Artículo basado en la nota de prensa elaborada por la Asociación de Profesionales de los Servicios Sociales de Cuenca y aparecido en El Día de Castilla la Mancha del 27 de julio de 2012.
El pasado martes 19 de junio se publicó un Decreto por el que se modificaba la norma que regula las ayudas sociales a favor de pensionistas de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. Esta modificación supone que las personas mayores y/o discapacitados con los ingresos más bajos dejarán de percibir una cantidad que podía llegar a los 751 € anuales, para quedarse en 120 €.
Es por eso que la Asociación de Profesionales de Servicios Sociales de Cuenca ha vuelto a alzar la voz contra estos recortes, aunque según una nota de prensa que han remitido advierten que ya no les "sorprende esta vuelta de tuerca", que recorta más ayudas destinadas a las personas humildes.
Sin embargo, la asociación quiere llamar la atención sobre un hecho que se produce en la publicación del citado Decreto del 19 de junio: la derogación de tres decretos que garantizaban, por un lado la financiación a través de fondos autonómicos a entidades públicas (ayuntamientos principalmente) para el mantenimiento y la reserva de plazas en los Servicios de Centros de Día (Decreto 356/2008), de Centro Residenciales (Decreto 357/2008) donde se incluyen las Residencias de Mayores y las Viviendas Tuteladas, así como la retirada de la gratuidad del trasporte por carretera para los mayores de 65 años y pensionistas por invalidez (Decreto 304/2007). En torno a 35.000 ciudadanos y ciudadanas se verán afectadas por estas modificaciones.
Sin embargo, la asociación quiere llamar la atención sobre un hecho que se produce en la publicación del citado Decreto del 19 de junio: la derogación de tres decretos que garantizaban, por un lado la financiación a través de fondos autonómicos a entidades públicas (ayuntamientos principalmente) para el mantenimiento y la reserva de plazas en los Servicios de Centros de Día (Decreto 356/2008), de Centro Residenciales (Decreto 357/2008) donde se incluyen las Residencias de Mayores y las Viviendas Tuteladas, así como la retirada de la gratuidad del trasporte por carretera para los mayores de 65 años y pensionistas por invalidez (Decreto 304/2007). En torno a 35.000 ciudadanos y ciudadanas se verán afectadas por estas modificaciones.
"El primer error es la falta de transparencia. Se eliminan de repente ayudas vitales para muchas personas. Según declaraciones del portavoz de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de CLM, con este Decreto: “se ha cambiado el formato: antes la concesión era directa y a partir de ahora será a través de concurrencia competitiva”. Pero es necesario aclarar que ya existe una línea de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento, reserva de plazas y desarrollo de programas de actuaciones de Centros Residencias para personas mayores (Orden del 30/12/11), que establece la concurrencia competitiva. Los profesionales del sector, los ayuntamientos responsables de las viviendas tuteladas y de los centros de día de mayores, las personas que trabajan en ellos, así como aquellas que los utilizan y sus familiares, se han visto sorprendidas por el anuncio intempestivo y camuflado en la parte final de un Decreto que en principio se establece para regular otra materia: los complementos asistenciales de pensionistas", aseguran en el primer punto.
"El segundo error es la inseguridad jurídica y vital que se causa a los administrados. De la lectura de la norma se interpreta que únicamente se sufragaran los gastos contraídos antes del 31 de diciembre de 2011, ¿quién asumirá la parte del gasto de los seis meses del presente año? ¿Los ayuntamientos, que ya están bastante endeudados? ¿Las personas mayores que precisamente reciben esos servicios por la escasez de sus recursos? Muchos de ellos se estarán preguntando ahora: “¿Dónde viviré el próximo año? ¿Quién cuidará de mí? ¿Cuánto me costará? ¿Lo podré pagar?”.
"El tercer error es la indiferencia hacia las personas, hacia los que viven y trabajan en esta región. No se explican las medidas, se imponen desde la Consejería de sanidad y Asuntos Sociales. Ni siquiera los responsables de los Servicios Periféricos de esa misma Consejería disponen de información que permita aclarar o tranquilizar a las personas y organizaciones afectadas. No se pregunta, no se escucha. Una gestión correcta de esta materia debería haber pasado por la publicación simultánea de las nuevas disposiciones por las que se van a financiar las Residencias y Centros de mayores, a la par que se derogan las anteriores.
Según la asociación, cabe preguntarse si ese cambio normativo no nos llevará a que los Centros Residenciales, sobretodo las Viviendas Tuteladas, caigan en manos de grandes empresas privadas con afán por lucrarse a través de los recursos destinados a personas humildes, utilizando eso sí la concurrencia competitiva y la falta de transparencia que están demostrando nuestros gobernantes. Es otra vía de cebarse con la población más débil de la sociedad castellano manchega, las personas mayores y/o discapacitada. Se merman sus ya escasos ingresos económicos, se deteriora su entorno residencial y asistencial, lo que unido con otras medidas ya adoptadas por el ejecutivo regional (eliminación del complemento a la pensiones de viudedad baja, reducción en torno al 47% del Servicio de Ayuda a Domicilio, modificaciones en baremo de valoración de las situaciones de dependencia,….) contribuyen al empobrecimiento y deterioro la vida cotidiana de estos/as ciudadanos/as y de la ciudadanía en general".
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