Noticia aparecida en el diario Público.es del 8 de diciembre de 2009:La atención inmediata a los más desfavorecidos peligra. Los servicios sociales municipales están al borde del colapso: no hay dinero para dar más ayudas económicas ni para contratar profesionales. El porqué se explica con una de las reglas básicas del mercado: ha crecido la demanda, pero la oferta, dependiente del dinero que se le destina, está estancada. Así lo denuncia el Consejo General de Trabajadores Sociales, formado por los profesionales de referencia en los servicios que los ayuntamientos destinan a atender a quienes más lo necesitan. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también alerta del "endeble sistema de servicios sociales".
Los trabajadores sociales calculan que el porcentaje de personas que acude a las oficinas municipales pidiendo ayuda se ha disparado en torno a un 50% en apenas unos meses. Los 52 colegios profesionales de este colectivo coinciden en que es la tónica dominante en toda España. En cambio, el dinero que se destina a este asunto está estancado.
Los centros sociales municipales se financian entre el Estado, las comunidades y los propios ayuntamientos. Así está regulado en el Plan Concertado que las tres administraciones acordaron en 1988. El documento establece las prestaciones básicas que los consistorios deben prestar a los ciudadanos más desfavorecidos.
Los servicios sociales básicos son, por ejemplo, la ayuda a domicilio; la gestión de los albergues; las actuaciones en los barrios más marginales para prevenir la exclusión de sus vecinos; o la gestión de una ayuda económica para quienes no tienen ni un céntimo.
Inversión estancada
La inversión lleva tres años estancada, pero el pico de demanda registrado en los últimos meses ha hecho que la situación ahora sea "insostenible", según denuncian los trabajadores sociales.
El Gobierno lleva tres años destinando prácticamente la misma cantidad, a través de subvenciones y convenios anuales, que es como se financian estos servicios. En 2007, el Estado invirtió 94.892.360 euros a las "prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales". En 2008, la cifra ascendió a 95.092.360 euros y este año, la aportación es de 96.174.030 euros.
Cada comunidad autónoma contabiliza sus propios conceptos, lo que impide hacer comparaciones fiables. Unas incluyen en el gasto social las cuentas de Sanidad (porque ambas áreas las gestiona la misma consejería) y otras incluyen en este gasto, por ejemplo, las partidas que se destinan a programas del área de Juventud.
No obstante, el cálculo del Ejecutivo, que sólo contabiliza el gasto en servicios básicos municipales de las comunidades, revela que también los gobiernos autonómicos han cerrado el grifo. En 2007, el año que entró en vigor la Ley de Dependencia, las comunidades destinaron 232.870.664 euros. Un año más tarde, aportaron 272.108.337 euros.
Como las autonomías hacen los cálculos de sus gastos sociales a año vencido, hasta dentro de unas semanas no se sabrá cuánto han aportado en total este año, ya que algunas administraciones aún no han facilitado sus datos al Ministerio de Sanidad y Política Social. De todos modos, a tenor de los datos de las comunidades que ya han informado de sus cuentas, el ejercicio finalizará como el anterior, con un incremento mínimo en el gasto en servicios básicos.
Las cuentas de la aportación de los ayuntamientos (que tampoco se han zanjado aún) también revelan que estos han ajustado el presupuesto, siguiendo la dinámica de los últimos años. La inversión que hicieron en 2007 fue de 530.802.167 euros. En 2008, los municipios aportaron 565.011.620.
Conflicto entre las ayudas
Al estancamiento de la inversión en los servicios sociales que prestan los ayuntamientos hay que sumar que parte de ese dinero se está destinando a servicios que ahora están incluidos en la Ley de Dependencia. Es el caso de la asistencia a domicilio: desde hace decenios, los trabajadores sociales municipales la gestionan y desarrollan. Ahora, la ayuda a domicilio también está incluida dentro de la cartera de servicios de la Ley de Dependencia. La norma cuenta con una partida presupuestaria propia, pero los servicios municipales siguen prestando la ayuda a domicilio y se sienten ahogados.
Los trabajadores sociales explican que, dado que las comunidades reciben dinero del Estado para financiar la Ley de Dependencia, esto se debería ver reflejado en un incremento de la cantidad que aportan a los servicios básicos municipales. Como esto no ocurre en la mayoría de autonomías, eso significa que "alguna comunidad está haciendo caja", critica la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Ana Lima. También los sindicatos denuncian esta perversión del sistema. "La dependencia está parasitando el andrajoso sistema de servicios sociales", critica el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
"La Ley es fantástica, pero olvidan la base de los servicios municipales. Están desvistiendo a un santo para vestir a otro", denuncia Lima. Desde que entró en vigor la norma, hace casi tres años, los sindicatos y los colectivos que trabajan en programas sociales denuncian que el cuarto pilar del Estado de bienestar también lo forman los servicios básicos que prestan los ayuntamientos.
"Para el Ministerio sólo existe la Dependencia. No es una casualidad. Si reconocieran a los servicios sociales en global como cuarto pilar del Estado de Bienestar, los tendrían que apoyar y financiar. Lo que gastan son las migajas", insiste Lima. "La Dependencia ha copado la mayor parte de las ayudas", añade. Ramírez lamenta que esto sea así. En menos de dos años, la gestión de Política Social ha pasado por tres ministerios distintos.
Expertos saturados
El colapso, denuncia Lima, les impide realizar trabajo de campo, basado en visitas diarias, por ejemplo, a barrios marginales, para evitar la exclusión. Y, consecuentemente, ha precarizado, aún más, los servicios sociales municipales.
Sin financiación fija no hay programas fijos
Los trabajadores sociales demandan, desde hace años, que los servicios básicos municipales se financien por ley. Una partida fija, argumenta la presidenta del Consejo General que aglutina a los colegios profesionales, Ana Lima, ayudaría a crear programas estables. En la actualidad, los servicios sociales municipales se financian con subvenciones y convenios anuales. “Esto impide que haya un compromiso a largo plazo”, denuncia Lima. “Es fácil crear un servicio y, al poco tiempo, retirar la subvención”, argumenta.
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