La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han difundido la siguiente nota de prensa, fechada en Málaga el 12 de septiembre de 2011:
Más
de un millón de personas tienen reconocido el derecho a recibir una prestación
o servicio en virtud de la Ley
de Dependencia; 700.000 ya lo reciben. Los últimos datos oficiales de este mes
de septiembre evidencian el estancamiento y ralentización del Sistema de
Atención a la Dependencia. En algunas Comunidades, como la Valenciana, incluso se retrocede en numero de
beneficiarios y en varias ni se reponen las ayudas que han dejado de prestarse
por fallecimiento, manteniendo el “limbo” de la dependencia en más de 300.000
personas que esperan que se haga efectivo el derecho reconocido asignándoles
una prestación o servicio (en Canarias casi el 60% esta en lista de espera).
Mientras
tanto en Castilla La Mancha
–una Comunidad Autónoma que llevó a cabo importantes esfuerzos en la aplicación
y desarrollo de la Ley ,
el nuevo Gobierno de la Sra. Cospedal ha decidido no abonar las prestaciones de
los dependientes desde junio. Entiende que no es un pago prioritario, como lo
son las pensiones no contributivas o sus propios sueldos, y les da el carácter
de pago ordinario como se hace con cualquier proveedor. (No es lo mismo que se
retrase el pago a una empresa que suministra papelería, por desesperante que
resulte, a la villanía de no abonar la prestación a una persona dependiente con
la que paga a su cuidador o la factura de la residencia donde vive). La
angustia e inseguridad con que viven las personas dependientes y sus familiares
estas situaciones son dramáticas.
También los datos corroboran
que el sistema se quita del medio a estas personas con unas atenciones low cost claramente insuficientes dada la
gravedad de muchos casos. Claro está que dependiendo de la Comunidad Autónoma
en que se resida, la atención será más o menos intensa. En estos días de tanto (o tan poco) debate
sobre la reforma de la constitución, resulta que esta se conculca alevosa y
silenciosamente al prestarse desde la Comunidades Autónomas unos servicios y
prestaciones de muy diferente intensidad y cobertura. Eso es una inequidad que
resulta inadmisible y que enfurece –impotente- a la ciudadanía en situación más
vulnerable.
Por su parte, CIU insiste
en el Parlamento que hay que repensar la
Ley , cuando desde que dicha formación gobierna en Cataluña,
el desarrollo del Sistema ha sido ralentizado y menospreciado al punto de
llegar a decir el Presidente que la atención a los dependientes es un lujo que no nos podemos permitir. Gestionen
diligentemente la Ley
y atiendan a 61.949 catalanes dependientes que están en lista de espera desde
hace meses, de lo contrario pensaremos que en lugar de repensar quieren
recortar –como ya está haciendo el Gobierno del Sr. Mas-.
Por supuesto que tenemos
serios problemas de déficit de las Administraciones y que hay que tomar medidas
urgentes. Pero no es menos cierto que una buena cobertura de la atención a la
Dependencia supondría ahorro en gasto sanitario y farmacéutico, generación de
empleo asociado al sector de los cuidados personales, ahorro en prestaciones
por desempleo y obtención de retornos fiscales.
De acuerdo, repensemos
la Dependencia. Cambiemos el modelo mental de pensar en los servicios sociales
como un gasto cuando constituyen una inversión muy necesaria.
Para más información: José Manuel Ramírez, Presidente
Asociación de Directores: tlf. 650 38 37
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