El número de personas que debería
recibir algún tipo de servicio o prestación por su grado de dependencia en
aplicación del reformado calendario de aplicación de la Ley ascendía a 944.345,
con fecha 31 de diciembre de 2013. De
estas, reciben algún tipo de prestación o servicio un total de 753.842
personas, lo que supone que la desatención afecta actualmente a 190.503 personas que forman
parte de lo que en su día dimos en denominar el “limbo” de la dependencia ya
que se trata de personas con un derecho reconocido por su condición valorada de
personas dependientes pero que aún se ven sometidos a dilatados trámites de
puesta en marcha efectiva de un servicio que apoye su autonomía o de una
prestación económica que sustituya la ausencia –demasiado frecuente- de
servicios adecuados.
Uno de los mensajes repetidamente
“triunfalistas” que lanza el IMSERSO es que se ha reducido significativamente
el número de personas con derecho reconocido a atención que permanece a la
espera de la misma. Ese dato –aisladamente considerado- es cierto y se
comprueba fácilmente si observamos que en diciembre de 2011 las personas a la
espera de servicio o prestación eran 305.941 y que hace un año eran 231.119.
El problema de este dato es que
la reducción de la desesperante lista de espera no se ha producido por un
incremento de las atenciones, sino por todo lo contrario.
Podríamos pensar –y ese es el
sesgo metodológicamente bochornoso que se ha pretendido dar al dato- que la
reducción de más de 100.000 personas de la lista de espera se ha producido
porque ahora ya reciben atención. Nada más lejos de la realidad. El incremento
neto de atenciones en ese intervalo de tiempo (los dos años que toma el IMSERSO
como referencia por conveniencia de los datos) habría sido de 15.255 personas de
las cuales 2.291 personas corresponderían al último año.
La explicación es tan obvia que
produce hasta sonrojo tener que detenerse en ella. Si el incremento neto de
personas atendidas en los dos últimos años ha sido de 15.255 y había nada menos
que 305.941 a la espera de atención que se han convertido en 190.503, ¿dónde
están los 115.438 restantes?
Quizá se entienda mejor si se
observa gráficamente:
No se ha reducido la lista de
espera por procurar atenciones sino simplemente porque se causa baja antes de
recibir la atención. Que algo tan trágico como esto sea “vendido” como un éxito es no afrontar la realidad palmaria de que los recortes
han ayudado, sin duda, a colapsar un sistema que no puede dar abasto a más de
750.000 personas.
Las personas atendidas en todo
ese tiempo han estado en el entorno de 750.000 y se han mantenido constantes,
incluso reduciéndose salvo en el último trimestre de 2013, de lo que se infiere
que la práctica totalidad de las bajas se ha producido por dos factores:
PRIMER FACTOR- La pérdida de derecho a
atención que se produjo en enero de 2012 (primer RD-Ley del gobierno de Rajoy
sobre este asunto que retrasaba el plazo para que entrase en vigor el derecho a
atención a los dependientes con grado I y nivel 2) lo que afectó directamente a
unas 30.000 personas.
SEGUNDO FACTOR- Los fallecimientos producidos
antes de recibir ninguna atención.
Esto habría podido afectar a más
de 70.000 personas.
Las sucesivas reformas de la Ley
han provocado dos efectos evidentes: la reducción del número de personas con
derecho a atención y la falta de recursos suficientes.
Vista con esta perspectiva, la
evolución del ritmo de atenciones del sistema (pensando en las más de 190.000
personas en lista de espera), no ofrece más que síntomas para la preocupación.
El peso relativo de la PECEF
sigue siendo muy elevado si bien se aprecia una ligerísima disminución respecto
a los servicios o a la prestación económica vinculada.
En todo caso, de momento no ha
ocurrido algo que temíamos que sucediese vistas las restricciones
presupuestarias a que se está sometiendo al sistema: la minoración de los
servicios dado su mayor coste frente a las prestaciones económicas.
La disminución en el número de
atenciones prestadas, contrariamente a lo que pudiera parecer, no ha servido
para proporcionar “ahorros” en el sistema. Ello se debe a que las prestaciones
que se incrementan son de mayor coste que las que disminuyen de manera que el
saldo final es de ligerísimo incremento del gasto entre los trimestres del
último ejercicio:
Un ligero incremento en la prestación
de servicios de residencia absorbe todo el ahorro que se pudiera producir por
la reducción del número de personas cobrando prestación por cuidados en el
entorno.
De hecho, la relación entre nº de
atendidos y costes de atención para el sistema presentaría el siguiente
aspecto:
La atención residencial
dispensada a un 16,2% de atendidos consume el 51,1% de los recursos mientras
que la PECEF dispensada a la mitad de las personas dependientes con PIA no
llega al 24% de los costes globales de atención en 2013.
En el caso de la ayuda a
domicilio, en años anteriores la proporción atendidos / gasto era similar, si
bien ha descendido debido a la reducción practicada en las horas de atención.
Aun considerando el incremento de
gasto por trimestres en la última parte de 2013, el gasto considerado
anualmente presenta una leve disminución respecto al estimado para 2012.
En definitiva, asistimos a una
minoración de la financiación estatal que ha repercutido en una reducción del
gasto público global, sin que las CC.AA., también involucradas en la reducción
del déficit, puedan soportar dicha minoración y a un intento (que no sabemos si
realmente dará resultados) de pasarle la factura al ciudadano por la vía del
incremento del copago (o del descuento en el caso de las prestaciones
económicas).
No podemos finalizar este
apartado sin hacer una alusión al impacto que sobre el sistema de servicios
sociales en general ha tenido la implementación de la política de atención a la
dependencia y su posterior y paulatino freno cuando no destrucción.
Es incuestionable que tal y como
se diseñó el sistema, las atenciones proporcionadas a las personas en situación
de dependencia han sido exclusivamente aportadas por los sistemas autonómicos y
locales de servicios sociales mientras que el sistema sanitario no fue
incorporado al mismo.
Esos esfuerzos que se requirieron
al sistema de servicios sociales, en el actual contexto de incremento
exponencial de la demanda por efecto de la crisis (con un avance de la pobreza
y de la exclusión social inaudito en un país desarrollado) han empeorado aún
más la escasa capacidad de respuesta del sistema ante el empeoramiento de las
condiciones de vida de la población.
Recientemente se ha publicado el
Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel
mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Esta norma modifica en sistema de
financiación del Nivel Mínimo en una dirección que este Observatorio lleva
planteando desde su primer dictamen. Se trata de financiar en función de los
servicios efectivamente prestados y no en función del grado y nivel de
dependencia de cada persona.
A partir de este año se ponderará
la relación servicios/PECEF favoreciendo a aquellas CCAA que prestan más
servicios y que, por tanto, incurren en mayor gasto. Aplaudimos la iniciativa y
creemos que el modo de implantarla es adecuado (progresivo hasta 2018 partiendo
de un 10% de la financiación hasta un 50% de la misma sometida a dicho
criterio).
El impacto inmediato estimado
para 2014 podría ser el siguiente:
En el primer año de implantación
del sistema (2014) estimamos que habrá siete CC.AA. que obtendrán incrementos
en la parte del Nivel Mínimo que reciben de la AGE, mientras que otros 10
territorios verán disminuida la aportación estatal.
Si no se modificasen las pautas
de atención (y sabemos que modificarlas en mucho más complejo y lento de lo que
parece) el porcentaje de ganancia o pérdida se incrementa cada año en igual
valor, de manera que La Rioja o Castilla y León podrían llegar a ver
incrementado el Nivel Mínimo en más de un 20% en 2018, mientras que Baleares o
Canarias podría sufrir pérdidas de hasta un 30% en la financiación del Nivel
Mínimo.
A este respecto cabe decir
algunas cosas:
- Los territorios que prestan más
servicios y menos PECEF incurren en un mayor gasto autonómico y parece lógico
que este mayor gasto se compense.
- Estas CC.AA. en las que
prevalecen los servicios, además, generan una mayor aportación al conjunto por
la vía de los retornos directos, indirectos e inducidos de esta actividad,
mientras que los territorios en los que prevalecen las PECEF generan mucho menos
aporte a la balanza global.
- Existe no obstante un peligro
importante de que se dé un cierto “efecto Mateo” en la Dependencia de manera
que algunos de los territorios que peor han gestionado y que se encuentran con
mayor población desatendida vean además reducida su financiación y les resulte
aún más difícil ponerse al día en atenciones. Bien es cierto que para impulsar
la actuación de dichas CC.AA. bien se podría rehabilitar el Nivel Acordado de
financiación en una dinámica de solidaridad interterritorial.
- Finalmente, si bien el nuevo
sistema de reparto puede ser plausible, no lo es en absoluto la variable
esencial: la cantidad a repartir por parte de la AGE. Esto conlleva que el
primer año 2014, de la congelada aportación estatal, un 10% se distribuye entre
las CCAA considerando el volumen de atendidos y los servicios que reciben. El
segundo año (2015) ese porcentaje se eleva al 20% y así sucesivamente hasta
llegar al 50% de la aportación estatal. Sin embargo se trata de una “pelea por
los fondos” entre CC.AA. en un circuito cerrado en el que la aportación estatal
es siempre la misma o incluso menor. Esto significa que si no se incrementa el
importe de la aportación estatal sustancialmente, seguimos en un sistema
tramposo e imposible de soportar para los gestores autonómicos.
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se confirma que el
Sistema de Atención a Se confirma que el Sistema de Atención a la Dependencia
está sufriendo un estancamiento o colapso, ya que el volumen de atención se ha estabilizado
en torno a 750.000 personas, umbral en el parece el parece estar su máxima
capacidad de atención tras los sucesivos
recortes (y siempre que éstos no lo debiliten aún más en un futuro).
Por supuesto que nos referimos
exclusivamente al volumen de beneficiarios atendidos, sin considerar otros
aspectos que debilitan o colapsan el Sistema como consecuencia de estos
recortes, que tienen como consecuencia la reducción de las prestaciones que
oferta: escasez de las prestaciones económicas, limitación de compatibilidades
entre servicios, reducción de la intensidad del SAD…
Durante el año 2013 el promedio
de incorporación PIAs/mes (saldo neto según los datos oficiales SAAD) fue de
191 incorporaciones. En el año anterior -2012- se produjeron 1.080
incorporaciones mensuales, dato que en 2011 alcanzaba una media de
incorporaciones/mes de 6.724.
De continuar este ritmo de
incorporación de beneficiarios al Sistema, y aun suponiendo que no se
incorporaran nuevos beneficiarios, serían necesarios 83 años para acabar con el
actual Limbo de la Dependencia.
El estancamiento en el número de
beneficiarios se ha producido cuando todavía quedan casi 200.000 personas con
el derecho reconocido y pendientes de recibir atención, con lo que no se trata
de un estancamiento “natural”, una vez concluido un periodo de crecimiento a lo
largo del proceso de implantación del Sistema, sino que es consecuencia de los
recortes. En definitiva, el límite del Sistema debería estar en torno al millón
de beneficiarios y no en los 750.000 en los que se ha estabilizado. Y eso considerando
sólo los Dependientes Severos (Grado II) y Grandes Dependientes (Grado III),
que son los que actualmente atiende el Sistema.
Cuando se incorporen los
Dependientes Moderados (Grado I) en 2015 y años sucesivos, será cuando podremos
apreciar cabalmente cual es el verdadero volumen de potenciales beneficiarios
del Sistema.
SEGUNDA.- La reducción del llamado Limbo de la Dependencia –personas con derecho
reconocido, que están a la espera de recibir las prestaciones o servicios correspondientes-
servicios correspondientes--- en más de cien mil personas en los en más de cien
mil personas en los en más de cien mil personas en los dos últimos dos últimos
años no es consecuencia de que se esté atendiendo a más personas, sino fundamentalmente del
fallecimiento de muchas sin recibir las atenciones que les corresponde.
Más de la mitad de los
potenciales beneficiarios (Grandes Dependientes y Dependientes Severos), tienen
más de 80 años, por lo que el importante ritmo de los fallecimientos sin
recibir atención es lo que marca fundamentalmente la reducción del Limbo de la
Dependencia, y no –como quiere hacerse creer- la acción gubernamental.
Por eso es perversa –y cruel- la
autocomplacencia del Ministerio cuando exhibe esta reducción del Limbo como un
éxito en su gestión ¿Puede haber mayor perversidad y descaro que atribuirse
como éxito que decenas de miles de personas fallezcan esperando recibir las
atenciones de derecho que les han sido reconocidas?
Cierto que los fallecimientos no
constituyen la única causa de reducción del déficit: las numerosas revisiones
de oficio del Grado ya reconocido (muchas de dudosa legalidad) con un nuevo
baremo (más restrictivo) hace que muchas personas pierdan los derechos ya
reconocidos.
TERCERA.- El nuevo baremo
endurece la entrada de be El nuevo baremo endurece la entrada de beneficiarios
al Sistema, así como el Grado que se les reconoce. Así mismo, las revisiones de
oficio, como hemos dicho, hacen incluso que personas con derecho reconocido
dejen de tenerlo, o que bajen de un Grado III a un Grado II. Resulta cuando
Grado IImenos curioso el espejismo de que con actual Gobierno de la nación ha
mejorado el estado de salud y las capacidades del colectivo de personas en
situación de dependencia, ya que se ha reducido considerablemente el número de
Grandes Dependientes, muchos de los cuales han pasado a ser valorados como
Dependientes Severos; de la misma manera, muchas personas que tenían reconocido
el grado de Dependientes Severos, han pasado a ser Moderados, y otros tantos
Moderados simplemente a no tener reconocido ningún grado de dependencia.
Es posible –eso nos dicen los
profesionales valoradores- que el actual baremo haya sido mejorado respecto al
anterior, pero es muy discutible que se pueda utilizar como herramienta para
reducir sistemáticamente los grados ya valorados y, como consecuencia, reducir
los apoyos que reciben las personas que ya habían sido valoradas.
CUARTA.- Se constata una efectiva
reducción del gas Se constata una efectiva reducción del gasto de las
Administraciones Públicas en atención a la Dependencia, lo que expresa una
preocupante tendencia que va más allá de la estabilidad en el número de
beneficiarios. Esta reducción del gasto se estima en un 4% en 2013 respecto a
2012 (212 M€ menos)
QUINTA.- La Administración
General del Estado está incumpliendo clamorosamente sus obligaciones legales en
materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. Tras la
supresión del nivel acordado,la Administración General del Estado sólo contribuye
a la financiación del Sistema en el nivel mínimo (una cuantía por beneficiario
en función de su Grado reconocido). Pues bien, el resultado es que el esfuerzo
de las Administraciones Públicas es aproximadamente un 25% por parte de la
Administración General del Estado y el 75% restante por parte de las
Comunidades Autónomas. Sin embargo la Ley establece que esta financiación
pública (detraído ya el copago) debería ser igualitaria por parte de ambas
Administraciones.
Es importante exigir a la
Administración General del Estado que cumpla la Ley:
Si para acercarse a este
objetivo, y Si para acercarse a este objetivo, y la Administración General del
Estado duplicase su actual aportación al Sistema, p Estado duplicase su actual
aportación al Sistema, pasando de los asando de los aproximadamente 1.317
millones de euros a 2.634, todavía lejos de cumplir la obligación legal de
alcanzar una cuantía similar a la que aportan las Comunidades Autónomas (3.837
millones de euros), se podría conseguir una importantísima reducción del L
podría conseguir una importantísima reducción del Limbo de la Dependencia (esta
vez sí, por incremento de la capacidad de atención del Sistema). Se lograría
también un importantísimo efecto sobre el efecto sobre el empleo, superior a
30.000 puestos de trabajo, un re empleo, superior a 30.000 puestos de trabajo,
un resultado de extraordinaria trascendencia en momentos como los a
extraordinaria trascendencia en momentos como los actuales.
Pero además esa inversión estatal
de 1.317 millones, en la práctica supondría un gasto real supondría un gasto
real de unos 839 millones, de unos 839 millones, de unos 839 millones, con la
actual tasa de con la actual tasa de recuperación del 36,31% en el sector
recuperación del 36,31% en el sector el 36,31% en el sector (podría ser mucho
más elevada aún si se incrementara el porcentaje de servicios respecto a
prestaciones económicas); es decir, que por cada millón de euros invertidos, el
Estado recupera 363.100 € en el mismo ejercicio, en base a impuestos y
cotizaciones a la seguridad social.
Por cierto, no es descabellado
afirmar que la Administración General del Estado no realiza ninguna inversión
efectiva en el Sistema de Atención a la Dependencia, ya que si en 2013 destinó
al mismo 1.317 millones de euros, a cambio los retornos estimados considerando
las considerando las atenciones SAAD fueron en ese mismo ejercicio 1.869,
atenciones SAAD fueron en ese mismo ejercicio 1.869,6 millones de 6 millones de
euros; unos retornos que en un porcentaje muy eleva euros do corresponden a
impuestos como el IRPF, el IVA o a cotizaciones a la SeguridadSocial, de las
cuales el principal destinatario en primera instancia es precisamente la
Administración General del Estado.
SEXTA.- En un Sistema que nació
con el objetivo de garantizar un nivel básico y homogéneo de protección para
todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, resulta un estrepitoso
fracaso constatar que las diferencias entre Comunidades no sólo no se reducen
sino que se incrementan, hasta extremos inadmisibles. Como ejemplo, un
ciudadano que vive en Canarias tiene una quinta parte de posibilidades que otro
que vive en Cantabria, de ser beneficiario del Sistema de Atención a la
Dependencia (en Cantabria se beneficia del Sistema un 2,5% de su población,
mientras que en Canarias sólo un 0,54%); más de la mitad delas personas a las
que se reconoce el derecho a la atención por su situación de dependencia, están
a la espera de recibir las prestaciones o servicios que les corresponde en el
caso de Canarias (52,74%), mientras que en Castilla y León sólo el 1,66% están
en este Limbo de la Dependencia; si en la Comunidad de Murcia más de las tres
cuartas partes de quienes reciben atenciones del Sistema lo hacen en forma de
prestación económica por cuidados en el entorno familiar (76,4%), en Galicia
este porcentaje es menos de la mitad (31,2%); por último, y quizás esto sea el
resumen de estas extremas diferencias, el gasto público en atención a la
dependencia en 2013 en Canarias (39,08 euros por habitante) fue menos de una
cuarta parte que el de Cantabria, con 174,35 euros por habitante. Aún
admitiendo que el número de potenciales dependientes encada territorio
presentará diferencias debidas a los factores edad y discapacidad, éstas no
serían nunca tan acusadas como muestran estos datos.
SÉPTIMA.- El Servicio El Servicio
El Servicio de Ayuda a Domicilio, uno de los servicios estratégicos en atención
a la dependencia, se encuentra en una situación de riesgo de perder ese papel
tan importante y de sufrir en los próximos meses un acusado deterioro que
afectaría en primer lugar a muchas personas y a muchas personas y familias que
necesitan este servicio, y colateralmente supondría una gran destrucción de
empleo. Así se puede apreciar ya en destrucción de empleo 2013, con la pérdida
de4.333 beneficiarios de este servicio, lo que supone la pérdida, así mismo, de
unos 1.500 empleos, casi todos ellos femeninos.
Hay un conjunto de circunstancias
que nos llevan a pensar que el Servicio de Ayuda a Domicilio puede sufrir un
deterioro todavía mayor a corto y medio plazo: el Decreto que reduce su
intensidad -lo que disminuye considerablemente su eficacia para atender las
necesidades de Grandes Dependientes y Dependientes Severos-, el copago,
especialmente gravoso para la inmensa mayoría de las familias en una coyuntura
como la actual y, unido a todo ello, los previsibles efectos de la Reforma
Local recientemente aprobada, y que podría considerar la Ayuda a Domicilio como
un servicio ajeno a las competencias municipales.
Dicho esto, se aprecia un ligero
crecimiento de otros servicios (residencias y centros de día) si bien estos
datos proceden prácticamente en su totalidad de dos Comunidades Autónomas. La
Prestación vinculada si ha tendido al crecimiento más generalizado lo que,
puede haber sido un elemento importante para que no se destruyera más empleo en
el sector.
OCTAVA.- Existen serios indicios
de que el IMSERSO puede estar manipulando la información que ofrece en cuanto al
Sistema de Atención a la Dependencia. Realizamos esta comprometida afirmación
basándonos enalgunos datos más que sorprendentes, que rompen toda lógica de
tendencia especialmente en los últimos meses de 2013, y a que no coincide la
información que ofrece el IMSERSO en sus estadísticas oficiales del SAAD, con
la que las propias Comunidades dan en sus páginas oficiales sobre los mismos
conceptos. Es sabido que esos datos autonómicos no son, generalmente,
homogéneos y por tanto no son comparables, pero otra cosa bien distinta es que
tampoco coincidan las tendencias. Constituye una exigencia de racionalidad para
el Sistema conocer sus datos con rigor; pero sobre todo, constituye un
imperativo democrático la transparencia –sí, también en esto hay que hablar de
transparencia, por ser el resultado de una intervención pública- y la
veracidad.
NOVENA.- La nueva fórmula de
financiación del Nivel Mínimo de la AGE a las CC.AA. podría significar una
mejora al financiar más a las CCAA que más invierten en servicios, pero los
efectos positivos se frustran ante la congelación de la financiación de dicho
nivel. El efecto real va a ser –a lo largo de la implantación progresiva- que
las diferencias entre territorios se agudicen, dándose un “efecto Mateo” entre
Comunidades de manera que algunas de las que peor gestión han realizado lo van
a tener aún más difícil en el futuro por recibir paulatinamente menor
financiación, lo que finalmente impactará negativamente sobre sus ciudadanos,
rompiendo, de nuevo el espíritu de universalidad de este derecho y de equidad
interterritorial.
DÉCIMA.- El modelo de
financiación El modelo de financiación El modelo de financiación continúa
siendo tramposo continúa siendo tramposo y asfixiante y asfixiante para las
CC.AA. Considerando que en estos momentos para las CC.AA. están encima de la
mesa aspectos tan relevantes como la financiación autonómica y local, creemos
ha llegado el momento de replantearse si esta política social nodebería formar
parte del ámbito de la LOFCA con el mismo rango que la educación o la sanidad.
De lo contrario, estamos seguros, la precariedad con que está siendo tratada
está convirtiendo la Ley en inoperante y –ya lo es- desesperante para las
personas dependientes.
La AGE está incumpliendo su
compromiso de financiación con esta Ley.
Quedan dos caminos: cumplirla
aportando el 50% del importe del gasto público real o inscribir la financiación
en el global de la financiación autonómica mediante un sistema que financie, al
menos, en esa medida y que asegure que las CCAA puedan cumplir con las
obligaciones contraídas con la población en situación de dependencia.
Lo contrario será asistir a una
muerte lenta de esta Ley que, no lo olvidemos, atiende a una necesidad
estratégica que va mucho más allá del aquí y el ahora.
Puntuación C-LM. 5,4/10
1.- PERSONAS BENEFICIARIAS SOBRE TOTAL POBLACIÓN
2.- SOLICITUDES SOBRE TOTAL POBLACIÓN
3.- DICTAMENES SOBRE EL TOTAL POBLACIÓN
4.- PERSONAS CON DERECHO PENDIENTES DE PRESTACIÓN O SERVICIO
5.- EQUILIBRIO PRESTACIONES/SERVICIOS
6.- INTEGRACIÓN EFECTIVA EN LA RED LOCAL DE SERVICIOS
SOCIALES
7.- INCREMENTO PERSONAS ATENDIDAS ULTIMOS 12 MESES
8.- APORTACIÓN EFECTIVA DE LA CC.AA. POR HABITANTE Y AÑO
9.- INCREMENTO/PERDIDA EXPEDIENTES ACTIVOS GRADO III
10.- INNOVACION Y BUENAS PRÁCTICAS
11.- INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
12.- MODELO DE SEGUIMIENTO
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