El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha dado marcha atrás en su intención de delatar a la Policía Nacional a los inmigrantes sin papeles que se empadronen en la localidad, pero la polémica levantada por los planes del gobierno municipal de la capital de Osona está lejos de amainar. Como contrapartida, el consistorio endurecerá los criterios para registrarse en el padrón hasta tal punto de que los recién llegados sin regularizar tendrán prácticamente imposible inscribirse y, en consecuencia, acceder a prestaciones como la sanidad, la escolarización y las ayudas sociales.
Al principio, el ayuntamiento anunció que daría tres meses a los sin papeles para legalizar su situación. En caso contrario, lo comunicaría a la policía, pero ello no impediría el registro, salvaguardando el derecho al empadronamiento. Ahora, tras la negativa de la policía a perseguir a los sin papeles delatados y la desautorización del Govern y el Ejecutivo central, el equipo de gobierno vicense –formado por CiU, ERC y PSC– ha desestimado acudir a la policía. «Fue un error, no lo explicamos bien», declararon ayer fuentes del consistorio tras la marcha atrás.
Sin embargo, el nuevo plan impide en la práctica el empadronamiento de sin papeles, al dejar al margen a los recién llegados que no acrediten su situación legal. Además de los requisitos habituales (pasaporte y vivienda en la población), deberán disponer de permiso de residencia o trabajo. Si no es así, tendrán que presentar una solicitud tramitada en el Ministerio de Interior para extender su visado de estancia.
EXIGENCIA INJUSTIFICADA / Esta solicitud es muy difícil de conseguir. «El requisito es absurdo e ilegal. Los inmigrantes sin papeles no pueden extender su estancia porque, a efectos de la Administración, no están en el país», apunta Antoni Iborra, abogado de Veus Diverses, cuya opinión comparten otros expertos. «El primer paso para regularizar su situación es empadronarse para, al cabo de tres años, empezar el proceso de regularización», precisa. El abogado considera que no hay otras vías, ya que al no tener papeles no pueden acceder al mercado laboral y, en caso de trabajar en la economía sumergida, no pueden demostrarlo.
Un colectivo minoritario que podría beneficiarse de esta solicitud son los inmigrantes que llegan con un visado de estancia por vacaciones o negocios. En este caso, la eficacia no está muy clara, ya que cuando acabe la prórroga también estarán en situación ilegal.
El ayuntamiento, en cambio, opina que la solicitud es fácil de conseguir, incluso por internet o correo ordinario. Dice que, de esta manera, el Gobierno tendrá acceso a los datos de personas con delitos pendientes y se frenarán prácticas fraudulentas como el uso de pasaportes falsos o los empadronamientos desde otros municipios para acceder a ayudas o reagrupaciones familiares.
«Al no acudir a la policía, se ha reconducido la situación. La medida afectará solo al 1% de los recién llegados», dice Gràcia Ferrer, concejala de ERC. Carlos Ordóñez, de la Asociación de Ecuatorianos de Vic, discrepa: «El nuevo plan es discriminatorio y anticonstitucional».
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