lunes, 10 de mayo de 2010

Acto de graduación de la XIX Promoción de alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca

El paraninfo del Campus Universitario de Cuenca acogió ayer el acto de graduación de la XIX Promoción de Alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca, que estuvo apadrinada por el alto funcionario y precursor de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Federico Mayor Zaragoza.

El centenar de alumnos que se despedían de las aulas universitarias estuvieron arropados por cerca de 700 personas entre familiares, profesores y amigos, que quisieron compartir este importante día con los egresados.

La directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, Elisa Larrañaga, estuvo acompañada además de por Mayor Zaragoza por el director académico del Campus, Javier de León, y los subdirectores de la Escuela Margarita Pardo y Manuel Jesús Madonado.

Durante el emotivo y solemne actos los alumnos tuvieron la oportunidad de recordar anécdotas y de intercambiar algunos de sus planes de futuro y de inmersión en el mercado laboral.

Larrañaga incidió en el éxito que ha supuesto la ampliación del porcentaje de alumnos mayores de 25 años en la titulación. “Ésta es la segunda promoción en la que ampliamos el número de alumnos de más de 25 años que suponen el 10 por ciento de toda la matrícula y están muy motivados y tiran de los otros”, recalcó la directora.

Para Larrañaga las principales características delos alumnos es que son muy participativos y muy persuasivos y explicó que buena prueba de este carácter es el nombre de su padrino.

Participativos y emprendedores

“Son alumnos muy emprendedores y realizan ellos mismos proyectos de integración que presentan ante las instituciones. La verdad es que las perspectivas son buenas y en los datos que tenemos de egresados los datos son positivos”, señaló Larrañaga.

La mirada de la Escuela está ahora puesta en el próximo curso ya que está prevista la implantación de forma simultáneamente del título de grado y del curso de adaptación para los alumnos que quieran pasar de diplomado a grado.


“Tenemos que ser miembros activos”

“Hasta hace unas décadas los ciudadanos éramos solamente espectadores, testigos de lo que pasaba pero ahora tenemos que ser miembros activos de la sociedad y llevar la voz cantante”, explicó Federico Mayor Zaragoza, que consideró que la situación de crisis actual va a hacer que cambie el sistema. “Estamos en un momento muy bonito porque podemos cambiar el curso de los acontecimientos para beneficio de las generaciones venideras”, recalcó Mayor Zaragoza que se mostró muy contento de visitar la ciudad de Cuenca, a la que ayudó a situarse entre las joyas del mundo.


El Día de Cuenca, 9 de mayo de 2010, Mamen Eslava Montagudo

COMERCIOS Y EMPRESAS SOCIALES PARA SACAR A LAS SEISCIENTAS (ALBACETE) DE LA POBREZA


sábado, 8 de mayo de 2010

¿PÚBLICO/PRIVADO? AFRONTANDO UN FALSO DILEMA

El siguiente texto es una ampliación de la conferencia impartida el pasado lunes por Esperanza Linares en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca. En este texto se desgranan argumentos a favor de una gestión compartida de los servicios sociales entre las administraciones públicas y la iniciativa social.

a) La garantía de derechos, responsabilidad pública.

· Estado Social de Derecho: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas... y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (C.E., Art. 9.2).

· Al Estado le corresponde “velar por la igualdad de todos ante la Ley y por la función pública de la riqueza” (CE, arts. arts. 31 y 128). Por tanto, debe establecer:

- Mecanismos compensatorios, que corrijan las desigualdades entre CC.AA. (como el mencionado Plan Concertado)

- Políticas de solidaridad, con elementos de discriminación positiva para los grupos y personas con menos oportunidades


b) La gestión de los servicios, espacio compartido

· Las necesidades sociales son de todos y debe ser la sociedad en su conjunto (Administración, Sociedad civil y Mercado) quien dé respuesta, sin que nadie detente la exclusiva de la intervención. Sería muy empobrecedor que la Sociedad civil se inhibiera depositando toda la responsabilidad en el Estado; sería muy peligroso para las capas más débiles que se dejara la cobertura al Mercado, regido por la “ley del más fuerte”.

· Las iniciativas sociales cuyo objetivo sea cubrir, en parte o en todo, los derechos garantizados, deberían tener la consideración de servicio público, con las condiciones que vamos a ver a continuación.

· Los Sistemas públicos de Salud y Educación ofrecen un modelo de interrelación Estado-Sociedad civil que contiene los siguientes elementos (y que podría ser aplicable al de Servicios Sociales):

- aprovechamiento de recursos materiales, humanos, de infraestructura, de experiencia

- reconocimiento de que, bajo determinadas condiciones, esos servicios privados ya existentes pueden incorporarse al Sistema público, cubriendo una parte del mismo

- delimitar las condiciones de funcionamiento (criterios de admisión, niveles de calidad, ratios profesionales, rendición de cuentas...)

- a los Centros que voluntariamente acepten dichas condiciones, garantizar­les los medios necesarios para desarrollar el servicio, en condiciones de estabilidad y continuidad (mediante conciertos u otras fórmulas similares.


Es evidente que este enfoque, plantea una serie de retos y exigencias a la iniciativa social, tanto lucrativa como no lucrativa:

· No contribuir con su actividad a la reducción de los servicios públicos

· Aceptar la gestión de Centros y Servicios Públicos, o que cubren derechos básicos, sólo en condiciones pactadas y firmadas que garanticen la estabilidad y la continuidad de los mismos.

· Estar disponibles a las auditorias públicas, tanto sobre la gestión de los recursos como sobre las condiciones de calidad del servicio.

· Denunciar la creciente insolidaridad de las clases medias, afectadas por el “síndrome Nimby (Not in my back yeard)”: Servicios para desfavorecidos, sí, pero “no en mi patio”, o en mi vecindario.

· No amordazar la crítica legítima por temor a perder posiciones o recursos. Una crítica acompañada de propuestas en las que haya una implicación del que denuncia, no sólo es posible, sino deseable.

· Poner los recursos al servicio de las personas, no de las instituciones

· Utilizar la mayor flexibilidad de iniciativas para detectar nuevas necesidades y abrir caminos (en servicios, en modelos, en métodos...)

· Saberse desprender de los centros/servicios cuando ya no sean necesa­rios; no duplicar acciones; coordinación complementaria

· No reducir al voluntariado, ni a la iniciativa social en sí misma, al papel de “mano de obra barata” con que, en ocasiones, se contempla.

· No ceder a la presión de la “urgencia” para abrir servicios en condiciones precarias, o cuya provisionalidad se convierte en permanente.


Kalejira contra los Recortes Sociales en Bilbao

Con esta movilización se ha querido denunciar que en una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno Vasco ha decidido hacer un drástico recorte de las mismas. Así,

1. Sólo se percibirán como máximo de dos prestaciones sociales por vivienda.

2. Sólo se percibirán prestaciones sociales por un máximo de dos años para aquellas personas con empleos en precario.

3. Dejarán de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje.

4. Se establecen límites a la baja en la cuantía de las ayudas.

Es especialmente sangrante la situación de las personas con empleos en precario, el 35% de las familias perceptoras de las ayudas sociales. Así, las personas con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus bajos salarios durante 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos míseros.

Debemos recordar que a día de hoy…

• 138.000 personas se encuentran desempleadas, 1.000 más que hace un mes;
• 48.000 parados y paradas no cobran ningún tipo de prestación;
• 1.255 familias han desahuciadas durante el año 2009;
• 35.000 personas se alimentan gracias a la labor de Cáritas y el Banco de Alimentos. Las peticiones a estas instituciones han aumentado un 40% en el último año;
• 890.000 personas, según el propio Gobierno Vasco, reflejan algún tipo de precariedad y declara tener considerables dificultades para llegar a fin de mes.

Por todo ello, reclamamos una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos y llamamos al conjunto de la población a sensibilizarse y a movilizarse contra estos, y futuros recortes, ya que nos afectan a todas y todos, mujeres, personas mayores, jóvenes, personas trabajadoras o desempleadas, estudiantes, pensionistas, personas migrantes.

ARGILAN (Bilbao), ASAMBLEA DE PARAD@S DE BARAKALDO y SESTAO, ASAMBLEA DE AFECTAD@S (Bilbao), BERRI-OTXOAK (Barakaldo), DANOK LAN (Galdakao), ELKARTZEN, MUJERES DEL MUNDO, POSADA DE LOS ABRAZOS y SOS RACISMO

www.nodo50.org/berri_otxoak
Informazio bulegoa berrietxea@nodo50.org oficina de información

jueves, 6 de mayo de 2010

Con tu ayuda disfruto de deportes como la natación


Dentro del marco de las prácticas en ASPAYM Cuenca, las alumnas que se relacionan más abajo están colaborando en la realización de una Campaña de Sensibilización sobre la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad física:

“Mediante una acción política y social pretendemos concienciar a la población de una realidad que nos afecta a tod@s y en la cual debermos de tener una participación activa. Por esa razón hemos realizado una serie de cárteles con la intención de dar un a imagen positiva de la discapacidad, hacer que las personas con discapacidad participen dando a conocer sus situaciones en la vida diaria, así como en la eliminación de barreras y de este modo fomentar el desarrollo pleno de sus potencialidades, tanto personales como sociales”.

Expondrán una serie de cárteles en la planta 0 entre los días 3 y 18 de mayo. El 17 de mayo habrá una charla coloquio en el salón de actos con miembros de ASPAYM Cuenca

Las alumnas de segundo curso implicadas en la campaña son: Aída García Ordines, Mª Eugenia Garcia Cepeda, Sara Jurado Ruíz y Verónica del Fresno Ruiz.


Las empresas de inserción resisten la crisis en nuevos nichos de empleo

Dos mujeres trabajan en un centro de la empresa de inserción Tasubinsa, en Azazuri (Navarra).- LUIS AZANZA

En España hay 200 empresas de inserción, donde encuentran trabajo personas en riesgo de exclusión y con discapacidad. Buscan sus nichos de mercado allá donde no llegan las grandes compañías. El mundo rural y la atención a los dependientes pueden ser una oportunidad para que estas compañías encuentren acomodo.


Las empresas de inserción cumplen una doble función: generan empleo y contribuyen a sacar de la exclusión social a colectivos que, de otro modo, caerían bajo la dependencia económica del Estado. Son aquellas empresas que emplean a minorías étnicas, personas con discapacidad física o sensorial, chavales con problemas de escolarización, mujeres maltratadas, ex toxicómanos, gente que ha salido de la cárcel.

En total hay cerca de 200 en España, donde trabajan unas 4.000 personas, en números redondos, sujetas al convenio colectivo del sector que corresponda. A pesar de que reciben subvenciones, generan retornos a las arcas públicas. Un estudio de la Obra Social de Caixa Catalunya de hace unos años calculaba que estos empleos ahorraban al Estado 28 millones de euros. Y otro informe más reciente, elaborado para la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (Faedei) revelaba que comunidades, como Canarias, recibían en retornos más de 43% de lo empleado, y en otras, como Castilla y León, el dinero volvía duplicado.

El 90% de los empleados de inserción acaban saliendo al mercado laboral ordinario.
Empezaron con tareas de reciclaje, pero han ido buscando nichos de empleo allá donde no llegan, o no les interesa llegar a las grandes compañías. "La crisis no nos está repercutiendo tanto como a otros, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en crisis, pero sí estamos teniendo dificultades para sacar a los trabajadores a las empresas ordinarias", dice Nieves Ramos, presidenta de la Faedei.

Roberto Oyaga es gerente de Mapiser, una de estas empresas que opera, fundamentalmente, en Aragón. De sus 80 empleados, el 80% son de inserción -aunque sólo se les exige un 50% al cabo de los tres años- y las actividades que desempeñan son diversas: mudanzas, manipulados industriales, embalaje de maderas. "Antse de la crisis salían al mercado ordinario entre un 15% y un 20% de los trabajadores de inserción. El año pasado y este, uno o dos solamente", dice. El 35% de su negocio lo contrata la empresa privada, el resto, la pública. "Ya que el mercado privado se nos ha venido abajo, creemos que la empresa pública debería hacer un esfuerzo por contratar nuestro servicio, porque estamos peleando en condiciones de competitividad absoluta con la competencia", dice Oyaga.

Hay, sobre eso, algunos buenos ejemplo, como la Comunidad de Navarra, donde, por decreto, el 9% de las obras y servicios que contrata ha de hacerlo con estas empresas. O la reserva de 30 millones del Ayuntamiento de Barcelona para lo mismo. El de Burgos ha contratado con ellas un cáterin para llevar comida a domicilio a las personas mayores...

"Esos son los nuevos nichos, muy importantes en el mundo rural, donde no llegan las grandes empresas. Ahí es donde éstas deben actuar, porque contratarán con la Administración y les quedará un poco de mercado privado", dice Gustavo García Herrero, autor de un libro sobre la Ley de Dependencia y su aplicación en el mundo rural. "Todos los servicios domiciliarios asociados con las personas dependientes son muy adecuados para estas empresas, o los parques comarcales de ayudas técnicas, como camas articuladas, sillas de ruedas, que pueden alquilarse, venderse, repararse", dice García Herrero. De esta forma, personas con dependencia trabajarían para personas con dependencia.

miércoles, 5 de mayo de 2010

El trabajo social que yo he vivido

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MONTSERRAT COLOMER

El pasado día 22 de Marzo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se llevó a cabo la presentación del libro: “El trabajo Social que yo he vivido” de Montserrat Colomer i Salmons. Montserrat ha ejercido la profesión de asistente social en diferentes campos de trabajo social: la intervención directa, a personas y comunidades, de barrios marginales, y la enseñanza metodológica en la escuela de Barcelona y en la dirección de la Escuela de Manresa. Articulista y seminarista, Montserrat, por su trayectoria profesional es un referente para toda la profesión.

Esta publicación, coeditada por el Consejo General del Trabajo Social e Impulso a la Acción Social, narra la vida profesional de una de las figuras más ilustres en nuestra profesión, y en sus páginas podemos descubrir sus experiencias desde 1939 a 1987.

El libro arranca con el inicio de los estudios de asistente social de Monserrat Colomer:

Cuando, en 1939, con la aprobación de mis padres, me matriculé en la ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL de Barcelona, no era consciente de que con aquel acto iniciaba el camino de una profesión que me llevaría a trabajar en campos muy diversos y a vivir experiencias enriquecedoras en conocimientos y en realidades humanas.

La Escuela de Formación Social iniciada en el año 1932 se reabría. Yo ignoraba las diferencias fundamentales de las dos épocas de aquella escuela y hasta muchos años después no descubrí que en tiempos de la República había sido fruto de unas inquietudes sociales más amplias y profundas, en una época histórica muy diferente de la posguerra.

[...] Unas palabras del Dr. Sayé, director del Dispensario de Lucha antituberculosa de Cataluña, pronunciadas en una conferencia en 1934, demuestran que se entendía el trabajo del asistente social a partir de un servicio educativo y no paternalista, concepto realmente avanzado en aquella época. "El trabajo del asistente social es principalmente educativo. Para ello es necesario que tenga una formación especial, no sólo en el aspecto sanitario, sino también en el social y humano. Es necesario que de ánimos para hacer frente a la adversidad. Nunca luchando sola, sino haciendo colaborar intensamente a los interesados. La asistente social visitadora ha de infundir confianza a sus clientes, buscando para cada problema la solución oportuna y adecuada. Es necesario convencerlos de que la beneficencia ha de utilizarse sólo en un momento de necesidad, que es una ayuda transitoria a la que no se deben de acostumbrar".

En el mes de julio de 1936, aquella escuela se vio obligada a interrumpir sus actividades.


Las memorias de Monserrat Colomer fluyen por los diversos ámbitos en los que desarrolló su vida profesional. El final del franquismo y la transición democrática la encontraron en el barrio barcelonés de La Mina:


El trabajo social en la Mina no podía prescindir de los aspectos comunitarios. La procedencia de la población de diferentes núcleos de barracas en situaciones de estabilidad familiar y social muy diversas, los grupos de etnia gitana, la vida marginal de algunas familias y los grandes bloques de la segunda fase, cada uno con su peculiaridad, ofrecían una problemática que hacia necesaria una perspectiva global o comunitaria. Además, si el barrio en un principio había sido pensado como una zona residencial de viviendas protegidas, su posterior destino para familias barraquistas había hecho cambiar el proyecto inicial de urbanización y de diseño de los bloques, y algunos servicios municipales eran totalmente deficitarios.
[...] La asociación de vecinos, que habia nacido en la primera oficina de trabajo social, fue un elemento muy importante en la dinámica comunitaria del barrio y el principal apoyo de la tarea de los asistentes sociales.


Bueno, os recomendamos la lectura completa del libro, que llega hasta 1987, año en que Monserrat Colomer se jubila tras colaborar en la puesta en marcha del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Los interesados en conocer más cosas sobre Monserrat Colomer pueden acceder a la entrevista realizada por Teresa Zamanillo y publicada en Cuadernos de Trabajo Social nº 4-5 (2003).


martes, 4 de mayo de 2010

Esperanza Linares nos expone su visión actual sobre el papel de los trabajadores sociales





El lunes 3 de mayo contamos con la presencia de Esperanza Linares, trabajadora social en Caritas desde 1968. Impartió una clase magistral en primer curso en la que nos ofreció una completa reseña de la evolución de las distintas modalidades de la acción social en España, ligada al papel de las trabajadoras sociales.

En la segunda parte de su intervención, expuso un balance personal de la situación actual sobre el Trabajo Social y de su relación con los Servicios Sociales, desde la perspectiva que le otorga su amplia experiencia profesional. Reproducimos algunas de sus ideas:

* Esperanza Linares cree que los trabajadores sociales hemos perdido riqueza conceptual y práctica por centrarnos casi en exclusiva en los servicios sociales como campo de intervención social.

* También observa un reduccionismo excesivo en el uso de las prestaciones de servicios sociales, olvidando que el principal recurso son los propios trabajadores sociales como personas -fundamental hace cuarente años, en un entorno de precariedad de medios-. Los trabajadores sociales deberíamos actuar como elemento de puente y de flexibilización entre los ciudadanos y la Administración.

* La España de las Comunidades Autónomas, sin negar los avances que ha supuesto, está generando desigualdades en los ciudadanos que se encuentran en las peores situaciones, en función del territorio en el que residen.

* Es necesario generalizar el derecho subjetivo a los servicios sociales, iniciado recientemente por algunas leyes de servicios sociales autonómicas y por la Ley de atención a personas en situación de dependencia.

* Se ha generado una pirámide invertida en el sistema público de servicios sociales. Los servicios sociales generales o de atención primaria están peor dotados y con menos presupuesto que el conjunto amplio y diverso de servicios sociales especializados. A ésto, hay que sumar la falta de estabilidad presupuestaria par aprestar servicios sociales desde los ayuntamientos.

* Aunque Esperanza Linares ha dedicado su vida profesional a Caritas, manifiesta su preocupación por la creciente privatización de servicios sociales en manos de entidades mercantiles, en las que los recursos deben distribuirse entre los costes de prestación de los servicios y el margen de beneficio de toda empresa con afán de lucro.

* En la actualidad, se mantiene una fuerte estigmatización de los usuarios de los servicios sociales, y se sigue mirando al pobre como un "engañador" que tiene qu ir "demostrando la pobreza" con un sinfín de documentos.


Muchas gracias Esperanza por tu visita a nuestro Centro y por tu visión clara sobre el papel de los trabajadores sociales.


lunes, 3 de mayo de 2010

Gasto social o inversión social



TRIBUNA: GUSTAVO GARCÍA HERRERO



La expresión gasto social sugiere que todo recurso que se destina a ello debe considerarse a fondo perdido. No se justifica en rentabilidades de carácter económico o productivo, sino en valores de solidaridad o la necesidad de cohesión social. Estas consideraciones adquieren más relevancia cuando se trata de atender a las personas más necesitadas, por sus dificultades de autonomía personal, de convivencia familiar o de integración social.

Aunque en situaciones de crisis tan acusada como la actual, la solidaridad con los más necesitados o la apuesta por la cohesión social tienen un límite, pues como todo el mundo sabe, la capacidad de gasto de una sociedad tiene que estar acorde con su capacidad para generar riqueza. Es, ni más ni menos, la cuestión de la sostenibilidad del gasto social. Por eso, a la hora de asignar recursos a gasto social, hay que ser cautos para no superar el límite que lo haga insostenible.

Otra cosa es si se trata de inversiones. De una inversión se espera rentabilidad en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar. En época de crisis nadie cuestiona la necesidad de destinar el máximo de recursos a inversiones productivas.

Pues bien, en época de crisis también es necesario revisar paradigmas que se fraguaron en el modelo económico y social afectado. Uno de ellos es el concepto de gasto social, que debe ser sustituido por el de inversión social. Porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo.

Los servicios sociales constituyen actualmente una gran oportunidad inversora. Más aún, con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. Son soporte imprescindible para el desarrollo económico, proporcionando protección social adecuada a las nuevas formas de vida y convivencia personal y familiar, y para prevenir la marginación y favorecer la cohesión social, sin la cual no puede existir un desarrollo sostenible.

Las nuevas formas de producción han hecho saltar por los aires los antiguos modelos de vida familiar, trasladando a la responsabilidad pública responsabilidades y cuidados que antes se satisfacían en la familia. Servicios para el cuidado de los menores, de las personas mayores y en situación de dependencia, resultan imprescindibles actualmente para que la sociedad desarrolle todo su potencial productivo, especialmente para la incorporación plena de las mujeres, superando su tradicional vinculación a los cuidados de esas personas en el ámbito familiar.

Pero la capacidad de los servicios sociales para incidir en el desarrollo económico también puede medirse en términos de sector productivo, con incidencia directa en la generación de empleo y riqueza.

Podríamos recordar el efecto que desde los años 80 tiene sobre el sector turístico los viajes de la Tercera Edad que, junto a la eclosión de actividades para personas mayores, ha hecho aflorar un importantísimo sector de consumo cada vez más potente.

Pero si un elemento es hoy relevante en este sentido, es la implantación de los servicios del catálogo de la Ley de Dependencia: La memoria económica de esta Ley consideraba que supondría un punto del PIB una vez que se encontrara plenamente desarrollada. Y valoraba su incidencia directa sobre el empleo en unos 300.000 puestos de trabajo.

Bien es cierto que, hasta el momento, la sobredimensión de las prestaciones económicas sobre los servicios (en una proporción aproximada de 6 a 4), hace difícil alcanzar ese objetivo. Pero el potencial sigue intacto, esperando que las cosas en este sentido puedan cambiar.

La capacidad de generar empleo y riqueza vinculada a la autonomía personal y la protección de la dependencia, no sólo está en la atención a estas personas, sino en la innovación y desarrollo tecnológico: la domótica, la robótica, las nuevas tecnologías de la comunicación... ofrecen en este nuevo escenario de protección una oportunidad importante de desarrollo de I+D+I.

La implantación de servicios sociales para la protección a la dependencia es también oportunidad de racionalizar el gasto sanitario, con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces. Los cuidados paliativos o la rehabilitación cuestan más del doble en un hospital que en un centro residencial, en condiciones más favorables para la persona y sus familiares, y sin merma de los cuidados sanitarios.

Otra forma de ahorro en el gasto sanitario, sería gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores, desde la provisión directa por parte del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.

Y no es en absoluto retórico afirmar que promover la actividad y la convivencia en las personas mayores, contribuye a reducir su consumo de servicios y productos sanitarios, con el consiguiente ahorro para el sistema. De la misma manera, servicios que promueven sus cuidados, la prevención del deterioro de sus capacidades, la higiene, la correcta alimentación..., contribuyen a mejorar su salud y a reducir, en consecuencia, el gasto sanitario. Invertir en servicios sociales puede resultar rentable en términos de reducción del gasto sanitario.

Como todo sector productivo, los servicios sociales necesitan gestionar sus estructuras con racionalidad y adaptarse a las nuevas condiciones. Se impone una profunda reconversión, uno de cuyos principales retos es conjugar la responsabilidad pública, como garante del nuevo escenario de derechos subjetivos, con la necesaria inversión privada para crear y gestionar dispositivos que los hagan posible.

Facilitaría mucho las cosas la existencia de un marco normativo estatal, ante la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas en la materia. Y un papel más activo del Ministerio de Sanidad y Política Social para liderar acuerdos con las comunidades para el desarrollo de la Ley de Dependencia y de los servicios sociales de los ayuntamientos, cuyas dificultades económicas los hacen inviables sin el apoyo de sus Comunidades y del Ministerio. Sin embargo, el Plan Concertado, instrumento para esta cooperación, que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal como por la falta de liderazgo técnico capaz de lograr algo tan elemental como un sistema de información homogéneo.

No va a ser fácil esta reconversión de los servicios sociales. Pero es imprescindible. De ello depende su supervivencia y el desarrollo de todo su potencial. Es tiempo de crisis. Tiempo de oportunidades.

GUSTAVO GARCÍA HERRERO es experto en gerencia de servicios sociales y director de la residencia geriátrica municipal de Zaragoza.