¡Sensatas palabras y sustancioso texto elaborado por el Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales!
Promover desde la beneficiencia el Sistema de Servicios Sociales es una conquista histórica e innegable que culmina con el reconocimiento de derechos de ciudadanía que se establecen en la denominada Ley de Dependencia. El protagonismo Autonómico y especialmente Municipal – Ayuntamientos y Servicios Sociales comparten el valor de la Proximidad- han hecho que dependiendo de las políticas desarrolladas o de la impericia de los tecnócratas (o de ambos) se hayan tenido efectos de consolidación real o de destrucción silenciosa del sistema según territorio.
Más de cinco millones de personas son usuarios de los Servicios Sociales (coincide con la cifra de los parados), familias que reciben orientación, ayuda a domicilio, alojamiento o prestaciones para la inserción social… En el último año el incremento de la demanda ha saturado los servicios sociales básicos. ¿Cómo es posible que algunos irresponsables políticos hayan reducido presupuestos para atender las necesidades básicas de las personas más vulnerables? En este contexto se está implementando la Ley de Dependencia, una nueva conquista de derechos de ciudadanía que tiene un anclaje desigual dependiendo del alma de los consejeros y presidentes autonómicos que la desarrollan. Más de 700.000 beneficiarios y casi 150.000 empleos son las cifras más evidentes del mayor avance en la protección social en los últimos tres lustros. La inversión social que representa solo el 0,5% del PIB en este Sistema supone una rentabilidad incomparable.
Todas las personas en situación de dependencia son usuarias de los Servicios Sociales, pero no todos los usuarios de los Servicios Sociales son personas en situación de dependencia. La aberración conceptual de confundir el contenido (Ley 39/2006) y continente (sistema de servicios sociales) ha hecho que en algunas Comunidades se permita que el contenido fagocite al continente, perdiendo lo estructural y poniendo en peligro las demás prestaciones y servicios sociales. Es indignante que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan o de que sean o no sean clasificados como “dependientes”.
El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de l@s menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social. En época de crisis integrar prestaciones y centros en el Sistema de Servicios Sociales supone un ahorro y con la racionalización y ordenación del Sector se puede extender la protección social a más personas vulnerables. Hay que tomar la iniciativa y ofrecer las alternativas de inserción social que con la crisis se convierten en iniciativas masivas que afectan a miles de personas. En época de crisis No se puede recortar en política social ni despedir trabajadores sociales, es como si cerramos centros sanitarios o despedimos a médicos en medio de una epidemia.
En algunos territorios el desmantelamiento progresivo y sin retorno que están sometiendo al Sistema, y las amenazas sobre estrategias privatizadoras que pueden generar un sistema dual, hace necesaria una insurrección pacifica, un despertar de la ciudadanía que no permita un final como en la fábula de la rana hervida. Siempre se puede confiar en los políticos sin alma. Nunca cambian, no te defraudan jamás.
DEL LIBRO “VI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO ESTATAL PARA LA DEPENDENCIA”
EL IMPACTO DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y LA ATENCION A LA DEPENDENCIA EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
En Enero de 2010 incluíamos en el IV Dictamen un punto específico sobre el impacto del SAAD en el sistema de servicios sociales. Identificábamos impactos en la organización (“imagen de marca”, estructuras de planificación y gestión, equipos de profesionales, simplificación y homogeneización documental y sistema de información), en los usuarios (nuevos usuarios y movilizaciones, compatibilidad, ayudas económicas y servicios, listas de espera, recursos), el impacto en el crecimiento de recursos y generación de empleo y en la imagen social del sistema de servicios sociales.
Señalábamos entonces la repercusión en el progreso de la legislación autonómica de servicios sociales, verificable en la promulgación de nuevas leyes de Servicios Sociales a partir de la Ley de promoción de la autonomía persona y atención a las personas en situación de dependencia No se trata de una cuestión baladí:
Las nuevas leyes autonómicas de servicios sociales son cruciales para el reconocimiento de derechos sociales y para la integración del SADD en el sistema de servicios sociales. El panorama de avances en legislación del sector es el siguiente.
Comunidades que han promulgado nuevas leyes a partir de la LAPAD: Navarra (2006), Cantabria y Cataluña (2007), Galicia y Pais Vasco (2008), Aragón, Baleares y La Rioja (2009), Castilla-La Mancha y Castilla-León (2010).
Comunidades que mantienen la Ley anterior a la LAPA: Extremadura y Canarias (1987), Andalucía (1988), Comunidad Valenciana (1997), Asturias, madrid y Murcia (2003).
Todas las nuevas leyes de servicios sociales sitúan la atención a las personas en situación de dependencia en el sistema de servicios sociales. La consecuencia es que las 10 comunidades autónomas con nueva Ley de Servicios Sociales avanzan, aunque a un ritmo muy distinto, su desarrollo reglamentario en planificación, articulación del sistema, mapas de recursos, cartera de servicios, criterios de calidad o financiación, es decir avanzan el diseño del sistema de servicios sociales para los próximos años, a partir de un nuevo marco legal que compromete a hacerlo.
Aún así, cuesta mantener el optimismo a la vista de la evolución global del sistema de servicios sociales en estos 4 años, de la misma forma que les pasa a las personas que necesitan el apoyo de los servicios sociales para vivir con dignidad, sean o no personas en situación de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.
Nos duele, y nos indigna, que no estén garantizados mínimos de protección y de oportunidades de inclusión y participación social para todas las personas, independientemente del territorio en que vivan y de que sean o no clasificados como “dependientes”.
El derecho a los servicios y prestaciones por dependencia es un ejemplo importantísimo, pero también lo es el derecho a la renta básica de ciudadanía, el derecho de l@s menores a recibir los cuidados y la protección que necesitan o el derecho a recibir apoyos que compensen fragilidad personal o de la red convivencia y de apoyo familiar personal, por poner solo algunos ejemplos. Y eso sin mencionar la prevención de crecientes dificultades para la inclusión social.
Volvemos a asistir con estupor al desdibujamiento del sistema de servicios sociales, como si el sistema se hubiese reducido a la atención a las personas en situación de dependencia. En el debate sobre políticas sociales en el Congreso de Diputados del 24 de Febrero, volvimos a escuchar una y otra vez definir el SAAD como el cuarto pilar del bienestar social en España.
Tampoco es una cuestión baladí. Podemos entender la prioridad actual en la aplicación de la LAPAD, pero nos resulta incomprensible que se deje debajo de la mesa la atención primaria de servicios sociales o “...los centros y servicios que con tan grande ilusión hemos levantado, para que las gentes de todo oficio y condición podamos vivir más dignamente y gozar de la nuestra convivencia”, precisamente en el primer debate monográfico de nuestr@s representantes políticos sobre la política social.
Después de esto ¿alguien se siente con fuerza, y no solo razones, para continuar planteando la necesidad de legislación estatal de servicios sociales? No debería extrañarnos: en 4 años hemos asistido al peregrinaje de la política social del Ministerio de Trabajo al de Educación y de éste al de Sanidad, y al cambio de ministra y de directora general del IMSERSO casi cada año. Es casi imposible mantener la coherencia con este trasiego, por mucho que la orientación política sea la misma (por cierto, la misma orientación política que creó e impulsó la construcción del sistema de servicios sociales en los años 80).
Sabemos, con hechos y datos, que los derechos sociales son hoy diferentes según la comunidad autónoma en la que se viva. Lo son en la aplicación de la LAPAD, como hemos venido recogiendo en cada uno de los Dictámenes del Observatorio, y lo son en el sistema de servicios sociales que, en la mayoría de las Comunidades autónomas es responsable del SAAD.
Se han cometido errores: es un hecho reconocido en estudios de universidades, dictámenes, informes oficiales y oficiosos, sentencias.... y esperamos que aún conozcamos otras investigaciones e informes, entre ellos el del Tribunal de Cuentas. La cuestión ahora es si hemos aprendido de ellos o seguimos en la vía muerta de “sostenerla y no enmendarla”. Hay también razones para sentir algo de alegría: no hay ninguna duda de que se ha producido un progreso indudable, especialmente para cerca de 700.000 personas que hoy reciben servicios y prestaciones por dependencia.
Es un progreso indudable, sin duda, para 700.000 ciudadanos y ciudadanas, pero tendríamos que tener en cuenta que, durante el año 2007 los servicios sociales básicos prestaron servicios a 5.423.000 personas (el 13,08% del total de la población).
Los datos recogidos en la misma memoria muestran que el 67% de las prestaciones básicas de servicios sociales se dirigieron a personas mayores, a familias e infancia y personas con discapacidad. El 33% restante fueron prestaciones dirigidas a personas que sufrían, o estaban en riesgo de sufrir, diferentes procesos de exclusión social: mujeres, emigrantes, personas con enfermedad mental, minorías étnicas, ex-reclusos.....
Son datos del último año (2007-2008) del que hay “memoria anual” publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad del Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales. No conocemos, por lo tanto, a nivel del Estado, la evolución del número de usuarios atendidos por los servicios sociales básicos en los 3 últimos años de aplicación de la LAPAD, pero tenemos la certeza de que se ha incrementado el número de usuarios, año tras año, en todas las Comunidades Autónomas sin excepción. La pregunta no puede ser otra que: ¿Cómo es posible planificar sin datos? o mejor ¿cómo se toman decisiones sin tener datos?
Hay una respuesta que parece muy clara: se decide simple y llanamente estrangular la base de un sistema que no conoce, creemos que ni siquiera ser es conscientes de las repercusiones. El hecho es que la financiación estatal destinada al Plan Concertado, casi paralizada en los últimos años, es menor en el 2011 que en 2010.
Para el SISAAD (el sistema de información diseñado únicamente para “el 4º pilar del bienestar social”) parece que estos datos no importan, de la misma forma que para el SAAD parece que no importan las personas que no llegan a obtener la puntuación necesaria para acceder al derecho a los servicios y prestaciones por dependencia.
Pero importan, y mucho, a las personas que necesitan servicios sociales que no les llegarán. Importa también a los gestores, que no tienen la información necesaria para discernir mejoras o duplicidades. Importa a los profesionales de atención directa, que pierden un tiempo precioso y muy escaso en pasar de una base de datos a otra, o de una historia social a otra, ambas de la misma persona.
Algunas comunidades autónomas decidieron apostar por un solo sistema de información de usuarios de servicios sociales, que integrase las utilidades del SISAAD y del sistema de información anterior. Otras comunidades se dieron cuenta más tarde, cuando ya estábamos en los inicios de la crisis económica y las reducciones presupuestarias hacían difícil la inversión tecnológica necesaria. Y el resto simplemente cumplen, de buena o de mala gana, con lo que hay.
¿Será posible que se reconozca la necesidad de un solo sistema de información de usuarios de los servicios sociales? ¿Será posible que se rectifique un error que lleva directamente al despilfarro y a “agujeros negros” en los que desaparece la información?
Algo similar ocurre con los equipos de profesionales. Todas las comunidades autónomas, menos una, contrataron equipos de profesionales dedicados exclusivamente a la valoración de la dependencia. Todas las comunidades autónomas, menos dos, utilizan la estructura básica de servicios sociales para la valoración social y del entorno; la diferencia está en que aporten solamente un informe o que estén implicadas en todo el proceso de atención.
Tampoco es una cuestión intrascendente, ni para la vertebración del sistema de servicios sociales, ni para la continuidad de la atención a los usuarios, ni para la simplificación de procedimientos.
Una parte de las comunidades autónomas han financiado la incorporación de profesionales a los servicios sociales básicos, ya sea para reforzar su función de “puerta de entrada al sistema de servicios sociales”, o para dedicarles exclusivamente a facilitar el acceso de las personas que solicitan apoyo por dependencia a la valoración y a los servicios y prestaciones del SAAD.
Prescindiendo, que ya es mucho prescindir, de las incoherencias que pueden existir respecto a la “puerta de entrada al sistema”, mucho nos tememos que las comunidades autónomas que en su día no reforzaron las estructuras básicas de servicios sociales están condenadas a seguir así en los próximos años, aún en el caso de que se reconociese el error.
De la misma forma que el SAAD ha sido, y continúa siendo, una oportunidad indiscutible para las personas en situación de dependencia, ha sido y continúa siendo hoy una oportunidad para reforzar la intervención y la eficacia del conjunto de los servicios sociales, a pesar de la crisis y a pesar de las restricciones presupuestarias.
Nos ha permitido constatar unas cuantas bolsas de ineficiencia, pero solo algunas comunidades autónomas han hecho algo al respecto. Simplificación de estructuras vs seguir creando nuevos departamentos, homogenización de procedimientos y documentación vs una entrevista, un formulario, un informe para cada asunto y cada parte, un procedimiento y una resolución vs uno para la valoración y otro para la prescripción.... son solo algunos ejemplos.
Parece que difundir “buenas prácticas” es solo un ejercicio teórico, del que pocos aprenden algo. Sin duda, hay que ser creativos, hay que investigar e innovar, pero parece que el reto está más en aprender a copiar a los mejores, en vez de ignorar que existen. Sin embargo, hay demasiada gente que ni aprende, ni copia, porque “no les cabe en la cabeza” que las cosas puedan hacerse mejor A ellos se refería Antonio Machado, poniéndolo en boca de Juan de Mairena:
“Siempre será peligroso encaramar en los puestos directivos a hombres de talento mediano, por mucha que sea su buena voluntad, porque a pesar de ella –digámoslo con perdón de Kant- la moral de estos hombres es también mediana. A última hora, ellos traicionan siempre la causa que pretendían servir, se revuelven airadamente contra ella. Propio es de hombres de cabezas medianas el embestir contra todo aquello que no
les cabe en la cabeza. A todos nos conviene, amigos queridos, que nuestros dirigentes sean siempre los más inteligentes y los más sabios.”
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