La Diputación destinará dos millones de euros en los próximos nueve meses a atender «de manera prioritaria y urgente» las situaciones de «extrema gravedad» que atraviesan muchas familias por la falta de recursos económicos para la compra de alimentos básicos. El presidente de la institución provincial, Nemesio de Lara, dio a conocer ayer el nuevo Plan de Emergencia Social para 2012, que consigna 1,5 millones de euros. Esta cantidad será gestionada directamente por la Diputación a través de los Servicios Sociales y en colaboración con los trabajadores municipales. Además, se tramitarán con los ayuntamientos otros 500.000 euros para que Cáritas y Cruz Roja creen un banco de alimentos para situaciones que queden fuera de la aplicación anterior.
«La pobreza, el hambre, el paro, la humillación social son una preocupación permanente del equipo de Gobierno», dijo De Lara. Con respecto al Plan de Emergencia Social 2012, el presidente de la Diputación afirmó que «no tendrá solución de continuidad en relación con los planes anteriores». La consignación en los presupuestos de 1,5 millones de euros se aplicará del 1 de julio hasta el 31 de marzo de 2013.
«Las prestaciones tendrán un carácter no periódico y atenderemos situaciones excepcionales y urgentes», explicó. «Los beneficiarios serán personas físicas o familias; se primará la alimentación básica e higiene y, de manera excepcional, vestido y calzado, ropa de hogar, farmacia, gas, electricidad, alojamiento temporal para mujeres víctimas de violencia de género (gastos de desplazamiento a juicios, a peritajes, puntos de encuentro), etcétera».
De Lara indicó que las resoluciones se ejecutarán en 15 días y se pagará para compra de alimentos 30 euros al mes por miembro de la unidad familiar (si uno es un niño menor de tres años, computará como miembro y obtendrá una ayuda adicional de 30 euros). Se facilitarán cheques por valor de 30 euros y las ayudas tendrán un máximo de dos meses por trimestre. No se pagarán más de cinco meses en los nueve meses que dura el programa.
Serán los profesionales de los Servicios Sociales municipales los que marcarán las obligaciones que se deban cumplir como contrapartida. Como requisitos se exigirá que los niños acudan a las escuelas, que participen en itinerarios de inserción laboral o en otros programas de intervención familiar. Ellos determinarán a qué familias van esos alimentos, la cuantía, la duración y, una vez hecho este informe, se trasladarán telemática los datos de los beneficiarios a la Diputación.
El órgano gestor será el personal de los Servicios Sociales de la Diputación, que visará los informes y los resolverá confeccionando cheques que se enviarán a los ayuntamientos cada 15 días. El trabajador social será el encargado de entregar ese cheque a las familias correspondientes.
De Lara precisó que los proveedores serán las empresas, tiendas y superficies de alimentación que figuran en un listado que se está terminando de confeccionar. De esta manera, el beneficiario va a la tienda, entrega su cheque y los proveedores remitirán la factura junto con el cheque a la Diputación para su abono, que se pagará en un plazo máximo de 20 días.
Como novedad, se incluirán 500.000 euros más a este programa. Por lo tanto, en la práctica serán dos millones de euros para emergencia social. A este respecto, De Lara recordó que la Junta destina a este tipo de ayudas 2,4 millones de euros, mientras que la Diputación, «con un presupuesto mucho menor», dedica 2. Asimismo, señaló que también el plan de empleo (dotado 8 millones de euros) también actúa «contra la pobreza». No dejó pasar que «no están obligados a actuar» ni en empleo ni en emergencia social, pero afirmó que forma parte de su «ideología» y su «compromiso moral».
Por último, concluyó que este no es un plan «de caridad» sino que pretende «atender el primer derecho humano, después del de la vida, que es el de comer».
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