En plena fase de ajuste presupuestario y con el subsidio de 420 euros próximo a agotarse (en agosto se termina la posibilidad de cobrar esa ayuda para los parados que se queden sin protección), el debate sobre las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas cobra gran actualidad. Actualmente, cerca de un millón y medio de desocupados no reciben ninguna prestación del Estado y dependen de unas ayudas autonómicas que varían mucho según quién las ofrece.
En1989, la UE recomendó a sus Estados miembros impulsar medidas para garantizar la prestación de una renta mínima de inserción, aunque el Gobierno español de entonces, en manos del PSOE, se quitó el muerto de encima y decidió transferir esa responsabilidad a las comunidades autónomas, que recogieron el guante con una rapidez y efectividad muy dispar.
"Hay un vacío en la cobertura económica de los parados. La crisis ha puesto en evidencia un problema que ya existía antes", explica Rosana Costa, secretaria de Política Social de CCOO. Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, asegura que "antes de la ayuda de los 420 euros, había un debate sobre si las rentas mínimas de inserción debían cubrir a los parados sin prestaciones", lo que sólo ocurre en algunos casos.
La mayoría de estas rentas autonómicas son subsidios para personas con dificultades económicas o en riesgo de exclusión, con independencia de lo cotizado y a cambio de seguir un itinerario de integración social o de inserción laboral. Las principales diferencias entre ellas se encuentran en la cuantía que ofrecen, su duración (sólo algunas pueden prolongarse indefinidamente) y su compatibilidad con otras prestaciones (como la de jubilación), aunque Fontecha afirma que "lo más importante de todo es si se reconoce como derecho subjetivo o no". De no ser así, su percepción se encuentra sujeta a dotación presupuestaria.
Euskadi es la comunidad que históricamente ha ofrecido una mayor cobertura, por cantidad económica y por número de beneficiarios. Navarra y Catalunya destacan también entre las comunidades con mayor protección.
Durante los últimos años, algunas autonomías debatieron en torno al papel de sus rentas mínimas. La aprobación de los nuevos Estatutos lo motivó en primera instancia y, como resultado, la mayoría de ellos prevén mejoras en sus subsidios, como es el caso de los textos catalán, andaluz, valenciano o castellano-leonés.
Así, en 2005, Asturias creó un salario social muy parecido al que se otorga en Euskadi y en 2007 Cantabria aprobó su Renta Social Básica, que se reconoce como derecho subjetivo. En el mismo año, el País Valenciano impulsó también una renta similar.
Actualmente, a causa de la crisis, la puesta al día de las rentas mínimas vuelve a ser motivo de debate, ya que en muchas comunidades los sindicatos reclaman que den cobertura a los parados sin protección o a aquellas personas con insuficiencia de ingresos.
A pesar de ello, con independencia de lo que cada gobierno autonómico pueda aprobar, Costa y Fontecha coinciden en reclamar que "debe haber una armonización de las rentas mínimas" para evitar la desprotección en que viven los desocupados de algunas comunidades.
"Debe haber una norma básica que garantice unos ingresos mínimos de forma coordinada y coherente con otras ayudas y con los servicios sociales y de inserción laboral" que "pueda ser mejorada o particularizada por cada autonomía", según Costa. La sindicalista de CCOO denuncia que en estos momentos "no se está dibujando un sistema de garantía de rentas, se está mirando para otro lado, no hemos aprendido nada" y recuerda que "llevamos 25 años con la misma tasa de pobreza", cercana al 20%. Por su lado, Fontecha afirma que "en la UE hay un debate en torno a una posible directiva europea para crear o armonizar las rentas mínima a nivel europeo", aunque esta medida tardará en materializarse.
La renta básica se encalla
Una posible solución sería la creación de una renta básica para toda la ciudadanía. Así lo entienden ERC e IU-ICV que, tras varias derrotas en el pleno del Congreso, consiguieron que la Comisión de Trabajo del Senado aprobara por unanimidad en abril de 2009 la creación de una subcomisión para estudiar la viabilidad de esta propuesta. En seis meses, debía elevar un informe con sus conclusiones, pero un año más tarde aún no se ha convocado ninguna reunión de dicha subcomisión.
Los impulsores de la iniciativa culpan al PSOE de la parálisis. Los socialistas aseguran que el debate no entra en contradicción con las políticas del Ejecutivo y que la subcomisión se convocarácuando lo determine la Mesa del Congreso.
Una crisis común y reformas distintas como respuesta
Nueva prestación en Castilla y León
El Gobierno autonómico, los sindicatos y la patronal llegaron a un acuerdo el pasado diciembre para crear la Renta Garantizada de Ciudadanía, que debe sustituir el actual Ingreso Mínimo de Inserción. La Junta de Castilla y León aprobó en abril el proyecto de ley que regulará la prestación. El Gobierno de Extremadura ha prometido una Ley de Renta Mínima similar para antes del 30 de noviembre.
Reforma con polémica en Euskadi
El Gobierno vasco está elaborando un decreto para modificar la Renta de Garantía de Ingresos. Los sindicatos abertzales, mayoritarios, denuncian que lo que se pretende es “restringir la cobertura de la renta”, ya que se “reduce el número de perceptores por vivienda”, se “recorta la duración de los estímulos al empleo” y se establecen “más dificultades administrativas”.
Renovación aplazada en Andalucía y Catalunya
La Ley de Inclusión Social debe sustituir el Ingreso Mínimo de Solidaridad de Andalucía por una Renta Básica, aunque la crisis actual la mantiene paralizada. El Estatuto catalán también prevé una renta mínima con mayor cobertura, aunque de momento el Govern sólo ha facilitado el acceso a la renta ya existente.
Críticas en Madrid y Comunitat Valenciana
Ambas comunidades las reconocen como derecho subjetivo, pero UGT denuncia que en la Comunidad de Madrid hay 136.424 parados sin ninguna prestación y el PSPV asegura que hay 24.000 valencianos que no perciben la renta pese a merecerla.
"La cobertura es limitada"
Begoña Pérez. Profesora de Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra.
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