CARTA DIRIGIDA AL CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Los estudiantes de 4º de Grado de la Facultad de Trabajo Social de
Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha manifestamos nuestro apoyo
a la denuncia planteada el día 10 de diciembre en el Parlamento Europeo por el
Consejo General de Trabajo Social en relación a la vulneración de Derechos
Humanos y Sociales a partir de los recortes en ayudas y servicios públicos.
También queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma
en la que más están bajando los indicadores de cobertura para la atención a
personas en situación de dependencia, salud, pobreza infantil, exclusión social
y rentas mínimas.
Desde nuestra perspectiva de estudiantes y futuros trabajadores sociales, estamos totalmente en contra de las
políticas de austeridad en materia de servicios sociales y de atención a
personas y familias en situación de vulnerabilidad social.
Estamos convencidos de que una mayor
inversión en prevenir problemas sociales repercute positivamente, evitando
sufrimiento a las personas y ahorrando gastos muy costosos derivados del
fracaso escolar, las adicciones, las enfermedades mentales vinculadas al paro y
a la pobreza, la pérdida de la vivienda, la falta de expectativas vitales, los
malos tratos o la delincuencia.
Los servicios
sociales de atención primaria son más necesarios y eficientes que los
mecanismos de represión ciudadana, las cárceles u otros tipos de internamiento. No podemos aceptar que se esté reorientando su forma de actuar hacia la
caridad o la beneficencia, cuando los estudiantes nos estamos preparando para actuar desde la
base de los derechos de las personas y de su participación en la sociedad como
ciudadanos.
Por estas
razones, queremos pedir a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que
reconsidere los planes para suprimir puestos de trabajo de personal
funcionario. De forma específica, pedimos que se reconsidere la eliminación de
los puestos de asistente social/trabajador social en zonas rurales de nuestra
región, puesto que la atención digna a su población no es solo una cuestión de
número de personas, sino también de dispersión geográfica, de tiempo para el
desplazamiento por carretera y de acercar servicios a familias a las que les
cuesta mucho viajar.
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