LOS CAMINOS QUE TRANSITAN LOS CONCEPTOS muchas veces nos ofrecen pistas del origen de una idea y sus posteriores mutaciones. Son cosas de la semántica. Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España, cuenta que el término conocido como cuarto pilar del Estado del bienestar surgió de una metáfora fruto de la casualidad. Una mesa de tres patas le sirvió al catedrático para ilustrar su idea. Los tres vértices conocidos, antes de que se acuñara el popular término, eran el derecho de acceso a los servicios sanitarios, el derecho a la educación y el «casi derecho a las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contributivas) ». ¿El cuarto? El derecho de acceso a los servicios de ayudas a las familias. Esto ocurrió hace más de una década. Josep Borrell aceptó la propuesta y Joaquín Almunia la mantuvo en su programa; así fue como terminaría llegando al Gobierno deJosé Luis Rodríguez Zapatero, materializándose parcialmente, en la primavera del 2006, en la conocida como Ley de Dependencia. Pero, ¿por qué parcialmente?
Un término popular
Navarro señala en el artículo "El cuarto pilar del Estado del bienestar" que el significado del término era más ambicioso en su origen y que, al entrar en vigor, se redujo su uso en lo referente a los servicios de dependencia, dejando de lado el derecho al acceso a las escuelas de infancia —conocidas en nuestra geografía como «guarderías»— y los servicios domiciliarios.
Ana Lima, presidenta del Consejo del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales, se adhiere a esta visión crítica de la ley. «A lo largo de los tres años de aplicación de la Ley de Dependencia, los trabajadores y trabajadoras sociales nos hemos movido entre el posicionamiento y la esperanza del avance hacia la universalización de derechos.La ley supuso para nosotros un avance histórico; era la primera vez que se reconocía un derecho subjetivo en el ámbito de los servicios sociales. No obstante, siempre hemos recordado que no constituía en si misma el cuarto pilar, sino que era una parte, importante, fundamental, pero una parte». Señala como importante carencia de la Ley de Dependencia la ausencia de un marco normativo mínimo para los servicios sociales en todo el Estado: «Este es uno de los motivos por los que somos [los trabajadores sociales] tan heterogéneos», explica. «Ni siquiera nos evaluamos con los mismos parámetros, lo que dificulta tener estadísticas fiables y estandarizar los servicios que se prestan». Sirve como ejemplo la forma de presentar el presupuesto para servicios sociales en las diferentes comunidades autónomas; en algunas incluyen los gastos para juventud y deporte, en otras los de sanidad. «Es por esto que resulta imposible realizar una comparación fiable».
Ana Lima, presidenta del Consejo del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales, se adhiere a esta visión crítica de la ley. «A lo largo de los tres años de aplicación de la Ley de Dependencia, los trabajadores y trabajadoras sociales nos hemos movido entre el posicionamiento y la esperanza del avance hacia la universalización de derechos.La ley supuso para nosotros un avance histórico; era la primera vez que se reconocía un derecho subjetivo en el ámbito de los servicios sociales. No obstante, siempre hemos recordado que no constituía en si misma el cuarto pilar, sino que era una parte, importante, fundamental, pero una parte». Señala como importante carencia de la Ley de Dependencia la ausencia de un marco normativo mínimo para los servicios sociales en todo el Estado: «Este es uno de los motivos por los que somos [los trabajadores sociales] tan heterogéneos», explica. «Ni siquiera nos evaluamos con los mismos parámetros, lo que dificulta tener estadísticas fiables y estandarizar los servicios que se prestan». Sirve como ejemplo la forma de presentar el presupuesto para servicios sociales en las diferentes comunidades autónomas; en algunas incluyen los gastos para juventud y deporte, en otras los de sanidad. «Es por esto que resulta imposible realizar una comparación fiable».
Lima también destaca, como principal escollo, la falta de financiación para las prestaciones básicas, acentuada por la crisis económica y su «efecto dominó». Esto ha impedido, desde su punto de vista, la planificación del desarrollo integral de la ley.
Navarro remata: «La Ley de Dependencia es una buena ley para cubrir el enorme déficit de servicios domiciliarios, pero está subfinanciada. Debiera invertirse más por parte del Estado (tanto a nivel central como autonómico) en servicios sociales, con ello se respondería a una necesidad urgente además de crearse empleo, que hoy se requiere más que nunca en nuestro país».
El artículo completo, titulado "Los derroteros del cuarto pilar" está publicado en la Revista "Profesiones", correspondiente a enero-febrero de 2010.
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