La pregunta es siempre la misma ¿la persona en situación de dependencia necesita más estructuras, más cauces de acceso, más interlocutores, diferentes a los que ya existen en salud y en servicios sociales? ¿Se necesitan más órganos para la gestión o la provisión de prestaciones?La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acaba de publicar el III Dictamen de junio de 2009 desde su Observatorio para el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En este documento se defienden unos postulados básicos muy claros y contundentes -con los que nos sentimos identificados-, como puede ser la idea-fuerza de que la forma de prestar la mejor atención posible a las personas en situación de dependencia pasa por articular la cooperación entre los servicios sanitarios y sociales en todos los niveles de gestión, especialmente en la base asistencial. Una de las dificultades para esta cooperación procede del riesgo de que el sistema sanitario, de enormes dimensiones y con cobertura universal, acabe tragándose, desfigurando o debilitando un sistema en crecimiento, que avanza hacia la universalización del derecho a los servicios sociales.
No dudamos -casi nunca- de la buena voluntad de quienes formulan este tipo de propuestas, como la creación de una Agencia Estatal para la Dependencia, o las que reducen la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia de los cuidados sociosanitarios. Pero tenemos serias dudas de que algunas de estas propuestas tengan como base la preocupación por las personas y sus múltiples e interdependientes problemas o dificultades, y del grado de conocimiento de ambos sistemas, sanitario y social, que más bien parece un conocimiento parcial y con un gran sesgo sanitario. En síntesis: creemos que es relativamente fácil confundir los porpios intereses corporativos, empresariales, sectoriales (que pueden ser muy legítimos) con el interés general. Porque en este tipo de reivindicaciones y propuestas se entremezclan intereses legítimos, que hay que tomar en consideración, con intereses espurios que de ninguna forma pueden condicionar la política social.
El Dictamen contrasta los avances y desequilibrios de la aplicación de la Ley en las diferentes Comunidades Autónomas a través de una escala que cuenta con doce variables o indicadores. Los resultados dan fe de que, mientras casi todas mejoran, algunas Comunidades Autónomas se empecinan en despreciar los derechos de las personas de dependencia y de sus familias (Madrid, Valencia, Canarias y Murcia).
Ahora bien, estamos de acuerdo en llamar la atención sobre la variable o el indicador de "Seguimiento" (¿se ha definido e implantado un modelo de intervención para el seguimiento de los PIAS en entornos domiciliarios?). Todas las comunidades puntúan con un cero -a excepción de Castilla-La Mancha con un 0,5-. Es una extraordinaria falta de responsabilidad que puede tener graves consecuencias en algunos casos. Nadie debería poner en duda que es imprescindible establecer los mecanismos que permitan constatar que las personas en situación de dependencia que viven en su propio domicilio se encuentran adecuadamente atendidas y que las prestaciones de derecho que les han sido prescritas y que perciben son las adecuadas y contribuyen a su bienestar.
Por último, el Dictamen dedica un amplio espacio al tratamiento de Buenas Prácticas -ideas innovadoras que suponen una mejora real para las personas que han de beneficiarse del sistema- y desarrolla ocho de ellas enviadas por la Comunidades Autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Resultan francamente interesantes y felicitamos a la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales por esta iniciativa y por el esfuerzo en su conjunto: "la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero" (Antonio Machado en Juan de Mairena).
Para acceder a la versión completa del texto: http://www.infodisclm.com/documentos/dependencia/todo_III%20Dictamen.pdf?id=538
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