Resumen:
La pobreza y la exclusión social, antes de la crisis y ahora que estamos instalados en ella, es una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y de riqueza suficiente para todos. Debería por ello ser declarada ilegal. Sin embargo, España viene presentando sistemáticamente durante las últimas décadas niveles de desigualdades sociales especialmente elevados en el contexto europeo[1] que se han venido traduciendo en tasas de pobreza relativa cercanas al 20% y de pobreza severa del 3%[2]. El aumento de la población carcelaria y de las demandas en los servicios de salud mental forman parte también de este deterioro de la calidad social. Los procesos de exclusión social afectan al 17,2% de los hogares y la exclusión social más severa al 5,3%[3]. El desempleo y/o el empleo temporal han sido también especialmente destacados, aumentando y descendiendo alternativamente en las últimas décadas[4].
En este contexto, dos centenares de profesionales, voluntarios e investigadores pertenecientes a diversas universidades, ONGs y administraciones públicas de todo el Estado, reunidos en Pamplona los días 10 y 11 de diciembre de 2009 en un Foro Propositivo, han elaborado, debatido y apoyado esta declaración conjunta para una Estrategia Inclusiva, con 40 propuestas concretas. De entre las propuestas realizadas algunas son de especial importancia por la urgencia y la gravedad de las necesidades que afrontan:
1. Garantizar unos ingresos adecuados para todos los ciudadanos y ciudadanas de forma que nadie se encuentre por debajo de una renta equivalente de 600 € (según la composición del hogar), reformando y articulando el sistema de garantía de ingresos mínimos, desde el subsidio por desempleo o los complementos de mínimos de pensiones hasta las pensiones no contributivas o las rentas mínimas. Deberá garantizarse especialmente la erradicación de la pobreza infantil.
2. Reforzar el sistema educativo para que fomente y anime (incentive) al aprendizaje, que ofrezca oportunidades de mejorar el nivel educativo a lo largo de la vida, en especial a aquellas personas que han abandonado tempranamente el sistema educativo o que tienen niveles de estudios más bajos, fomentando la escolarización temprana, especialmente para aquellos colectivos más desfavorecidos y ofreciendo una formación diversificada para todos y todas, como mínimo hasta los 18 años.
3. Garantizando unas políticas activas de ocupación basadas en una formación profesional adaptada y accesible a las personas más vulnerables, con itinerarios personalizados y suficientemente prolongados para lograr cualificaciones útiles en el mercado de trabajo, así como en la expansión de los programas de empleo protegido.
4. Una reforma laboral que no reduzca los derechos de los trabajadores y trabajadoras, orientada a superar la fuerte segmentación existente en el mercado de trabajo, a reducir la precariedad laboral y a mejorar la calidad del empleo de todas las personas trabajadoras, con especial urgencia en aquellos sectores históricamente discriminados en su régimen laboral.
5. Reformar las políticas de vivienda para que lleguen a garantizar el derecho a la misma de todas las personas, especialmente de los grupos más desfavorecidos, evitando las situaciones de pérdida de vivienda derivada del desempleo. Se considera esencial que las ayudas públicas (directas y fiscales) se orienten de manera prioritaria al fomento del alquiler, así como a la intervención en barrios desfavorecidos con intervenciones integradas de vivienda, trabajo social, educación, formación y empleo.
6. Potenciar la capacidad de los servicios sociales para ofrecer apoyos y acompañamiento para el desarrollo personal y la integración en la comunidad, consolidándolos así como un pilar del Estado de bienestar.
[1] Un índice de Gini de 31 puntos, 4 puntos más que Francia por ejemplo, en términos de ingresos.
[2] La ECV ofrece para 2007 una tasa del 19,7% de personas bajo el umbral del 60% de la renta media equivalente de los hogares.
[3] El VI Informe Foessa 2008, establece por primera vez una estimación de la exclusión social desde indicadores multidimensionales, económicos, de ciudadanía y de relaciones sociales.
[4] Cuando el desempleo ha sido más reducido en España, uno de cada tres asalariados tenía un contrato temporal. Ahora, con la reducción en más un millón de los empleos temporales, la tasa de temporalidad se ha reducido significativamente, pero el desempleo se acerca al 20%.
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