¿Qué es la pobreza energética?
La pobreza energética es "la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos" a este fin (Laia Ortiz, ICV)
En 2013, el 10% de la población española (4 millones de ciudadanos) sufre la pobreza energética, y el número de afectados sigue en aumento sin que se haya conseguido visibilizar el problema pese al "impacto profundo" que tiene tanto en la calidad de vida como en la salud y la esperanza de vida de las personas. Alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz por impago durante el año 2012.
- La "tregua invernal": durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz, gas o agua por impago "siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar o cuando (la solicitud) vaya acompañada de un informe del órgano competente en materia de servicios sociales". Además, defiende que los servicios "esenciales" nunca puedan ser motivo de corte de suministro.
- El "bono social": los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se deberían regular a través de un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social. El acceso a este bono social se concedería en función de la renta familiar y tras haberse fijado unos "consumos mínimos vitales" en cómputo mensual, teniendo en cuenta el número de miembros del hogar y las estaciones del año. Además, debería aplicarse tanto en las viviendas en propiedad como a quienes vivan en régimen de alquiler. Este precio social deben afrontarlo directamente las compañías suministradoras.
- Dar "prioridad" a los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones.
- Modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el gas y la electricidad de uso doméstico estén sujetos al tipo reducido (10%).
¿Y qué dice el Gobierno que está haciendo?:
Frente a estas propuestas, el portavoz adjunto de Energía del Grupo Popular, Mario Flores, sostiene que el Gobierno ya ha adoptado mediadas y reformas estructurales para garantizar una mayor protección social. A saber:
- La reforma laboral, "ya que no hay mejor política social que crear un nuevo modelo que impulse la creación de empleo estable". (Refresca aquí la definición de cinismo).
- El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, o la nueva partida de 40 millones de euros para el Fondo Europeo de Ayuda a los Desfavorecidos contemplada en los Presupuestos Generales del Estado de 2014.
¿Y qué dice la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre el nuevo Plan Nacional de Acción para la inclusión social?
NOTA DE PRENSA
Málaga, 13 de diciembre de 2013
Plan Nacional de Inclusión: Otra oportunidad perdida.
El Gobierno aprueba un Plan Nacional de Inclusión, que contiene los compromisos del Estado Español como parte del Programa Nacional de Reformas presentado a Bruselas. Según el documento al que hemos tenido acceso, el objetivo del Plan es reducir el número de pobres en torno a 1,5 millones de personas.
En la actual situación, la pobreza ya no tiene que ver sólo con los “colectivos más vulnerables” y es una obviedad que una franja importantísima de las clases medias ha entrado en situación técnica de AROPE (en riesgo de pobreza y/o exclusión social). Según la última estadística de EUROSTAT, la tasa AROPE subió en España 3,7 puntos porcentuales desde 2008 alcanzando a 13,1 millones de personas en 2012. En ese mismo intervalo de tiempo, la tasa subió en el conjunto de la Unión Europea tan solo 1,1 puntos.
El compromiso con la reducción de la pobreza hoy en España adquiere una dimensión estratégica, ya que debe dar respuesta a millones de personas que, de otra forma,
podrían dar el dramático paso de la pobreza a la exclusión, con gravísimas consecuencias para la convivencia, para la seguridad y para la economía del país.
Un avance de la pobreza de tal calado no puede tratarse con los viejos instrumentos paliativos que se usaron en tiempos de bonanza y que –por cierto- no dieron resultado tal y como han puesto de manifiesto organizaciones como EAPN España (Red europea de lucha contra la pobreza). Las soluciones no pueden plantearse ofreciendo “ventajas sociales” dirigidas a colectivos marginales y específicos; una estrategia que ha mostrado su inoperancia, ya que un enfoque de parcialidades acaba ofreciendo respuestas parciales y sin conexión entre si. Además pueden generar un rechazo –lógico- en el resto de población, si las prestaciones están pensadas para los colectivos en situación de elevada marginalidad, pero no para familias de clase media empobrecidas.
Sin embargo, el Plan Nacional de Inclusión elaborado por el Ministerio mantiene las respuestas parciales y no acomete las auténticos problemas estructurales que hacen que España sea el país con mayor índice de desigualdad de toda la Unión Europea. Por eso no nos podemos permitir que el Plan Nacional de Inclusión sea una compilación de viejas medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables a las que se suman las políticas públicas de rentas (pensiones y desempleo), sino que debe considerarse una auténtica Política estratégica de Estado, orientada a salvaguardar los derechos básicos sociales fundamentales, repensando la redistribución de la riqueza mediante una política fiscal justa y con una transferencia de servicios eficaces y eficientes a la población que mitiguen la fractura social. Este Pacto de Estado requiere un amplio acuerdo parlamentario, además de un consenso con las Comunidades Autónomas, para que no acabe siendo “papel mojado”, ya que muchas de sus medidas requieren el concurso de estas Administración.
Cabe llamar la atención sobre otro aspecto importantísimo. El Plan Nacional de Inclusión, haga referencia a la importancia de la actuación de las entidades locales prestadoras de servicios sociales y para ello proponía en uno de sus últimos borradores el mantenimiento del Plan Concertado de Prestaciones Básicas (plan sistemáticamente abandonado por la Administración Central sobrecargando así los presupuestos autonómicos y locales). Resulta, como poco, paradójico plantear ese discurso en el mismo momento que se consagra el desmantelamiento de la red básica de servicios sociales de ámbito local gracias al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que considera “competencias impropias” de estas administraciones.
En consecuencia nos dirigimos al gobierno solicitando lo siguiente:
1º.- Que propongan que el Plan Nacional de Inclusión sea debatido en el Parlamento antes de su aprobación y remisión a Bruselas, considerando que la lucha contra la pobreza, que hoy afecta a millones de personas y familias españolas, debe ser considerada una Cuestión de Estado de la máxima proyección estratégica, y cuyo objetivo de reducción de la pobreza en 1,5 millones de personas –superado ya por la dura realidad- requeriría activar políticas no sólo sociales, sino también fiscales, económicas y laborales, con el necesario concurso de las diferentes Administraciones.
2º.- Para que no resulten inviables algunas de sus previsiones, en concreto la que hace referencia a la implicación de los servicios sociales de las Entidades Locales en la lucha contra la pobreza, incluyendo así en grave contradicción con el Plan Nacional de Reformas 2013, se debería considerar la conexión y búsqueda de coherencia con el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificando sus previsiones en cuanto al nivel competencial de estas Administraciones en lo que a servicios sociales se refiere, tal y como hemos propuesto repetidamente desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
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