El Periódico de Extremadura, 27/04/2010
Solo 150 personas han recurrido sus planes individuales de atención (PIA), es decir, los documentos en los que se definen sus ayudas a la dependencia. Así lo aseguraron ayer el director gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, y el director general de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Miguel Simón, que añadieron que también es posible solicitar una nueva valoración si no se está de acuerdo con el resultado inicial y, de mantenerse el desacuerdo, recurrir a los tribunales, si bien aseguraron que el número de casos "no es significativo".
También en relación a los recursos a las prestaciones concedidas, Campón señaló que es una cifra mínima en comparación con las 38.563 solicitudes de valoración registradas en Extremadura. En cuanto a las posibles reclamaciones por el incumplimiento del plazo de seis meses previsto en la normativa regional y acordado también a nivel nacional, explicó que de momento no se están registrando quejas, aunque admitió que es posible cursarlas.
Sin embargo, asociaciones del ámbito de la discapacidad en la región no se muestran demasiado partidarias de fomentar ese tipo de procedimientos, conscientes de las dificultades que entraña una normativa tan novedosa como la ley de dependencia. Es el caso de Cermi o FEAPS, cuyo presidente, Jesús Gumiel, y gerente, Carlos González, respectivamente sí que solicitan que se agilice la aplicación de la norma, pero afirman no tener constancia de casos graves de retraso.
En cambio, Cristina Herrera, portavoz del PP en el área de Dependencia, sí anima a los afectados a poner en marcha sus reclamaciones, al considerar inaceptable el elevado retraso de la ley de dependencia cuatro años después de su puesta en vigor. Sin embargo, reconoce que mucha gente tiene miedo de tomar este tipo de medidas, al temer que pueda perjudicarles a la hora de obtener la ayuda.
Para José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Gerente y Directoras de Servicios Sociales, la cifra de reclamaciones no es muy elevada porque el volumen de gestión de casos de la comunidad no es muy elevado. A su juicio, el problema reside más en la dificultad de la región para cumplir los plazos y lamenta que la región, de la que admite que está intentando aplicar "bien" la ley (a diferencia de otras que la boicotean), esté fallando por el modelo elegido para ponerla en marcha, del que discrepa por marginar a los servicios sociales.
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