El Índice Dec es una herramienta utilizada para "medir y evaluar" los servicios sociales. Es una herramienta que se empezó a aplicar por primera ver en 2012. Está elaborada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1994, cuyo objetivo es impulsar la reflexión, el debate, y la innovación en el ámbito de los servicios sociales. Una organización independiente que ni solicita ni recibe subvenciones.
Aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales:
D: Derechos y
decisión política
E: Relevancia
económica
C: Cobertura de servicios
Los resultados del Índice DEC 2017 muestran como las diferencias interterritoriales se han reducido, sin embargo siguen siendo muy elevadas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios.
Las principales conclusiones que se derivan de la
aplicación del Índice DEC 2017 son:
UNA DÉBIL RECUPERACIÓN
La puntuación media que obtienen el conjunto de
Comunidades Autónomas en la aplicación del Índice DEC en 2017 es, por primera vez desde que se viene aplicando este índice (2012), de 5,08 puntos, siendo 0.54 puntos superior a la aplicación del 2015.
¿RETORNO AL ASISTENCIALISMO?
Se plantea la posibilidad de no estar ante una mejora en el sistema de Servicios Sociales, sino ante una involución hacia formas asistenciales, más propias de épocas ya superadas.
Se asocia los Servicios Sociales con pobreza, y eso no hace otra cosa que distorsionar la realidad.
Los datos ponen de manifiesto que la desviación de
las puntuaciones de las Comunidades (desigualdad respecto
al promedio) ha descendido ligeramente desde 2014,
lo que hablaría de una menor desigualdad entre territorios,
aunque sigue siendo acusadísima, como veremos.
DISPARIDAD EN
LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y EN LA COBERTURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS ENTRE
UNAS Y OTRAS COMUNIDADES
Los datos ponen de manifiesto qu ela desviación de las puntuaciones de las Comunidades (desigualdad respecto al promedio) ha descendido ligeramente desde 2014, lo que habaría de una menor desigualdad entre territorios, aunque sigue sieendo acusadísima:
- Hay un profesional en los servicios sociales básicos municipales por cada 2000 habitantes en el País Vasco, Baleares y Galicia, y uno por cada 5000 en La Comunidad Valenciana.
- En algunas comunidades, el 10% de la población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía, y sólo el 5% en la C. de Valencia.
- Un 1,4% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en Canarias este porcentaje asciende hasta un 41,8%.
- El 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción en esa Comunidad, mientras que en Murcia este porcentaje es sólo el 2,2%.
- La cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción en Asturias supone un 17,9% de la renta media por hogar en esa Comunidad; en la Comunidad de Valencia supone solo un 3%.
- En Extremadura hay 4,5 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 personas mayores de 65 años. En Galicia sólo 1,08.
- En la Comunidad de Madrid el Servicio de Ayuda a Domicilio alcanza al 5,67% de las personas mayores de 65 años, en la Comunidad de Valencia sólo al 0,16%.
- La media de horas mensuales del Servicio de Ayuda a Domicilio son 42,5 en Andalucía y menos de 10 horas en Asturias y en Aragón
- En Extremadura el índice de cobertura de plazas de financiación pública en Centros de Día por personas mayores de 65 años es 1,82%, mientras que en Aragón sólo 0,5%.
- En Andalucía el servicio de teleasistencia alcanza al 15,39% de las personas mayores de 65 años, mientras que en Extremadura sólo al 0,8%.
- El 79,58% de los acogimientos a menores en Murcia son de carácter familiar. En el País Vasco el 44,54%
- En Castilla y León hay 4,09 plazas residenciales por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En la C. de Valencia sólo una por cada 0,49.
- En Baleares hay 9,46 plazas en centro ocupacionales o centros de día por cada 100 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En Aragón sólo 1,55.
- En el País Vasco hay 80,9 plazas de acogida por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección. En Cataluña sólo 6,63.
- En el País Vasco hay 135,7 plazas de alojamiento para personas sin hogar, por cada 100.000 habitantes. En Extremadura 15,44.
- El País Vasco invirtió 611,8 € por habitante en 2016 en servicios sociales, y 600,37€ en Navarra. Incluso en Comunidades de régimen común, varias superan los 400€ (Extremadura, La Rioja y Cantabria), mientras que en la C. de Murcia son 262,39€ y en la C. de Valencia 251,16.
- El gasto que realizan la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales en materia de servicios sociales en Extremadura en relación a su PIB regional (2,737%) es tres veces superior al porcentaje que supone en la Comunidad de Madrid (0,944%).
- El gasto en servicios sociales de las Administraciones vascas en 2014 supuso un 10,05% del total del gasto de estas Administraciones. En Asturias un 9,06%. En la Comunidad de Valencia sólo un 5,79%.
DERECHOS DE PAPEL & COBERTURA SIN
GARANTÍA
Derechos de papel, es la fórmula con la que podemos calificar la situación de los servicios sociales en Galicia, Cataluña, Baleares y Aragón. En estas cuatro Comunidades el ratio existe una gran desproporción entre los derechos que reconocen sus leyes de Servicios Sociales y que concretan en sus Catálogos, y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar.
En el otro extremo, la ratio muestra un desequilibrio entre el escaso desarrollo del reconocimiento de derechos y la cobertura real de prestaciones y servicios; una situación que supone, a nuestro juicio, una Cobertura En Riesgo, puesto que los servicios y atenciones entregados no tienen una plasmación en derechos legalmente reconocidos. Esta es la situación de un grupo de Comunidades entre las que destaca Castilla-La Mancha.
GASTAR MÁS NO ES NECESARIAMENTE HACERLO MEJOR: Vertebración y descentralización local parecen determinantes para la eficiencia del Sistema.
El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no
solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que
realizan las Administraciones Públicas. No necesariamente los
territorios con mayor gasto en materia de servicios sociales (tanto
autonómico como local), son los que obtienen mejores resultados
de cobertura, es decir, los que tienen una mayor oferta de prestaciones
y servicios.
SIGUEN EXISTIENDO
EXTRAORDINARIOS DÉFICIT DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES
- Inexistencia de datos.
Sigue sin
existir una sola fuente oficial centralizada de datos de cobertura de servicios
sociales en materias importantes (discapacidad, violencia de género, etc).
- Retraso en la información.
La desidia en la recogida y difusión de los datos es
fiel reflejo de la escasa importancia que se ha otorgado a los Servicios Sociales
por los diferentes gobiernos.
- Responsabilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Las deficiencias en materia de información sólo son
achacables al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
RECOMENDACIONES:
ANCLAJE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES
ANCLAJE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES
A la vista de los resultados del Índice DEC 2017, se
proponen las siguientes recomendaciones para avanzar en la consolidación del
Sistema de Servicios Sociales:
- Constitucionalizar los Derechos Sociales como Derechos Fundamentales de la Ciudadanía Española.
- Descatar que es la condición de ciudadanía española, la que legitima la universalidad de los derechos sociales básicos como Derechos Fundamentales Universales Constitucionales.
- Incorporar un nuevo artículo con el objetivo de Constitucionalizar el Estado de Bienestar Social y sus Sistemas Públicos: Salud, Servicios Sociales, Seguridad Social, Pensiones y Renta Básica Social.
- Sistema público de Servicios Sociales de apoyo a la Convivencia personal y social.
- Ley Estatal para Prestaciones Sociales Básicas Universales competencia del Sistema Público de Servicios de Servicios Sociales como derecho subjetivo.
- Los poderes publicos seran los encargados de organizar y tutelar la aplicación efectiva de los derechos de Servicios Sociales.
- Convivencia en valores de igualdad, libertad, solidaridad, y respeto a la dignidad de todas las personas, grupos y comunidades.
- Incorporar la RENTA BÁSICA SOCIAL
- Reformar el artículo 149.1 de la Constitución Española
- La denominación "asistencia social" (artículo 148.1.20) se sustituirá por "servicios sociales".
ÍNDICE DEC Y CASTILLA-LA MANCHA
Calificación global IDEC 2017:
MEDIO-BAJO (dEc, 5,40. P+)
Castilla-La Mancha ocupa el puesto número 7 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, con una puntuación de 5,4 puntos. 5 décimas más que en la anterior aplicación. Su perspectiva es positiva al haber mejorado sus tres indicadores de gasto y haber mejorado en un mayor número de indicadores de cobertura.
No se han producido una mejora en la definición de derechos y en la ordenación del sector, ya que sigue careciendo de un desarrollo de su Ley de Servicios Sociales.
Hay que seguir señalando como el principal desequilibrio del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, la baja ratio de cobertura en relación con el gasto, que evidencia que es una de las Comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales.
La relevancia económica del Sistema sigue siendo muy elevada en Castilla-La Mancha,
con sus tres indicadores muy por encima de la media estatal y mejorando respecto a las
anteriores aplicaciones, si bien todavía no han recuperado el nivel de inversión social
alcanzado en el año 2011:
*Gasto por habitante y año: 513.96€ en 2011, 359.89€ en 2014, 392.58€ en 2016 (media estatal 339.69€)
*Porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional: 2.93% en 2011, 2.5% en 2014, 2.12% en 2016( media estatal 1.42%)
*Porcentaje de la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total: 9.4% en 2014, 10.63% en 2016 (media estatal 9.06%)
Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, la mejora es evidente desde la aplicación: 13 indicadores mejoran y solo 3 empeoran (cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, Intensidad horaria del Servicio de Ayuda a Domicilio y plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género).
A mejorar en Castilla-La Mancha
Algunos aspectos a mejorar en el Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, son los siguientes:
- Adecuado desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales, desarrollar su Ley de Servicios Sociales, especialmente elaborando y aprobando el Catálogo y el Plan Estratégico.
- Recomendable ampliación de la cobertura y la intensidad de sus Rentas Mínimas de Inserción.
- Mejora en sus estructuras básicas de ámbito local, cuya dotación, con un profesional por cada 2759 habitantes, a pesar de la mejora registrada respecto a los años anteriores, todavía se encuentra por debajo de la media estatal.
Hay que reconocer y valorar el esfuerzo que han llevado a cabo en
los dos últimos años para recuperar en parte los recortes de la pasada legislatura.
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