miércoles, 16 de marzo de 2011

Actos celebrados en Castilla-La Mancha sobre el Día Internacional del Trabajo Social

El Campus de Cuenca acogió el acto central del Día Mundial del Trabajo Social

“El trabajador social debe poner voz a los colectivos más desfavorecidos por la crisis”

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha se unió a la celebración del Día Mundial del Trabajo Social con la lectura del manifiesto ‘El trabajo social ante la crisis’. Explicar el papel mediador que deben jugar estos profesionales en la actual coyuntura económica y social y acentuar la necesidad de ejercer de portavoces de los colectivos más desfavorecidos fueron los dos mensajes que presidieron el acto central de esta jornada.

La Escuela Universitaria de Trabajo Social del Campus de Cuenca de la UCLM acogió un año más el acto central de las celebraciones que el 16 de marzo se han desarrollado en toda la región en torno al Día Mundial del Trabajo Social. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha hizo lectura de un manifiesto público que, bajo el lema ‘El trabajo social ante la crisis’, vino a resaltar los compromisos adquiridos por la profesión con las clases más empobrecidas y desfavorecidas, que son “las que están sufriendo en mayor medida las consecuencias de este modelo económico neoliberal”, argumentó Manuel Maldonado, vicepresidente del Colegio y responsable de la lectura del documento.

Según Maldonado, “los trabajadores sociales, ante todo, debemos poner voz a los colectivos más desfavorecidos”, actuando de altavoz, denunciando su situación y acompañando a estas personas en este momento tan complicado. “Estos colectivos son los que siempre están en crisis: inmigrantes, rentas muy bajas, mujeres, mayores, jóvenes que o no pueden acceder al mercado laboral o lo hacen en unas condiciones precarias y abusivas”, explicó.

El vicepresidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales aprovechó por último para reivindicar una mayor inversión pública en políticas sociales para evitar la precariedad laboral a la que se está viendo sometida la profesión, ya que “las organizaciones sin ánimo de lucro que habitualmente contratan a estos profesionales no pueden hacerlo en las condiciones necesarias porque “ellos tampoco cuentan con suficientes medios presupuestarios”.

Junto al manifiesto público, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha aprovechó la celebración del Día Mundial del Trabajo Social para constituir simultáneamente una serie de Grupos de Trabajo permanentes en siete localidades de la región: Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo. El objetivo de estos Grupos pasa por “estudiar cómo dar mejores respuestas a las demandas de la población”.

Por último, la jornada sirvió además para que el Colegio Oficial de estos profesionales volviera a hacer hincapié en la necesidad de la colegiación para poder llevar a cabo la labor mediadora e integradora que se le exige al trabajador social en la actualidad. El Día Mundial del Trabajo Social está organizada por la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), que representa a Asociaciones de Trabajadores Sociales de más de 90 países y está formada por cerca de 800.000 miembros, de los que Castilla-La Mancha aporta actualmente cerca de 700 trabajadores sociales.




En Guadalajara

Los trabajadores sociales, 130 en la provincia, celebraron ayer su Día Internacional

“El trabajo social es vocacional, pero los recortes están aumentando la frustración”

La promotora de una cita entre profesionales, ayer, analiza la situación actual del sector. María Jesús Morales señala que los recortes de recursos se están produciendo cuando las necesidades han aumentado un 50%. Mientras, el Consejo General defiende bajar el ratio por habitante.

“El trabajo social es una profesión vocacional, pero sí existe frustración por los recortes de las políticas sociales que se están dando”, asegura María Jesús Morales Simón, trabajadora social con veinte años de experiencia, colegiada y una de las promotoras de un encuentro en Guadalajara con motivo del Día Internacional del Trabajador Social, que tuvo desigual seguimiento en Guadalajara. Esta profesional opina que el sector se está viendo afectado por “unas mayores listas de espera”, por “las sobrecargas de trabajo” de los profesionales y por “los recortes presupuestarios”, justo en un momento en que la demanda de atención ante las necesidades va en aumento.

En la provincia hay 130 trabajadores sociales –aunque en el mismo sector se encuentran también otros colegas que participan en los recursos, como educadores sociales, psicólogos o sociólogos–. Se trata de una cifra que ha registrado un ligero incremento en los últimos veinte años –eran un centenar en 1990–, en menor proporción al “desarrollo exponencial” de los servicios necesarios. “La demanda ha crecido en torno al cincuenta por ciento”, calcula Morales. Hay un desequilibrio que se carga sobre las espaldas de los profesionales que ayer celebraban su Día Internacional.

La mayoría de los trabajadores sociales contratados están empleados directamente por la Consejería de Bienestar Social o trabajan en otros recursos –por ejemplo municipales o de asociaciones– que se desarrollan a través de planes concertados y subvencionados por la Junta. Entre sus reivindicaciones se encuentran aquellas que afectan al reconocimiento de la protección integral social como un derecho del ciudadano, avance que ya recoge la nueva Ley de Servicios Sociales. Del mismo modo, la reivindicación de una mayor calidad del servicio “choca con la realidad de los servicios”, de modo que hace falta que bajen las ratios de trabajador social por cada mil habitantes, pero también que aumenten los recursos económicos para que estos técnicos no se conviertan, como a menudo consideran ahora, en “meros gestores sin dotación real de recrursos”.

A los 130 trabajadores sociales que están en activo en la provincia se le suman también otros 26 que se encuentran en situación de desempleo u ocupando otros trabajos diferentes al sector. Esta portavoz dejaba claro ayer que hay “mucha movilidad” a causa de las condiciones de trabajo, así como frecuentes situaciones de “interinidad”, aspectos que repercuten en la calidad de la asistencia. Con todo lo vocacional de la profesión.

Reivindicaciones nacionales

Marcar una ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes y reivindicar la defensa de las políticas sociales en tiempos de recortes fueron dos de los principales argumentos que esgrimieron ayer los profesionales del Trabajo Social en todo el país, coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo Social. El Consejo General del Trabajo Social llevó a cabo una serie de actividades en toda la región –tiene su sede autonómica en Cuenca, donde hubo un acto central– y emitió un manifiesto en el que se expresaron mensajes orientados a defender una mejora de las condiciones laborales del sector, pero también –y de paso– la mejora de la calidad de la asistencia que se ofrece.

Así, el texto remarcaba, como lo hacía también la colegiada alcarreña, que “la demanda de muchos servicios ha aumentado más de un 50% y en algunos casos como las rentas mínimas se h a triplicado” como consecuencia de la c risis. Así, “en algunos casos se ha mantenido congeladas las plantillas de personal, teniendo que asumir esta demanda de manera inadecuada y, en otros casos, mucho más graves, las plantillas han sufrido reducciones”. “Tenemos un papel beligerante en la defensa de las políticas sociales que garanticen los derechos sociales a la ciudadanía”, reivindica el Consejo General del Trabajo Social, que defiende su papel activo en “los procesos de intervención social” y “el fortalecimiento del capital social”.

En el contexto del Día Internacional, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, también reclamó ayer al Gobierno central que elabore una ley marco de servicios sociales que evite que existan legislaciones difernetes y a veces incluso contrapuestas en cada una de las comunidades autónomas, como ocurre por ejemplo al abordar unos “criterios comunes” –en estos momentos inexistentes– en las rentas mínimas de inserción. “En el País Vasco es en torno a 700 euros, mientras que baja a los 400 euros en otras comunidades”, puso como ejemplo.

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