Este comunicado se hace eco de informes preceptivos de diversos órganos (Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial, Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Consejo Económico y Social y otros) en los que se recogen críticas al anteproyecto del gobierno y que muestran el camino que debería seguir la actual ley.
Todos estos informes señalan deficiencias que el actual proyecto en trámite no ha subsanado, y que afectan principalmente:
- Al reconocimiento de los derechos de los inmigrantes irregulares conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional (particularmente referidas al derecho de educación, la extensión de la justicia gratuita a todos los inmigrantes con independencia de su situación administrativa y de los derechos fundamentales),
- Al no recorte de los derechos de índole social, laboral y sanitaria a todos los extranjeros en los términos que actualmente se goza de ellos,
- A la no limitación de la reagrupación familiar,
- Al régimen de vida y estancia en los CIES y el control judicial garantista necesario en éste,
- A la inconveniencia de aumentar el plazo de internamiento a sesenta días,
- Al agravamiento del régimen de sanciones para la hospitalidad hacia los inmigrantes irregulares,
- A la indefinición hacia los inmigrantes que en la actualidad, al ir a renovar sus tarjetas de residencia y por efecto de la crisis se encuentran en paro, pudiendo sobrevenir en la irregularidad,
- A la inclusión de la norma de prohibición de ayudas para la obtención de vivienda de protección oficial a los inmigrantes con menos de cinco años de permanencia en España
- Y a los aspectos relativos al padrón municipal.
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