El Ministerio de Sanidad y Política Social ha detectado algunos desajustes y fraudes entre las personas que cobran una paga por hacerse cargo de sus ancianos en casa, en virtud de la Ley de Dependencia. Sabe que se está sacando a personas de los geriátricos y los centros de día donde están atendidos para llevarlos a casa "con la finalidad de percibir la prestación económica" prevista para el cuidador familiar. Algo que también ocurre con personas discapacitadas que están en centros especiales de empleo. El Gobierno advierte que, en estos casos, cuando el servicio que está disfrutando el beneficiario es el adecuado "no puede ser sustituido por la prestación económica aunque así lo solicite la familia".
Pero estos casos no son los únicos desajustes que detecta el IMSERSO (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social) en un documento que se debatió el martes con las comunidades autónomas (al que ha tenido acceso el diario EL País). Advierte de que supone "un claro fraude de ley" que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares.
"En muchos casos, al beneficiario de la prestación puede resultarle más atractivo para sus intereses que la empleada del hogar cause baja en su régimen especial y suscriba el convenio especial ya que , en este caso, las cuotas las abona el IMSERSO". El Gobierno recuerda que esto, además de fraude podría "dificultar la renovación de su permiso de trabajo por cuenta ajena de las extranjeras no comunitarias".
Desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia, las ayudas para el cuidador familiar se han disparado y ya suponen el 57 % de todas las concedidas, un total de 239.100. Es obligatorio que el cuidador familiar se dé de alta en la Seguridad Social, salvo que sea pensionista o ya esté cotizando por otro empleo. Hasta la fecha sólo se ha dado de alta un 36 % de las personas que preciben esta ayuda.
Se sabe que muchas de estas personas son pensionistas. Personas mayores que cuidan de sus cónyuges, tan ancianos como ellos, o hijas, ya pensionistas, al cargo de sus padres. Por primera vez, el Gobierno propone que "se establezca una edad y un grado de discapacidad" a partir de los cuales un apersona no pueda ejercer como cuidador. Y en todo caso, recomienda que se "perfile con exactitud el papel que debe jugar el beneficiario o su familia" a la hora de determinar la ayuda que más conviene.
Los responsables de la Dependencia en las comunidades autónomas achacan las preferencias de las familias el desproporcionado número de pretaciones económicas para el cuidador en casa que se están otorgando, cuando esta ayuda está considerada "excepcional" en la ley. El documento recuerda que es perfectamente legal que el trabajador social que evalúa al dependiente proponga que se le conceda una ayuda distinta de la que solicita el beneficiario o su familia.
Pero estos casos no son los únicos desajustes que detecta el IMSERSO (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social) en un documento que se debatió el martes con las comunidades autónomas (al que ha tenido acceso el diario EL País). Advierte de que supone "un claro fraude de ley" que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares.
"En muchos casos, al beneficiario de la prestación puede resultarle más atractivo para sus intereses que la empleada del hogar cause baja en su régimen especial y suscriba el convenio especial ya que , en este caso, las cuotas las abona el IMSERSO". El Gobierno recuerda que esto, además de fraude podría "dificultar la renovación de su permiso de trabajo por cuenta ajena de las extranjeras no comunitarias".
Desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia, las ayudas para el cuidador familiar se han disparado y ya suponen el 57 % de todas las concedidas, un total de 239.100. Es obligatorio que el cuidador familiar se dé de alta en la Seguridad Social, salvo que sea pensionista o ya esté cotizando por otro empleo. Hasta la fecha sólo se ha dado de alta un 36 % de las personas que preciben esta ayuda.
Se sabe que muchas de estas personas son pensionistas. Personas mayores que cuidan de sus cónyuges, tan ancianos como ellos, o hijas, ya pensionistas, al cargo de sus padres. Por primera vez, el Gobierno propone que "se establezca una edad y un grado de discapacidad" a partir de los cuales un apersona no pueda ejercer como cuidador. Y en todo caso, recomienda que se "perfile con exactitud el papel que debe jugar el beneficiario o su familia" a la hora de determinar la ayuda que más conviene.
Los responsables de la Dependencia en las comunidades autónomas achacan las preferencias de las familias el desproporcionado número de pretaciones económicas para el cuidador en casa que se están otorgando, cuando esta ayuda está considerada "excepcional" en la ley. El documento recuerda que es perfectamente legal que el trabajador social que evalúa al dependiente proponga que se le conceda una ayuda distinta de la que solicita el beneficiario o su familia.
El documento que el IMSERSO propone a las comunidades autónomas para debatir, recuerda que deben hacer "un seguimiento de las prestaciones reconocidas, en aras de evitar posibles fraudes" sobre el cumpliminto de los requisitos para optar a una ayuda. Y plantea que esta vigilancia tenga una periodicidad anual.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/detecta/fraudes/ayudas/Ley/Dependencia/elpepisoc/20091008elpepisoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/detecta/fraudes/ayudas/Ley/Dependencia/elpepisoc/20091008elpepisoc_6/Tes
1 comentario:
Está claro ... Y más cuando desde la propia Administración se concede de manera generalizada la prestación económica, recogida en la legistlación de manera extraordinaria ...
Además está el problema del seguimiento de los casos. Hasta ahora no se están haciendo seguimiento (salvo de aquellos/as usuarios/as que ya estuvieran en algún proceso de intervención desde los Servicios Sociales).
Un saludo,
MIGUEL MUÑOZ,.-
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