Publicado por CARMEN MORÁN en El país de 21/10/2011
El presupuesto de las comunidades autónomas para servicios sociales es cada vez mayor, pero se está desequilibrando a favor de la Ley de la Dependencia y en contra del resto de atenciones sociales. Para esto último, el gasto se ha reducido entre 2008 y 2010 en más de 1.300 millones de euros mientras que para los dependientes se ha elevado en casi 2.600 millones en el mismo periodo. Los dependientes atendidos en la actualidad pasan de 740.000, pero el resto de personas que necesitan alguna ayuda social podría rondar los dos millones (haciendo algunos cálculos con la última memoria del Plan Concertado 2008/09).
Un primer avance del estudio que prepara la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales demuestra que la dependencia ya representaría el 55% del total del presupuesto social de las comunidades (excluyendo lo que destina el Gobierno para ello).
Con la crisis, la cifra de personas con necesidad de apoyo no ha dejado de crecer: son, por ejemplo, familias que no pueden pagar la hipoteca, madres solteras que necesitan que un asistente a domicilio atienda unas horas a sus hijos, apoyo por una enfermedad sobrevenida, atención urgente por una situación de violencia familiar o alojamiento para el que ha perdido su vivienda. En 2008, los servicios sociales de atención primaria (como el médico de familia) recibieron en sus oficinas a 5.802.674 personas, cifra que en los años precedentes crecía entre el 7% y el 15% y que en 2009 dio un salto del 36% (excluyendo a Navarra y el País Vasco). Si se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores sociales y de las ONG, la cifra aún desconocida de 2010 habrá experimentado otro récord.
Los datos de este borrador de la asociación de directoras y gerentes indican que, en la actualidad, las comunidades estarían poniendo casi tres veces más dinero que el Gobierno para la dependencia (teniendo en cuenta el número de atendidos, su gravedad y el coste de los servicios que se prestan), aunque, así como se dispone con fidelidad de la aportación del Gobierno, las cuentas autonómicas en este capítulo siguen siendo completamente opacas. "A medida que crece el presupuesto de la dependencia disminuye el del resto de los servicios sociales. Todo hace indicar que la dependencia está dando un buen bocado a las otras partidas, algo que ya nos temíamos", explica el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. A la espera de que haya datos disgregados por comunidades, Ramírez afirma que "el incremento neto interanual del gasto en servicios sociales se ha debido en buena parte a las aportaciones del Gobierno para la dependencia, más que al esfuerzo autonómico, que ha sido muy desigual". Como lo es en el gasto social en su conjunto, que alcanza una media de 256 euros anuales por habitante en España. Baleares, Valencia, Canarias y Madrid están muy por debajo de esa cifra. A pesar de la prioridad por avanzar con la Ley de Dependencia, todavía hay 305.675 personas con derecho a una ayuda que no la perciben, una lista de espera que no consigue reducirse.
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