El pasado viernes asistió en La Coruña a la celebración del día mundial de la profesión, y analizó con ABC la situación de este sector, en Galicia y España. Considera que España, que destina menos parte de su presupuesto a la atención a los colectivos desfavorecidos que sus vecinos, debe hacer los deberes en el ámbito europeo.
-«Hacer de los Derechos Humanos una realidad». ¿Por qué este lema?
-Vamos a tratar el reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos fundamentales y analizar cómo están los derechos sociales en España, donde están universalizados la salud, la educación y la seguridad Social. Dentro del ámbito específico de los servicios sociales, lo único que está universalizado es la atención a las situaciones de Dependencia, frente a la salud y la educación, que tienen siglos. El sistema de servicios sociales más nuevo, en vigor desde la Constitución 1978, está en un momento de desarrollo.
-Piden una renta mínima universal para el ciudadano.
-Dada la situación actual de crisis, el Congreso Nacional de Trabajadores Sociales ha elaborado un manifiesto proponiendo la universalización de las prestaciones de inserción que se realizan en los servicios sociales, para toda persona que carece de una autonomía económica y para toda persona que necesita un tratamiento de inserción social. El manifiesto está colgado en la red y se están recogiendo muchas firmas. lo han apoyado oenegés y organizaciones profesionales.
-¿En qué se basa esa renta?
-Pedimos que se garantice en España por derecho de ciudadanía y aplicada a las situaciones en las que se carece de ingresos y se están viviendo procesos de exclusión. Las rentas mínimas no están amparadas en una ley estatal o en una ley marco que las garantice. Además, las personas que se ven obligadas a circular de una autonomía a otra en función de familiares que puedan ayudarles pierden todos los derechos porque no tienen la vecindad de esa Comunidad o Ayuntamiento. Las cuantías también son diferentes en toda España. Entendemos que esta renta requiere ser regulada como un derecho subjetivo amparado en que es una necesidad básica que está ya muy aceptada en toda Europa.
-¿Les han contestado los partidos políticos?
-El manifiesto se ha enviado a todos los grupos. El Gobierno ha hecho un Plan de Inclusión Social y está valorando este trabajo en el marco europeo. Estamos a la espera de que se tomen medidas, también desde la UE.
-En el centro del debate sobre los servicios sociales están las quejas de la ciudadanía por la aplicación de la Ley de Dependencia...
-Todos los esfuerzos presupuestarios se están dedicando a poner en marcha la ley. Hay comunidades autónomas que no están acelerando este proceso, porque tampoco están presupuestando la misma cuantía que el Estado y porque tienen muchos expedientes de resolución. No es procedente que se retrase tanto. Son dos problemas serios.
-¿Y la solución?
-No estamos de acuerdo en que se demore la aplicación de la ley, como parece ser que alguien ha pedido en el Consejo de Política Fiscal. No estamos de acuerdo en absoluto. No puede justificarse que en época de crisis las situaciones de mayor necesidad pudieran ser desatendidas.
-El colectivo de los trabajadores sociales está viviendo muy de cerca los estragos de la crisis...
-Estamos en una situación de observación privilegiada. Son personas que están en todos los ayuntamientos, llevan todos los servicios sociales municipales y por ellos pasan todas las peticiones y demandas de la población. Notamos que se ha multiplicado la demanda de atenciones, mientras la red de profesionales sigue estancada. Es necesario que se impulse esta red para realizar este trabajo.
-¿Lo considera una forma de potenciación del empleo?
-Dentro de los análisis de generación de empleo, los servicios sociales están siendo pioneros y generando mucho empleo, sobre todo con las iniciativas de la Ley de Dependencia, y los programas municipales del plan del gobierno contra la crisis. No es solo gasto social, es inversión rentable para el desarrollo de un país.
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