso de abusos, equivale a estar desprotegidos y a
que los DESC resulten meras declaraciones de intenciones por parte de las autoridades.
Esta desprotección nos hace vulnerables.

Hay sectores cuya vulnerabilidad puede verse incrementada y sus posibilidades a la hora de defenderse, verse drásticamente reducidas. Muchos titulares de derechos pueden incluso asumir que no tienen derechos, sobre todo cuando son las propias autoridades quienes sostienen, refuerzan o confirman tal condición. Por ello, este informe ofrece experiencias concretas de quienes se han encontrado inermes ante el déficit de garantías y desprotección de los DESC, con especial atención sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. La investigación incluye los obstáculos y desventajas de partida, teniendo muy en cuenta el derecho a la información y a la participación, así como aquellos derechos implicados en su defensa, tanto a nivel individual como a través de la acción colectiva.

Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña Exige Dignidad; una campaña global prioritaria de la organización cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza (uno de los mayores escándalos de derechos humanos). La organización trabaja para que los Estados conviertan los DESC en ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.

El Estado español, que cuenta con una población en riesgo de pobreza de aproximadamente el 22,7 por ciento, y con tendencia a incrementarse en un contexto de crisis económica, ha ratificado, entre otros tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello implica el deber de respetarlos, el deber de protegerlos y el deber de hacer que sean realidad para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.

No obstante, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas por España, existen serias preocupaciones sobre el respaldo jurídico de los DESC y las consecuencias sobre la vida de las personas. El déficit de garantías y los obstáculos en la ley y en la práctica para hacerlos valer y reclamarlos es la tónica predominante en lo que a la respuesta del Estado se refiere. Para denunciarlo, en este informe se recogen los principales obstáculos identificados.

Amnistia Internacional - Abril 2011

Junto al informe, Amnistía Internacional ha divulgado un video en el que se desarrollan tres temas:

La cañada cuenta la situación de Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento ilegal en el que entre 25.000 y 40.000 personas, con casas construidas desde hace 30 años con el consentimiento de las administraciones, están viendo como sus hogares son destruidos sin ninguna alternativa.





Futuro hipotecado aborda la situación de las familias que sufren ejecuciones hipotecarias. Al no poder pagar sus casas, éstas son subastadas por el 50% de su valor inicial, lo que les obliga a seguir pagando una deuda millonaria al banco de por vida.





Recursos contra el sufrimiento muestra cómo en España los recursos para atender a personas con enfermedad mental son muy escasos, lo que puede provocar atención insuficiente, diagnósticos equivocados y en muchos casos la exclusión de estas personas.

V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla- La Mancha 2009-2012

El Plan V de Vivienda tiene una dotación de 650 millones de euros, la mayor dedicada a fomentar el acceso a la vivienda.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL PLAN:

• Amplía el número de personas, familias y colectivos que pueden optar a las ayudas.
• Contempla un sistema de adelanto de pagos de las ayudas para facilitar que las personas beneficiarias puedan acceder a una vivienda y pagar la entrada.
• Promueve un tratamiento especial a los jóvenes y favorece el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables o con dificultades.
• Impulsa la figura de los Alojamientos Protegidos.
• Incorpora una serie de medidas específicas para dar salida al stock de viviendas sin vender.
• Apuesta por la vivienda protegida.
• Estimula el alquiler y el alquiler con opción a compra.
• Refuerza los programas de rehabilitación y renovación de tejidos urbanos.
• Incorpora las ayudas a la eficiencia energética en la promoción de viviendas.

Alojamientos Protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos

El artículo 11 del Decreto 173/2009, de 10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, desarrolla lo que son estos Alojamientos Protegidos.

1. Los Alojamientos Protegidos para colectivos especialmente vulnerables se destinarán a albergar a los siguientes colectivos:

a) Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces el IPREM.

b) Jóvenes, menores de 36 años.

c) Personas mayores de 65 años.

d) Mujeres víctimas de violencia de género.

e) Víctimas del terrorismo.

f) Personas afectadas por situaciones catastróficas.

g) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y las familias con dependientes a su cargo.

h) Personas separadas o divorciadas, al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso.

i) Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

j) Personas afectadas por operaciones en áreas de renovación urbana o en áreas rehabilitación integral que sea necesario realojar.

k) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

2. Los Alojamientos Protegidos para otros colectivos específicos se destinarán a albergar a personas relacionadas

con la comunidad universitaria, o personal investigador y científico.

3. Los alojamientos acogidos a este programa deberán reunir las siguientes condiciones:

a) La promoción podrá ser de iniciativa pública o privada.

b) Podrán edificarse sobre suelo al que la ordenación urbanística atribuya cualquier uso compatible con los destinos

de estos alojamientos.

c) Deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios destinados en exclusiva y por completo a esta finalidad.

d) La superficie útil de cada alojamiento será como mínimo de 15 metros cuadrados por persona, con un máximo de 45 metros cuadrados. No obstante, un máximo del 25 por 100 del total de los alojamientos de cada promoción podrá tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, con el fin de poder alojar a unidades familiares o grupos de personas que requieran una superficie mayor a la determinada con carácter general.

e) A efectos de financiación por el presente Decreto, la superficie útil protegida destinada a servicios comunes o asistenciales de las personas alojadas, que deberán estar integrados en el propio edificio o conjunto de edificios, no podrá exceder del 30 por 100 del total de la superficie útil de los alojamientos, con independencia de que la superficie real sea superior.

A estos efectos, también podrán estar protegidas las plazas de garaje vinculadas a los alojamientos, según la normativa municipal. Su superficie útil máxima computable, así como su precio máximo de referencia por metro cuadrado de superficie útil, serán los establecidos para las Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial, cuando se trate de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, o de Viviendas de Protección Oficial de Régimen General, en el caso de los destinados a otros colectivos específicos.

f) La duración del régimen de protección, que excluye descalificación voluntaria, será de carácter permanente mientras subsista el régimen del suelo, si los alojamientos hubieran sido promovidos en suelo destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en suelo dotacional público, y, en todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años, y de 30 años, si las viviendas hubieran sido promovidos en otros suelos, por prescripción de lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 2006/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

4. El régimen de ocupación de estos alojamientos será el alquiler protegido. En todo caso, para la determinación de las cláusulas del contrato de alquiler y su duración, se estará a lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y a las demás circunstancias que se prevean, en su caso, en la Orden que a tal efecto apruebe la Consejería competente en materia de vivienda.

La adjudicación de los Alojamientos Protegidos de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de las Empresas pertenecientes al Sector Público Regional se realizará en consonancia con la normativa vigente de adjudicación de viviendas de iniciativa pública regional.

En http://www.planvclm.es se puede encontrar información y documentación sobre:

- Objetivos sociales y presupuestos del Plan.

- Principales actuaciones y novedades del Plan.

- Guías prácticas de Vivienda de Castilla- La Mancha y estatal.

- Normativa reguladora estatal y de Castilla- La Mancha.

- Ayudas a la Vivienda clasificadas por tipos (6).

- Ayudas a la Vivienda clasificadas por colectivos (33).

- Renta Básica de Emancipación.

- Simuladores de las diferentes líneas de Ayudas del V Plan.

- Información sobre las 8 Oficinas de Vivienda de Castilla- La Mancha: cinco capitales de provincia, Alcázar de San Juan, Puertollano y Talavera de la Reina. Funciones que cumplen, dirección postal y horarios de atención.

- Teléfono 900 11 00 11, es imprescindible pedir cita previa para acudir a las Oficinas.

- Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Pública. Qué es, inscripción, renovación,actualización de datos, baja voluntaria, baja obligatoria, requisitos, descarga

de solicitud, documentación a presentar, resolución de la solicitud.

- Formularios de Solicitud de las ayudas contempladas en el V Plan.

o Ayudas a la Compra de Vivienda.

o Ayudas al Alquiler.

o Ayudas a la Promoción de Viviendas.

o Ayudas a la Adquisición y Urbanización del Suelo.

o Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y Edificios de Viviendas.

o Ayudas para Áreas de Rehabilitación Integral (ARI).

- Información y formulario para promotoras.

- Adjudicación ayudas de Viviendas de Iniciativa Pública Regional y Otras promociones

de Vivienda protegida.