El lunes, 16 de noviembre, las compañeras y compañeros de Hellín (Albacete) conmemoraban el XXV aniversario de los Servicios Sociales municipales. Para celebrar el evento, han preparado una estupenda exposición sobre su trayectoria -comenzaron con una trabajadora social en 1982 y ahora son unos treinta profesionales de lo social- y sobre los antecedentes (beneficencia, ordenanzas municipales , sección femenina...), que se puede ver en el nuevo y luminoso Centro de Día de Mayores de la Avenida de la Constitución.
Otro de los actos consistió en una conferencia sobre la acción social municipal y el rediseño de los servicios sociales. Participaron dos ponentes. MªJesús Real Pascual, Jefa de Servicio de Programas Sociales Básicos de la Dirección General de Acción Social y Cooperación Internacional de la JCCM, y Aurelio Lascorz, profesor de la Escuela de Trabajo Social de Cuenca.
MªJesús Real analizó las tendencias actuales sobre legislación en servicios sociales y anunció el recién estrenado proceso de revisión de los mismos en Castilla-La Mancha con vistas a crear una nueva ley que asuma nuevos retos, como la desburocratización de la red básica, el dotar de una mayor estabilidad financiera a los servicios sociales básicos a través de convenios prorrogables (en vez de las actuales subvenciones) con la administración local, la implantación de una tarjeta social que asigne un profesional de referencia, organizar la atención social programada, reforzar el SAD y el SAAD con terapeutas ocupacionales, establecer una renta básica y prestaciones garantizadas y no sujetas a la disponibilidad presupuestaria, o articular nuevas modalidades de participación de las personas que utilizan el sistema de servicios sociales. MªJesús valoró el MEDAS como un buen instrumento de homogeneización al que ya se han incorporado 90.000 historias sociales.
Aurelio Lascorz, por su parte, introdujo una serie de cuestiones que lastran el funcionamiento óptimo de los sistemas de servicios sociales en las diferentes comunidades autónomas. Entre ellas, la impresión de que lo social no se está tratando como "sujeto" sino como "objeto" de gobierno, en la que la externalización de servicios -e incluso de la intervención social más profesional- está convirtiendo a las administraciones públicas en árbitros de la competencia entre ongs, asociaciones, fundaciones y empresas privadas que compiten entre ellas bajo la etiqueta de la solidaridad. Bajo esta fórmula se cobija la precariedad laboral y un caos aparentemente organizado bajo la etiqueta de sistema de servicios sociales. El uso propagandístico pesa en muchos programas por encima del valor real de las intervenciones reales y la eficiencia del sistema solo se mide en términos cuantitativos: por ejemplo, se contabilizan x número de casos de SAD en marcha, pero se olvida la incidencia social real de ese recurso en las personas que lo están recibiendo. Prima el trato en serie y contabilizar el número de atenciones, pero se excluyen las valoraciones cualitativas y los estudios comparativos entre necesidades y prestaciones. También se abordaron temas como la tecnificación de los social y la expropiación a las personas de la posibilidad de definir sus problemas y buscar soluciones, o la importancia de trabajar con las personas y sus familias a través de "procesos" y asumiendo cierto margen de incertidumbre, ya que los "procedimientos" y los MEDAS -aún siendo útiles- no justifican al cien por cien el trabajo de un profesional de la intervención social.
El debate posterior fue muy rico en aportaciones e ideas. Los asistentes -todos ellos trabajadores de los servicios sociales en la provincia de Albacete- se interesaron por el nuevo espacio sociosanitario que se está configurando en la comunidad autónoma, así como por las dificultades y mejoras que urge tomar para que los servicios sociales básicos puedan funcionar como "puerta de entrada al sistema". Entre un gran número de temas, se comentó la necesidad de agilizar la tramitación de las ayudas extraordinarias de emergencia social, de la colaboración de los usuarios, de articular la atención de urgencia dentro de la atención social programada, de compartir tareas con profesionales de recursos especializados, de las necesidades de ampliación de personal y de la estabilización de muchas plazas, así como de las dificultades para descentralizar los servicios sociales generales a través de la administración local, dado el gran número de municipios de pequeño tamaño.
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