Publicado por CARMEN MORÁN en El País del 08/08/2011
En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno. De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%. En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.
Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo. A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis. Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado. Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.
"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente. El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.
La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector. Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK. Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.
Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.
Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años. De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas. Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas. Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo. Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%. Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.
Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.
Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.
La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.
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