El
7 de Abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, FEAPS publicó el estudio "DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y SALUD: DERECHOS, DESIGUALDADES, EVIDENCIAS Y PROPUESTAS que
constata que las personas con discapacidad intelectual –y en mayor medida las
personas con discapacidad severa y profunda- tienen menos posibilidades de
acceder a los servicios sanitarios que el resto.
Las
personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades de comunicación y
en general dependen de terceras personas para ir al médico.
A
todo ello se suman las políticas sanitarias derivadas de la actual crisis, y
especialmente la adopción de medidas como el copago farmacéutico, que están
comenzando a limitar el acceso a los servicios sanitarios por razones
económicas (lo que afecta de modo especialmente negativo a las personas y
familias con algún miembro con discapacidad).
El
estudio revela datos alarmantemente bajos en las visitas de las personas con
discapacidad intelectual a los especialistas médicos. Tomando como ejemplo
al oftalmólogo, se comprueba que aunque más del 40% de las personas de la
muestra emplea gafas, sólo un 13% acude a este especialista.
Esto
es aplicable a otras especialidades médicas como la odontología (sólo un
4,5%), la otorrinolaringología (un 9,4%), o la ginecología (un 10,4% de
las mujeres). En el caso de la psiquiatría (un 13,4%) este dato es
de especial gravedad ya que muchas personas con discapacidad intelectual
podrían estar consumiendo psicofármacos sin una supervisión adecuada.
Junto a ello, también resulta especialmente alarmante que tan sólo un 9%
de las personas con discapacidad intelectual entrevistadas presente un
calendario completo de vacunación, y un 67,2% no tenga información,
considerando que estas personas conviven con otras muchas en los centros y
residencias.
El
objetivo general de este estudio fue
conseguir datos de observación directa sobre
el estado de salud de las personas con discapacidad intelectual severa, y sobre
el estado de salud y la accesibilidad a servicios sanitarios de este grupo de
población.
Como
objetivos específicos se proponían:
- Obtener información sobre el estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales problemas de salud del colectivo (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes, limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria, etc…).
- Conocer el grado de acceso y utilización de los servicios de salud por estas personas, así como las características de los mismos.
- Valorar en este colectivo diversos factores determinantes de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen riesgo para la salud
- Realizar el análisis de los datos desde la perspectiva de género.
- Identificar desigualdades en salud
- Proporcionar orientaciones y pautas de actuación específicas que permitan mejorar el estado de salud de las personas con DI.
Procedimiento de
recogida de la información. Se contó con la colaboración de 3 centros de atención a personas
con discapacidad intelectual vinculados a la red de FEAPS Madrid, para
seleccionar a la muestra de personas con DI participantes, así como con 12
estudiantes de 3º curso de Enfermería de la UAM (La Paz) y profesoras del mismo
centro para la recogida de los datos. La participación en este proyecto formó
parte de la oferta de Prácticum de esta titulación.
Se
seleccionó una muestra de la población diana formada por 67 personas con DI
(ligera y moderada/severa y profunda) que acudían, en régimen mediopensionista
o residencial, a centros específicos para personas con DI. Todos los
participantes fueron informados y dieron su consentimiento para participar en
el estudio.
El
derecho a la salud se recogió en la constitución de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como “uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o
social”. Asimismo, el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre Derechos de
las Personas con Discapacidad, establece el derecho de las mismas a “gozar del más
alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Pero este derecho a la salud no es el derecho a gozar de buena
salud o a estar libre de enfermedades, sino que hace referencia a la obligación
que tienen los Estados de generar condiciones para que todos sus ciudadanos
puedan vivir lo más saludablemente posible. Unas condiciones que incluyen la
disponibilidad garantizada de servicios sanitarios y otros elementos
determinantes como el acceso a condiciones sanitarias adecuadas, una nutrición
conveniente, una vivienda apropiada, entornos saludables en el trabajo y el
medio ambiente, acceso a la educación y acceso a información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
Las
recomendaciones desde FEAPS
es proponer a los poderes públicos que analicen las razones
que explican la discrepancia entre necesidades sanitarias y atención
recibida en este colectivo, e identifiquen las barreras objetivas que las
mantienen en situación objetiva de desigualdad respecto al resto
de ciudadanos y ciudadanas. Junto a ello, también recomienda la promoción
de un Plan Integral de Salud para las personas con discapacidad
intelectual, y la adopción de medidas de discriminación positiva
que garanticen una correcta atención de las mismas en este ámbito.
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