La consejera de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Luz Rodríguez, afirmó hoy en Toledo que, a través del Registro de Empresas de Inserción de personas en riesgo de exclusión social aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, “queremos que estas personas salgan de esta situación a través del empleo”.
Rodríguez explicó que las empresas de inserción social pretenden precisamente eso: “ayudar a estas personas a salir de esta situación, pero a través de una política activa de empleo y no de políticas pasivas de beneficencia o ayudas asistenciales”.
La responsable de Trabajo y Empleo hizo estas declaraciones con motivo del encuentro que mantuvo esta tarde con distintas entidades sin ánimo de lucro, que han participado en la elaboración del Decreto que regula este Registro de Empresas de Inserción, a las que agradeció su participación en el mismo.
Las empresas de inserción se dedican a la inserción sociolaboral de aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, y constituyen un mecanismo para intentar ese tránsito de vuelta a la sociedad mediante el empleo, “ya que es la principal herramienta de participación e inclusión social”, indicó.
Con el Registro aprobado esta mañana, el Gobierno de Castilla-La Mancha da cumplimiento a la normativa estatal que encarga a las comunidades autónomas la regulación específica del procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral de personas en situación de exclusión social.
Las empresas de inserción son promovidas o participadas por entidades sin ánimo de lucro que, si bien son empresas y como tales buscan la obtención de beneficios, “estos se revierten en los procesos de inserción sociolaboral de las personas en riesgos de exclusión social”.
Entre los colectivos que se marcan en el Decreto como personas en riesgos de exclusión social se encuentran entre otros, por ejemplo, jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; drogodependientes o personas con trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo o menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, y que estén, todos ellos, en proceso de rehabilitación o reinserción social.
Por su parte, el director de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha, Carlos Usías, valoró muy positivamente que Castilla-La Mancha cuente ya con este Registro, además de agradecer al Gobierno regional la inclusión de gran parte de las propuestas realizadas desde las entidades sin ánimo de lucro en la elaboración del mismo.
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