HETAIRA: Nuestra experiencia en lucha por los derechos de las prostitutas

Transcribimos una parte de la ponencia "Hetaira: nuestra experiencia en lucha por los derechos de las prostitutas presentada", presentada por Silvia García, trabajadora social del Colectivo Hetaira de Madrid, en la II Jornada de Trabajo Social organizada por la E.U.T.S. del País Vasco y el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Vitoria. Tuvo lugar el 2 de abril de 2009 y todos los trabajos presentados se reúnen bajo el lema "Hacia una intervención con perspectiva de género".

Hablar de feminismo y prostitución es hablar de dos realidades conflictivas que, en un momento de la historia, encontraron un punto de intersección: a comienzos de la década de los noventa, algunas feministas con la inquietud de discutir algunos temas hasta entonces casi tabúes dentro del movimiento de Madrid, organizaron unas jornadas a las que invitaron a participar a dos prostitutas.

Una de ellas era Carla Corso, del Comité por los Derechos Civiles de las Prostitutas Italianas, y la otra, Purificación Gutiérrez, trabajadora de la zona centro de Madrid que después sería cofundadora de Hetaira. Tras este primer encuentro y durante algunos años, estas mujeres continuaron sus reuniones con prostitutas y transexuales femeninas de nacionalidad española para conocerse y aprender a compartir un mismo lenguaje. Ese tiempo fue decisivo para comprender el mundo de la prostitución -muy apartado de nuestras vidas- y para entender sus preocupaciones.

Las feministas de entonces y las demás cuando nos acercamos por primera vez a este tema, arrastramos ideas interiorizadas, de las que no nos es fácil desprendernos. Se critica a las putas por el hecho de serlo y se promociona la idea de que es el peor oficio que una mujer puede realizar, no sólo por las condiciones en las que se ejerce sino también por lo que significa para las mujeres en general que unas pocas vendan servicios hechos con su cuerpo y, particularmente, a través del sexo.

Mis compañeras más veteranas comenzaron a fraguar la posibilidad de un proyecto, en un tipo de experiencias organizativas más novedosas, -que no tenían que ver con el asistencialismo-, que se estaban fraguando desde los años 80 en países como Estados Unidos y Holanda, organizaciones en las que prostitutas y feministas exigían derechos para quienes trabajan en la industria del sexo.

Optamos por trabajar con el sector de prostitutas olvidado porque eran quienes mayor desprotección encontraban a la hora de ejercer, las más visibles y las más indeseadas, por tanto, quienes mayor apoyo y autoapoyo necesitaban. Conforman el grupo de las “malas mujeres”, las “viciosas”, las que escapan del control de la sexualidad patriarcal, las que no se sienten “objeto” sino “sujeto”; las que tienen varias relaciones sexuales al día, las que cobran dinero por ello, las que inquietan a toda la sociedad. Incluso los sectores feministas abolicionistas de la prostitución, las acusan de “traidoras”. Y éstas fueron las mujeres con quienes quisimos establecer una alianza. Generar lazos de solidaridad entre mujeres es, al fin y al cabo, el espíritu del feminismo.

Hubo un largo camino que recorrer, así nació HETAIRA, un colectivo de mujeres muy heterogéneo (sin excluir la participación de hombres), que nos dedicamos a la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo. Nuestro objetivo principal fue siempre el tener la posibilidad de crear “con” ellas, y “junto” a quiénes deseaban continuar ejerciendo una organización que reivindicase sus derechos y mejorase sus condiciones de vida y su salud física y psíquica. Prostitutas y no prostitutas trabajando en un único proyecto. El nombre de la asociación, HETAIRA, hace referencia a las mujeres que se prostituían en la Antigua Grecia y que gozaban de una gran consideración social, tenían acceso a la cultura, llegando incluso, algunas de ellas, a casarse con altos dirigentes de la polis.

Nuestra sede está ubicada en el centro de Madrid, cerca de una zona de ejercicio de prostitución callejera. Queríamos establecernos en un espacio, un lugar de encuentro, donde poder socializar problemas y buscar soluciones. Nuestra filosofía pasa por no considerar a las prostitutas ni víctimas ni esclavas y esta filosofía ha marcado evidentemente nuestra actuación cotidiana.

¿Cómo trabajamos?

Nuestros planteamientos teóricos se traducen en la praxis en varios objetivos:

• Acabar con el estigma, es decir, la visión tan peyorativa y discriminatoria que tiene la sociedad

en su conjunto hacia ellas. Gail Petherson afirma que “esta estigmatización es el eje fundamental

de la definición misma del trabajo sexual”.1 El estigma significa ser siempre considerada una puta y que toda tu vida se vea reducida a esa categoría y todos sus actos se van a juzgar desde ese prisma.

La estigmatización de las prostitutas es un elemento fundamental de la ideología patriarcal, es un

instrumento de control para que las mujeres nos atengamos a los estrechos límites que, aún hoy,

encorsetan la sexualidad femenina. Las putas representan todo aquello que una mujer “decente” no debe hacer y su criminalización sirve para escarmentar en cabeza ajena.

La estigmatización está íntimamente ligada al concepto de exclusión social, el cual alude a procesos, situaciones y mecanismos bajo los que una parte de la población, personas, grupos o territorios quedan al margen de la participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social. La exclusión social implica, en su raíz, una cierta imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido, que nos remite a un hipotético orden social en términos de “deber ser”.

[...] uno de los objetivos principales de nuestro trabajo en Hetaira es la lucha contra la estigmatización de las prostitutas, teniendo en cuenta que la interiorización del estigma es uno de los elementos que más dificultan el que las trabajadoras del sexo puedan erigirse como sujetos sociales y dotarse de autoridad para defender sus propios intereses. Quienes no pueden superar la vergüenza y la marca de ser puta negarán a menudo dedicarse al ejercicio de la prostitución. Se espera de ellas el arrepentimiento y la victimización, no el orgullo y la dignidad.

• Apoyo concreto en sus problemas cotidianos, con atención individualizada.

• Promover lazos de solidaridad y apoyo que sirvan para generar embrión organizativo. No es fácil esta tarea, ya que los horarios dispares, la movilidad, la competitividad por el trabajo en las zonas, las diferentes prácticas sexuales que ofertan, las distintas formas de trabajar, la variedad de nacionalidades, la falta de documentación entre las inmigrantes, el no querer identificarse como prostitutas… son escollos difíciles de salvar. Un ejemplo muy claro de solidaridad entre compañeras, ocurre cuando hay grupos de chicas que trabajan juntas y se cuidan fijándose en las matrículas de los coches de los clientes y controlan el tiempo que tardan en volver sus compañeras, por si les pudiera suceder algo.

• Mediación en los conflictos que puedan surgir entre las trabajadoras como entre el vecindario

o la administración. La última acción organizada en la calle, a la que invitamos a vecinos y comerciantes, consistió en un evento que bautizamos como Pasarela Lumi-Fashion (Junio 2008) cuyo irónico lema era: “Moda que levanta... pasión”. Un grupo de trabajadoras del sexo de la calle se convirtieron en modelos de pasarela por un día para reivindicar la convivencia pacífica entre las chicas de la calle, los pequeños comerciantes y el vecindario; y no quedar excluidas ante la idea de un gran grupo inmobiliario de convertir el barrio Universidad en una zona fashion de la ciudad.

• Reforzar su capacidad de negociación para conseguir mayor autonomía y su autoafirmación como mujeres; creemos que es necesario aceptar su decisión, luchar por dignificar el ejercicio de la prostitución y a las propias prostitutas. Reivindicar unas condiciones dignas de trabajo, con derechos como trabajadoras del sexo y que dispongan de instrumentos legales para enfrentarse a los abusos de todo tipo que se dan frecuentemente (clientes, dueños de clubes…).

• Promover la conciencia sobre el reconocimiento de derechos para influir en las políticas que se planteen a nivel institucional, político o legal. Por eso intentamos acudir a todos los foros donde nos invitan y mantenemos debates con público diverso intentando hacer llegar nuestras propuestas, facilitando la comprensión de la realidad social que conocemos y que se cree opinión, al menos,que se cuestione la doble moral establecida.

[...] Por tanto, para favorecer la ruptura de barreras trabajamos desde nuestro local, a pie por la zona centro y con una Unidad Móvil que recorre los diferentes espacios de ejercicio al menos una vez por semana. Con la libertina, nuestra furgoneta, habilitada como un salón rodante, actuamos como un recurso de proximidad integral, ya que por las circunstancias personales y de trabajo, a veces les resulta complicado acercarse a nuestra sede; por ello, realizamos parte de nuestro trabajo in situ. De esta manera intentamos mantener relaciones de continuidad con las trabajadoras del sexo, un contacto personal y en el medio en el que trabajan. Esto nos facilita el conocimiento de las zonas y la intervención caracterizada por el apoyo mutuo. Observamos cómo y en qué condiciones trabajan, las relaciones que se establecen entre compañeras y con lo que las rodea.

Realizamos tareas de apoyo y contención, asesoramos desde diversos ámbitos, fomentamos el debate, escuchamos. Complementario a todo esto, lo que verdaderamente nos define es la relación de “tú a tú”, la posibilidad de que nos demanden lo que necesitan, la relación de retroalimentación, que sólo puede darse si somos compañeras para luchar por los derechos. Y consideramos importante apoyar su autoorganización.

Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural “Vivir juntos con igual dignidad"

El Movimiento Contra la Intolerancia nos ha hecho llegar su publicación Cuadernos de Análisis nº 37, dedicado al "Diálogo Intercultural y Derechos Humanos. Libro Blanco del Consejo de Europa". Copiamos aquí algunos textos (si te interesa el documento completo, pincha encima del título):

En el apogeo del “Estado-nación” en Europa, entre 1870 y 1945 aproximadamente, prevalecía la idea de que las personas que vivían dentro de las fronteras de un Estado debían asimilarse al modelo de vida predominante en el mismo, que servía de base para la socialización de las generaciones siguientes – en particular, a través de rituales nacionales, algunas veces nacionalistas. Sin embargo, en los últimos siglos, Europa ha vivido otras experiencias más positivas, por ejemplo, durante determinados períodos de la historia de Europa Central y Oriental, que nos ayudan a comprender el modo en que las diferentes culturas y religiones coexistían en la tolerancia y el respeto mutuos.

En lo que se convirtió en la parte occidental de la Europa dividida tras la guerra, la experiencia de la inmigración se asoció con un nuevo concepto del orden social, conocido como multiculturalismo. Este modelo preconizaba el reconocimiento político de lo que se percibía como un sistema de valores diferente (el de las comunidades minoritarias) al mismo nivel que el de la mayoría “de acogida”. Aunque el multiculturalismo se alejaba radicalmente del asimilacionismo, compartía con frecuencia la misma concepción esquemática de una sociedad estancada en una oposición entre mayoría y minoría; sólo difería del asimilacionismo en que defendía más bien la separación de la minoría que su asimilación a la mayoría.

La Declaración de Opatija (2003) rechazó este paradigma. Al definir la “diversidad cultural”, afirma que este principio no puede aplicarse exclusivamente en términos de “mayoría” o “minoría”, ya que este esquema pone de relieve las culturas y las comunidades, y las clasifica y estigmatiza de manera sistemática, hasta el punto de que el comportamiento social y los estereotipos culturales se asocian con la situación respectiva de los diferentes grupos. Las identidades que coinciden en determinados aspectos no son contradictorias; por el contrario, constituyen puntos fuertes y ponen de relieve posibles puntos de convergencia.

A pesar de las buenas intenciones que le impulsaron, muchos consideran en la actualidad que el multiculturalismo ha favorecido la segregación de las comunidades y la incomprensión mutua, y que ha contribuido al debilitamiento de los derechos de las personas – en particular, de las mujeres – dentro de las comunidades minoritarias percibidas como actores colectivos. Es preciso reconocer que la diversidad cultural de las sociedades actuales es un hecho empírico. Sin embargo, durante la consulta celebrada, los Estados interrogados señalaron en repetidas ocasiones que el multiculturalismo ya no era una política que gozaba de su beneplácito.

Ninguno de estos modelos, ni la asimilación ni el multiculturalismo, se aplica íntegramente en ningún Estado. Algunos de sus elementos se combinan con el nuevo paradigma interculturalista, que integra los mejores principios de ambos modelos. De la asimilación, adopta la prioridad que se concede a la persona, y del multiculturalismo, el reconocimiento de la diversidadcultural. Añade un nuevo elemento, esencial para la integración y la cohesión social: el diálogo, sobre la base de una igual dignidad y de valores comunes.

[...]

En el “Libro Blanco sobre el Diálogo Intercultural” se sostiene, en nombre de los gobiernos de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, que nuestro futuro común depende de nuestra capacidad para proteger e impulsar el respeto de los derechos humanos, tal y como están consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la democracia y el Estado de derecho, y para promover el entendimiento mutuo. Se defiende asimismo que el enfoque intercultural ofrece un modelo con visión de futuro para gestionar la diversidad cultural.

El diálogo intercultural tiene una importante función que desempeñar a este respecto. Por una parte, nos permite evitar las divisiones étnicas, religiosas, lingüísticas y culturales. Por otra, nos permite avanzar juntos y reconocer nuestras diferentes identidades de manera constructiva y democrática conforme a valores universales comunes.

Por diálogo intercultural se entiende un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuos. La libertad y la capacidad para expresarse, pero también la voluntad y la facultad de escuchar las opiniones de los demás, son elementos indispensables. El diálogo intercultural contribuye a la integración política, social, cultural y económica, así como a la cohesión de sociedades culturalmente diversas. Fomenta la igualdad, la dignidad humana y el sentimiento de unos objetivos comunes. Tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del mundo; reforzar la cooperación y la participación (o la libertad de tomar decisiones); permitir a las personas desarrollarse y transformarse, además de promover la tolerancia y el respeto por los demás.

Vamos a poner un ejemplo extraído del propio Libro Blanco. Se trata de la Igualdad de género como una de las condiciones del diálogo intercultural:

La lucha contra la desigualdad de género no debería dar lugar a estereotipos insidiosos. Es preciso subrayar que es injustificado establecer una relación entre “comunidades minoritarias” y “desigualdad de género”, como si todo fuera perfecto en la comunidad “de acogida” y todo lo que está relacionado con las minorías y las personas que practican ciertas religiones planteara un problema. Si la experiencia de las mujeres coincide en parte de una comunidad a otra, esto es precisamente porque ninguna comunidad tiene el monopolio de la igualdad o la desigualdad de género.

La igualdad entre las mujeres y los hombres confiere una dimensión positiva al diálogo intercultural. La complejidad de la identidad individual permite solidaridades que son inconcebibles desde una perspectiva comunitaria y estereotipada. El hecho de que la desigualdad de género sea una cuestión transversal significa que los proyectos interculturales en los que participan las mujeres pertenecientes tanto a una “minoría” como a la mayoría “de acogida” pueden basarse en experiencias comunes.

Y para acabar nuestra pequeña crónica sobre este tema tan apasionante, vamos a ilustrarnos un poquito, a través de la expresión artística, con un pueblo y una cultura a la que apenas conocemos de forma estereotipada a través de las películas. Los tuareg. En este caso, los tuareg del norte de Malí, que hace unos poco años llegaron a un acuerdo de convivencia con el gobierno de ese país. En África también pueden ponernos ejemplos de diálogo intercultural.

Tinariwen (en tamazight: los desiertos) es un grupo musical tuareg de Malí. Los miembros principales son Ibrahim ag Alhabib (Abraybone) y Alhousseini ag Abdoulahi (Abdallah), ambos cantautores y guitarristas, y la cantante Mina wallet Oumar.El grupo se presentó por primera vez en 1982, en un festival en Argel, con el nombre de Taghreft Tinariwen, que luego abreviarían en Tinariwen. Durante la rebelión tuareg de los años 1990, sus canciones eran un mensaje de esperanza y una llamada a la resistencia, y tuvieron una gran difusión en casetes.

Con la firma, en Malí, del Pacto National de 1992 y el regreso de la paz, Tinariwen actúa en varios festivales. El líder del grupo desde 1993 a 1999 fue Mohamed ag Ansar (Manny) que, en la actualidad, es el director del Festival del Desierto.

Súbditos en origen, sospechosos en tránsito, lumpenciudadanos en destino: La cuestión de la ciudadanía en la migración

La situación de privación en el acceso a un mínimo de dignidad en derechos por parte de cientos de millones de personas que viven en los países de donde parten los flujos de migraciones económicas y el escaso peso que tienen los países empobrecidos a la hora de garantizar estructuras posibilitantes para el desarrollo de los mismos, lleva a concluir que no puede hablarse en puridad de sus habitantes como ciudadanos en el sentido de "ciudadanía social" que planteaba Marshall sino más bien como "pseudociudadanos" o como súbditos cuando se encuentran en sus países de origen.

La situación no siempre mejora cuando se encuentran en tránsito. Aquí las sospechas se ciernen sobre el migrante. La rigidez de los requisitos consulares, los controles en los medios de transporte, el auténtico calvario que pasan muchos de ellos en frontera, la existencia de espacios de "alegalidad" en los aeropuertos y otros espacios equivalentes donde no aparece muy claro que legislación es la aplicable. La insuficiencia de garantías jurídicas en actuaciones como los rechazos en frontera o las devoluciones, los acuerdos de repatriación. La complicidad de algunso países cuyos gobiernos han sido denunciados por violar derechos humanos para hacerse cargo d elos migrantes expulsados a cambio de ventajas comerciales. La insuficiente protección que los migrantes encuentran en los gobiernos receptores ante las mafias que los explotan...etc., son muestras concluyentes del enorme riesgo para los derechos humanos que puede conllevar la decisión de emigrar si se procede de países empobrecidos.

Ya en los países de recepción o destino, los inmigrantes experimentan cómo existe un distinto tratamiento para aquellos que se encuentran en situación de regularidad administrativa y para los que se encuentran "ilegales". Cómo a los primeros la sociedad receptora les va "promocionando" hacia estatutos de mayor reconocimiento y disfrute de derechos conforme su situación laboral es más estables y su tiempo de residencia más prolongado (sin llegar en ningún caso al nivel de derechos de que disfrutan los autóctonos). Mientras que a los que se encuentran en situación irregular el reconocimiento de sus derechos es nulo o mínimo, llegando a ser criminalizados por una infracción administrativa. El ejemplo más claro de esta situación está en la nueva legislación migratoria aprobada por el gobierno italiano de Silvio Berlusconi.

[...] La aprobación en diciembre de 2008 [...] del Protocolo Facultativo PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) establece un mecanismo de acceso a la justicia a nivel internacional para la gente cuyos derechos económicos, sociales y culturales hayan sido violados. La mayor parte de estas personas, como hemos visto, viven en países en desarrollo, sufren la pobreza y soportan a menudo violaciones de sus derechos y la negación de la justicia a nivel nacional.

Con la ratificación del protocolo facultativo, los Estados que voluntariamente lo han formado (entre ellos España) aceptan los siguientes compromisos:

* Reconocen la competencia del Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y evaluar comunicaciones referidas a violaciones de los derechos estipulados en el Pacto.

* Facultan al Comité para tomar, en casos determinados, medidas excepcionales entre las que se encuentra el poder enviar al Estado parte un pedido urgente para que tome medidas cautelares a fin de evitar que las víctimas de presuntas violaciones sufran posibles perjuicios irreparables.

* Se comprometen a colaborar y facilitar investigaciones por parte del Comité en su territorio en caso de que éste decida indagar acerca de violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales procedentes de informaciones solventes, incluyendo la visita de relatores.

* Se compromete a no tomar ninguna medida de maltrato o intimidación contra aquellas personas que, dentro de su jurisdicción, hayan colaborado en informaciones que hayan sido relevantes en los informes y las comunicaciones presentadas al consejo.

Con ello puede afirmarse que se ha producido un avance significativo en la posibilidad de defensa de los agraviados, lo que puede representar un paso adelante en la construcción de un modelo de ciudadanía distinto. [...] Sin embargo, no está de más reconocer que el protocolo únicamente tiene valor obligativo para los veinte países que lo han ratificado y que fuera de este ámbito, la protección internacional es cada vez más débil ante unas violaciones de los Derechos Humanos que suceden de modo más frecuente en un mundo cada vez más polarizado desde la injusticia estructural.

Extracto del artículo "Movimientos migratorios, ciudadanía y derechos económicos, sociales y culturales", escrito por Emilio José Gómez Ciriano, nuestro compañero y profesor de la Escuela de Trabajo Social de Cuenca, que además del citado artículo, ha coordinado un dossier sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el número 34 de la Revista "Sociedad y Utopía", revista de ciencias sociales que edita la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología "León XIII" (Universidad Pontificia de Salamanca-UPSA), en la que muchos trabajadores sociales nos hemos licenciado en Sociología.

Casi al final de este número de la revista "Sociedad y Utopía", se publica la Memoria general de los centros de la UPSA en el campus de Madrid - Curso 2008-2009. En la página 292, entre el cuadro de titulaciones que se ofrecieron durante ese curso, figura la DOCTRINA ASOCIAL DE LA IGLESIA. Nos consta que es una errata que le han colocado al bueno de Felipe, el secretario de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, redactor de la memoria. Esperemos que la Conferencia Episcopal , y en el caso de que llegue a Benedicto XVI, no lo interpreten como un desafío o una revolución interna. Una errata nada más...

DE VIAJE ESTUDIANTIL AL ANTIGUO CONTINENTE

Liney Betin Restrepo, estudiante de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena de Indias (Colombia), nos ha enviado esta pequeña crónica sobre sus primeros meses en Cuenca.

Con el interés de conocer otros mundos y de aprender de sus culturas me embarqué en la que ha sido hasta ahora la maravillosa aventura de mi vida.

Luego de una ardua lucha en Colombia por conseguir la aceptación para realizar un intercambio en el país Español y la aceptación de una VISA para poder llegar, todo se pudo lograr. Es alucinante si por primera vez subes a un avión y lo mejor pasar el mar atlántico para llegar a la tierra prometida, donde observas y disfrutas de todo lo nuevo.

Y si llegas al ambiente universitario de la ciudad de Cuenca, la cual para mí es una belleza cultural, natural y arquitectónica, donde su ambiente te envuelve en un sueño de éxtasis y te permite incorporarte en todas sus actividades y es así que comienzas la siguiente marcha que es conocer todo lo relacionado de la Universidad Catilla La Mancha, donde la libertad y autonomía de el estudiante es la base fundamental para el crecimiento de la institución.

Si eres extranjero te tratan como uno más del gran grupo de estudiantes para así sentirte que estás en casa, permitiéndote aprender no solo de la cultura residente sino también de aquellas personas como yo, se encuentran en esta aventura y así tu red de amistad se amplía permitiéndote un crecimiento personal y profesional

Es así que después de unos meses lo piensas y dices: “no me quiero ir”, por que sientes que todo ese apoyo de profesores te permiten comprender la realidad de la sociedad española y es entonces cuando comienzas a gestionar la estadía para realizar otro curso o tu maestría y así no romper el vinculo afectivo que has creado con esta gran ciudad y sus habitantes.

Gracias doy a DIOS, a la gente en Colombia que siempre han creído en mí y me han apoyado hasta el final para que esta experiencia sea de lo más agradable y también a la gente que he conocido en esta universidad como son mis docentes, compañeros y compañeras de clases que ha hecho que me sienta bien.

¡Por cierto, estudiantes de la UCLM!. Las profesoras de la Universidad de Cartagena de Indias os animan a que realicéis allí alguna de vuestras estancias dentro de las convocatorias de becas de intercambio. Nos han hecho llegar algunas fotos de la plaza central de su universidad, que algo sugieren sobre las bondades de esa bonita ciuad colombiana.

El Consejo General del Trabajo Social tiene nueva sede

(Imagen para realizar un mosaico de fotografías de trabajadores sociales en vinilo)

Ana Lima, Presidenta del Consejo General de Trabajo Social está enviando a todos los trabajadores sociales colegiados la noticia de que se ha adquirido un local en propiedad para que sea la nueva sede.

Estimado/a amigo/a,

Nos es grato comunicaros que el Consejo firmó la semana pasada la compra de la nueva sede. Estamos de enhorabuena y queremos compartir con todos y todas nuestra emoción por tener un local en propiedad y trasladar la sede a un lugar que entendemos es más adecuado en cuanto a nuestra actividad, representatividad e imagen institucional.

Os quiero proponer que forméis parte del mural que va a decorar la entrada del Consejo. Con un vinilo se va a elegir una imagen, como la que os enviamos, que será un mosaico de muchas otras fotos. Para configurarlo esperamos nos envies todas las fotos disponibles, de colegiados y colegiadas, de actos, de congresos, jornadas,… Todos y todas seremos uno. Nos encantaría que formaséis parte de esto. Os animo a responder a este mensaje y que adjuntéis fotos (recomendamos de gran tamaño y alta resolución). Esperamos nos las hayáis llegar antes del 20 de febrero.

Celebro con vosotros este cambio. Espero vuestras imágenes.

ENTREVISTA: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ Presidente de Directoras de Servicios Sociales "Hay dependientes que son rehenes de la batalla política"

Es el hombre que ha sacado los colores a las comunidades autónomas que suspenden en su aplicación de la Ley de Dependencia. José Manuel Ramírez (Villanueva de Huerva, Zaragoza, 1962) preside la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, un privilegiado observatorio que evalúa el desarrollo de la ley en cada región y pone nota: el examen más temido por los responsables autonómicos de la Dependencia. En la actualidad es director técnico de un organismo municipal de atención a drogodependientes en Marbella, pero en los ochenta participó en los gobiernos que pusieron en marcha los servicios sociales en España. Hoy lamenta que "se especule con el sufrimiento de las personas más necesitadas" con el fin único de batallar en la arena política.

Pregunta. ¿Cuál es su resumen de la aplicación de la Ley de Dependencia, tres años después de su entrada en vigor?

Respuesta. Esta ley supone el mayor avance en protección social en la última década. Más de medio millón de personas ya reciben alguna prestación, si bien es verdad que otras 250.000 que tienen ese derecho reconocido aún esperan.

En algunos territorios sí se puede decir que los dependientes han mejorado respecto a 2006. Pero la ley ha puesto de manifiesto las carencias del sistema de servicios sociales y cómo algunos territorios han errado al aplicarla o, simplemente, no la han desarrollado.

P. Hay enormes diferencias entre unas y otras. ¿A qué las achaca? Se habló de boicot por parte de algunas comunidades.

R. Resulta muy preocupante constatar que una tercera parte de la población española vive en comunidades en las que existe una falta de voluntad institucional para implantar el sistema, por lo que sus ciudadanos no pueden beneficiarse aún de prestaciones que ya son una realidad en el resto. En Canarias, Valencia, Madrid, Baleares y Murcia, es donde se vive esta cruda realidad. Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables, y los hay, rehenes de la batalla política. No se puede especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas. Es una cuestión de dignidad humana, ante la que no debemos callar ni limitarnos a señalar discrepancias de modelo.

P. Las comunidades se quejan de falta de financiación y de un calendario de aplicación muy estrecho.

R. La financiación y el calendario son iguales para todas, por lo que no caben las excusas de mal estudiante. No queremos creer que se haya tratado de un boicot por razones políticas o partidistas, pero sí se evidencia una preocupante falta de creencia en el sistema público de servicios sociales en algunas regiones.

P. Ustedes denuncian que hay comunidades que no sólo no ponen el dinero debido sino que reciben del Estado más de lo que gastan en Dependencia.

R. Hicimos una estimación de los gastos que asume cada comunidad sólo en la parte de los servicios y las prestaciones económicas. Y las disparidades de esfuerzo presupuestario entre unas y otras son clarísimas. Algunas se han limitado a recibir fondos del Estado para abonar parte de lo que ya se venía prestando en esos territorios. La financiación de la Dependencia no es tanto un problema de dinero como de reparto y control de los fondos. La financiación debe estar ligada al derecho reconocido a cada dependiente y al coste del servicio que se le presta. En ningún caso se puede tomar como una financiación territorial indefinida para asuntos inespecíficos.

P. Un informe de la Agencia de evaluación del Gobierno recomendaba al Ministerio, ahora de Sanidad y Política Social, ir a los tribunales contra aquellas autonomías que no aplicaban la ley.

R. El informe de esa agencia -que, por cierto, es muy bueno- no hacía sino significar que en un sistema tan complejo como el de la Dependencia, con un novedoso órgano en el que participan todas las comunidades, es normal que se busquen los consensos, pero de ninguna manera que se permitan incumplimientos de la ley.

P. ¿Está diciendo que las comunidades y el Gobierno se tapan las vergüenzas entre ellos?

R. Digamos que los apresurados plazos de implantación de la ley y la complejidad de los sistemas autonómicos, sí generaron una cierta comprensión mutua entre las administraciones al inicio. Pero esta política de paz permanente tiene que tener su límite cuando -transcurridos tres años- hay una dejadez evidente por parte de algunos dirigentes. Cada mes, los datos oficiales destapan las vergüenzas de esas cuatro o cinco comunidades en las que los porcentajes de atención al dependiente llegan a ser seis veces inferiores entre unas y otras. Canarias y Madrid tienen el porcentaje más bajo.

P. Y tiempos de espera excesivos, de casi dos años, hasta que el ciudadano recibe una ayuda.

R. La tramitación administrativa debe servir de garantía para los administrados y no para la Administración. Los sistemas de protección social no pueden entregar las ayudas basándose en resoluciones administrativas. ¿Se imagina que una intervención quirúrgica o una receta médica precisasen de un decreto de la autoridad competente?

P. En ocasiones han denunciado que la Ley de Dependencia esta desfondando los servicios sociales de siempre.

R. Estamos analizándolo y aún es pronto para afirmar algo rotundo. Siempre nos opondremos a que las políticas sociales se dirijan únicamente a la Dependencia.

P. ¿Se fía de los datos oficiales que ofrecen las comunidades? Algunos son raros.

R. Tengo que confiar en que son buenos. La financiación de la ley depende de ellos. Si se manipulan sería un fraude económico.

P. Su asociación, con representación en toda España, es temida por sus informes sobre Dependencia. Ustedes dicen que están sufriendo presiones, obligados a callar, a no mencionar nombres.

R. Nuestra asociación no está sometida a ningún criterio político ni está financiada por nadie, lo que nos da absoluta libertad para debatir y opinar desde hace más de 15 años. Nuestros dictámenes sobre la ley han provocado algunas reacciones poco elegantes por parte de ciertos responsables políticos y es cierto que en los últimos tiempos algunos de nosotros hemos empezado a percibir presiones personales en nuestro entorno más inmediato. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con todos y quien adopte posturas beligerantes y actúe intentando influir en nuestras opiniones se equivoca de estrategia.

Carmen Morán, El País, 6 de febrero de 2010

Desnudo en Haití

Un joven trastornado camina desnudo entre los escombros de las calles de Puerto Príncipe- CRISTÓBAL MANUEL / EL PAÍS

Un joven trastornado pasea desnudo por Puerto Príncipe, un símbolo inconsciente de la indefensión del país tras el terremoto

FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Puerto Príncipe - 05/02/2010

Pasea siempre solo, desnudo, sin rumbo. De vez en cuando se detiene, mira al frente, bosteza, se rasca el costado y continúa su camino con los brazos caídos. Si un coche pasa demasiado cerca, se recoge unos centímetros en la acera y sigue andando. Lo echan de un sitio y se va a otro. Sin protestar. A las seis de la mañana se le puede ver en cualquier calle. El frío le hace abrazarse a sí mismo entre la gente que carga con sacos de arroz y bidones de agua en la cabeza. No mira a nadie y nadie le mira. ¿Quién está más trastornado? ¿El chico desnudo o la sociedad que ni siquiera repara en él, que no tiene resortes para acogerlo en ningún lado como cualquier ser humano se merece? ¿Quién vive más enajenado?

El chaval desnudo se ha convertido en un símbolo inconsciente de la indefensión de Haití. Una indefensión que ya era patente, igual que su desnudez, antes del terremoto. Con cada autobús, cada coche o cada moto que sortea, cada peatón que se cruza, cada tienda de móviles, el joven va desnudando las grandes palabras de este siglo: ayuda humanitaria, cooperación, solidaridad internacional, reconstrucción.

Desnuda también a sus compatriotas, ricos y pobres. Después del 12 de enero hay bajo sus pies más cristales, escombros y alambres, pero su historia ya era así antes de la catástrofe. En el centro de Puerto Príncipe, muy cerca del Palacio Presidencial, desde toda la vida, algunos "locos" se pasean en cueros sin que nadie haga nada por ellos.

Son pocos, pero son. Las ruinas del terremoto sólo ha puesto el decorado idóneo detrás de ellos. La estampa podría servir para que un publicista avispado idee un anuncio en el que ensalce la fuerza, la independencia y la libertad de la juventud ante cualquier situación.

Tendría mucho éxito en cualquier sitio, menos en Haití.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Desnudo/Haiti/elpepuint/20100205elpepuint_19/Tes

Una música intensa que desafía todas las atrocidades sufridas por el país caribeño desde que los esclavos se rebelaron con éxito hace más de dos siglos. Hijos de la diáspora haitiana son Wyclef Jean , Beethova Obas o Mlissa Laveaux.

Informe sobre la convivencia de diferentes culturas en Cuenca

En el año 2006 la población extranjera empadronada en Cuenca suponía un 5,19% de la población total. Este porcentaje ha ido en aumento, de forma que en enero de 2009, ya suponía el 11,23%.

En una encuesta de opinión realizada a 500 personas, entre la población extranjera que reside en Cuenca, a la pregunta "Te sientes bien en Cuenca...", un 89,4% afirman encontrarse "bien" viviendo en esta ciudad.

El 61,6% no se han sentido nunca rechazados, mientras que un 38,4% se han sentido rechazados en alguna ocasión por ser extranjero, principalmente por la gente de la calle o compañeros de trabajo.

Un 72% expresa tener amigos extranjeros y españoles. El 51,6% de los entrevistados manifiesta que los españoles aceptan sólo a algunos extranjeros, frente al 36% que opina que los extranjeros son aceptados pro completo. Cabe destacar que entre los entrevistados, un 27,4% percibe una actitud comprensiva, respetuosa y tolerante por parte de los españoles, mientras que un 26,2% opina que depende de cada caso.

El "Informe sobre la convivencia de diferentes culturas en Cuenca" (2009) ha sido elaborado por Luz González y Jelena Pranjko, mediadoras interculturales del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca. También han colaborado otras mediadoras, como Esther Redondo Moya y Beatriz Prieto Martínez, así como los alumnos de prácticas de tercer curso de Trabajo Social, María José Bonetón Lapeña y José Antonio Fernández Martínez.

El informe consta de dos partes:

* Un sondeo de opinión, en el que se da a conocer la realidad intercultural de esta población así como el grado de aceptación de la misma por parte de la población autóctona a través de la realización de cuestionarios a muestras de ambos perfiles.

* Una recogida sistemática de datos sobre los movimientos demográficos de la población extranjera a través del padrón de habitantes y el Instituto Nacional de Estadística, así como de organizaciones que conforman nuestro tejido social y ofrecen recursos a la población en general o específicamente extranjera, y por lo tanto, conocen el grado de utilización de los mismos por ambas poblaciones.

Los aristócratas venidos a menos ya tiene su propia ONG

Esta información no la hemos inventado, aparece publicada en el...

Boletín Oficial del Estado: 25 de enero de 2010, Núm. 21

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Orden SAS/3710/2009, de 22 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Marquesa de Balboa Ancianos Solitarios Venidos a Menos y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Examinada la escritura de constitución de la Fundación Marquesa de Balboa Ancianos Solitarios Venidos a Menos (A.S.V.A.M.), instituida en Madrid.

Antecedentes de hecho

Primero.–Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción de la Institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Segundo.–La Fundación fue constituida mediante escritura pública; otorgada ante el notario de Madrid, don Luis Sanz Rodero, el 25 de noviembre de 2009, con el número 3.441 de su protocolo; por doña Pilar Serrada Martínez de Pinillos, en su calidad de albacea, contador partidor de la herencia de la Excma. Sra. doña Isabel de Borbón y Esteban de León, Marquesa de Balboa; la Excma. Sra. doña Leticia de Borbón de Rojas, Condesa de Torrellano; la Excma. Sra. doña Oliva de Borbón y Rueda, Marquesa de Villamantilla de Perales; doña Cristina Lorenza, conocida por doña Cristina de Figueroa Borbón; y doña Beatriz Bullón de Mendoza Gómez de Valugera. Todo ello, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Excma. Sra. doña Isabel de Borbón y Esteban de León, Marquesa de Balboa, en su testamento abierto otorgado en Madrid, el 25 de julio de 2007, ante el notario don Javier de Lucas y Cadenas, con el número 2.362 de su protocolo.

Tercero.–La dotación inicial de la Fundación es de seiscientos un mil doce euros con diez céntimos de euro (601.012, 10 €) aportados por la fundadora y depositados en una entidad bancaria a nombre de la Fundación.

[...]Sexto.–El objeto de la Fundación queda determinado en el artículo 6 de los Estatutos, en la forma siguiente:

Los fines de la Fundación consisten en: «atender y cuidar a pobres vergonzantes y ancianos solitarios venidos a menos, que vivan solos o en condiciones precarias, con su familia o con personas a quienes también estorban, o en residencias que tienen deficientes condiciones de higiene y en donde, además les traten mal, atendiendo primero a las mujeres, y preferentemente a las que tuvieron una buena posición, con preferencia a las personas de la condición social que tuvo la extinta Excma. Sra. Marquesa de Balboa, que necesitan ayuda y no se atreven a solicitarla o no lo consiguen».

INSISTIMOS: NO ES UNA BROMA. LA REALIDAD, A VECES, TAMBIÉN DA MUCHA RISA.

¿HACEN FALTA PENAS MÁS DURAS?

FÉLIX PANTOJA - PÚBLICO - 29/01/2009

La recientes declaraciones de responsables políticos que reclaman la implantación de la cadena perpetua y una nueva modificación de la ley del menor, llevan una vez mas a que debamos formularnos algunas preguntas con objeto de clarificar y poner sensatez en el debate social, así como ayudar a los ciudadanos a que reflexionen sobre estas cuestiones. A ser posible, lejos de la emoción y el sentimiento que producen crímenes terribles o, más propiamente, la repetición sistemática en los medios del recuerdo de crímenes terribles que llevan a la sociedad a la percepción de que ocurren habitualmente.

Estas preguntas pueden ser: ¿cabe la cadena perpetua en nuestro ordenamiento? ¿Es realmente necesario endurecer aun mas nuestras leyes penales? ¿Qué estamos haciendo con las víctimas?

Con respecto a la primera, la respuesta es rotundamente no, y no sólo porque el artículo 25.2 de la Constitución (CE) establece la reinserción del penado como objetivo, sino porque, como señala el Tribunal Constitucional (TC), la preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable (sentencia 112/96 del TC). Pero no se agotan aquí los argumentos constitucionales: la posibilidad de confinar toda su vida a una persona en una cárcel es un atentado contra la dignidad humana protegida en la Constitución (art. 10), contra la promoción de la igualdad real y efectiva (art. 9.2) y contra la proscripción de tratos inhumanos y degradantes (art. 15).

En cuanto a la segunda pregunta, sólo cabe acudir a las estadísticas y a los datos oficiales. Como pone de relieve un reciente trabajo de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa, habiéndose llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en el período 1980-2009. En algo menos de 30 años hemos pasado de tener una población reclusa de 18.583 a 76.771 personas, lo que constituye un dato de por sí revelador y nos sitúa a la cabeza de Europa. Así, la tasa de los países europeos oscilan entre las 63 por 100.000 habitantes de Noruega y las 164 encarceladas que hay en España. Y, sin embargo, la tasa de criminalidad en España es menor que la media de los países europeos. A falta de datos de 2009, en el año 2008 la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes fue en España fue de 47,6. La media Europea está en el 70,4. Otros países de nuestro entorno, con sistemas policiales y penales percibidos por la población como más duros, duplican la nuestra o son notoriamente más elevados, como por ejemplo Reino Unido (101,6) o Alemania (76,3). Un último dato en cuanto al endurecimiento de las penas: según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, actualmente –enero de 2010– hay en España 345 personas presas (sin contar las condenadas por delitos de terrorismo) con penas no acumulables superiores a los 30 años; una de ellas tiene una condena de 38.585 días, esto es, casi 106 años. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, no terminarán de cumplir sus condenas mientras dure su vida, pues a la edad que cada uno tenga, si la media fuera de 40 años de edad, en cuanto la pena sea superior a 35 años la vida en libertad se esfuma como posibilidad. ¿Saben realmente nuestros políticos lo que están diciendo?

Y si nos fijamos en la Ley del Menor, ¿cuántos crímenes terribles han sucedido en estos 10 años de vigencia? Prácticamente los podemos enumerar con los nombres que reciben en la prensa. Causan grave impacto social, pero tampoco llegamos a conocer las dramáticas circunstancias que rodean a sus protagonistas. La realidad es que en los juzgados de menores se produce un alto índice de intervención. Aunque la delincuencia registrada de las personas menores de edad es constantemente inferior al 2% de la de las adultas y de mucha menor gravedad, los juzgados de menores están imponiendo sanciones penales a un número altísimo de menores. Casi el 1% (1.000 de cada 100.000, a efectos de su comparación con las tasas de encarcelamiento de adultos) de personas entre 14 y 18 años reciben cada año una sanción penal por un juzgado de menores. Una tasa muy importante de intervención penal. Y además las sanciones son tan duras que pueden llegar a 10 años de internamiento en centro cerrado por cada delito cometido (obsérvese que esta cifra es mayor que la mitad de de la vida del chico castigado, y que puede cumplirse en un centro penitenciario, con las oportunidades que este ofrece y que tal vez no quisiéramos para un hijo nuestro para el que pediríamos una segunda oportunidad), lo que hace dudar del cumplimiento de los compromisos de España con la Convención de los Derechos del Niño. Y respecto a esa idea de bajar la edad penal a los doce años, ¿tenemos realmente un problema de política criminal con los niños de 12 y 13 años como para rebajar la edad penal? ¿No estaremos tratando de resolver con el derecho penal cuestiones que atañen a la educación de los niños y a su igualdad de oportunidades?

Y por último, en cuanto al tratamiento a las víctimas, el modelo que tenemos en España es el de la cronificación de su dolor, impidiendo la superación del duelo con la creación de asociaciones y la manipulación política o mediática de las mismas, sin que exista una verdadera política social de apoyo material y moral para ayudar a superar ese dolor, extendiendo a la sociedad los legítimos y comprensibles deseos de vindicación del daño sufrido.

Este es el panorama que ofrecen una y otra vez algunos políticos, que, irresponsablemente, siembran la desconfianza y alimentan el espejismo de que con el derecho penal vamos a solucionar problemas que han de encontrar remedio en la educación, la igualdad y en las políticas sociales.

Félix Pantoja es fiscal del Tribunal Supremo.

Lorena Ruiz-Huerta, profesora de Derecho Penitenciario en la Universidad Carlos III Xavi Echevarría, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto Julián Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas José Luis Segovia profesor de Ética Política en la Universidad P. Salamanca Ramón Sáez, magistrado en la Audiencia Nacional Manuel Gallego, profesor de Derecho Penal en la Universidad P. Comillas Miembros de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible

Ilustración de Javier Jaén

Si te ha interesado este artículo, te recomendamos que visites la Plataforma "Otro Derecho Penal es posible".