La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto en el marco del XVII Congreso Estatal que se celebra estos días en Madrid, que la red de servicios públicos sirva como mediación bajo tutela judicial ante los desahucios, y pueda poner en marcha planes de viabilidad para la recuperación de las familias afectadas. Esta es una de las iniciativas estrella que el sector plantea para dar salida a la situación de cerca de un millón de personas que se encuentran al borde de la exclusión social en España por quiebra sobrevenida a causa de la crisis económica.
En concreto, se trata de que los servicios sociales puedan intervenir cuando una familia es amenazada de desahucio, hagan un diagnóstico y dictaminen su riesgo de caer en exclusión social. Con esta circunstancia certificada, con un juez supervisando el proceso y con los acreedores informados, los trabajadores sociales trazarían un plan para reflotar a la familia de forma que pueda, pasado un tiempo, recuperarse y retomar el pago de las deudas. En ese lapso, tendrían prioridad en el acceso a los recursos públicos de asistencia.
Así lo han expuesto en rueda de prensa el director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez; la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales de España, Ana Lima; el coordinador técnico del Comité Científico de este XVII Congreso Estatal, Gustavo García; y el responsable del estudio económico sobre gastos e inversiones en los Servicios Públicos elaborado por la organización, Luis Barriga.
Los ponentes han incidido en que se trata no de atender a gente que está ya en situación de exclusión moderada o grave, sino de evitar que más personas incurran en estas circunstancias, porque los "170 desahucios diarios" que se están produciendo en los últimos meses (unos 93.000 en 2010) y la elevada tasa de paro "amenazan con crear unas bolsas de pobreza extraordinarias" como, según ha señalado Barriga, "no se ven desde los años 80".
Ramírez ha asegurado que para poner en marcha esta iniciativa, que la Asociación trasladará en los próximos días a los partidos políticos, no haría falta incrementar notablemente ni la plantilla ni los gastos de personal sino redistribuir con más eficiencia los recursos disponibles. En la actualidad, hay 4.000 trabajadores sociales en España, uno por cada 9.000 habitantes. El 77 por ciento de los empleados del sector lo son por empresas privadas, según la asociación.
No obstante, ha incidido en que todo aumento es "bienvenido" porque el gasto social en España está seis puntos por debajo de la media europea, la partida en comparación con Educación o Sanidad "es muy baja" y la crisis ha incrementado la demanda a los servicios sociales en un 40 por ciento.
Asimismo, la asociación sostiene que tampoco harían falta reformas legislativas profundas, aunque sí "pequeños retoques" sobre las normas de Ejecución Hipotecaria y Procedimiento Concursal para garantizar la tutela judicial efectiva. Además, habría que constituir la figura jurídica de Unidad Familiar en Situación de Riesgo de Exclusión, para garantizar la respuesta de las administraciones.
"Es algo que le interesa a todo el mundo, incluso a los bancos, que no quieren tener más pisos, quieren cobrar sus deudas", ha apuntado Ramírez. Por su parte, Barriga ha destacado que los trabajadores sociales saben "identificar cada situación, proceden de lo público, pueden distinguir a un deudor de buena fe de otro que no lo es y tienen un papel indiscutible como mediadores".
CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN, CREACIÓN DE EMPLEO
La siguiente de las propuestas de este congreso es una reivindicación clásica ya en el sector de atención a la Dependencia. Reclaman un Real Decreto que modifique las condiciones de financiación a las comunidades autónomas en la aplicación de la ley, para evitar que por norma se concedan prestaciones económicas a cuidadores no profesionales en lugar de apostar por servicios específicos que generan empleo.
En este sentido, García ha señalado que si 100.000 de los 420.000 dependientes que reciben prestación económica comenzaran a recibir atención profesional a domicilio o se derivasen a una plaza residencial, se generarían 30.000 puestos de trabajo. Si además, los cuidados de los grandes dependientes y dependientes severos se vinculasen a servicios profesionales, con un incremento del 7% en los costes del sistema se generarían 10.000 empleos más.
"Esto supondría también una mejora en la atención a estas personas. Hoy las administraciones públicas no saben cómo están siendo atendidas 900.000 personas y eso es muy grave", ha añadido Lima, para incidir en que habrá casos de familias que con la prestación se ocupen correctamente de los dependientes y habrá otras en las que personas necesitadas de la ayuda estén en malas condiciones.
Por otra parte, los profesionales del sector reclaman una ley básica estatal que unifique los mínimos de la red de servicios sociales, para evitar "17 modelos diferentes", así como trabajan en el diseño de un "modelo de calificación" para evaluar los servicios sociales de cada comunidad autónoma, un sistema que en su opinión, debería poner en marcha el Estado.
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