lunes, 14 de marzo de 2011

"Siento que se lo debo todo a mi profesión"



Ana Isabel Lima, presidenta de Consejo General del Trabajo Social

Ve el trabajo social como una profesión gratificante y de compromiso cuya materia prima son los derechos fundamentales, por lo que debe regirse por una ética inquebrantable. Considera que es necesaria una ley que garantice los derechos sociales en España pero, pese a la crisis, confía en que lo que se ha logrado al menos permanezca.



Entrevista publicada en la Revista DineroySalud, por Alexa Diéguez / Fotos Jesús Umbría / Madrid martes, 01 de marzo de 2011

P.- ¿En qué consiste el trabajo social?
R.- Existe una definición internacional aprobada en la Asamblea Mundial celebrada en Montreal en agosto de 2000. Sintetizando, el trabajo social tiene como objetivo ayudar a las personas para provocar un cambio positivo en sus vidas, un cambio que, en ocasiones, también modifica las estructuras sociales.
Es una profesión que implica un compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la justicia social. Nos sentimos al lado de las personas que tienen carencias o necesidades y tenemos muy claros nuestros principios éticos, por encima de cualquier otra consideración.
P.- La salud tiene una vertiente física, otra psicológica y otra social. ¿Por qué es tan importante esta última?
R.- Porque debemos contemplar al ser humano desde una perspectiva integral.
Al contratar a trabajadores sociales para que formasen parte de los equipos sanitarios se intentaba dar esta visión. He escuchado a muchos médicos decir que algunos pacientes tienen fundamentalmente problemas sociales, que a menudo evolucionan hacia cuadros de ansiedad, depresión, etc.
Por tanto, si esta vertiente estuviese mejor atendida tal vez evitaríamos que se produjeran muchas enfermedades. Se debería incidir en el carácter preventivo del trabajo social sin descuidar la línea asistencial, ya que difícilmente podremos 'sanar' si no ayudamos a solucionar la problemática social.
P.- ¿En qué momento está el colectivo en España?
R.- Somos unos 50.000 profesionales y, en general, estamos bien valorados. Sin embargo, a veces se nos confunde con el propio sistema de servicios sociales. Pero, como dice Natividad de la Red, una de las figuras más destacadas de la profesión en España: "El trabajo social tiene las alas tan grandes que no caben en ningún nido".
Esta frase nos da una idea de su complejidad. Trabajamos en servicios sociales, educación, sanidad, penitenciarías, administración de justicia. Es verdad que en servicios sociales somos los profesionales de referencia, pero nuestra formación nos cualifica para trabajar en otros muchos campos.

A veces se nos confunde con el sistema de servicios sociales, pero trabajamos también en sanidad, educación, penitenciarías, administración de justicia y otros muchos campos

P.- A veces da la sensación de que los recursos sociales no siempre son accesibles.
R.- El sistema es reciente y no partió de una ley marco a nivel estatal. De hecho, la primera ley estatal es la de Dependencia. Mientras los servicios sociales no estén garantizados de manera universal, no tendrán el mismo nivel que otros sistemas como el educativo o el sanitario.
Esta es nuestra demanda histórica. Queremos una ley marco que reconozca que cualquier ciudadano español tiene determinados derechos garantizados, independientemente de que las distintas Comunidades Autónomas puedan desarrollarlos de una forma u otra o decidan incorporar otros. Por otra parte, y del mismo modo que los médicos tienen la potestad de valorar si un ciudadano necesita someterse a una intervención quirúrgica, nosotros deberíamos poder desarrollar una valoración técnica que fuese respetada.
La universalización implica reconocer derechos subjetivos, lo que quiere decir que no se puede decir que no porque no hay recursos o que aquí sí y allí no.
P.- La gente todavía tiende a pensar que las personas mienten cuando solicitan determinada prestación.
R.- Es cierto que nadie es infalible, pero nuestra formación nos cualifica para emitir una valoración técnica.
No obstante, desde el Consejo General luchamos por la mayor profesionalización posible, por elevar constantemente el rigor y la calidad.
Por ejemplo, ante la aplicación de la Ley de Dependencia, nuestras peticiones al Imserso y al Consejo Territorial iban precisamente en esta dirección: elaboremos herramientas específicas de la profesión para abordar las distintas fases de la ley. De hecho, elaboramos unos modelos completos que se llevaron al Consejo Territorial y que algunas Comunidades Autónomas han admitido y otras no. El trabajador social no solo gestiona recursos, sino que tiene la capacidad técnica para establecer un diagnóstico y un pronóstico, que deben ser absolutamente respetados como los de cualquier otro profesional en su campo. Es cierto que en España hay mucha economía sumergida, pero los servicios sociales no son graciables. No hacemos beneficencia. Un diagnóstico profesional puede detectar cuando una persona solicita la ayuda para cuidar a una persona en el domicilio presionada por su familia y, en realidad, sería mejor para todos que la esa persona dependiente recibiera atención en un centro especializado.

Queremos una ley marco que reconozca que cualquier ciudadano español tiene determinados derechos sociales garantizados. Esta es nuestra demanda histórica

P.- Por eso a veces no son bien entendidos.
R.- Es cierto, y ocurre especialmente con todo lo referente a los colectivos vulnerables al maltrato o la negligencia, que es otra forma de maltrato. En ocasiones no queda más remedio que tomar medidas muy duras como una retirada de tutela, que la familia no acepta. Es una responsabilidad muy grande y por eso no es sencillo dedicarse a esta profesión sin un compromiso muy fuerte con las personas. Por ejemplo, somos capaces de detectar casos de maltrato cuando las mujeres recurren a servicios sociales por cualquier otro asunto. Antes podía ocurrir que las animásemos a denunciar y el juez impusiese al marido una pena de arresto domiciliario. Ahora todo ha cambiado pero, cuando una persona está en situación de vulnerabilidad, ser profesionalmente responsable también implica saber medir el daño que le puede ocasionar que denuncies su situación. Cuando proponemos la colegiación obligatoria tenemos en cuenta estos aspectos.

El trabajador social no solo gestiona recursos, sino que tiene la capacidad técnica para establecer un pronóstico y un diagnóstico, que deben ser absolutamente respetados

P.- ¿Por qué?
R.- Porque cada una de nuestras intervenciones tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas.
Por eso la cuestión ética es tan importante para nosotros. Y por eso consideramos que debe haber una instancia superior al trabajador y un recurso al que pueda acudir si tiene problemas. Muchos tienen dilemas éticos y en todos los colegios hay comisiones que los pueden ayudar a tomar decisiones más reflexivas.
P.- Es una profesión difícil.
R.- Puede serlo, desde luego, ya que constantemente estamos trabajando con personas que se encuentran en momentos muy complicados.
Estamos muy expuestos y sometidos a muchísimo estrés emocional. No siempre hay recursos y, además, sufrimos la presión asistencial, especialmente en atención primaria. Todo esto afecta negativamente a la imagen de la profesión y a nuestra vivencia de la misma, pero confío en que la situación irá mejorando a medida que el sistema se desarrolle. Se considera que sería bueno, desde el punto de vista de la salud laboral, cambiar de actividad cada dos años para no estar siempre en primera línea, pero no existen recursos suficientes para que sea viable esta rotación ahora mismo.
P.- ¿Cómo lo vive usted personalmente?
R.- Llevo muchos años dedicándome básicamente a la gestión, pero me he encontrado con situaciones muy duras. Me afectó mucho retirar la tutela de unos menores a unos padres consumidores de drogas por negligencia.
Me amenazaron con rajarme y, por primera vez, me di cuenta de hasta qué punto podía estar en riesgo por ejercer bien mi profesión.

La gente se está dando cuenta de que los derechos que creía inamovibles no están garantizados. Esto puede hacer que se movilice para exigir algo que hasta ahora le venía dado

P.- Pero ¿es gratificante?
R.- Sí. Yo siento que se lo debo todo. He aprendido muchísimo de la vida. Empecé a trabajar muy joven, a los 21 años, y mi profesión me hizo madurar. He aprendido a valorar lo que tengo y a sentirme privilegiada. Y luego está la idea de ayudar a los demás, que en el fondo es egoísta porque te gratifica mucho. En esta profesión somos muy peleones, pero nos sentimos satisfechos.
P.- ¿La crisis puede poner en peligro lo que hemos conseguido hasta ahora?
R.- El peligro reside en que se desmantele el estado del bienestar. Obviamente, se haría con un criterio económico, pero no daría resultado.
La gente tiene unas necesidades sociales que no se pueden obviar. De una forma u otra, habría que seguir prestando servicios, aunque daría mucha pena que se utilizase el argumento de la crisis para hacer de esto un negocio. Sin embargo, la gente se está dando cuenta de que los derechos que creía inamovibles no están garantizados.
Esto puede hacer que se movilice para exigir algo que hasta ahora le venía dado. Los servicios sociales no son un gasto, sino una inversión y un foco de creación de empleo cualificado de larga duración. El empleo en servicios sociales ha crecido mientras que el paro ha aumentado en otras profesiones. Soy positiva.



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