miércoles, 16 de abril de 2014

POBREZA INFANTIL EN EUROPA: LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA. Informe Save the Children "Pobreza infantil y exclusión social en Europa"

En 2012 -último año para el que existen datos disponibles- casi 27 millones de niños y niñas en Europa estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (en los Estados miembros de la UE 28 más Islandia, Noruega y Suiza). En los Estados miembros de la UE 28, el 28% del total de la población menor de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, el 20,8 % de los niños y las niñas vivían en hogares con ingresos disponibles por debajo del 60% de la mediana nacional, el 9% vivía en hogares con muy baja intensidad laboral y el 11,8% en hogares con privaciones materiales. En España, el 33,8% de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social y el 29,9% viven bajo el umbral de la pobreza relativa. 


El AROPE es el indicador básico en Europa 2020 para medir la pobreza y la exclusión social. Es una medida compuesta por tres subindicadores: “en riesgo de pobreza”, “privación material grave” y “muy baja intensidad laboral". Es el indicador que se ha tomado como referencia en el informe de Save the Children. El Anexo final del informe recoge la explicación detallada del "AROPE".

NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La pobreza en Europa no tiene pasaporte. En todos los países europeos hay niños y niñas que viven en situación de pobreza, pero, como muestra el Gráfico 1, el porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social varía sustancialmente de país a país. En los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia) y Eslovenia, Holanda, Alemania, Suiza y la República Checa, entre el 12 y el 19% de los niños viven en riesgo de pobreza o exclusión social. En Grecia, Hungría y Letonia la cifra asciende hasta el 35-41%; y en Rumanía y Bulgaria se sitúa por encima de la mitad de los niños, un 52%. En España, el 33,8% de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

 
Participación en el mercado de trabajo. El riesgo de pobreza es mayor entre los niños que viven en hogares con una intensidad laboral muy baja. La diferencia agregada en la cuota de niños en riesgo de pobreza entre los hogares con alta y baja intensidad laboral para los miembros de la UE 28 es de 56,7%. La persistencia del riesgo de pobreza infantil entre hogares con alta intensidad de trabajo –tales como Rumanía, Lituania, Portugal, España, Grecia, Letonia, Eslovaquia, Polonia o Luxemburgo– subraya el hecho de que el acceso al mercado de trabajo no garantiza un estándar básico de vida para las familias ni, por lo tanto, para los niños y niñas. Los países nórdicos históricamente han tenido una proporción inferior de niños en riesgo de pobreza como consecuencia de políticas que han favorecido el empleo, en especial el empleo femenino, por una parte, y transferencias sociales generosas y muy eficaces (porque están centradas en los niños), por otra. Últimamente estas políticas han cambiado y el resultado es un aumento en las tasas de pobreza infantil.
La eficacia de las transferencias sociales. Las transferencias sociales pueden tener un impacto importante en el nivel de pobreza infantil. Pero en qué medida son eficaces en reducir el riesgo de pobreza entre los niños y las niñas, depende sobre todo del nivel de gasto directamente dirigido a apoyar a las familias y los propios niños.

La tasa de pobreza relativa. El indicador con el que habitualmente se cuantifica la situación de pobreza de un país es la tasa de pobreza relativa. Es decir, el porcentaje de población que vive en hogares cuyos ingresos les sitúan por debajo del umbral de pobreza. Según los últimos datos de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida del Eurostat, en 2012 el porcentaje de población infantil viviendo en hogares por debajo de este umbral era del 29.9 en España. Este dato nos sitúa en el segundo lugar por detrás de Rumanía. Como se observa en el Gráfico 3, las políticas estatales en países como Grecia, Italia, España, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Portugal, tienen un bajo impacto en la reducción del riesgo de pobreza entre los niños y las niñas (una reducción de entre el 3 y el 8% antes y después de las transferencias sociales), comparados con los países nórdicos, donde las transferencias sociales hacen posible que esa reducción sea mucho mayor (alrededor del 18%).
El efecto de la crisis financiera. Entre 2008 y 2012, el número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social en Europa aumentó en 1 millón, con un incremento de alrededor de medio millón solo en un año, entre 2011 y 2012; el porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social pasó del 26,5% al 28% entre 2008 y 2012. La crisis ha reducido los ingresos y ha conducido a un deterioro inmediato del bienestar y el desarrollo infantil en general, desde la nutrición y la salud, hasta las oportunidades educativas y el ocio. Este empeoramiento de la situación surge del creciente desempleo, especialmente del desempleo de larga duración, y las deterioradas condiciones de trabajo, con recortes en los niveles salariales o reducciones de la jornada, y una caída de los ingresos disponibles acompañada de una subida de los precios de los alimentos básicos, la energía y los servicios.
DESIGUALDAD: LA CAUSA PROFUNDA DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
La desigualdad es una de las principales causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social infantil. Los niños y las niñas europeos que han nacido en barrios o regiones desfavorecidas económica y socialmente, cuyos padres tienen bajos niveles de formación y empleo, o cuyos padres son migrantes, tienen más probabilidades de vivir en familias con menos ingresos disponibles o en una vivienda inadecuada. También es más probable que tengan un acceso limitado a los servicios de salud y a la educación y a los cuidados a la primera infancia. Estos niños comienzan sus vidas en situación de desventaja y es posible que crezcan en desventaja. Sin apoyo, probablemente continuarán con la transmisión intergeneracional de la pobreza y la exclusión social. La pobreza la determina cómo (a quién y en qué medida) se (re)distribuye la riqueza en un país, más que la riqueza general del país. 
Los niños sufren las consecuencias de la pobreza. El riesgo de pobreza o exclusión social es mayor para los niños que para los adultos. Sólo en siete países – Lituania, Estonia, Alemania, Noruega, Finlandia, Eslovenia y Dinamarca, el riesgo de pobreza o exclusión social es mayor para los adultos que para los niños.
La educación de los padres y madres. Los niños de padres con niveles educativos más bajos (pre-primaria, primaria o primeros ciclos de secundaria) tienen más probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos cuyos padres tienen niveles educativos más altos. Niveles educativos inferiores a menudo pueden significar que los padres tienen menos ingresos disponibles procedentes de sueldos y salarios. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza en los países de la UE (excluyendo Croacia) subieron del 55,3% al 61% para aquellos niños cuyos padres tienen unos niveles inferiores de educación, mientras que aumentó solo en 0,5% para aquellos con padres con estudios superiores.
El país de origen de los padres. La probabilidad de que un niño esté en riesgo de pobreza o exclusión social está determinada por el país de nacimiento de los padres. En los países de la UE 28, se registran tasas de pobreza más elevadas entre niños cuyos padres han nacido en países extranjeros que entre niños cuyos padres son de uno de los países incluidos en este informe (32,2% frente a 18,3%). Se encuentran mayores diferencias en España, Bélgica, Grecia, Eslovenia, Suecia y Francia. Todos ellos son países con ingresos medio-altos, lo que indica que la desigualdad basada en el origen o historial de la familia es relativamente alta, incluso en países histórica y culturalmente caracterizados por su fuerte preocupación por la justicia social, como Francia y Bélgica. Los miembros de una familia nacidos en países extranjeros tienen más probabilidad de tener un trabajo de baja remuneración. También pueden tener más probabilidades de experimentar dificultades en el acceso a servicios sociales y de bienestar (como educación y atención a la primera infancia).
Composición del hogar. Los hogares monoparentales, especialmente mujeres, presentan un mayor número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social (49,8% frente a 25,2% de la media de los hogares con niños dependientes). También aplica a los hogares con más miembros: dos adultos y al menos tres niños dependientes (30% de índice de pobreza infantil).
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA: UN DERECHO Y UN CAMINO PARA SALIR DE LA POBREZA 
Un acceso en condiciones de igualdad a una educación y atención a la infancia asequibles e inclusivas es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y romper los ciclos de pobreza (Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Artículos 28 y 29). Sin embargo los objetivos de Barcelona (acordados por el Consejo Europeo, CE, en 2002) de proporcionar atención infantil al menos al 33% de los niños menores de tres años de edad y al menos al 90% de los niños entre tres años y la educación obligatoria para 2010, están lejos de alcanzarse en la mayoría de los países europeos. Actualmente, la media europea de provisión de servicios entre 0 y 3 años está en el 30%. En 11 países (Rumanía, Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Bulgaria, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Croacia y Letonia) no se alcanza el 15% de cobertura.
Impacto a largo plazo. La cobertura y la calidad de los servicios de atención a la infancia tienen un impacto a largo plazo en las oportunidades educativas y laborales. Los niños y las niñas matriculados en educación y atención a la primera infancia antes de la educación obligatoria, en general tienen menos probabilidades de abandonar la escuela y más de conseguir cualificaciones que les permitirán acceder a mejores trabajos y ganar mejores sueldos cuando sean adultos. Por el contrario, tener menos oportunidades educativas es probable que conduzca a las familias y a los niños a tener menos ingresos, con el potencial de perpetuar la pobreza en generaciones futuras.
Una investigación llevada a cabo por Save the Children Rumanía reveló que, para cubrir los gastos de la educación de un niño (excluyendo el pago del personal del colegio), los padres y madres tienen que gastar una suma que es una vez y media superior a la asignada por niño por el Estado. Incluso, aunque la educación obligatoria es en teoría gratuita, los padres tienen que pagar la matrícula, material (como libros de texto, lapiceros, tiza y otros materiales para la enseñanza), transporte, renovación y mantenimiento de los edificios escolares, equipo deportivo o personal de seguridad privada. Estos “costes ocultos” crean una clara desventaja para los niños cuyas familias no pueden permitirse pagar, y esto puede llevar a la no matriculación de los niños o al abandono escolar.
Abandono escolar temprano. Uno de los cinco objetivos de la estrategia Europa 2020 es reducir el abandono escolar temprano a menos del 10%. Sin embargo, y a pesar de algunas mejoras en los últimos años, alrededor del 13% de los niños y niñas de la UE abandonan la escuela después del primer ciclo de secundaria y no entran en programas de formación. Muchos países quedan lejos de alcanzar el objetivo, como por ejemplo España, donde el abandono escolar prematuro se sitúa en el 25% (Gráfico 12).
La desventaja educativa afecta especialmente a los niños y niñas vulnerables y marginalizados. Por ejemplo, en Grecia, Rumanía, Bulgaria, Italia y Francia, el 10% o más de los niños romaníes en edad de educación obligatoria (7-15) no van al colegio. La asistencia disminuye aún más pasada la edad de educación obligatoria. Las tasas de abandono escolar son mucho más altas entre los niños romaníes o inmigrantes y entre los niños con necesidades especiales.

VIVIENDAS INADECUADAS E INASEQUIBLES: UNA TRAMPA DE POBREZA
Un entorno de vivienda adecuado que sea seguro, limpio y saludable es crucial en el desarrollo, la salud, la educación y la vida social de los niños y las niñas. Los niños necesitan un lugar adecuado y tranquilo donde hacer sus deberes, jugar e invitar a sus amigos a casa. Sin embargo, las familias que viven en riesgo de pobreza tienen más probabilidades de vivir en zonas caracterizadas por condiciones de vida insalubres e inseguras.
Por ejemplo, en la UE (excluyendo Islandia, Noruega y Suiza) el porcentaje de niños que viven en hogares que gastan más del 40% de los ingresos disponibles en costes de la casa (lo que impide que los padres puedan permitirse otras actividades que contribuyan al bienestar de sus hijos, como actividades culturales o de tiempo libre) es de un 11%. Grecia tiene el mayor porcentaje (38%), seguido de España, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Holanda, Alemania y Portugal.
El porcentaje de niños en hogares afectados por privación relativa a la vivienda –definida como una vivienda con goteras en el techo, humedad en las paredes y suelos o cimientos y marcos de ventanas podridos– es del 17% entre los países miembros de la UE 28, con 15 países que igualan o están por encima de la media. Eslovenia tiene el porcentaje más alto (31%), seguido de cerca por Letonia, Chipre y Hungría. En Italia, Portugal y Dinamarca casi un cuarto de los niños viven en hogares afectados por la privación en relación a la vivienda.
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: EL ENFOQUE CORRECTO PARA ABORDAR LA POBREZA INFANTIL Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Un enfoque de derechos de la infancia implica abordar cada aspecto del bienestar infantil y un cambio en las políticas sociales. En la práctica, significa proporcionar más recursos para ampliar y mejorar la calidad de una educación una atención a la infancia asequibles. Significa estimular las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo, tanto en términos financieros como en relación a posibilitar que los padres alcancen un equilibrio entre trabajo y familia. Las transferencias sociales dirigidas a niños tienen que aumentar en cantidad y en eficacia. La primera aspiración debería ser reducir las desigualdades y romper la transmisión intergeneracional de las desventajas. Unas subvenciones universales deberían, por lo tanto, ir acompañadas de recursos específicos para los niños más desfavorecidos. También es importante garantizar que las actividades sociales, culturales y de tiempo libre son asequibles y accesibles para todos los niños y las niñas, independientemente de su contexto económico.
Es necesario que Europa cambie de paradigma y considere la inversión en infancia como una política fiscal europea rentable, a nivel europeo, nacional, regional y local. La pobreza y la exclusión social infantil son una cuestión de derechos de los niños y deberían abordarse a través de un enfoque de derechos de la infancia.


Save the Children insta a todos los Estados de la UE a implementar la Recomendación sobre pobreza y bienestar infantil "Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas" como parte de su Paquete de Inversión Social (adoptada el 20 de febrero de 2013 por la Comisión Europea) y a la CE a crear un seguimiento anual y un proceso de evaluación para medir dicha implementación. También insta a todos los países europeos, a las instituciones de la UE y a quienes diseñan las políticas a que desarrollen estrategias y planes que aspiren a reducir la pobreza infantil desde una perspectiva de derechos de la infancia, con un enfoque transversal y paneuropeo. Invertir en la infancia debería ser un principio fiscal a nivel europeo, nacional, regional y local.
Instan a la Comisión Europea a que desarrolle indicadores de amplio espectro para medir la pobreza y la desigualdad infantil junto con los Estados miembros de la UE, con el fin de comprometerse a objetivos concretos de reducción de la pobreza infantil dentro de las prioridades de política estratégica de la UE post-2020. 

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martes, 15 de abril de 2014

Los niños y niñas de España menores de 18 años ya pueden denunciar violaciones de sus Derechos ante el Comité de los Derechos del Niño

El 14 de abril de 2014 será una fecha para recordar en relación a los Derechos del Niño. Es el día en que ha entrado en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas relativo a un procedimiento de comunicaciones, que permite que, de forma individual o en grupo, solos o delegando en un representante que deberá contar con el consentimiento expreso de los mismos, los menores de 18 años españoles puedan presentar denuncias por vulneraciones de los derechos a la infancia que se encuentran recogidos tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, como en el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la explotación sexual infantil y la utilización de niños en la pornografía.
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Todas las formas de vulneraciones de los derechos del niño, que van desde la falta de acceso a la educación primaria a la explotación sexual, se podrán presentar al Comité de los Derechos del Niño. El Protocolo establece que el Comité de los Derechos del Niño tendrá en cuenta “las opiniones del niño y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez del niño”.
Para que este protocolo entrara en vigor, se necesitaba que lo ratificaran al menos 10 países. Hasta el momento lo han ratificado Albania, Alemania, Bolivia, Eslovaquia, España, Gabón, Montenegro, Portugal, Tailandia y Costa Rica. Por tanto, sólo los niños y niñas de estos países podrán presentar quejas o denuncias al Comité de los Derechos del Niño.
Este instrumento representa una garantía para la defensa y protección de las niñas y niños del mundo cuando el Estado no garantiza sus derechos. No sólo permitirá una aplicación más eficaz de la Convención sino que convierte a los niños en sujetos políticos de pleno derecho en pie de igualdad con el resto de ciudadanos.

Resultados probables del uso del mecanismo. El Comité sobre los Derechos del Niño decide si el caso no se admite a trámite o publica sus opiniones sobre el caso si halla alguna violación de la Convención sobre los Derechos del Niño o uno de sus Protocolos Facultativos. Si halla alguna violación, el Comité puede recomendar que el Estado en cuestión haga modificaciones o rectifique la situación. El Comité también puede intentar llegar a un acuerdo amistoso entre el Estado parte y la víctima o víctimas.

Quién puede presentar la información. El Comité puede recibir comunicaciones individuales (denuncias) de cualquier persona individual bajo la jurisdicción de un Estado parte del Protocolo Facultativo que declare que sus derechos protegidos por la Convención han sido violados por el Estado parte. Si queremos presentar una denuncia en nombre de otra persona o grupo, tendremos que presentar por escrito una prueba del consentimiento de cada víctima que queramos representar, o pruebas de por qué no tienen la capacidad de dar dicho consentimiento.

Cuándo presentar la información. Las denuncias tienen que presentarse dentro de un plazo de un año desde el agotamiento de los recursos legales nacionales, menos en los casos en que pueda demostrarse que no ha sido posible hacerlo.

Cómo redactar una denuncia. Los mecanismos de denuncia están diseñados para ser sencillos y accesibles para todo el mundo. No es necesario ser abogado ni tampoco estar familiarizado con el lenguaje técnico legal para presentar una denuncia ante el Comité.

Para que una denuncia sea admisible a trámite tiene que cumplir los siguientes requisitos:
·  Tiene que ser enviada por la persona cuyos derechos han sido violados, o con su consentimiento escrito. Solamente en casos excepcionales, cuando a la persona afectada le sea imposible dar el consentimiento, puede ignorarse este requisito. Las denuncias anónimas no serán admitidas.
·   Es necesario que se hayan agotado los mecanismos nacionales, es decir, que se hayan intentado todos los procedimientos locales de apelación. Sin embargo, si se puede demostrar que los mecanismos locales no son eficaces (por ejemplo, porque el tribunal de mayor rango ya ha dictado sentencia en un caso muy parecido), no son accesibles, o son excesivamente lentos, este requisito puede ser ignorado.
·   Que no esté siendo considerada por otro procedimiento internacional de investigación internacional o de resolución de conflictos.
La denuncia, habitualmente llamada “comunicación” o “petición”, no es necesario que tenga ninguna forma concreta. Sin embargo, tiene que estar por escrito y firmada (lo cual quiere decir que las denuncias por correo electrónico serán desestimadas). Debería aportar información personal básica –nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento- y especificar el Estado Parte contra el que va dirigida la denuncia.
La denuncia tiene que incluir todos los hechos sobre los que basa –mejor en orden cronológico, y el trabajo realizado para agotar los mecanismos legales nacionales (incluyendo copias de las sentencias judiciales relevantes y un resumen en uno de los idiomas de trabajo del Comité).
Es útil citar los artículos del Protocolo Facultativo que sean aplicables al caso. Debe explicarse en qué sentido los hechos relatados suponen una violación de esos artículos.

Procedimientos de emergencia. Si existe temor de daño irreparable (por ejemplo en casos de ejecución inminente o deportación para tortura) antes de que el Comité haya examinado el caso, es posible solicitar la intervención del Comité para detener una acción (u omisión) inminente por parte del Estado que podría causar ese daño.

En palabras de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais: “Millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sufren a diario la violencia, la explotación y el abuso. Ignorados por las estadísticas y descuidados por las medidas políticas convirtiéndolos en víctimas silenciosas, excluidas del debate público. La ratificación y aplicación de los Protocolos sienta las bases para la protección de los niños contra la violencia, el abuso y la explotación”.

España firmó el III Protocolo el 28 de febrero de 2012, iniciándose después la tramitación para su ratificación mediante autorización previa de las Cortes Generales y depósito final del documento el 3 de junio de 2013. A partir del próximo 14 de abril entrará en vigor para España al igual que para los demás Estados que lo han ratificado. Con este instrumento España se compromete a aplicar mejor la CDN y sus Protocolos Facultativos, comprendiendo al tiempo cómo sus sistemas jurídicos pueden seguir desarrollándose para consolidar la protección de los derechos de la infancia en el ámbito nacional y dando ejemplo de su aplicación en el ámbito internacional.


Para ampliar información sobre el procedimiento de quejas visita el siguiente enlace de Naciones Unidad (en inglés): http://www2.ohchr.org/english/


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sábado, 12 de abril de 2014

12 abril. Día Internacional de los Niños de la Calle. PROYECTO EUROPEO DE LOS NIÑOS QUE DUERMEN EN LA CALLE (CRS). Simetrías Inclusión Social

Sensibilización sobre los niños sin techo, que sufren malos tratos o abandono familiar y están acogidos en instituciones de protección, que viven  en asentamientos, en viviendas infrahumanas o inseguras en toda Europa.

Acceso al artículo en SIMETRÍAS INCLUSIÓN SOCIALPlataforma internacional de operadores de economía creativa, industrias culturales e inclusión social articulada por la necesidad de dar respuesta al impacto de la crisis económica en el sector privado cultural y social; trabajamos con el interés de impulsar la innovación en tecnología, sostenibilidad, internacionalización y cohesión social. Investigación, formación, gestión de políticas públicas sociales y culturales. Cooperación cultural internacional, gestión programas europeos. Diseño de estrategias, innovación en modelos de políticas públicas, relaciones internacionales, acompañamiento a las administraciones públicas y organizaciones privadas

"De nuevo en 2014, este año el 12 de abril, conmemoramos el día internacional de los Niños de la Calle (CRS) por las ONG, los políticos, las empresas y las personas interesadas de todo el mundo. 

Esta dedicación anual a un grupo particularmente vulnerable en nuestra sociedad se puso en marcha en 2011 por el Consorcio para Niños de la Calle (CSC), la red líder dedicada a garantizar los derechos de los niños de la calle en todo el mundo.

El Proyecto europeo de los Niños que Duermen en la Calle (CRS) , financiado a través del Programa Daphne de la Comisión Europea, ha aprovechado la ocasión del 12 de abril de 2014 para crear conciencia sobre su importancia, cada año mayor número de menores duermen en la calle en toda Europa.

Estos niños viven  en nuestros centros urbanos de toda Europa rara vez se les reconoce, son invisibles, ni siquiera se dan cuenta de ellos los vecinos, los residentes en un barrio, las autoridades locales, aunque su número sigue en aumento. 

Sin embargo, más allá de estas cifras de crecimiento, existe relativamente poca información sobre los niños que duermen en la calle. Las cifras indican que más de 140.000 niños desaparecen cada año en el Reino Unido solamente.

En Europa, los niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle son representados por los fugitivos que huyen de sus hogares por conflictos familiares o como resultado de ser expulsados por su familia, o  están tutelados y optan por abandonar el centro de protección o reforma escapando de estos centros, por último los menores extranjeros no acompañados que entran en Europa.

El problema planteado por cuestiones relacionadas con los niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle es importante a escala europea, especialmente en el clima económico actual en el que nuestros gobiernos están aplicando medidas de austeridad para reducir el déficit presupuestario.

Por otra parte, entre las autoridades locales el apoyo prestado a este grupo  varía de región a región.

Rara vez se reconoce que estos niños, niñas y jóvenes son especialmente vulnerables a las amenazas que plantea el abuso de drogas, la explotación sexual y la violación de niños.

Además, con el fin de sobrevivir en la calle que se encuentran en alto riesgo de convertirse en autores de la violencia y el crimen contra las personas más débiles o de otros menores.

Se puede hacer mucho para reducir el número de niños, niñas y jóvenes que duermen en la calle, sobre todo en términos de estrategias de prevención y mediante el aumento de la visibilidad de estos niños con el fin de asistirlos de manera concreta a superar  sus circunstancias.

En este sentido, los resultados de investigaciones actuales de nuestros profesionales del proyecto Niños que Duermen en la Calle (CRS) ya dan indicaciones claras, que muestran un camino viable a los gobiernos nacional, regional y local para que contemplen un mayor apoyo a los niños que viven en hogares y / o en familias extensas por sufrir su familia situaciones de extrema vulnerabilidad. 

De hecho, como estos estudios muestran, casi todos los niños que viven en nuestras calles han tenido previamente algún tipo de contacto con los servicios sociales. 

En consecuencia, sigue existiendo la urgente necesidad de apoyar a los niños ya acogidos en centros de protección social. Aún así, representan un segmento particularmente frágil de los menores que a menudo terminan en las calles. Las soluciones incluyen la estructuración de las opciones de vivienda adecuada para los niños que viven en la calle con el fin de acompañar y apoyar con la ayuda de equipos profesionales de confianza. Esto ha demostrado ser una opción  para abordar responsablemente.


También tenemos que dar voz a los agentes sociales, las ONG, los trabajadores sociales y las organizaciones de voluntarios que trabajan en las calles de Europa, por lo que podemos llegar a estar más atentos a sus ideas, opciones y mejores prácticas en esta materia".

Los niños que duermen en la calle es un proyecto financiado por la Comisión Europea bajo el Programa Daphne. Se identifica por la JUST/2011/DAP/AG/3022 

Más información sobre el proyecto se puede encontrar en la web www.childrenroughsleepers.tk  

Twitter:  @CRS_Project


Socio local del proyecto europeo CRS: Simetrías Fundación Internacional

miércoles, 9 de abril de 2014

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL TIENEN BARRERAS PARA ACCEDER A LA ATENCIÓN SANITARIA

El 7 de Abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, FEAPS publicó el estudio "DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SALUD: DERECHOS, DESIGUALDADES, EVIDENCIAS Y PROPUESTAS que constata que las personas con discapacidad intelectual –y en mayor medida las personas con discapacidad severa y profunda- tienen menos posibilidades de acceder a los servicios sanitarios que el resto.


Las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades de comunicación y en general dependen de terceras personas para ir al médico. Pero los propios servicios no son accesibles ni cognitiva ni físicamente, los profesionales tienen poca formación para tratar a las personas con discapacidad intelectual en las consultas. Los servicios de salud no garantizan por tanto un trato igual para las personas con discapacidad.


A todo ello se suman las políticas sanitarias derivadas de la actual crisis, y especialmente la adopción de medidas como el copago farmacéutico, que están comenzando a limitar el acceso a los servicios sanitarios por razones económicas (lo que afecta de modo especialmente negativo a las personas y familias con algún miembro con discapacidad).
El estudio revela datos alarmantemente bajos en las visitas de las personas con discapacidad intelectual a los especialistas médicos. Tomando como ejemplo al oftalmólogo, se comprueba que aunque más del 40% de las personas de la muestra emplea gafas, sólo un 13% acude a este especialista. 
Esto es aplicable a otras especialidades médicas como la odontología (sólo un 4,5%), la otorrinolaringología (un 9,4%), o la ginecología (un 10,4% de las mujeres). En el caso de la psiquiatría (un 13,4%) este dato es de especial gravedad ya que muchas personas con discapacidad intelectual podrían estar consumiendo psicofármacos sin una supervisión adecuada. Junto a ello, también resulta especialmente alarmante que tan sólo un 9% de las personas con discapacidad intelectual entrevistadas presente un calendario completo de vacunación, y un 67,2% no tenga información, considerando que estas personas conviven con otras muchas en los centros y residencias. 
El objetivo general de este estudio fue conseguir datos de observación directa sobre el estado de salud de las personas con discapacidad intelectual severa, y sobre el estado de salud y la accesibilidad a servicios sanitarios de este grupo de población.
Como objetivos específicos se proponían:

  • Obtener información sobre el estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales problemas de salud del colectivo (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria, etc…).
  • Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud por estas personas, así como las características de los mismos.
  • Valorar en este colectivo diversos factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud
  • Realizar el análisis de los datos desde la perspectiva de género.
  • Identificar desigualdades en salud
  • Proporcionar orientaciones y pautas de actuación específicas que permitan mejorar el estado de salud de las personas con DI.
Procedimiento de recogida de la información. Se contó con la colaboración de 3 centros de atención a personas con discapacidad intelectual vinculados a la red de FEAPS Madrid, para seleccionar a la muestra de personas con DI participantes, así como con 12 estudiantes de 3º curso de Enfermería de la UAM (La Paz) y profesoras del mismo centro para la recogida de los datos. La participación en este proyecto formó parte de la oferta de Prácticum de esta titulación.
Se seleccionó una muestra de la población diana formada por 67 personas con DI (ligera y moderada/severa y profunda) que acudían, en régimen mediopensionista o residencial, a centros específicos para personas con DI. Todos los participantes fueron informados y dieron su consentimiento para participar en el estudio.
El derecho a la salud se recogió en la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Asimismo, el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el derecho de las mismas a “gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Pero este derecho a la salud no es el derecho a gozar de buena salud o a estar libre de enfermedades, sino que hace referencia a la obligación que tienen los Estados de generar condiciones para que todos sus ciudadanos puedan vivir lo más saludablemente posible. Unas condiciones que incluyen la disponibilidad garantizada de servicios sanitarios y otros elementos determinantes como el acceso a condiciones sanitarias adecuadas, una nutrición conveniente, una vivienda apropiada, entornos saludables en el trabajo y el medio ambiente, acceso a la educación y acceso a información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
Las recomendaciones desde FEAPS es proponer a los poderes públicos que analicen las razones que explican la discrepancia entre necesidades sanitarias y atención recibida en este colectivo, e identifiquen las barreras objetivas que las mantienen en situación objetiva de desigualdad respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas. Junto a ello, también recomienda la promoción de un Plan Integral de Salud para las personas con discapacidad intelectual, y la adopción de medidas de discriminación positiva que garanticen una correcta atención de las mismas en este ámbito. 



lunes, 7 de abril de 2014

PRECARIEDAD Y COHESIÓN SOCIAL. Nuevo FOESSA "Análisis y Perspectivas". 27.03.2014

La Fundación FOESSA y Cáritas presentaron el pasado 27 de Marzo, el nuevo Análisis y Perspectivas correspondiente a 2014, “Precariedad y Cohesión Social" que presenta los primeros resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales realizada por la Fundación FOESSA en 2013. El informe pone de manifiesto que ni la pobreza ni la exclusión social son exclusivas de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el carácter de nuestra economía: crece la pobreza en época de recesión, pero no se recupera en la misma medida en épocas expansivas. Lo que corresponde es revisar el modelo y, en concreto, si nuestro país apuesta firmemente por un modelo en el que la persona y su dignidad ocupen el lugar central de todas las prioridades, y donde el bien común marque la hoja de ruta.

Descarga del Informe
En la primera parte, “ANALIZAMOS”, ofrece una primera fotografía de una sociedad española –cada vez más fracturada- a partir de los indicadores sociales más relevantes y el avance de resultados de la Encuesta. En la segunda parte, “PROFUNDIZAMOS”, presenta por un lado la trayectoria de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada –FOESSA- desde los antecedentes, la creación -1966- y las primeras aportaciones, hasta los Informes FOESSA sobre la situación social de España y la exclusión en medio siglo de andadura de la Fundación, presentados por Gregorio Rodríguez Cabrero. Esta parte continua también con el debate de la necesidad de articular un verdadero sistema que garantice un nivel de renta suficiente a los ciudadanos en España. En la última parte del informe, “DEBATIMOS”, se abordan los elementos básicos de la crisis de la deuda en España y alternativas, la protección social en América Latina y una serie de preguntas que en estos momentos nos formulamos un gran conjunto de la ciudadanía, que bajo el epígrafe “¿Estamos saliendo de la crisis?”, responden Miguel Ángel García –Profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid- y Ángel Laborda –Director de Coyuntura de Funcas-.
En esta reseña de nuestro blog abordaremos exclusivamente el contenido de la primera parte.

ANALIZAMOS…Los indicadores sociales. Comité Técnico de la Fundación FOESSA
Renta y desigualdad. A pesar de la contención de la caída del PIB en los últimos trimestres del año, las rentas de los hogares, que se miden teniendo en cuenta el efecto del crecimiento de los precios, han seguido reduciéndose en términos reales. Desde el año 2007, la tendencia ha sido un profundo deterioro de la capacidad adquisitiva de nuestros hogares, acentuándose el proceso desde 2010, primer año en el que se acometen las medidas drásticas de recortes. El prolongado proceso de disminución de las rentas ha supuesto un notable retroceso en los indicadores básicos de bienestar. En términos reales la renta media de la población española es inferior a la que había en el año 2000.
Una de las fuentes más importantes de este declive ha sido la reducción de las rentes procedentes del mercado de trabajo. La remuneración media por trabajador ha ido cayendo año a año, tal como reflejan los datos de la contabilidad nacional donde se muestra que el crecimiento de los salarios, cada vez más moderados y por debajo del 1% en 2013, ha sido inferior al de los precios desde 2011. Esta pérdida de capacidad se debe al proceso de ajuste de los costes salariales al contexto de la crisis y de las medidas adoptadas de reducción de las remuneraciones de los empleados `públicos así como la adopción de procedimientos de negociación de los salarios más descentralizados, como consecuencia de la última reforma laboral.
Otro dato revelador del empeoramiento del bienestar en la sociedad española es la agudización de las diferencias de renta entre los hogares. España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más inequitativa. Sólo Bulgaria y Letonia presentan indicadores de desigualdad más altos.
El aumento de la desigualdad es, sin duda, una de las amenazas más graves de las posibles secuelas en el largo plazo de la crisis; los indicadores alertan de la posibilidad de que este incremento de la desigualdad se convierta en crónico a largo plazo.
Los datos más recientes muestran progresiva recomposición de la distribución de la población por grandes grupos de renta, con una bajada del porcentaje de hogares pertenecientes al grupo intermedio (del 60% al 52%) que pasan a engrosar el grupo de grupo de renta baja (40%) y la inmovilidad del grupo de rentas más altas (8-9%)
Empleo. La situación general es muy negativa en términos de los resultados del mercado de trabajo, con menos empleo, más paro, con el poco empleo que se crea mayoritariamente de carácter temporal, salarios más bajos y, además, repartidos más desigualmente.
Los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más afectados por el desempleo, con una tasa de desempleo superior al 50%; se trata además de uno de los colectivos donde mayor ha sido la pérdida de activos desde la crisis (más de un millón y medio) con un efecto desánimo y salidas forzadas al exterior.
Pobreza y privación. El profundo deterioro del mercado de trabajo en la crisis y la acusada debilidad del sistema de protección social, junto con los severos recortes de prestaciones y servicios, han dado origen a un aumento sin precedentes de las distintas manifestaciones de la pobreza en España. Las formas más severas de pobreza –ingresos inferiores al 30% de la mediana de la renta por adulto equivalente- son las que han aumentado llevando a nuestro país a los primeros puestos del ranking europeo en cualquier clasificación que se haga de indicadores de pobreza. La inseguridad económica de la población española ha alcanzado sus cotas máximas. El aumento de las tasas de pobreza en el periodo de crisis ha llevado a España a presentar unos niveles desproporcionadamente elevados de pobreza monetaria en el contexto de la Unión Europea. Sólo Grecia y Rumania presentaban valores más altos en 2012, perfilándose España como uno de los países donde mayor es el riesgo de pobreza. Los indicadores son superiores a los de Bulgaria y los países bálticos.
Los procedimientos de medición de la pobreza con criterios relativos hacen más difícil interpretar su evolución en los cambios de ciclo económico, aunque el hecho de que las tasas aumenten cuando cae la renta media y, con ello el umbral refleja bien el doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española: caída de las rentas y aumento de la desigualdad en su reparto, con un hundimiento de las rentas más bajas.
La crisis económica ha golpeado con fuerza a la sociedad española, siendo el aumento de la pobreza, su cronificación, intensidad y severidad, una de las manifestaciones más crueles. La sociedad española tendrá que afrontar en el futuro diferencias sociales y tasas de pobreza muy altas.
Derechos Sociales. Las llamadas políticas de austeridad no son neutrales en términos distributivos y elevan los niveles de sufrimiento social. La tendencia de la sociedad española desde esta perspectiva podría resumirse como de pobreza creciente y derechos menguantes: acceso más restrictivo a los derechos sociales, recortes en bienes básicos, pérdida de la intensidad protectora de algunas prestaciones sociales y la creciente exclusión de grupos de población de algunos servicios básicos de bienestar. Uno de los ámbitos donde más controvertidas han sido las reformas introducidas es el aseguramiento de las rentas en la etapa de la jubilación. También es preocupante la evolución seguida por la tasa de cobertura de las prestaciones de desempleo; el agotamiento del derecho a las prestaciones de desempleo y las insuficiencias en la cobertura que proporciona el sistema han dado forma a otro factor de riesgo social: el crecimiento de los desempleados que se quedan sin cobertura del sistema básico de aseguramiento.
Las prestaciones de rentas mínimas para los hogares que no tienen acceso a las redes anteriores experimentaron una expansión sin precedentes al comienzo de la crisis pero parece haberse alcanzado el techo máximo en las posibilidades de algunas CC.AA para dar respuesta al crecimiento de las necesidades sociales en su territorio. En Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas donde la magnitud de los recortes ha sido mayor, el volumen de beneficiarios casi disminuyó a la mitad en 2012.
Otro ámbito relevante en el análisis del acceso a los derechos sociales corresponde a servicios básicos para el bienestar social como son vivienda (aumento de las situaciones de exclusión de este bien por la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones hipotecarias), sanidad o educación (reducción en los niveles del gasto). Los recortes en el sistema de atención a las situaciones de dependencia además de provocar la caída del número de beneficiarios, han supuesto una pérdida de cobertura del sistema y la reducción de la calidad de los servicios.

ANALIZAMOS… La fractura social se ensancha. Avance de resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2013. Comité Técnico de la Fundación FOESSA
La fractura social se ensancha un 45% en España. El empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población. Ahora ya solo 1/3 personas en España se encuentra libre de los 35 problemas que se han identificado en este análisis; 16.5 puntos menos que en 2007. Este núcleo central de la sociedad española que llamamos integración plena –hogares que no se ven afectados por ninguno de los 35 indicadores-, es ya una estricta minoría. Por el contrario, todos los espacios, desde la integración precaria –hogares que presentan alguno de los 35 problemas señalados, con una incidencia similar a la media de la población española- o la exclusión moderada –la incidencia es doble que la media de la población española-  hasta la exclusión más severa –la incidencia es cuádruple que la media- han aumentado significativamente. Son ya cinco los millones de persones, que se encuentran afectadas por situaciones de exclusión severa en un 82.6% más que en 2007. Ha crecido significativamente la acumulación de problemas en distintas dimensiones de entre las analizadas: empleo, consumo, participación política, educación, salud, vivienda, conflicto social y aislamiento social. Además de producirse una extensión de todas estas problemáticas, estas cada vez se acumulan más en los hogares afectados.
¿Qué es lo que ha ido mal?
Los ámbitos del empleo, vivienda y salud son los que más han aportado al aumento de la fractura social. Los problemas del eje económico.
Los problemas del eje económico. Además del aumento del desempleo, la crisis ha llegado también al sector informal de la economía que se ha resentido por falta de demanda. La pobreza severa se ha duplicado y se ha empobrecido el conjunto de población del espacio social de la exclusión (el 54% de los hogares excluidos se encuentran bajo el umbral de la pobreza y el 23,8% en situación de pobreza severa.
La erosión de la ciudadanía política y social. La creciente desconfianza de la ciudadanía en general respecto a la política genera un mayor proceso de alienación en los sectores más vulnerables, que pierden el interés por participar en la cosa pública. El proceso más preocupante es del incremento de los hogares que para mantener su vivienda tienen que hacer un esfuerzo económico tan importante que les coloca en situaciones de pobreza severa una vez descontados los gastos de vivienda. Puede observarse ya un empeoramiento ya muy notable en cuanto a la garantía de los derechos sociales en el ámbito de la salud.

¿La crisis nos afecta a todos?
Se reducen las diferencias por sexo y se multiplican por la edad. Las diferencias son mucho más claras según la edad: la crisis ha afectado mucho más a los jóvenes. Por otro lado, la exclusión social en la infancia se está convirtiendo en un problema de primer orden que condicionará el itinerario vital de estos menores en el futuro. Las diferencias por sexo son más significativas en niñas y ancianas.
Algunos tipos de hogar especialmente afectados. Las familias numerosas y las familias de estructura más compleja (con más de un núcleo familiar) están más expuestas a la exclusión social. La exclusión severa ha aumentado significativamente (+ 2 puntos) hasta afectar a uno de cada diez hogares con alguna persona con discapacidad.
La educación clave en la prevención de la exclusión social. Los procesos de exclusión social se han extendido con la crisis preferentemente entre los que no alcanzaban el nivel post-obligatorio de formación reglada. La falta de un nivel educativo post-obligatorio se convierte cada vez más en un hándicap para una participación plena en nuestra sociedad.
El desempleo expande la exclusión social, pero la ocupación precaria también hace que aumente. El 38,6% de los hogares excluidos están encabezados por una persona desempleada, bastante más del doble en que en 2007, y en seis de cada diez hogares excluidos hay alguien desempleado (el triple que en 2007). Este tipo de hogares es todavía más relevante en el caso de situaciones de exclusión severa. Pero el acceso o el mantenimiento del empleo tampoco ha impedido una mayor incidencia de los procesos de exclusión social que, como sabemos, se desarrollan en muy diversas dimensiones.
Retroceso en la integración de la población inmigrante.
Exclusión en todos los sitios, pero en unos más que en otros. Mayor incidencia de los procesos de exclusión social en las zonas urbanas que en las rurales.


¿Ha ido algo bien?
Se mantiene la calidad de las relaciones sociales. Es de destacar, en su conjunto, para el total de la población, que los problemas de relaciones sociales y familiares no han experimentado un deterioro e incluso el aislamiento social se ha reducido. Parece claro que una parte de la población ha reaccionado a las dificultades económicas reforzando los lazos y los apoyos con las personas más cercanas.

El VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España de la Fundación FOESSA y Cáritas se presentará el próximo mes de octubre.
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