Punto de información y denuncia de derechos sociales en Cuenca

Zambra es un Colectivo Social de ámbito estatal que nació para impulsar Iniciativas Sociales y Comunitarias y desarrollar Apoyo Mutuo. Se constituye en 1995 a partir de la necesidad de crear espacios de formación participativos y horizontales, para el debate, la reflexión y la acción social. Participan gentes muy diversas que abogan por una lucha de todas las personas que se sientan oprimidas por el sistema Capitalista y Heteropatriarcal. No son un partido político, ni una ONG, ni una orden religiosa.  Se mueven desde el sentido de la Lucha Social y Comunitaria, respetando posiciones y etiquetas individuales. Convencidas de que otras vidas mejores son posibles.

¿Qué es un punto de información y denuncia social?

El punto de información y denuncia es un espacio que pretende acercar a la gente, información sobre los tipos de ayudas sociales y recursos que existen partiendo de que estos son un derecho. Con ello buscamos, sobre todo romper con la idea de la “culpabilización individual” que socialmente se plantea sobre el empobrecimiento de las personas y devolverla a quienes de verdad son culpables desde una lógica de injusticia social, porque es fundamental hacer visible que es el sistema el que ha fracasado y no las personas. A la vez intentamos conectar la realidad que vive mucha gente con la respuesta y los recursos que dan los servicios sociales para la inclusión social. Pero no pretendemos quedarnos sólo ahí sino ir aún más allá y practicar la movilización social, visualizando las situaciones injustas y denunciando la insuficiencia e ineficacia de las pocas respuestas que se nos dan. En definitiva, creemos que es necesario hacer frente a tanta injusticia a través de la autorganización y la lucha por los derechos sociales, el reparto de la riqueza y por un verdadero cambio de las estructuras sociales que hacen posible que unos pocos lo posean todo y la mayoría de la gente nos quedemos sin nada.

 

Acción Urgente por parte de los técnicos ante el bloqueo de Ayudas por parte de la Junta

¡Enhorabuena! Esto si que huele a trabajo social del bueno, del auténtico. Menos llorar y más denunciar y reivindicar por la gente que no todavía no puede o no sabe hacerlo por sí sola. Ayer se celebraba el Día de la Mujer -muy justificado- y vimos a muchos hipócritas celebrándolo, mientras que tenemos vecinas a las que están a punto de desahuciar (¡Ánimo Rosa, sigue adelante con tus dos niños!),a las que les han cortado la luz y el gas desde hace varios meses (¡Ánimo también para Paloma). Mujeres sin trabajo o con trabajo precario, que no pueden atender sus necesidades más básicas, que están solicitando ayudas económicas que no son excesivas y a las que la Administración Pública solo sabe contestar con celebraciones.

Es un orgullo comprobar que hay trabajadores con alma, dispuestos a hacer lo que se espera de ellos. Si la profesión tiene legitimidad social es porque se preocupa de estas cuestiones. A continuación reproducimos la propuesta de un grupo de estos trabajadores sociales con alma:

Estimados/as compañeros/as. Un grupo de profesionales de los SS.SS. de la provincia de Albacete hemos estado trabajando en varios documentos que recogen las propuestas que habéis hecho a nivel regional y que hemos visto a través de las redes sociales y foros en los que los habéis expresado tanto de zonas PRAS, Planes Concertados y desde la Escuela de Trabajo Social (sigue leyendo)

Dichos documentos los hemos presentado ante la Asociación de Albacete que les ha dado el visto bueno, y se lo hemos hecho llegar a las otras asociaciones provinciales.

Pasamos a explicaros su contenido y lo que tenemos pensado hacer, para si lo estimáis oportuno nos acompañéis en esta acción.

DOCUMENTO A. Se trata de un escrito que tendría que rellenar la persona que va a solicitar una Emergencia, IMS u otra ayuda económica y que tras nuestra valoración tendría derecho pero que no podemos tramitar por no estar convocada dicha ayuda. En ese escrito el ciudadano expone en tres o cuatro líneas su situación, e informa al mismo tiempo que en los SS.SS de atención primaria le han dicho que dichas ayudas no están convocadas. Le ayudamos a que envíe por registro dicha solicitud junto a una fotocopia de su DNI , de esta manera conseguimos que su necesidad quede registrada en el Servicio periférico Provincial y no le hacemos el juego a la Junta de que como no hay demanda real en su sede, no hay necesidad. No enviamos la solicitud oficial, ya que al no estar abierto el plazo de solicitud la podrían denegar por estar fuera de plazo y perjudicar así más a la familia.

Otra recomendación es que esta solicitud, puesto que está en Word, darle a copiar y pegar y enviarla al mismo tiempo on-line al defensor del pueblo de España con los datos del demandante (siempre que nos de permiso , claro) El enlace directo es este ( https://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/alta_queja_persona.jsf?conversationContext=1 ) De esta manera queda la necesidad registrada no solo en la Junta sino también en este organismo nacional.

DOCUMENTO B. Se trata de un escrito que hemos de presentar individualmente los técnicos de ss.ss. (TS, EF, PS, etc..) por partida doble ; al Consejero y a la presidenta de la Junta. El documento lo podéis modificar y hacerlo a vuestra medida para adaptarlo al servicio desde el que trabajáis. Es una acción individual que estaría bien que hiciésemos tooodos/as los que trabajamos en SS.SS. El código deontológico dice que deberíamos ser todos/as; esperemos al menos ser un alto porcentaje. Hacédselo llegar a todos los compas de vuestra provincia, y si puede ser la próxima semana que lo hayamos enviado todos/as.

DOCUMENTO A:

https://docs.google.com/document/d/1D8Qik4ClSjIR5H8NPpCEOFn3uqr-UHmEhqA8Uuhhk6g/edit?pli=1#

DOCUMENTO B:
https://docs.google.com/document/d/1rc30aEI7n8w9o0KEQU7Ein_T6-sL0u--qz9Gwtp90A4/edit#

Denuncia de las trabajadoras sociales de Barcelona sobre la situación de la Renta Básica de Inserción

Al igual que han hecho los trabajadores sociales de Barcelona, sería bueno -y necesario- ver a los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha reclamando que se convoquen y tramiten con agilidad las Ayudas de Emergencia Social y los Ingresos Mínimos de Solidaridad. No hace falta ser muy espabilado para deducir que deben estar haciendo falta, que hay familias a las que les ayudaría un poco a sobrellevar la situación de falta de trabajo actual. Las reivindicaciones de los trabajadores sociales no deben quedarse solo en reclamar intereses corporativos y las ayudas básicas y urgentes no deben pasar sólo por enviar a las personas a Caritas. Por muy bien que lo estén haciendo, no pueden asumir toda la pobreza y la desigualdad que nos rodea.

Trabajadoras de los servicios sociales de Barcelona

Definición literal de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a fecha de hoy según el departamento de empresa y empleo de la Generalitat de Cataluña: La renta mínima de inserción es una acción de solidaridad de carácter universal hacia los ciudadanos y ciudadanas con graves dificultades económicas y sociales con el propósito de atender las necesidades básicas para vivir en sociedad, con los recursos convenientes para mantenerse y para favorecer su inserción o la reinserción social y laboral.

QUÉ HA PASADO?

Desde agosto del 2011 con la aparición repentina y no comunicada del nuevo decreto regulador de esta prestación nos hemos visto abocados a un endurecimiento de las condiciones para acceder, la suspensión de expedientes sin previo aviso y sin dar a las personas la oportunidad de defenderse, dejando en la más absoluta desinformación tanto a usuarios como a profesionales, y todo acompañado de un desprecio ofensivo y absoluto descrédito hacia la labor de los profesionales implicados en su ejecución.

La justificación de la revisión ha consistido de forma contundente y reiterada hasta la saciedad en un argumento basado en la supuesta detección de fraude por parte de los perceptores, especialmente de ciertos colectivos de inmigrantes e indirectamente de los profesionales implicados en tanto que cómplices y por lo tanto igualmente partícipes del mismo. Esta argumentación estas alturas ha conseguido instaurarse en el imaginario colectivo como si de una verdad incuestionable se tratara.

QUÉ ESTÁ PASANDO?

7 meses más tarde, las reiteradas peticiones de información para poder llevar a cabo la tarea profesional no han sido escuchadas, recibiendo informaciones contradictorias o con meses de retraso.

Numerosas familias se han quedado sin ingresos sin previo aviso, algunas de ellas de forma injustificada a pesar de aplicar la normativa que instaura el nuevo decreto.

Solicitudes enviadas están siendo aprobadas con 8 meses de demora, vulnerando el principio de celeridad de la administración pública y del mismo nuevo decreto cuando habla silencio administrativo / de caducidad a los 4 meses de haber realizado solicitud. Podríamos entender pues que las nuevas solicitudes están todas denegadas? ¿En qué supuestos, pese a cumplir los nuevos requisitos, podemos transmitir a los ciudadanos que podrán beneficiarse de la prestación, por otra parte todavía de carácter universal?

Y por último, nos ha parecido entender, nueva vertiente instaurada en nuestra profesión en tanto que fiscalizadores no se sabe exactamente de qué continúa afectando sobremanera nuestra tarea cotidiana, por no decir nuestro ánimo.

¿Qué les estamos diciendo en estas personas cuando más allá de todo lo que ha estado pasando desde agosto con los ciudadanos con expedientes ya abiertos, no se están dando nuevas altas, no se está informando a los profesionales ni se está aplicando la ley? Ya no es el Pirmi una prestación de carácter universal?

¿Qué pasará con el conjunto de población al que se les está acabando el paro y el subsidio y no tienen nada a que ampararse?.

Es necesario que personas que a nivel social son totalmente autónomas conviertan las nuevas clases marginales de nuestra sociedad para que puedan acogerse a la prestación cuando habiéndose podido evitar sus problemas ya no se limiten simplemente a económico-laborales?

No sois vosotros los que atiende a diario a todas estas personas, no son las estadísticas las que te acercan la realidad, pero si queréis realidad, si queréis que os anticipamos un poco el futuro pregúntese ahora, si no pensáis rectificar su error , ¿qué haréis con este nuevo segmento de población.

QUÉ PASARÁ ...?

¿Qué pasará con las familias a las que se les ha extinguido la prestación dejándolos absolutamente sin ingresos? Y con el nuevo segmento de población que está en el umbral de la pobreza y que en poco tiempo llegarán a la pobreza severa? Y estos podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que a diario han agotado paro y subsidio y acuden a explicar que no han venido nunca porque nunca han querido que nadie que no fuera ellos mismos los mantuviera, pero que ya no encuentran nada, no hay hay trabajo por más que lo buscan y nos piden si podemos ayudarles a subsistir. ¿Qué hay pensado para ellos? Para todos nosotros de hecho?

¿Qué haremos con este nuevo segmento de población desprotegido?

Se ha vestido como un fraude especialmente por parte de los inmigrantes, un subterfugio para recaudar dinero que rasgos de otra parte supondrían un enriquecimiento mucho mayor de las arcas públicas para afrontar la crisis si es lo que realmente se pretendiera.

En cualquier caso, si de gasto se estaba hablando, el dinero recaudado no serán nada frente a lo que requerirá asistir en este nuevo segmento de población. ¿Os habéis planteado qué coste supondrá a la administración pública asistieron más tarde o más temprano a todas las personas que se acabarán y, ya han comenzado, a quedarse sin casa, ¿qué haremos con ellos, con sus hijos y los padres ancianos? Se incrementarán los albergues y comedores sociales? Se creará una nueva modalidad de estos 'para familias'? ¿Qué pasará con la vulnerabilidad de los menores, los enfermos y los grandes? Se incrementarán las plazas residenciales públicas o acabarán los ancianos ocupando los bancos de las plazas como sucede en otros países a los que no nos queremos parecer.

Se han querido disfrazar todas estas verdades diciendo que queremos ser un ejemplo de país progresista que mira al norte, esforzándose en el ahorro entre otros. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hacia dónde vamos en políticas sociales? Hacia dónde va el bienestar de nuestra población, hasta fecha de hoy mayoría y responsable del funcionamiento real del país? ¿Cuál será la próxima?

Gente que con su trabajo y sus manos han construido parte de lo que ahora tenemos, que nos han servido el café, que han arreglado la lampistería, el coche y han construido nuestras casas, en el que se reconvirtió? ¿Qué espacio y qué apoyo hay para ellos actualmente?

Cuando las personas empiecen a vagabundear por las calles pidiendo limosna y ensuciando las miradas acomodadas, qué haréis? Cada vez serán más, ¿qué tenéis pensado para ellos? Querrá entonces que Europa nos mire como un país riguroso y firme en ese momento?

Proponiendo medidas, si es que nuestra opinión importa a este gobierno, nos hubiera parecido muy bien una revisión honesta del Pirmi y de los planes de inserción, no porque pensamos que fueran fraudulentos sino porque el trabajo bien hecho pasa siempre por, después de un periodo de acción, un periodo de reflexión y evaluación para rectificar en el que se observa ineficiente y seguir caminando haciéndola aún mejor.

Nos hubiera parecido muy bien la supresión de la prestación hacia los laborales si se hubiera creado o se creara una prestación paralela para todas aquellas personas que a pesar de llevar toda la vida trabajando, algunos como autónomos, ahora ya no tienen trabajo ni paro ni subsidio ni entrevistas de trabajo y son demasiado jóvenes para jubilarse y demasiado grandes para ser los candidatos de las empresas. Mientras simplemente serán los nuevos pobres del futuro, y nosotros los condenados a contemplarlo en la más absoluta impotencia.

Por todo ello,

DENUNCIAMOS:

Las irregularidades cometidas en la aplicación del nuevo decreto. La criminalización de la pobreza. Las acusaciones infundadas hacia usuarios y profesionales. La pasividad del gobierno hacia la gestación de las nuevas clases marginales del futuro. Y la desinformación, desprecio ofensivo y absoluto descrédito que estamos sufriendo los profesionales.

Y EXIGIMOS:

que se resuelvan los expedientes de RMI; que seamos informados de forma correcta y responsable; que se respete a las personas y nuestra tarea; que se plantee la derogación de este decreto y en cualquier caso que se cumpla con el artículo 24 de del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual establece en su punto 3 que 'las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanos que les asegure los mínimos de una vida digna '.

Pues señoras y señores, al igual que la salud y la educación son públicas, el bienestar de todo ser humano también lo es todavía, y las condiciones básicas para que pueda vivir con dignidad también lo son y son competencia de las administraciones velar por la su existencia, no insistir en que desaparezcan.

La ventana de Johari del Trabajador Social

CARTA ABIERTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS EN CASTILLA-LA MANCHA, de Juan Carlos Muñoz

Soy Juan Carlos Muñoz, actualmente Trabajador Social en la zona PRAS de Fuentealbilla, en Albacete. Antes, Trabajador Social del PRAS en Guadalajara y Trabajador Social en Fundaciones, ONGs, asociaciones y ayuntamientos. He desarrollado mi profesión en Salamanca, Ciudad Real, Murcia, Toledo, Guadalajara y Albacete. He trabajado para la Junta y en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde hace ya 12 años. Nunca he sido jefe de nada ni me lo han ofrecido (también es verdad que nunca hubiera aceptado), pero sí que he sido responsable y he participado de la puesta en marcha de numerosos proyectos, recursos y centros de Servicios Sociales, siempre en equipos multiprofesionales.

Me gustaría expresar mi opinión no sólo sobre la situación actual de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, si no sobre las razones que nos han llevado a esta situación; aún siendo consciente de lo poco correcto políticamente que es no defender que la culpa de todos nuestros males los tiene Cospedal.

Lo que está haciendo desde que llegó al poder el PP en Castilla-La Mancha es desmantelar el Sistema Público de Servicios Sociales. Esto es un hecho y es una auténtica barbaridad de consecuencias muy crueles para personas, familias y colectivos, que traerá, entre otras cosas, un aumento incalculable de la violencia en todas sus dimensiones y formas. No hace falta demostrar que ante la ausencia de prevención y de intervención social, sólo queda el conflicto; y lo mismo pasa si suprimimos la intervención y la prevención familiar o personal, pues sólo quedarán el conflicto familiar y personal.

Pero debemos llamar a cada cosa por su nombre para no volver a caer en errores garrafales que han permitido llegar a esta situación con una facilidad increíble. Desde que entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, joya de la corona del equipo de gobierno de Barreda, (el 1 de julio de 2011, publicada el 1 de enero de 2011), no trabajo en los Servicios Sociales Básicos, si no en Atención Primaria. Este hecho deja abierta la puerta a que cualquiera llame “Servicios Sociales Básicos” a los centros educativos y sanitarios, ya que nuestra Ley nos lleva a la terminología de la asistencia y el modelo médico, en los orígenes y la prehistoria del Trabajo Social. Y nadie se escandaliza cuando desaparece algo que no es “básico”.

Cuando a principios del pasado año asistimos en las 5 provincias a un despliegue preelectoral de presentación de la nueva Ley de Servicios Sociales (en Albacete creo recordar que fue en el mes de febrero), éramos muy pocas personas las que estábamos intentando llamar la atención de nuestros compañeros y compañeras y denunciar lo que por desgracia estamos viendo que está pasando ahora. Por entonces, y por escrito, decíamos:

“Que en los últimos años estamos asistiendo al desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales mediante la falta de inversión pública suficiente para su mantenimiento.

Que la responsabilidad de este desmantelamiento recae sobre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha principalmente y también en otras administraciones, como ayuntamientos, mancomunidades y Diputaciones Provinciales. Que la falta de disponibilidad presupuestaria supone el no poder garantizar los derechos de los que hablan las distintas leyes y normas legislativas.

Que estamos en contra de la privatización progresiva de los servicios, así como de la futura dependencia de la iniciativa privada para el mantenimiento de servicios.

Que la mejor forma de organizar los Servicios Sociales y hacerlos eficaces es la de dotarlos de un Sistema Público independiente de otros (sanidad-educación), y no subordinado a estos otros sistemas...”

No hace falta ser adivino para ver por dónde iban encaminadas las políticas de la Junta de Comunidades, pero a veces parece que todos los males de los Servicios Sociales aparecen en mayo de 2011; y desde esa fecha, desgraciadamente, sólo se han ido agravando.

Los males del Sistema Público de Servicios Sociales vienen de hace unos cuantos años. Algunos supusimos en su día que la “Ley de Dependencia” supondría reducir los Servicios Sociales a la atención de las personas dependientes al no haber un marco de Ley de Servicios Sociales Generales que garantizara prestaciones y derechos universales. Faltan sólo dos pasitos más para que así sea.

La nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, debería haber traído la consolidación de servicios, prestaciones y profesionales; pero no sólo no es así, si no que se desmantela el Sistema Público sin necesidad de cambiar ni una sola coma de dicha Ley: desaparecen figuras profesionales, no existen ratios de atención profesional… en fin, que aún se puede seguir recortando lo muy poco que queda.

Los recortes en la Ley de Dependencia y en el presupuesto de los Servicios Sociales Básicos no son nuevos. Zapatero ha sido quien primero recortó las prestaciones de la Ley de Dependencia, así que cuando sea Rajoy quien lo haga, será un nuevo recorte sobre lo recortado. Y en la situación castellano-manchega pasa algo parecido: el PRIS (Plan Regional de Integración Social), por ejemplo, estaba ya desde hace 7 años en situación de “prorroga” (estado que permite exterminarlo en cualquier momento que interese políticamente) y en La Manchuela, por ejemplo, en los últimos tres años antes de la llegada de Cospedal, el dinero para actividades de los Servicios Sociales Básicos se había recortado en un 71%, desaparecieron 7 profesionales del equipo del área el 1 de enero de 2011 y otros 7 en lo que llevamos de 2012.

Teníamos (y mantenemos y probablemente reforcemos) un Sistema Público basado en convenios con administraciones locales, fundaciones, asociaciones, ONGs, empresas y bancos para la prestación de Servicios Sociales Básicos, lo que permitía (permite) deshacerse de recursos, profesionales y programas con una facilidad pasmosa en cuanto llega el 31 de diciembre de cada año. Se hace difícil que alguien con capacidad de decisión política pueda inventar algo nuevo en cuanto a la privatización  y desmantelamiento de los Servicios Sociales Públicos y de calidad, si no más bien, el camino que queda es ahondar en lo mismo; hacer lo mismo, pero más rápido. Y no digamos nada en lo que se refiere al protagonismo de la iglesia católica en la atención de personas y colectivos y en la firma preferente de todo tipo de convenios para la gestión de recursos sociales públicos: sólo se puede esperar más de lo mismo, y a estas alturas, somos muchos los que pensamos que ya es demasiado.

Estábamos trabajando para una administración en la que en los últimos años habían desaparecido ayudas económicas (eliminación de barreras arquitectónicas, por ejemplo) y las que quedaban, estaban muy mal dotadas económicamente, compaginadas con otras ayudas con tufillo a limosna que no solucionaban la situación ni el día a día de nadie (400 euros/año para las viudas, por ejemplo). Todo esto aderezado con retrasos injustificados y deliberados en la gestión y tramitación de las ayudas (si bien es verdad que ahora están completamente paradas). ¿Cuántas ayudas económicas de emergencia adelantó Cáritas en 2010 y 2011 a familias cuyos expedientes habían sido aprobados en la Delegación de Bienestar Social y que no podían esperar meses a recibir el dinero aprobado para no ser desahuciados o tener algo con lo que alimentar a sus hijos sólo en la provincia de Albacete? Muchos, seguramente cientos. Y sólo la existencia de 2 o 3 hubiera sido suficiente para comprobar que el sistema no estaba funcionando correctamente.

Otro ejemplo: desde hace unos 5 años los convenios de Ayuda a Domicilio Básica no se amplían, por lo que había personas que podían esperar durante meses para poder acceder a un servicio al que tenían derecho. Por cierto, la Ayuda a Domicilio Básica u Ordinaria ya no se llama así, si no que se llama “no vinculada a la dependencia” y no se garantiza en la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha: ¿alguien aún piensa que no tenía sus días contados esta prestación?

Ante esta situación, los Trabajadores Sociales y los demás profesionales de los Servicios Sociales Básicos hemos permanecido (en general, como colectivo) callados y en la mayoría de los casos, justificando las decisiones de los responsables de la Consejería que suponían una merma en las prestaciones y servicios que llegaban a la ciudadanía: recortando, por ejemplo, en nuestras programaciones de forma previa las actividades y recursos necesarios porque así se indicaba desde las jefaturas correspondientes. Se nos ha ido olvidando que nuestro deber fundamental como profesionales es el de defender los derechos de la ciudadanía y hacer que la legislación vigente se cumpla en todos los casos (denunciando que no sea igual en las zonas rurales que en las ciudades) y nos hemos dejado llevar por una actitud de “funcionario” servil a las órdenes del jefe de turno (por supuesto no ha sido así en todos los casos, pero si en la mayoría de ellos). Hemos sido parte del problema cuando nuestra obligación era ser parte de la solución.

Y la solución no es pasar a gestionar beneficencia ni comportarnos como simples gestores de recursos económicos para individuos y familias, si no empezar de una vez a ser profesionales con todo lo que ello implica, también de denuncia social y de articulación de la organización de la sociedad para defender sus intereses. No debemos confundir nuestras obligaciones profesionales con la labor “militante” más o menos cercana a una ONG o parroquia que cada cual puede desarrollar como ciudadano, pero no en horas de trabajo.

La mejora de la actual situación no pasa porque haya o no una convocatoria económica más o menos, si no por dignificar los Servicios Sociales y la labor de todos los profesionales. Por dignificar las profesiones y nuestro desempeño profesional. Por tener los recursos y medios que necesitamos para atender a todas las personas: también las de los municipios más pequeños, algo que jamás hemos estado cerca de conseguir. Nunca todos los ciudadanos han tenido acceso a los mismos recursos ni han visto efectiva la posibilidad de ejercer todos sus derechos.

No hemos sabido defender la posibilidad de organizarnos y hemos dejado que ni siquiera seamos convocados ya en plenarios profesionales provinciales. Nos han dividido y hemos renunciado a la posibilidad de ser fuertes. Han ofrecido galones de capataces a algunos Trabajadores Sociales y estos han empezado a comportarse como jefes de sus propios compañeros, justificando incluso que desde la Junta se nos trate de muy diferente manera a Trabajadores Sociales, Educadores, Animadores, Mediadores…; desde hace muchos años, ellos son prescindibles por convenio, pero nosotros no.

¿Alguien se acuerda de que existen los códigos deontológicos y de que los Trabajadores Sociales tenemos uno, o del Código Ético de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales?

Efectivamente, estamos asistiendo a los últimos pasos del desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales. Es una barbaridad absoluta. Algunos estamos dispuestos a seguir defendiendo lo que creemos que es mejor y más justo para todas las personas y damos la bienvenida a quienes hasta ahora no habían visto ni un solo defecto al Sistema Público de Servicios Sociales.

Juan Carlos Muñoz Riesco. Trabajador Social. Actualmente en el PRAS de Fuentealbilla.

Albacete, 5 de marzo de 2012.

A la luz de la risa de las mujeres

ENCUENTRO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LUCHAS CONTRA EL PARO, POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (BALADRE), 24 a 26 de Febrero en CUENCA

Entre el 24 y 26 de febrero de 2012 ha tenido lugar en Cuenca el primer encuentro de BALADRE (Coordinación Estatal de Luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social) que este año cumple ya 30 años de existencia y al que han acudido personas y colectivos de toda la geografía del Estado Español.

Las actividades enmarcadas en el desarrollo de este encuentro se iniciaron el viernes con dos actos organizados en colaboración con Ecologistas en Acción de Cuenca y el Sindicato de Oficios Varios de la C.G.T. Una sesión formativa que duró desde la mañana hasta la tarde a cargo de Raúl Zibechi (reconocido escritor, periodista y activista uruguayo) que tuvo lugar en la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y en la que se analizaron los principales rasgos de las nuevas luchas sociales en América Latina, las distintas estrategias a través de las cuales los Estados desarrollan sus políticas sociales para frenar las exigencias de los movimientos sociales y desarticular sus procesos de transformación social y los paralelismos entre los momentos que vivimos en Europa bajo la actual ofensiva neoliberal y las décadas de los ochenta y noventa en las que se pusieron en marcha en América Latina los mismos programas de ajuste estructural que ahora vivimos en países como Grecia, Italia, Irlanda, Portugal o España. A continuación, el propio Zibechi presentó en el Centro Cultural Escuelas Aguirre sus últimos libros publicados “Territorios en Resistencia” y “Política y Miseria”. En este acto intervinieron también Manolo Sáez Bayona (Baladre) y Carlos Villeta (Ecologistas en Acción).

Durante el fin de semana las actividades del encuentro se trasladaron al Nuevo Centro Social Okupado Autogestionado de Cuenca “EL HOSPI” en el que las gentes de Baladre fuimos acogidas por el colectivo de “la Tiradora”, a los que desde Baladre queremos hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento y nuestros mejores deseos para que sigan con su valiente iniciativa de crear nuevos espacios horizontales y autogestionados, que sin duda son hoy pequeñas semillas de esas otras sociedades antagonistas que intentamos hacer nacer desde la cotidianidad de nuestras vidas y de nuestras luchas por transformar nuestra realidad.

Durante el encuentro los diversos colectivos y personas presentes han coincidido en señalar la necesidad de orientar nuestras acciones hacia la denuncia y el cuestionamiento de las estructuras sociales causantes de tanto dolor y sufrimiento, incidiendo en como la acumulación de tanto poder y riqueza por la élites que nos gobiernan la vida son los verdaderos causantes de este verdadero naufragio social. Al mismo tiempo, los diversos colectivos, grupos y personas de Baladre que han participado en este encuentro han demandado la necesidad de hacer frente a nuestro propio empobrecimiento y sufrimiento desde estrategias que incluyan la colaboración y la confluencia con otros grupos, colectivos y organizaciones sociales afines que nos permitan desarrollar tanto movilizaciones como iniciativas sociales que nos faciliten desde abajo comenzar a transitar juntas hacia otras formas de sociedad antagonista a la sociedad capitalista y patriarcal. Al encuentro acudieron también representantes de Ecologistas en Acción, C.G.T y de la Red Quien debe a Quien, a las cuales agradecemos también su presencia y participación.

Más Información:

www.coordinacionbaladre.org

Baladre@coordinaciónbaladre.org

Nadie protege a las familias arruinadas

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha presentado un documento en el que piden la creación de una figura jurídica “que proteja eficazmente a las familias” cuando se declaran en concurso de acreedores. También prevén la mediación, que se plasmaría “mediante acuerdos privados ante notario”. “La segunda fase sería judicial. Se necesita que un juez tenga amplias facultades para decidir sobre la situación económica y los requisitos para salvar esa situación, porque es la forma de que la mediación previa sea más exitosa”, explicó Luis Barriga, miembro de la asociación.

Los miembros de la asociación fueron recibidos en el Ministerio de Economía la semana pasada para escuchar esta propuesta. De aquel encuentro sospechan que el principal escollo lo encontrarán en el sistema financiero. “El problema no es legislar, ni tampoco lo son los jueces, que sabemos que estarían conformes con una figura jurídica así, sino los bancos. Pero estos deben entender que es bueno para su negocio sanear la situación de cientos de miles de familias. Los bancos fueron los responsables de la mitad de la crisis, pero ahora tienen en sus manos la mitad de la solución”, aseguró Barriga. “El sistema financiero ha de entender que sería un signo de fortaleza para ellos, no se les está pidiendo que condonen las deudas sin más, hay soluciones intermedias. Una sociedad subsidiada no es buena para nadie”, añadió.

El proyecto que esta asociación ha presentado al Ministerio de Economía da respuesta a algunos interrogantes que el ministro dejó abiertos en su propuesta. ¿Quiénes serían las familias con derecho a esta nueva protección jurídica ante una situación de insolvencia sobrevenida? Los servicios sociales se encargarían de definir ese extremo, junto a otros agentes implicados. “Se trataría de certificar que el endeudamiento ha sido de buena fe. Hay 20.000 trabajadores sociales que se podrían encargar de algo así. Nosotros somos también especialistas en mediación, así lo hacemos en caso de protección de menores o ante situaciones de maltrato machista, que ambas tienen protección judicial. Y también en buscar recursos de todo tipo para reflotar las situaciones de dificultad de las familias En este caso no sería muy caro, la red de trabajadores está ahí, lo que hay que pensar es que este asunto es prioritario. Bastaría con reorganizar el trabajo y los efectivos de que se disponen”, explicó el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez.

Para más información:
El País de 24/02/2012
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/23/vidayartes/1330028091_486927.html

Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

Reflexión y Propuestas sobre la Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica:
http://www.directoressociales.com/index.php/item/10-propuesta.html

Síntesis sobre la Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica:
http://www.directoressociales.com/index.php/item/11-noticia-2.html

¿Dónde están las Ayudas de Emergencia Social? Los trabajadores sociales deben animar a los ciudadanos que las necesitan a seguir presentando sus solicitudes por escrito

Desde el año 1990, la Administración Pública de Castilla-La Mancha viene destinando una partida presupuestaria a la atención de necesidades básicas y urgentes de los ciudadanos más vulnerables o que están pasando por algún bache. Se trata de las Ayudas de Emergencia Social, prestaciones económicas puntuales, no periódicas, que están condicionadas a la demostración del estado de necesidad de la persona o familia que la solicita. La cuantía media que se concede se sitúa en torno a los 700 euros y los beneficiarios deben justificar ante la administración que han realizado el gasto correspondiente.

El nombre de la prestación es de por sí muy clarificador. Se trata de ayudas que sirven para cubrir necesidades alimenticias, de salud y vestido, para impedir el desahucio o el corte de luz o gas, en situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles. También se utilizan para atender necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, o para contribuir a erradicar situaciones infrahumanas en el alojamiento de personas.

La tramitación actual de este tipo de ayudas está sujeta a unas bases reguladoras aprobadas en el año 2009 y refrendada por la Ley 14/2010 de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, pero no se han convocado para el presente año 2012 ni se han dado explicaciones. En función de los presupuestos autonómicos de 2011 prorrogados, estamos hablando de dos millones setecientos mil euros. Nadie pregunta por ellos. Las familias pobres callan y se aguantan, puesto que no son conscientes de que les asiste un derecho. Más bien sienten vergüenza por pedir ayuda mientras que el entorno social les culpabiliza de su propia pobreza. Los ciudadanos machacados por la crisis económica siguen enviando solicitudes a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, pero la tramitación está parada y no se investigan los estados de necesidad de las personas que solicitan ayudas de emergencia. Estamos rehusando destinar dinero público para ayudar a familias que se encuentran en situaciones de pobreza moderada y severa. Es patente que la crisis nos está empobreciendo económicamente a una gran mayoría, pero tampoco va a ser menos cierto que, al mismo tiempo, la administración pública y el Estado han optado por abandonar a la gente que más debería de proteger para darles todos los derechos y el dinero a los banqueros.

¡Es necesario seguir presentando solicitudes de Ayuda de Emergencia Social a la Administración autonómica!

El martes 14 de febrero de 2012, un trabajador social publicaba en la página web de la Plataforma en Defensa de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que no se puede tramitar ni una sola ayuda de emergencia social ni Ingreso Mínimo de Solidaridad desde comienzos de año, y que no se están abonando las ayudas pendientes del 2011, bajo el argumento de que no se han aprobado los presupuestos de la JCCM.

El martes 21 de febrero de 2012, Jose Luis Gómez, presidente de la plataforma de la Ley de Dependencia en CLM denuncia esta misma situación e insiste en que los trabajadores sociales se están viendo obligados a mandar a todos los demandantes de ayudas a las ONGS a las que tampoco les quedan muchos recursos.

La ausencia de la convocatoria de las Ayudas de Emergencia para este año por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no elimina el derecho de petición del ciudadano (uno de nuestros derechos fundamentales, artº 29 de la Constitución Española). ¿Por qué no se va a poder presentar una solicitud a la administración autonómica pidiendo ayuda para comer, vestirse, pagar la luz o el gas, las gafas de un hijo o evitar un deshaucio? Cualquier ciudadano, por pobre que sea, está legitimado para ello.

Por encima de políticas insolidarias, los trabajadores sociales se deben a los ciudadanos. Ellos son nuestros jefes, mientras que el Estado Social y de Derecho es el marco de trabajo. Por eso, pedimos a los trabajadores sociales que animen y faciliten a todas las personas que lo están necesitando a presentar solicitudes de Ayuda de Emergencia en los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, avisándoles de que es muy probable que la administración no les haga caso pero que es muy importante que quede registro de su estado de necesidad y de que necesitan ayuda pública. Para el sistema, lo que no está escrito simplemente no existe.

Información y trámites de las Ayudas de Emergencia Social publicadas en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (a 24 de febrero de 2012):

http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/index/tramite1212692760512tr/1212673113178.html

CGT Cuenca y Zambra, iniciativas para la acción social

Para más información: zambracuenca@gmail.com

SIGUE LA DENUNCIA EN:

Globalclm.com:
 http://www.globalclm.com/j-opinion/j-opinion-cartas-al-director/721771-idonde-estan-las-ayudas-de-emergencia-social

Voces de Cuenca.es:
http://www.vocesdecuenca.com/frontend/voces/Donde-Estan-Las-Ayudas-De-Emergencia-Social-vn17506-vst113

Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha:
 http://serviciossocialesclm.blogspot.com/2012/03/el-escandalo-de-las-aes-y-los-ims.html

DependenciaCLM:

Los directores de servicios sociales: "El aumento de suicidios va a ser brutal"

Madrid. (EFE).- La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado de la crítica situación de más de 300.000 familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias desde 2008 y ha advertido de que si no se hacen reformas legales para reforzar su protección habrá "un suicidio social". Los responsables de centros de atención social de las distintas administraciones han presentado en el Parlamento un conjunto de propuestas de saneamiento de la insolvencia de los particulares, tras reunirse con representantes del Gobierno y del Defensor del Pueblo para advertir de "la quiebra de la cohesión social".

"Actuar es arriesgado, pero no actuar es un suicidio social", ha asegurado el presidente de esta entidad, José Manuel Ramírez, quien ha opinado que "todo lo que no se gaste en protección social, el Gobierno se lo va a tener que gastar en seguridad ciudadana; dinero que se recorte en políticas sociales, dinero que a la larga van a tener que gastar en Policías, en Guardia Civil y en cárceles". Los directores de servicios sociales urgen a regular la insolvencia de los particulares -cambiando leyes como la concursal que se refiere a las empresas- e introducir fórmulas de mediación, para intentar pactar una salida antes de acudir al procedimiento judicial.

Plantean la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares, deudoras de buena fe y en claro riesgo de exclusión económica y social, que suponga el tratamiento de su insolvencia junto a la activación de todos los apoyos posibles para su reflotamiento. Los gerentes de los servicios sociales consideran que la mediación podría realizarse con la reordenación de la red existente en las administraciones locales y autonómicas, formada por 20.000 profesionales "acostumbrados a estos procedimientos", por lo que reclaman "sólo la decisión de la regulación legal".

"No se trata de condonar deudas sin más", ha dicho el responsable del redactar las propuestas, Luis Barriga, sino de buscar soluciones -como moratorias hipotecarias o pausas de alquiler- antes de acudir a los tribunales, creando un sistema de protección, tal y como existe en otras regulaciones de países de la OCDE. Esta solución se aplicaría a familias en situación de riesgo de exclusión, que hasta el momento de la quiebra tuvieran una situación normalizada y que demuestren un sobreendeudamiento objetivo, es decir, que no tengan capacidad de pago, advierten.

La red de los servicios sociales está desbordada y las familias -que ha reagrupado a sus miembros- no pueden seguir soportando el peso de la crisis, ha expuesto Barriga. Ha destacado la gravedad de la situación de muchos ciudadanos, que se define con una unión de cifras como: cinco millones de parados, 300.000 ejecuciones hipotecarias y 150.000 lanzamientos desde 2008; una de cada tres familias españolas no puede afrontar ni un solo gasto imprevisto y una de cada cuatro se encuentra técnicamente en riesgo de exclusión.

"Estamos abocando a una sociedad en la que millones de personas insolventes son desposeídas de todos sus bienes presentes y futuros y condenadas a vivir de subsidios y de la economía sumergida, impidiéndose su reincorporación con normalidad a la vida social y económica", ha opinado. Según el presidente de la organización, el Gobierno está preocupado por esta situación, aunque "los bancos no quieren que se introduzca esta protección jurídica al endeudamiento familiar".

"No creo que en un corto plazo vaya a haber un estallido social, pero cuando la población sea consciente de que existen soluciones y de que es una cuestión de voluntad, a lo mejor empieza a exigir, con cierta fuerza, que se adopten ciertas medidas", ha dicho Luis Barriga. "El drama es más humano, más que estallido; estoy convencido de que el aumento de suicidios va a ser brutal, junto a las enfermedades mentales, el fracaso escolar, la violencia doméstica; más que salir a la calle y romper los cristales de los bancos va a ser un goteo incesante de dramas humanos, hasta que la gente pierda el miedo", advierte el presidente de esta asociación.