La Defensora del Puebloen funciones, María Luisa Cava de Llano, ha propuesto la sustitución de la policía que custodia a los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros(CIE) por trabajadores sociales para mejorar sus garantías ya que los internos no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa.
Cava de Llano ha criticado la situación sanitaria de los centros, que, según dice, "deja mucho que desear", con carencias como la falta de asistencia durante los fines de semana o la inexistencia de un registro de solicitantes de atención, así como problemas de "sobreocupación".
"No hablo tanto del cierre de los CIE. Todos los países tienen centros de internamiento para los extranjeros pendientes de expulsión pero este debe estar controlado y tener unas condiciones sanitarias buenas", ha explicado la Defensora en el Foro de la Nueva Sociedad, celebrado esta mañana.
La Defensora ha denunciado, además, la falta de cámaras de vigilancia en algunos puntos de los CIE, para evitar casos como el del centro de la Zona Franca de Barcelona, donde hay espacios exentos de este control, y cuando se han encontrado con una denuncia de malos tratosno han podido comprobarlo porque el lugar donde supuestamente se había producido no tenía videovigilancia. Por esto, la Defensora ha recalcado que debe haber cámaras de vigilancia "en todas partes para saber lo que está pasando".
Desde diciembre pasado, dos inmigrantes han fallecido en centros de internamiento para extranjeros. El juzgado 38 de Madrid investiga la muerte de Samba Martine, en el centro de Aluchepor si los hechos pudieran constituir un delito de negligencia médica. En tanto que Ibrahim Sissé, un joven guineano de 21 falleció de muerte súbita en el CIE de la Zona Franca de Barcelona el pasado 5 de enero. Su muerte ha generado protestasy ha puesto en evidencia las carencias de estos centros.
Las condiciones de vida en los centros son difíciles de evaluar. Los internos no están detenidos, pero tampoco son libres. Están en un limbo. Han cometido una infracción administrativa —vulnerar la Ley de Extranjería—, pero no un delito. La Defensora ha señalado que este es uno de los asuntos que tradicionalmente preocupa a la institución y ha afirmado que seguirá siendo "muy crítica" con los CIE mientras la orden ministerial de 1999 por la que aún se rigen no sea sustituida por un reglamento o una ley que establezca garantías.
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