Al igual que han hecho los trabajadores sociales de Barcelona, sería bueno -y necesario- ver a los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha reclamando que se convoquen y tramiten con agilidad las Ayudas de Emergencia Social y los Ingresos Mínimos de Solidaridad. No hace falta ser muy espabilado para deducir que deben estar haciendo falta, que hay familias a las que les ayudaría un poco a sobrellevar la situación de falta de trabajo actual. Las reivindicaciones de los trabajadores sociales no deben quedarse solo en reclamar intereses corporativos y las ayudas básicas y urgentes no deben pasar sólo por enviar a las personas a Caritas. Por muy bien que lo estén haciendo, no pueden asumir toda la pobreza y la desigualdad que nos rodea.
Trabajadoras de los servicios sociales de Barcelona
Trabajadoras de los servicios sociales de Barcelona
Definición literal de la Renta Mínima de Inserción (RMI) a fecha de hoy según el departamento de empresa y empleo de la Generalitat de Cataluña: La renta mínima de inserción es una acción de solidaridad de carácter universal hacia los ciudadanos y ciudadanas con graves dificultades económicas y sociales con el propósito de atender las necesidades básicas para vivir en sociedad, con los recursos convenientes para mantenerse y para favorecer su inserción o la reinserción social y laboral.
QUÉ HA PASADO?
Desde agosto del 2011 con la aparición repentina y no comunicada del nuevo decreto regulador de esta prestación nos hemos visto abocados a un endurecimiento de las condiciones para acceder, la suspensión de expedientes sin previo aviso y sin dar a las personas la oportunidad de defenderse, dejando en la más absoluta desinformación tanto a usuarios como a profesionales, y todo acompañado de un desprecio ofensivo y absoluto descrédito hacia la labor de los profesionales implicados en su ejecución.
La justificación de la revisión ha consistido de forma contundente y reiterada hasta la saciedad en un argumento basado en la supuesta detección de fraude por parte de los perceptores, especialmente de ciertos colectivos de inmigrantes e indirectamente de los profesionales implicados en tanto que cómplices y por lo tanto igualmente partícipes del mismo. Esta argumentación estas alturas ha conseguido instaurarse en el imaginario colectivo como si de una verdad incuestionable se tratara.
QUÉ ESTÁ PASANDO?
7 meses más tarde, las reiteradas peticiones de información para poder llevar a cabo la tarea profesional no han sido escuchadas, recibiendo informaciones contradictorias o con meses de retraso.
Numerosas familias se han quedado sin ingresos sin previo aviso, algunas de ellas de forma injustificada a pesar de aplicar la normativa que instaura el nuevo decreto.
Solicitudes enviadas están siendo aprobadas con 8 meses de demora, vulnerando el principio de celeridad de la administración pública y del mismo nuevo decreto cuando habla silencio administrativo / de caducidad a los 4 meses de haber realizado solicitud. Podríamos entender pues que las nuevas solicitudes están todas denegadas? ¿En qué supuestos, pese a cumplir los nuevos requisitos, podemos transmitir a los ciudadanos que podrán beneficiarse de la prestación, por otra parte todavía de carácter universal?
Y por último, nos ha parecido entender, nueva vertiente instaurada en nuestra profesión en tanto que fiscalizadores no se sabe exactamente de qué continúa afectando sobremanera nuestra tarea cotidiana, por no decir nuestro ánimo.
¿Qué les estamos diciendo en estas personas cuando más allá de todo lo que ha estado pasando desde agosto con los ciudadanos con expedientes ya abiertos, no se están dando nuevas altas, no se está informando a los profesionales ni se está aplicando la ley? Ya no es el Pirmi una prestación de carácter universal?
¿Qué pasará con el conjunto de población al que se les está acabando el paro y el subsidio y no tienen nada a que ampararse?.
Es necesario que personas que a nivel social son totalmente autónomas conviertan las nuevas clases marginales de nuestra sociedad para que puedan acogerse a la prestación cuando habiéndose podido evitar sus problemas ya no se limiten simplemente a económico-laborales?
No sois vosotros los que atiende a diario a todas estas personas, no son las estadísticas las que te acercan la realidad, pero si queréis realidad, si queréis que os anticipamos un poco el futuro pregúntese ahora, si no pensáis rectificar su error , ¿qué haréis con este nuevo segmento de población.
QUÉ PASARÁ ...?
¿Qué pasará con las familias a las que se les ha extinguido la prestación dejándolos absolutamente sin ingresos? Y con el nuevo segmento de población que está en el umbral de la pobreza y que en poco tiempo llegarán a la pobreza severa? Y estos podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de los que a diario han agotado paro y subsidio y acuden a explicar que no han venido nunca porque nunca han querido que nadie que no fuera ellos mismos los mantuviera, pero que ya no encuentran nada, no hay hay trabajo por más que lo buscan y nos piden si podemos ayudarles a subsistir. ¿Qué hay pensado para ellos? Para todos nosotros de hecho?
¿Qué haremos con este nuevo segmento de población desprotegido?
Se ha vestido como un fraude especialmente por parte de los inmigrantes, un subterfugio para recaudar dinero que rasgos de otra parte supondrían un enriquecimiento mucho mayor de las arcas públicas para afrontar la crisis si es lo que realmente se pretendiera.
En cualquier caso, si de gasto se estaba hablando, el dinero recaudado no serán nada frente a lo que requerirá asistir en este nuevo segmento de población. ¿Os habéis planteado qué coste supondrá a la administración pública asistieron más tarde o más temprano a todas las personas que se acabarán y, ya han comenzado, a quedarse sin casa, ¿qué haremos con ellos, con sus hijos y los padres ancianos? Se incrementarán los albergues y comedores sociales? Se creará una nueva modalidad de estos 'para familias'? ¿Qué pasará con la vulnerabilidad de los menores, los enfermos y los grandes? Se incrementarán las plazas residenciales públicas o acabarán los ancianos ocupando los bancos de las plazas como sucede en otros países a los que no nos queremos parecer.
Se han querido disfrazar todas estas verdades diciendo que queremos ser un ejemplo de país progresista que mira al norte, esforzándose en el ahorro entre otros. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Hacia dónde vamos en políticas sociales? Hacia dónde va el bienestar de nuestra población, hasta fecha de hoy mayoría y responsable del funcionamiento real del país? ¿Cuál será la próxima?
Gente que con su trabajo y sus manos han construido parte de lo que ahora tenemos, que nos han servido el café, que han arreglado la lampistería, el coche y han construido nuestras casas, en el que se reconvirtió? ¿Qué espacio y qué apoyo hay para ellos actualmente?
Cuando las personas empiecen a vagabundear por las calles pidiendo limosna y ensuciando las miradas acomodadas, qué haréis? Cada vez serán más, ¿qué tenéis pensado para ellos? Querrá entonces que Europa nos mire como un país riguroso y firme en ese momento?
Proponiendo medidas, si es que nuestra opinión importa a este gobierno, nos hubiera parecido muy bien una revisión honesta del Pirmi y de los planes de inserción, no porque pensamos que fueran fraudulentos sino porque el trabajo bien hecho pasa siempre por, después de un periodo de acción, un periodo de reflexión y evaluación para rectificar en el que se observa ineficiente y seguir caminando haciéndola aún mejor.
Nos hubiera parecido muy bien la supresión de la prestación hacia los laborales si se hubiera creado o se creara una prestación paralela para todas aquellas personas que a pesar de llevar toda la vida trabajando, algunos como autónomos, ahora ya no tienen trabajo ni paro ni subsidio ni entrevistas de trabajo y son demasiado jóvenes para jubilarse y demasiado grandes para ser los candidatos de las empresas. Mientras simplemente serán los nuevos pobres del futuro, y nosotros los condenados a contemplarlo en la más absoluta impotencia.
Por todo ello,
DENUNCIAMOS:
Las irregularidades cometidas en la aplicación del nuevo decreto. La criminalización de la pobreza. Las acusaciones infundadas hacia usuarios y profesionales. La pasividad del gobierno hacia la gestación de las nuevas clases marginales del futuro. Y la desinformación, desprecio ofensivo y absoluto descrédito que estamos sufriendo los profesionales.
Y EXIGIMOS:
que se resuelvan los expedientes de RMI; que seamos informados de forma correcta y responsable; que se respete a las personas y nuestra tarea; que se plantee la derogación de este decreto y en cualquier caso que se cumpla con el artículo 24 de del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual establece en su punto 3 que 'las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanos que les asegure los mínimos de una vida digna '.
Pues señoras y señores, al igual que la salud y la educación son públicas, el bienestar de todo ser humano también lo es todavía, y las condiciones básicas para que pueda vivir con dignidad también lo son y son competencia de las administraciones velar por la su existencia, no insistir en que desaparezcan.
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