'Las ayudas llegan de la Comunidad; el problema es la gestión de los municipios'
Hay ayuntamientos con listas de espera de hasta dos meses para ser atendido
De seguir así, un 60% de los solicitantes de ayuda directa no la conseguirán
Los trabajadores sociales manejan datos de recortes 'entre el 25% y 45%'
Actualmente, hay un trabajador social por cada 14.500 habitantes
Las ayudas de Renta Mínima han aumentado en la comunidad;
Las de emergencia se han mantenido 'sobre el papel'
Se declaran al borde del colapso. Son más de 5.000 peticiones de ayuda al día las que reciben. Hombres, mujeres, familias enteras... la situación de pobreza, exclusión y desempleo actual "es insostenible y requiere de medidas urgentes". Municipios con lista de espera de hasta dos meses para ser atendido por su trabajador social es sólo un ejemplo del desbordamiento que denuncian desde el Colegio Oficial de este sector.
Reconocen que se les va de las manos y por ello centralizan sus esfuerzos. La manzana de la discordia son las ayudas de emergencia. Así como las de Renta Mínima han aumentado, este tipo de ayudas se han mantenido, "al menos en el papel", matizan. De seguir así, un 60% de los solicitantes de esta ayuda no la conseguirán, "sea cual sea la situación que expongan", explican en su informe.
Y es que la bofetada de la realidad les muestra como esos presupuestos sí se han visto reducidos en muchos casos. ¿El problema? "la gestión en los ayuntamientos". Explican que las ayudas parten de la comunidad y que luego son ellos (los consistorios) los que se encargan de gestionarlas. Aunque no todos los casos son iguales. Apuntan directamente al consistorio madrileño.
"Según datos del propio ayuntamiento de Madrid se ha producido una reducción del 5% en esta partida con respecto a este tipo de ayudas en concreto". Además, encuentran diferencias palpables entre lo presupuestado y sus cuentas internas. Los trabajadores sociales manejan datos de recortes en los presupuestos de este año que varían, dependiendo del distrito, "de entre el 25% y 45%".
No hay criterios homogéneos en la comunidad, según residas en uno u otro municipio hay diferentes formas de acceso, tiempo y procedimientos para su concesión. Denuncian "recortes en los presupuestos que no siguen ninguna lógica", sino que dependen de la "voluntad política de su municipio", y hablan de "desigualdad y la falta de transparencia".
No obstante, son conscientes de la situación, de los límites, pero apuntan a una normativa "totalmente inadaptada" a la crisis. "La actual puede impedir que una familia deje de recibir una ayuda de emergencia por no haber pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles".
Aseguran que las políticas sociales que se están llevando a cabo se olvidan "del principio de justicia y responsabilidad constitucional". Y en este punto, remarcan la situación de las personas que están en una situación de irregularidad en nuestro país. Indefensos. Más allá de normativas y números están las personas. Las historias que les queman día a día y no pueden atender.
No olvidan la falta de personal, lo complica todo aún más. "No se cubren bajas, ni excedencias, ni jubilaciones". Estiman que actualmente hay un trabajador por cada 14.500 habitantes. Para ellos, "el ideal es uno por 3.000 habitantes". En estos momentos, toda una utopía. Sin embargo, se muestran confiados en poder "modificar las estrategias y políticas sociales que apuesten por la garantía de los derechos sociales". Por el momento, habrá que esperar.
PETICIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES
- Ampliación de las partidas presupuestarias dedicadas a ayudas económicas directas a las familias.
-Modificar el marco legislativo para poder reglamentar las ayudas económicas a familias con normativas adaptadas a los tiempos.
-Agilizar los procesos y plazos de gestión de estas ayudas.
- Que los inmigrantes irregulares accedan a estas ayudas.
- Que los tres niveles de la administración: central, autonómica y local se comprometan a fortalecimiento de los servicios sociales.
- Ampliación del ratio de atención hasta conseguir llegar a un trabajador social por cada 3.000 habitantes
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