EAPN (2015). El Estado de la pobreza. 4º Informe. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2013.
COMENTARIOS FINALES DEL INFORME
Transcurridos ya más de cuatro
años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la
Estrategia 2020, el seguimiento del
indicador AROPE y sus componentes muestra que en España no sólo no se ha
avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el
contrario, han aumentado enormemente. Al respecto, las cifras actuales
indican un 27,3% de población AROPE, que supone en términos absolutos unas
12.866.000 personas. Si el objetivo era disminuir en 1,4 millones la población
en riesgo de pobreza y/o exclusión, ahora será necesaria una reducción de más
de 2,7 millones de personas en los próximos seis años.
Esta cifra AROPE adquiere
significado concreto en el análisis de sus componentes. Por una parte, la Privación Material Severa ha aumentado
un 38% (del 4,5% al 6,2%), lo que significa, entre otras cosas, más personas
que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, más personas donde se
retrasa el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, más personas
que no pueden mantener su vivienda con temperatura adecuada y más personas que
no tienen ninguna capacidad para afrontar algún gasto imprevisto. Asimismo,
todas ellas forman parte de un conjunto mucho más amplio, cifrado en el 18,6%
de la población, que experimenta “mucha dificultad” para llegar a fin de mes.
Si a esta última cifra se agregan los grupos que experimentan “dificultad” y
“cierta dificultad”, se concluye que el 67% de la población asegura tener
problemas para llegar a fin de mes.
En segundo lugar, la población que vive en hogares con baja
intensidad de empleo (BITH) se ha más que doblado desde 2009 y, alcanza, en
2013, al 15,7% de la población entre cero y 59 años, lo que, en términos
cuantitativos, supone 5.694.683 personas. Por otra parte, el crecimiento del
BITH en el último año fue de 1,4 puntos porcentuales, lo que coincide con una
reducción de las cifras de paro. Esta aparente contradicción es compatible con
las altas cifras de trabajo a tiempo parcial.
Finalmente, la tasa de pobreza ha mantenido pequeñas oscilaciones hasta acabar
el período estudiado con la misma tasa que tenía en 2009 (20,4% de la
población). Sin embargo, la reducción de la pobreza experimentada en el año
2013 no se debe, como podría parecer intuitivamente, a un mantenimiento o
mejora de las condiciones de vida de la población, sino a un efecto estadístico
producido por la reducción generalizada de los ingresos. En este sentido, se
puede poner como ejemplo al grupo de personas mayores de 65 años, cuyas
pensiones prácticamente no se han modificado en el período y que han reducido
su tasa de pobreza en 11 puntos porcentuales.
Por otra parte, la evolución de la pobreza ha sido
diferente en función del sexo, del grupo de edad, de la nacionalidad, de la
relación con la actividad y del nivel de formación.
Respecto al grupo de edad se cumple, en general, que las tasas de pobreza son
inversamente proporcionales a la edad del grupo que se analice. En este
sentido, es muy importante destacar que la pobreza de los menores de 16 años es
del 26,7% en 2013, más de seis puntos porcentuales por encima de la tasa que
corresponde al conjunto de la población. Dado que los menores comparten el
mismo nivel de pobreza que el de los hogares en que residen, la razón de su
elevada cifra de pobreza está en la mucha mayor vulnerabilidad que sufren los
hogares monoparentales.
Respecto a la relación con la actividad, se destaca
que en el año 2013 había un 11,7% de trabajadores en situación de pobreza, lo
que viene a demostrar, una vez más, que no cualquier trabajo protege de la
pobreza. Esta cuestión está muy relacionada con la evolución creciente de la
jornada parcial que, para el último cuatrimestre de 2013, llega al 16,1% del
total de ocupados.
Finalmente, la población
inmigrante, especialmente la extracomunitaria, tiene tasas mucho más elevadas
que la población nacional.
El tercer componente del
indicador AROPE es el factor de Baja
Intensidad de Empleo por Hogar (BITH), que ha sido el que más ha crecido
porcentualmente. Así, la población que vive en hogares con baja intensidad de
empleo se ha más que doblado desde 2009 y, alcanza, en 2013, al 15,7% de la
población entre cero y 59 años, lo que, en términos cuantitativos, supone
5.694.683 personas.
Por otra parte, ya se ha
indicado que una buena comprensión de los fenómenos relacionados con la pobreza
implica complementar la Tasa de pobreza con otros indicadores, especialmente
aquellos que miden desigualdad. En este sentido, el aumento de la desigualdad
se ha intensificado entre los años 2009 y 2012. Así lo demuestra la evolución
fuertemente creciente del Índice de Gini, que se había mantenido relativamente
constante entre 2005 y 2008 y, a partir de entonces, ha soportado un
crecimiento que ha sido muy fuerte durante el primer año, y algo más pausado
hasta 2012. El último año analizado, en consonancia con otros indicadores, el
indicador muestra un descenso de medio punto. En conjunto, desde el año 2009,
el Índice se ha incrementado en 8 décimas para situarse en 33,7 puntos. Además,
la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población con
mayores ingresos multiplica por 6,3 la percibida por el 20% con menos ingresos
(S80/S20).
Desde un punto de vista
territorial, el estudio de los datos muestra una gran desigualdad entre las diferentes
comunidades autónomas, tanto en lo que se refiere al indicador AROPE como a
cada uno de sus componentes.
En primer lugar, la tasa de
pobreza y/o exclusión social mantiene diferencias de más de 24 puntos
porcentuales entre algunas regiones. En general, el norte soporta tasas menores
de pobreza y/o exclusión social, en todos los casos por debajo de la media
nacional; y el sur, mayores. Por ejemplo, en los extremos, Navarra, País Vasco
y Aragón tienen tasas inferiores al 20 %, y Canarias Extremadura, Castilla-La
Mancha y Andalucía, mantienen tasas entre el 35% y el 39%. Caso especial es la
Ciudad autónoma de Ceuta, en la que casi la mitad de su población (47%) se
mantiene en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Por otra parte, el impacto de
la crisis ha sido muy diferente en función de la región que se analice. En
primer lugar, la Ciudad autónoma de Melilla y las comunidades de Galicia,
Castilla y León y Canarias han reducido el porcentaje de su población en riesgo
de pobreza y/o exclusión social. El grupo
donde el indicador ha mostrado el incremento más elevado, con cifras de
crecimiento entre el 7,2 y el 9,7%, está compuesto por la Ciudad autónoma de
Ceuta y las comunidades de Castilla-La
Mancha, Cantabria y Aragón. En las tres primeras el crecimiento del AROPE
es superior al triple del ocurrido en toda España y, entre todas ellas,
acumulan al 9% de la población española y al 10% del total de la población en
riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Respecto a la privación
material severa, se señala la gran variabilidad de la tasa de Privación
Material Severa en los distintos territorios, que oscila entre el 0,6% de
Navarra y el 15,3% en Ceuta. Para el caso de las comunidades autónomas, el
valor máximo de la tasa multiplica por 17 el valor mínimo y, en el caso de las
ciudades autónomas, hay que multiplicar por 24 el valor de la tasa en Navarra,
para llegar al correspondiente en Melilla.
Durante los años de la crisis
la población en privación material severa ha crecido más de 800.000 personas,
totalizando casi 3 millones de personas. Por comunidades, la tasa se redujo en
Canarias, Navarra y Castilla y León y creció por encima de la media nacional en
Baleares, La Rioja y Ceuta, que lo hicieron por encima de cuatro puntos
porcentuales y, especialmente, la Ciudad autónoma de Melilla, cuya tasa pasó
desde el 0,9% en 2009 al 14,8% en 2013.
En cuanto al BITH, el número de personas que viven
en hogares con baja intensidad de empleo ha subido en todas las comunidades
autónomas durante el periodo de crisis, excepto en Ceuta, en la que ha
descendido el 0,6%. En el año 2013, la media de la variable para el conjunto
del territorio nacional es del 15,7%. Por otra parte, tasas muy superiores a la media tienen las comunidades autónomas de
Castilla-La Mancha, Canarias y
Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En
conclusión, el aumento de la desigualdad que muestran todos los indicadores
hasta el año 2012, revela que la crisis ha golpeado con mayor dureza a la clase
media y a los grupos sociales más desfavorecidos y explicita también la
debilidad de las políticas sociales implementadas. Por otra parte, en este
momento, en que los indicadores parecen anunciar que se acerca el fin de la
crisis, es importante recordar que los resultados económicos en los años de
crecimiento no se trasladaron a los grupos más desfavorecidos de la sociedad,
lo cual, de no mediar actuaciones de redistribución decididas, puede repetirse
y consolidar para el futuro la pérdida de bienestar causada por la crisis.
Informe completo disponible en:
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