sábado, 11 de abril de 2015

El impacto de la crisis en los Derechos Fundamentales: el caso de España

El informe del Parlamento Europeo sobre “El impacto de la crisis en los derechos fundamentales: el caso de España” (130 páginas) presentado el pasado mes de marzo por la Eurocámara, constata que la protección de los derechos fundamentales en España “"se ha deteriorado severamente" con efectos negativos para "la igualdad" y "la justicia social" a raíz de las medidas de austeridad tomadas a raíz de la crisis económica.
El estudio lo ha realizado la consultora Milieu, dirigida por Harry Lowett, a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Cámara y analiza el impacto de las medidas de austeridad (“los recortes”) sobre derechos básicos tales como Educación, Salud, Empleo, Pensiones, acceso a la Justicia, libertad de Expresión y Asociación y Vivienda. Las conclusiones sobre España fueron elaboradas por Júlia Lladós Vila, especialista en Derechos Fundamentales y doctora en Ciencias Políticas, y Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional de la UAB.
Algunas de las cuestiones más destacadas del informe:
FRACTURA SOCIAL. Para recapitalizar parte del sector financiero, España tuvo que tomar "algunas medidas de austeridad que han conducido a un preocupante aumento de la pobreza, lo que afecta de forma negativa al ejercicio de los derechos fundamentales". Se alerta de la "fractura social" inherente y recomienda medidas para combatir la desigualdad y la injusticia social.

POBREZA. Se hace hincapié en el alarmante grado de pobreza infantil, que, según UNICEF, ha aumentado un 28% entre 2008 y 2012. Esta realidad, remarcan los autores, "podría tener un impacto devastador a largo plazo en los niños y en el país". El estudio evidencia que la austeridad no solo ha fomentado el empobrecimiento de la población, sino que, en contra del argumento esgrimido por el Gobierno en múltiples ocasiones, "ha dejado de contribuir a la recuperación económica".
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y DERECHO A LA SANIDAD. El derecho a la sanidad y a la educación, dos de los servicios públicos más recortados desde el inicio de la recesión, han sido vulnerados. 
La reducción de la inversión en educación por parte del Estado, que se ha traducido en un aumento del gasto medio por hogar en enseñanza del 30,3% en 2013 con respecto a 2006, "podría llevar a una reducción de la igualdad en el sistema educativo, así como de su calidad". Esto, unido al recorte de los salarios de los profesores y el incremento de horas lectivas, el aumento de la ratio profesor–alumno y la reducción del número de docentes, "podría afectar de forma negativa al desarrollo económico y social del país a largo plazo".


El informe recomienda a España aumentar el sistema de becas y ayudas para estudiantes y familias.
En lo que respecta a la salud, el informe pone de manifiesto que la restricción del gasto público, la reducción del número de personal sanitario y sus salarios, la puesta en marcha del copago farmacéutico, el aumento de las listas de espera, la merma del número de camas de hospital o el cierre de las urgencias en centros de salud son medidas que "suponen un riesgo para la vida de las personas".
Se hace especial hincapié en el Decreto 16/2012, que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular. Estos recortes, remarca el informe, "suponen graves riesgos para la población, especialmente para aquellos grupos con menores ingresos y en riesgo de exclusión".
En el documento se recomienda "revisar" las reformas para asegurar que se da acceso a la sanidad también a los inmigrantes, "sin mirar su estatus legal". Si bien como sabemos se ha revisado recientemente, la medida resultante no conlleva la recuperación de la tarjeta sanitaria.
Además, hace hincapié en las diferencias en prestación sanitaria entre comunidades autónomas, lo que "plantea cuestiones sobre la eficiencia y la igualdad de este servicio".
DERECHO AL TRABAJO Y PENSIONES. La reforma laboral diseñada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, señalan los autores, redujo los costes del despido y "tuvo un impacto doloroso en los trabajadores y sus familias, en particular en los trabajadores peor pagados y con mayor riesgo de problemas económicos".
El informe alerta de la todavía devastadora tasa de desempleo en la que está sumido el país –23,7%–; "esta situación es especialmente preocupante, ya que refleja la fragilidad de la economía española".
Un 51,8% de los jóvenes de entre 16 y 24 años no tienen trabajo y se alerta de la situación que atraviesan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año desempleados.
En el caso del derecho al trabajo, se recomienda mejorar el acceso al crédito para los emprendedores, mejorar las ayudas para encontrar empleo de los parados y establecer un "contrato único abierto" para prevenir el desempleo, especialmente entre los más jóvenes.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el informe recoge que existe una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 0,35% en 2014, una tendencia que continuará a la baja debido al hecho de que las pensiones no aumentarán más del 0,25% hasta 2019 y al mismo tiempo se prevé un aumento de los precios.
ACCESO A LA JUSTICIA. El estudio resalta el descontento surgido a raíz del aumento de las tasas y que "limitan gravemente el derecho fundamental de acceso a la justicia".
El informe pide tener en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo que llaman a reducir las tasas a la hora de interponer demandas y querellas en la primera instancia administrativa y civil.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A REUNIÓN. Se critica la respuesta del Gobierno a la creciente ola de protestas ciudadanas surgidas a raíz del inicio de la crisis, que "ha sido en gran medida represiva, abusando de las sanciones administrativas contra los manifestantes y de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía". Aunque la Ley de Seguridad Ciudadana se suavizó en su segunda versión, no lo suficiente para que se siga calificando como “ley mordaza”.

MERCADO HIPOTECARIO. El informe recuerda que la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y a otros derechos constitucionales relacionados con ella como "la dignidad de la persona y el derecho a una tutela judicial efectiva". Critican los autores que  la dación en pago siga sin permitirse y se hace eco del gran número de desahucios que ocurren cada día en España.

Accede al informe completo (versión original en inglés):


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