Con relación a las medidas anunciadas, en concreto a la que afecta al SAAD y que textualmente dice: “Suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose, paralelamente, un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha.”
Consideramos:
PRIMERO.- Lamentamos que una de las medidas más significativas de este plan de ahorro del gasto, se centre en un Sistema de protección social tan básico y tan escasamente desarrollado, como el de la atención a la dependencia, existiendo otros ámbitos del gasto público en los que podría haberse generado en mayor medida y con menor afectación a personas y situaciones que tanto necesitan un apoyo del conjunto de la sociedad.
SEGUNDO.- Lamentamos, así mismo, que la reducción del déficit público se base exclusivamente en medidas de ahorro, sin contemplar el incremento de ingresos mediante medidas como una reforma fiscal con mayor progresividad, reimplantación del impuesto sobre el patrimonio, lucha más decidida contra el fraude fiscal, etc
TERCERO.- En relación con la medida específica que hace referencia a la eliminación de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia, consideramos:
a) Que aún cuando la medida se aplicará a nuevos solicitantes, afecta también a las personas que siguen a la espera de Valoración o PIA, debido -en muchas ocasiones- a la actitud de desidia de sus CCAA de residencia, ya que lamentablemente el plazo de 5 años para el pago de retroactividad hace que las Comunidades Autónomas que han gestionado la Ley de manera perversa incumpliendo los plazos -las que acumulan en el “limbo de la Dependencia” un número importante de personas dependientes-, sean las que se van a beneficiar de esta medida, que provocará que más de la mitad de los dependientes que tienen reconocido el derecho habrán muerto cuando se pague la retroactividad. Esto más que un ahorro, es una deuda acumulada que genera un malestar social que recorta un derecho subjetivo aprobado por Ley.
b) Por otra parte, esta medida no afecta al contenido de los derechos a atención de las personas en situación de dependencia ni al calendario de aplicación de la Ley, y puede tener también algún efecto positivo:
- En primer lugar, puede suponer una mayor agilidad del Sistema de Atención a la Dependencia, ya que las CCAA que no resuelvan el expediente en el plazo de 6 meses (como ya se había acordado) tendrán que asumir el pago con carácter retroactivo a que hubiera lugar (hasta ahora disponían de 1 año de moratoria para disponer de ingresos gubernamentales por cada dependiente reconocido).
- En segundo lugar, y esto es muy importante, puede favorecer el desarrollo de servicios y la consiguiente creación de empleo, al suponer un freno a la elección de prestaciones económicas (que ahora son el 57 % del total de beneficiarios del Sistema), al desaparecer la posibilidad de recibir importantes cantidades acumuladas por retroactividad por parte de los dependientes y sus familiares, que favorecía la elección de estas prestaciones económicas frente a los servicios.
No obstante habrá que estar a lo que definitivamente se apruebe por parte del Consejo de Ministros en el anunciado Decreto-Ley para la próxima semana, y en todo caso, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales permanecerá vigilante para evitar que la aplicación de las medidas de ahorro público (de todas las administraciones) puedan afectar al conjunto del Sistema de Servicios Sociales en los diferentes territorios autonómicos.
La Asociación ya se ha pronunciado repetidas veces sobre la oportunidad de inversión (gasto productivo) que suponen los Servicios Sociales en España. El conjunto de medidas de contención del gasto público propuestas, lamentablemente no va acompañado de otras posibles que se han sugerido (Reforma fiscal hacia una mayor progresividad, reimplantación del impuesto sobre el patrimonio, lucha más decidida contra el fraude fiscal, etc...) para sanear la economía española y se pone el énfasis en la reducción del gasto pero no supone un incremento de los ingresos, por lo que se traspasan "líneas rojas" del recorte en protección social.
De producirse recortes en materia de Servicios Sociales, (efecto rebote en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales), serán objeto de contundente denuncia por nuestra parte.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Telef. 650383764
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