El 1 de marzo de 2019 se hizo público el XIX Dictamen del
Observatorio de la Dependencia, una vez transcurridos 12 años de implantación
del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de Dependencia. El documento, de 52 páginas, analiza la
situación actual de esta ley y su aplicación y proporciona datos de gran
interés. A continuación, presentamos algunas de las evidencias que recoge el
informe.
El 3% de la población española (1.400.000 personas) presenta dependencia en alguno de los grados considerados por la Ley.
Un total de 1.304.312 personas, está actualmente dictaminada
como dependiente, es decir, necesita apoyos para realizar actividades básicas
de la vida diaria, y a estas podríamos añadir otras 100.000 como potenciales
dependientes considerando las 128.568 personas que están pendientes de
valoración a 31 de diciembre de 2018.
El gráfico anterior muestra un incremento neto de 99.444 personas
atendidas en el último año. La lista de espera (“limbo” de la Dependencia) ha
pasado de 310.120 a 250.037 confirmándose así un incremento en la atención, con
60.083 personas menos en espera de recibir la prestación o servicio a la que
tiene derecho respecto en el último año.
Durante 2018, la mayoría de los parámetros de gestión del
SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de
solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han
mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva pero, igual que en los
últimos años, esta “mejora” ha sido en gran medida a base de servicios de menor
coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de
familias y administraciones autonómicas.
La distribución actual de las personas dependientes por
grados es la siguiente:
1.304.312 personas valoradas como dependientes
que precisan
de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades
básicas de la vida diaria (ABVD), o de otros apoyos para su autonomía personal…
Del total de personas valoradas como dependientes, el sistema atiende con alguna de las
prestaciones o servicios indicados en la Ley al 80,8% (1.054.275 personas). El 19,2% restante
(250.037 personas) está aún a la espera de recibir las atenciones a las que tienen derecho.
Lo preocupante es que en el año 2018, la lista de espera se redujo en casi 40.000 personas
para los Grado I mientas que para los Grados II y III se redujo tan solo en unas 20.000
personas. Esto quiere decir que de ninguna forma se prioriza el acceso a prestaciones y
servicios para las personas con mayor dependencia.
Lo que estas estadísticas esconden es una enorme dilación en valorar, resolver y proporcionar
las atenciones diseñadas, muy por encima de los plazos legales (6 meses para todo el proceso).
De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios (65%) son mujeres y un tercio (35%) son hombres. El 72,5% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,5% del total.
La administración general del Estado solo aporta el 20% del gasto público. Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 79,7% restante. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.
En 2018 (con datos a 31 de diciembre) se estima que había más de 247.000 empleos directos
asociados a las atenciones de la LAPAD en España. Hay una ratio de 38 empleos directos por millón de euros de
gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 40%.
La disparidad entre territorios en cuanto al desarrollo del SAAD desgraciadamente sigue siendo
uno de los elementos más definitorios del Sistema. Todo ello supone que en
definitiva las personas dependientes pueden ejercer o no sus derechos dependiendo del lugar
de residencia y no del reconocimiento legal y de su situación de su necesidad de apoyos. Las diferencias entre comunidades siguen siendo muy elevadas, tanto en el al acceso, que en Castilla y León supone en 13,6 % mientras que en Canarias solo el 5,4 %. Dos comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60 % de la lista de desatención; este limbo alcanzan al 32,6 % de las personas con derecho reconocido en Cataluña, y sólo al 1,6 % en Castilla y León; y mientras el coste medio por dependiente atendido es de 5.160 € año en Murcia, en Cantabria asciende a 7.697 €.
Aquí los cuatro bloques que
actualmente establecen las diferencias en la gestión centrándolo en el incremento de las
atenciones y en la reducción de la lista de espera:
- Comunidades con atención plena (inferior al 10% de lista de espera): Castilla y León junto a Ceuta y Melilla y Navarra son los territorios que han logrado con su avance que la lista de espera esté ya recudida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados.
- Comunidades que han progresado positivamente en los dos últimos años: Son la mayoría. Aún tienen listas de espera abultadas pero la tendencia es muy positiva de forma que a este ritmo entrarían en plena atención en menos de dos años: Se trata de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia.
- Comunidades en cierto estancamiento: Parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer. Hablamos de Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco.
- Comunidades en situación preocupante: Finalmente, se trata de territorios donde el actual ritmo de incremento de atendidos es claramente insuficiente como para absorber el “limbo” de la dependencia que tienen por delante. Así ocurre en Andalucía, Cataluña y La Rioja.
En cuanto a Castilla-La Mancha, si se incrementase en 415 millones el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
Castilla-La Mancha recibiría una cantidad adicional de…
21,5 millones de euros
y con ese dinero adicional, 3.373 personas más hubiesen podido ser atendidas y se hubieran creado 826 empleos directos de nueva creación.
A destacar
- La Comunidad de Castilla-La Mancha vuelve a registrar por tercer año consecutivo un crecimiento de las personas atendidas, en esta ocasión del 12,37% respecto al ejercicio precedente. En los últimos tres años ha crecido un 57%, situándose como la tercera Comunidad Autónoma con mejor ratio de todo el país con 27,83 atendidos x 1000hab.
- Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (limbo) al 11%, situándose por debajo de la media nacional.
- Más del 65% nuevas atenciones se han centrado en servicios de proximidad, resultando una de las pocas CCAA en las que la Ayuda a Domicilio se consolida como la principal prestación de su cartera de servicios.
- El Sistema genera ya en la Comunidad de Castilla-La Mancha 15.420 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos tres años más de 5.557 nuevos empleos.
- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aporta al Sistema de la Dependencia más de 331 Mill de €, lo que viene a representar el 83% del Gasto Público, y la AGE 68 Mill €, apenas un 17% del gasto gúblico total.
- En el último año Castilla-La Mancha ha dejado de percibir del Estado 25,6 Mill € como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012.
- Además, de haberse aprobado el incremento los 450 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia la Comunidad Autónoma recibiría 21,5 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 3.373 nuevos dependientes y generarse más de 800 nuevos empleos.
En el año 2018, Castilla-La Mancha ha alcanzado 27,83 etendidos x 1000 habitantes, es decir, ha crecido en los últimos tres años un 54%. Es importante el esfuerzo en la reducción del numero de personas desatendidas (limbo), mas del 74% en los últimos tres años, hasta situarlo en 109,69 desatendidos x 1000 con derecho, muy por debajo de la media nacional.
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Dictamen completo
Dictamen por CCAA
Aplicación de escala sobre el territorio
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