El 21 de Marzo de 2018 se hizo público el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, una vez transcurridos 11 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. El documento, de 36 páginas, analiza la situación actual de esta ley y su aplicación y proporciona datos de gran interés. A continuación presentamos algunas de las EVIDENCIAS que recoge el informe.
El 3% de la población española (1,4 millos de personas) necesita apoyos para desarrollar actividades básicas de la vida diaria.
Durante 2017, 38000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.
El gráfico anterior muestra cómo la lista inicial de “limbo” de la Dependencia pasó de 157.000 personas a principios de 2015 a los actuales 310.120.
La distribución actual de las personas dependientes por grados es la siguiente: 1.264.951 personas dependientes que precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), o de otros apoyos para su autonomía personal, 51.081 más que el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65%. El 72.2% son pensionistas (+ 65 años) y más de la mitad ( 54.6%) tienen más de 80 años.
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Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 20% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 80% restante. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016, supone ya una cifra acumulada de 2700 millones de euros.
En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36.1, y la tasa de retorno es del 39.7%. Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera se generarían más de 75000 nuevos empleos directos.
310.120 personas (24.5%) están en lista de espera al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un año antes. A este ritmo, se tardarían más de cuatro años en atender la actual lista de espera.
Resulta especialmente preocupante que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38.8%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes),en total 120.378 personas.
Resulta especialmente preocupante que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38.8%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes),en total 120.378 personas.
De todas las personas con dependencia reconocida, un tercio son mujeres (65%). El 72.2% son pensionistas (+65 años) y más de la mitad (54.6%) tienen más de 80 años..
El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 20% del gasto público y las comunidades autónomas el 80% restante. Estas deficiencias del sistema han sido puestas de manifiesto en el informe Técnico elaborado por la "Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia" constituida por iniciativa de la Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017. Ojalá sean tenidas en cuenta en la elaboración de los PGE y en la negociación del sistema de financiación autonómica (si se produce).
El Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36.1, y la tasa de retorno es del 39,7%.
Una vez transcurridos 11 años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, estamos en un momento crucial en el que es absolutamente inaplazable abordar algunos cambios sustanciales que permitan cumplir con la Ley –aunque esto pueda sonar escandaloso- atendiendo a cuantas personas dependientes hay reconocidas y posicionar al país en un mejor punto de partida para afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante. Para ello es imprescindible dotar al sistema de la necesaria suficiencia financiera.
La mejor en las Comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. De nuevo hay que advertir que algunas Comunidades Autónomas van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atención y una inyección financiera específica. Diez Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Aplicación de la Escala. Castilla y León consigue el sobresaliente y Castilla-La mancha pasa a tener un notable alto.
El resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de finales de 2017:
- 1 Comunidad destacan con sobresaliente: Castilla y León (9.29) y La Rioja
- 1 Comunidad destaca con notable: Castilla-La Mancha (8.21)
- 6 Comunidades entre el aprobado y el notable: Andalucía (6.46), Galicia (6.07), La rioja (6.07), País Vasco (5.71), Murcia (5.71) y Cantabria (5.36).
- 10 Comunidades que suspenden: Navarra (3.93), Madrid (3.93), Comunidad Valenciana (3.57), Ceuta y Melilla (3.57), Asturias (3.21), Aragón (3.21), Extremadura (2.50), Cataluña (2.50), Baleares (2.14) y Canarias (1.79)
CASTILLA LA MANCHA
Evaluación positiva de Castilla-La Mancha respecto a sí misma al alcanzar el 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia con 25 de dependientes x 1000 habitantes, y rebajar su propia tasa de desatendidos (limbo) hasta las 185 personas desatendidas por cada 1000 con derecho a prestación o servicio.
CLICK AQUÍ PARA VER EL DICTAMEN COMPLETO (PRIMERO), EL DICTAMEN POR CC.AA (SEGUNDO) O LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN EN EL TERRITORIO (TERCERO)
Dictamen completo
Dictamen por CC.AA
Aplicación de la escala sobre el territorio
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