En el informe titulado Derechos a la intemperie 2011, Amnistía Internacional (AI) aborda el respaldo jurídico de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en España e identifica los obstáculos en la ley y en la práctica que afectan el derecho a reclamarlos y hacerlos valer ante la justicia. Con tal fin se ha examinado el marco legislativo, administrativo y judicial, que incluyen las disposiciones constitucionales con consecuencias sobre los DESC.
La falta de reconocimiento de los DESC como derechos humanos en la legislación, en las actuaciones y en las decisiones de las autoridades, afecta a la vida de las personas. En razón de la interdependencia que existe entre todos los derechos humanos, el hecho de no disponer de una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria, puede minar otros derechos, incluido el derecho a la vida. No contar con medios legales que impidan su vulneración y no obtener reparación en caso de abusos, equivale a estar desprotegidos y a
que los DESC resulten meras declaraciones de intenciones por parte de las autoridades.
Esta desprotección nos hace vulnerables.
Hay sectores cuya vulnerabilidad puede verse incrementada y sus posibilidades a la hora de defenderse, verse drásticamente reducidas. Muchos titulares de derechos pueden incluso asumir que no tienen derechos, sobre todo cuando son las propias autoridades quienes sostienen, refuerzan o confirman tal condición. Por ello, este informe ofrece experiencias concretas de quienes se han encontrado inermes ante el déficit de garantías y desprotección de los DESC, con especial atención sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud. La investigación incluye los obstáculos y desventajas de partida, teniendo muy en cuenta el derecho a la información y a la participación, así como aquellos derechos implicados en su defensa, tanto a nivel individual como a través de la acción colectiva.
Amnistía Internacional ha realizado esta investigación en el marco de la Campaña Exige Dignidad; una campaña global prioritaria de la organización cuyo objetivo es poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza (uno de los mayores escándalos de derechos humanos). La organización trabaja para que los Estados conviertan los DESC en ley y cumplan con sus obligaciones al respecto.
El Estado español, que cuenta con una población en riesgo de pobreza de aproximadamente el 22,7 por ciento, y con tendencia a incrementarse en un contexto de crisis económica, ha ratificado, entre otros tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello implica el deber de respetarlos, el deber de protegerlos y el deber de hacer que sean realidad para todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.
No obstante, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas por España, existen serias preocupaciones sobre el respaldo jurídico de los DESC y las consecuencias sobre la vida de las personas. El déficit de garantías y los obstáculos en la ley y en la práctica para hacerlos valer y reclamarlos es la tónica predominante en lo que a la respuesta del Estado se refiere. Para denunciarlo, en este informe se recogen los principales obstáculos identificados.
Amnistia Internacional - Abril 2011
Junto al informe, Amnistía Internacional ha divulgado un video en el que se desarrollan tres temas:
La cañada cuenta la situación de Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento ilegal en el que entre 25.000 y 40.000 personas, con casas construidas desde hace 30 años con el consentimiento de las administraciones, están viendo como sus hogares son destruidos sin ninguna alternativa.
Futuro hipotecado aborda la situación de las familias que sufren ejecuciones hipotecarias. Al no poder pagar sus casas, éstas son subastadas por el 50% de su valor inicial, lo que les obliga a seguir pagando una deuda millonaria al banco de por vida.
Recursos contra el sufrimiento muestra cómo en España los recursos para atender a personas con enfermedad mental son muy escasos, lo que puede provocar atención insuficiente, diagnósticos equivocados y en muchos casos la exclusión de estas personas.
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