Aprobada por unanimidad en las Cortes autonómicas la Ley de Servicios Sociales impulsada por el Gobierno regional
Publicado en eapn-clm.org del 16/12/2010
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha asegurado en el debate plenario de esta nueva norma legislativa que su aprobación refuerza la labor que desarrolla la red de servicios sociales de la región que atiende cada año a 200.000 personas.
Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que consolida como derecho ciudadano un catálogo de 23 prestaciones sociales, es decir, que dejan de ser graciables por la Administración.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a todas las personas mayores de 70 años que vivan solas o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social; la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situaciones de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que quedarán garantizadas como derecho ciudadano.
También se garantizan otras prestaciones técnicas como la valoración de la situación de dependencia o de discapacidad; la atención residencial o en estancias diurnas o nocturnas a personas en situación de dependencia y prescripción en el plan individualizado de atención (PIA); la adquisición de ayudas técnicas a personas dependientes con prescripción en el PIA; el acogimiento familiar a menores en situación de desamparo; la información, valoración o seguimiento en adopción nacional e internacional; y el reconocimiento de la condición de familia numerosa.
Asimismo, en el catálogo de prestaciones garantizado por esta ley se recoge la atención a la familia o unidad de convivencia; información y orientación; estudio, valoración y acompañamiento; apoyo técnico para la atención integral en situación de exclusión social; apoyo profesional para el fomento de la participación social en el ámbito comunitario.
Por último, una serie de prestaciones de carácter económico relacionadas con la autonomía y atención a personas en situación de dependencia como la vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personal.
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, que ha intervenido en el debate plenario, ha destacado que hoy es un día importante ya que con esta ley se apuntala la protección social como un derecho de ciudadanía bajo los criterios de universalidad, equidad e igualdad en su acceso.
Así, Lamata ha calificado la nueva norma legislativa de moderna, dinámica y una palanca de cambio imprescindible para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en la comunidad autónoma.
Consenso
En su intervención, Lamata ha recordado que la nueva ley ha sido elaborada desde la colaboración y el consenso del Gobierno regional con los profesionales, entidades, asociaciones, instituciones y otras administraciones implicadas, cada uno desde su ámbito competencial, en la red de servicios sociales de la región.
Además, el responsable de Salud y Bienestar Social ha recordado que la nueva ley sustituye a la vigente desde 1986 como se comprometió de manera pública el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, para adaptar el sistema de servicios sociales de la región, que atiende cada año a 200.000 personas, a las necesidades y demandas de la sociedad del siglo XXILa ley aprobada hoy establece nuevas herramientas de gestión como la tarjeta social que facilitará el acceso a los servicios; la historia social electrónica única o sistemas de información homogéneos, además de un profesional de referencia para cada persona que requiera el uso de los servicios sociales para ofrecer una atención personalizada.
También fija una red de profesionales de servicios sociales tanto en Atención Primaria como Especializada, mejora la formación del personal que trabaja en este ámbito y se refuerza la coordinación entre las diferentes administraciones y garantiza la titularidad pública en el acceso a los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha, en los cuales desarrollan su labor 838 profesionales, un 20 por ciento más que hace tres años.
El consejero, por último, ha señalado que la nueva ley organiza de manera coordinada la red de servicios sociales de la región, una de las más completas de España y Europa según datos oficiales.
Datos regionales
Así, Castilla-La Mancha se encuentra a la cabeza en la atención a las personas mayores, siendo la primera comunidad autónoma en cuanto a ratio de plazas públicas residenciales y la segunda si se suma las privadas.
Por otro lado, es la región que dispone de la red de viviendas para mayores más amplia de España y el programa de estancias temporales más completo del país, además de ser referencia en turismo y termalismo social. Asimismo, es la segunda comunidad autónoma en teleasistencia y la tercera en ayuda a domicilio, con más de 76.000 beneficiarios en el conjunto de estos dos programas.
En cuanto a discapacidad, Castilla-La Mancha dispone de más de 3.300 plazas en centros de día y centros ocupacionales y su red residencial cuenta con más de 1.700 plazas.
En dependencia, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a la aplicación y desarrollo de esta ley.
Según los últimos datos publicados por el IMSERSO y la Tesorería general de la Seguridad Social, a fecha 1 de diciembre, Castilla-La Mancha sigue por encima de la media nacional en el proceso de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y ocupa el segundo puesto del conjunto del país en la ratio total de prestaciones con 36.541 personas-familias beneficiarias y 47.774 prestaciones.
Por último, la región también ofrece una amplia cobertura en atención temprana y en los programas de atención a la familia; con más de 55.000 pensionistas, con las pensiones más bajas, que reciben una ayuda complementaria; unas 20.000 familias numerosas que reciben también una ayuda económica; el transporte interurbano gratuito para las personas mayores o el ingreso mínimo de solidaridad y las ayudas de emergencia social.
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